Capítulo 4: Medidas que funcionan y otras que no funcionan
El 3 de mayo de 2011, representantes del CPJ viajaron a Pakistán para plantear sus inquietudes sobre el aumento de los ataques contra periodistas locales y sobre el elevado índice de impunidad del país. Fue un momento dramático: el día anterior, fuerzas militares estadounidenses habían matado a Osama bin Laden en la cercana ciudad de Abbottabad. Pero el presidente pakistaní Asif Ali Zardari mantuvo su promesa y se reunió con el CPJ para conversar sobre el creciente número de periodistas pakistaníes asesinados por ejercer la profesión y sobre la ausencia de procesamientos contra los autores.
En la reunión, Zardari se comprometió firmemente a tomar medidas. “La protección de los periodistas está en mi mandato”, expresó el presidente ante la delegación del CPJ. Zardari le pidió al ministro del Interior que proporcionara información detallada sobre el estado de los casos pendientes y les ordenó a los integrantes de su gabinete que trabajaran junto con el Parlamento para crear nuevas normas legales que fortalecieran la libertad de prensa.
El camino a la justicia
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Desde entonces, otros 11 periodistas han muerto asesinados en Pakistán. Apenas unas semanas después del encuentro, el cadáver del periodista investigativo Saleem Shahzad fue hallado con señales de tortura –víctima, según las amenazas parecen indicar, del directorio de Servicios de Inteligencia de Pakistán. Ni Zardari ni sus ministros entregaron la información de seguimiento prometida, ni su gobierno adoptó ninguna ley que pudiera otorgarles un respiro a los periodistas pakistaníes ante la continua ola de amenazas de que son objeto.
El CPJ regresó a Pakistán casi tres años después y en esta ocasión se reunió con el primer ministro Nawaz Sharif, quien pronto admitió que Pakistán tenía un problema en lo referente a la prevención y el castigo de actos violentos contra los periodistas. Sharif accedió a adoptar varias de las propuestas del CPJ para abordar la cuestión de la impunidad, entre ellas la creación de una fiscalía especial, y hasta propuso la idea de conformar una comisión conjunta que involucrara al gobierno, la sociedad civil y los medios con el propósito de revisar casos no resueltos y otras amenazas contra la libertad de prensa. Estos compromisos no han avanzado de una manera sustancial.
Las reuniones del CPJ con los principales líderes de Pakistán y otros países con pésimos historiales para resolver los asesinatos de periodistas reflejan un patrón conocido: los compromisos de estos gobiernos en su mayor parte son incumplidos. Años de intenso activismo por parte de las organizaciones defensoras de la libertad de prensa y de los derechos humanos, y por parte de periodistas de todo el mundo, han convertido a la cuestión de la violencia contra la prensa en un tema que los gobiernos admiten con premura. Muchos, como el gobierno pakistaní, se comprometen a abordarla. Lo que a menudo brilla por su ausencia es el próximo paso: la acción.
El CPJ ha obtenido promesas similares en otros países. En 2008, el presidente Masoud Barzani, titular del gobierno regional del Kurdistán, le prometió a una delegación de representantes del CPJ que el ejecutivo “crearía una atmósfera que promueva el periodismo”. Para 2014, cuando una delegación del CPJ efectuó una nueva visita al Kurdistán, había ocurrido una nueva oleada de ataques impunes, entre ellos los asesinatos de dos periodistas y la tentativa de incendio de un canal de televisión. “El gobierno, desde el presidente hasta el primer ministro y en todas sus ramas, toma en serio estos casos y hará todo lo posible para que se imparta justicia”, expresó a la segunda delegación del CPJ el ministro del Interior Karim Sinjari.
Otros grupos han experimentado decepciones similares. En Iraq, el gobierno se comprometió ante la Federación Internacional de Periodistas (FIP) a establecer salas de juicio especiales, en consulta con el sindicato de periodistas, con el objetivo de investigar los asesinatos de periodistas. “Eso aún no ha sucedido”, señaló al CPJ Ernest Sagaga, titular de derechos humanos y seguridad de la FIP.
En Filipinas, los activistas en defensa de la libertad de prensa se sienten defraudados porque, pese a las reiteradas promesas de actuar con firmeza en el combate a la impunidad y la violencia contra la prensa, la situación ha cambiado poco durante la gestión del presidente Benigno Aquino III. Desde su elección en 2010, por lo menos ocho periodistas filipinos han sido asesinados por ejercer el periodismo. “No esperábamos ningún milagro” de Aquino “ni que de pronto todo estaría bien y sería justo, pero sí esperábamos que como mínimo iniciara las reformas necesarias para allanar el camino a la justicia”, declaró Rowena Paraan, presidenta de la Unión Nacional de Periodistas de Filipinas. “Pero él no ha hecho eso”.
Anteriormente, no era la norma que los funcionarios de gobierno siquiera estuvieran dispuestos a reunirse y analizar maneras de abordar la cuestión de la impunidad en sus países.
En Rusia, por ejemplo, hicieron falta tres misiones del CPJ para lograr que las autoridades se sentaran a conversar sobre el elevado número de asesinatos sin enjuiciamiento en esa nación. Las promesas efectuadas a una delegación en 2009 en el sentido de que las autoridades mostrarían avances en cada caso presentado por el CPJ, no han sido cumplidas. No obstante, sí ha habido algún movimiento en algunos casos, como por ejemplo condenas en tres de ellos, aunque en ninguno se ha sentenciado a los perpetradores de los crímenes.
La Sociedad Interamericana de Prensa preparó el terreno para las organizaciones defensoras de la libertad de expresión cuando comenzó su campaña regional contra la impunidad hace casi dos decenios. El director de la campaña, Ricardo Trotti, recordó los primeros desafíos en el empeño por convertir la cuestión de la impunidad en los ataques contra periodistas en una causa con respaldo en la sociedad. “Al comienzo de nuestra campaña en 1995, la cuestión de la impunidad no era objeto de debate público y las autoridades no reaccionaban”, señaló Trotti. Años de “constantes prédicas” en la forma de informes, misiones, campañas de concientización y el empleo del Sistema Interamericano de Derechos Humanos para poner el tema en la agenda pública, sostuvo. “Gracias a eso, los gobiernos sintieron más presión para responder”.
“Comenzaron a existir leyes sobre la protección de los periodistas, se establecieron fiscalías especiales, la cuestión se federalizó en México, se aumentaron las penas en los códigos penales, y algunos delitos fueron declarados crímenes de lesa humanidad”, afirmó Trotti. “Obviamente, no alcanzamos la perfección, ni siquiera mucho menos, pero se lograron mecanismos legales y judiciales muy útiles”.
En algunos países, la batalla para conseguir que los gobiernos admitan la existencia de la impunidad y la violencia contra la prensa y que presten atención al tema, ha sido más frustrante. Edetaen Ojo, director ejecutivo de la organización nigeriana defensora de la libertad de prensa Media Rights Agenda, observó que las altas esferas del gobierno se refieren poco a la cuestión en público, y mucho menos tratan de enfrentarla. “Ninguna política, ni ninguna medida legislativa o administrativa ha sido adoptada en este período para hacer frente a la situación”, expresó Ojo.
“Cero impunidad” es el objetivo declarado de la presidenta brasileña Dilma Rousseff. En mayo de 2014, representantes del CPJ y otras organizaciones sostuvieron un encuentro en Brasilia con Rousseff y los ministros de Justicia, Derechos Humanos y Comunicación Social. Los representantes presentaron las conclusiones y recomendaciones de “Medio tiempo para la prensa brasileña: ¿prevalecerá la justicia por encima de la censura y la violencia?”, un informe especial del CPJ. En el encuentro, Rousseff declaró, “El gobierno federal está plenamente comprometido a continuar luchando contra la impunidad en los casos de periodistas asesinados”.
La lucha de Brasil puede ser prolongada. Pese a su posición como una de las mayores economías del mundo, con una prensa diversa y pujante, el anfitrión de la reciente Copa Mundial de Fútbol todavía ocupa el undécimo puesto en la lista de países más peligrosos del mundo para el ejercicio del periodismo. Desde que el CPJ comenzó a recopilar estadísticas sobre esta problemática en 1992, por lo menos 27 periodistas han caído asesinados en Brasil en represalia directa por ejercer la profesión. Según datos del CPJ, 10 de tales asesinatos ocurrieron desde que Rousseff asumió el poder, a comienzos del 2011.
Aunque Brasil ha logrado sorprendentes avances recientemente en la obtención de condenas, el país ocupó el undécimo puesto en la edición 2014 del Índice Global de Impunidad del CPJ, con nueve asesinatos sin resolver en el decenio 2004-13 abarcado en el índice. En la mayoría de los casos, funcionarios gubernamentales son los principales sospechosos. El problema de la violencia y la impunidad es más acentuado para los periodistas del interior del país que para los de los centros urbanos. Los asesinos a menudo escogen como blanco a periodistas que escriben sobre la corrupción, la delincuencia o la política, como por ejemplo Rodrigo Neto, ultimado a disparos en marzo de 2013. Las investigaciones con gran frecuencia identifican a los autores, pero estos son enjuiciados esporádicamente.
En “Medio tiempo para la prensa brasileña“, el CPJ informó que para muchos periodistas brasileños que han sido asesinados por su labor periodística, la justicia ha sido “irregular e incompleta”. El informe enumera varios casos en los que investigaciones exhaustivas llevaron a arrestos, pero precisa que los familiares y colegas de las víctimas descubren que “las cadenas de rendición de cuentas se rompen una vez que el caso llega a la rama judicial”, muchas veces debido a la corrupción.
En un caso de asesinato, Edinaldo Filgueira, fundador y director del periódico Jornal o Serrano en la nororiental ciudad de Serra do Mel, denunciaba con frecuencia al municipio en su blog. Tres sujetos no identificados le dispararon seis tiros al periodista afuera de su oficina el 15 de junio de 2011. Al caso se le asignó un investigador especial y al comienzo los resultados fueron alentadores. En diciembre de 2013, siete personas, entre ellos el sicario, fueron condenadas por planificar y participar en el crimen. Otra persona, Josivan Bibiano, alcalde de Serra do Mel al momento de la muerte de Filgueira, fue acusado de ser el autor intelectual del crimen y fue encarcelado en dos ocasiones, pero posteriormente fue liberado gracias a un fallo considerado irregular por sus críticos. No hay indicaciones sobre si las autoridades lo enjuiciarán o no.
Organizaciones internacionales defensoras de la libertad de expresión, junto a organizaciones nacionales como la Asociación Brasileña de Periodismo Investigativo (ABRAJI, por sus siglas en portugués) han fustigado el historial de justicia incompleta y omisión en la protección de los periodistas y han efectuado campañas para lograr una firme reacción del gobierno. Otros colegas han formado movimientos de base a partir de los casos de Neto y Filgueira. En el caso de Filgueira, una comunidad local de blogueros creó un Día Nacional de los Blogueros en su honor para mantener la atención de la sociedad sobre el caso. El gremio periodístico del estado natal de Neto, Minas Gerais, fundó el Comité Rodrigo Neto tras los asesinatos de Neto y de Walgney Assis Carvalho, fotógrafo del mismo periódico, Vale do Aço. El comité presionó a las autoridades para que enjuiciaran a todos los culpables.
La presión ha rendido frutos.
A finales de 2012, el gobierno de Rousseff, quien intenta ser reelecta, formó un grupo de trabajo para investigar los ataques contra la prensa y elaborar recomendaciones para el gobierno federal. El grupo incluyó a varias organizaciones de la sociedad civil, asesores presidenciales y los ministerios de Comunicaciones y Justicia. Su informe, divulgado en marzo de 2014, documentó 321 casos de asesinato, secuestro, agresión, amenazas de muerte, detención arbitraria y acoso entre 2009 y 2014. También efectuó extensivas recomendaciones a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del gobierno federal, algunas centradas tanto en la impunidad como en la protección.
El grupo recomendó que la Secretaría de Derechos Humanos y el Ministerio de Justicia establecieran un Observatorio Nacional de la Violencia contra los Periodistas en cooperación con las oficinas locales de la UNESCO y el Centro de Información de las Naciones Unidas para documentar las violaciones de la libertad de prensa y crear un sistema de investigaciones y resolución. También instó al Congreso a disponer la participación de la policía federal en las investigaciones de los delitos contra la libertad de expresión, particularmente en aquellos casos en que existan indicios de omisión, fallos o complicidad por parte de las autoridades locales. Además de la propuesta del grupo de trabajo, el Congreso estudia la aprobación de un proyecto de ley que se propone agilizar los casos en el Poder Judicial.
De manera más significativa, Brasil ha aumentado la cifra de condenas. En 2013, los tribunales nacionales sentenciaron a los autores en tres casos de asesinato de periodistas, más que ningún otro país en un solo año del último decenio. Además de la justicia parcial obtenida el año pasado en el caso de Filgueira, se dictó una pena de 27 años de cárcel contra el asesino del periodista Francisco Gomes de Medeiros, quien recibió cinco tiros frente a su casa en 2010. El autor intelectual del asesinato en 2002 del propietario, director y columnista de periódico Domingos Sávio Brandão Lima Júnior también fue condenado en 2013. En 2014, dos sujetos fueron condenados por el asesinato en 2012 del periodista y bloguero Décio Sá.
En la reunión de mayo con el CPJ y otros, la presidenta Rousseff se comprometió a abordar la cuestión de la impunidad durante el período de sesiones de la Asamblea General de la ONU, en septiembre. Si Brasil puede implementar de una manera integral las recomendaciones del grupo de trabajo, y si puede continuar obteniendo condenas, demostrará que los compromisos de los gobiernos no siempre son superficiales y se convertirá en un modelo para que otros países puedan cumplir sus compromisos.
Brasil no ha sido el único país en considerar medidas gubernamentales para lograr justicia en los asesinatos de periodistas. Desde México hasta Somalia, los gobiernos han respondido ante la presión para que limiten la impunidad por medio de medidas como la adopción de leyes, la creación de grupos de trabajo y la designación de fiscales y comisiones especiales. Tales medidas han tenido distintos grados de efectividad. Algunas iniciativas permitieron retomar casos antiguos; otras estuvieron bien pensadas pero se les dotó de pocos recursos; y otras fueron poco más que instrumentos para neutralizar las críticas.
En pocos lugares un mecanismo efectivo vendría tan bien como en Somalia, el segundo peor país del mundo, solamente superado por Iraq, en lo referente a la resolución de los asesinatos de periodistas. En 2012, el presidente somalí Hassan Sheikh Mohamud anunció un nuevo grupo de trabajo para investigar todos los casos de asesinato de periodistas, y ello despertó esperanzas en un horrendo año en el que 12 periodistas han sido asesinados. Este tipo de iniciativa gubernamental para movilizar a la policía somalí se necesita con urgencia, afirmó el periodista independiente somalí Abukar Albadri. “Normalmente, la policía no examina la escena del crimen para comenzar una investigación”, sostuvo Albadri. “No les interesa investigar el asesinato de un periodista”.
Sin embargo, dos años después los logros son escasos. En sólo uno de los 27 casos de asesinato de periodistas somalíes ocurridos desde 2005 las autoridades condenaron a los perpetradores. En 2012, las autoridades ejecutaron a un sospechoso del asesinato, ocurrido el mismo año, de Hassan Yusuf Absuge, aunque la ausencia del debido proceso en el caso hizo que muchos contemplaran este hecho con preocupación.
Según un representante gubernamental, se formó el grupo de trabajo pero carece de recursos para funcionar. “El grupo de trabajo fue establecido el año pasado y se realizó investigaciones en los casos; sin embargo, debido a la falta de presupuesto y financiamiento, fue difícil desempeñar el trabajo con eficiencia”, declaró Abdirahman Omar Osman, alto asesor de medios y comunicaciones estratégicas del gobierno somalí. “Todavía existe pero no puede funcionar sin recursos”.
Osman apuntó a la falta de ayuda internacional, pese a las promesas del Reino Unido y otras naciones en cuanto a aumentar la asistencia para la formación de instituciones en Somalia. “No hay ningún tipo de financiamiento en esta materia por parte de los socios internacionales”, señaló, “y ningún conocimiento en este campo”.
Albadri, no obstante, afirmó que el gobierno podía demostrar más voluntad política y mejorar la rendición de cuentas. “El gobierno nunca ha emitido un informe en el que ya sea la policía o el ministerio de Información expliquen cualquier detalle vinculado a las investigaciones”, expresó el asesor. “Las promesas no funcionan si el gobierno no le ordena a la policía tomar en serio el asunto, investigar los casos y llevar a los presuntos culpables ante la justicia”.
Por su parte, en Filipinas el gobierno en los últimos años ha establecido una serie de grupos de trabajo bajo el mando de la Policía Nacional Filipina, pero la Unión Nacional de Periodistas de Filipinas las consideró “inútiles”. Los activistas filipinos sugieren que un mejor enfoque radicaría en la conformación de equipos de respuesta rápida que incluyan a representantes de la sociedad civil y del gobierno y que pudieran ser enviados inmediatamente al escenario de un ataque.
Establecer un organismo investigativo dedicado a casos específicos puede traer resultados, pero no cuando sus conclusiones son débiles u opacas. Después de la protesta generalizada de los medios pakistaníes por el asesinato de Saleem Shahzad, el gobierno creó una comisión de investigación. Shahzad, quien antes de desaparecer en mayo de 2011 había escrito sobre la existencia de presuntos vínculos entre Al-Qaeda y la Marina pakistaní, había recibido amenazas de los servicios de inteligencias de Pakistán. El informe de la comisión, emitido en 2012, contenía recomendaciones para introducir mayor rendición de cuentas en el desempeño de los organismos de inteligencia del país, pero no identificó a ninguno de los perpetradores.
Aunque la insuficiente profundidad de sus conclusiones decepcionó, la comisión del caso Shahzad avanzó un paso más que la investigación judicial iniciada en respuesta al secuestro y asesinato del periodista pakistaní Hayatullah Khan, hecho ocurrido en 2006. Pese a los reiterados pedidos de organizaciones internacionales y nacionales defensoras de la libertad de prensa, ese informe nunca ha sido divulgado públicamente.
Como otro ejemplo de comisión que no arroja resultados, el presidente del Kurdistán iraquí, Masoud Barzani, anunció el nombramiento de un comité para investigar el asesinato de un popular estudiante de Periodismo, Sardasht Osman, quien fue secuestrado y asesinado en 2010. Desde entonces, no se han difundido detalles de la composición del comité ni de sus conclusiones. En un informe especial sobre la impunidad en Kurdistán y en reuniones con funcionarios gubernamentales este año, el CPJ instó a la plena divulgación de las actividades del comité.
Colombia estableció una unidad especial de la Fiscalía General para realizar investigaciones de los crímenes cometidos contra los periodistas, pero esta medida no ha llevado a procesamientos más efectivos o eficientes, según ha constatado el CPJ. Sin embargo, la polémica Ley de Justicia y Paz de 2005, que rebaja las penas a los miembros de grupos armados ilegales a cambio de la desmovilización y la plena confesión de sus crímenes, ha ayudado a esclarecer la verdad en algunos casos más antiguos, y ha llevado a una condena por el asesinato del periodista radial José Emeterio Rivas en 2003.
En las situaciones en que la impunidad se alimenta de la corrupción, el contubernio o la falta de recursos de las autoridades locales y provinciales, muchos vuelcan su mirada a los modelos que les permiten a las instituciones nacionales investigar cuando un periodista es víctima de la violencia. En Brasil y en México se ha alentado este tipo de modelo. En el caso de México, los legisladores adoptaron una ley en abril de 2013 en apoyo a una enmienda constitucional que les otorgue a las autoridades federales competencia para procesar a los responsables de los crímenes contra periodistas. Aunque la ley es considerada como un paso importante para mejorar el clima de libertad de prensa en México –país que ocupa el séptimo puesto en la edición 2014 del Índice de Impunidad del CPJ–, hasta el momento no ha rendido frutos.
En virtud de sus nuevos poderes, la fiscalía especial para la atención de los delitos cometidos contra la libertad de expresión, puede atraer la investigación de delitos cometidos por motivos vinculados con el ejercicio del periodismo, pero los periodistas indicaron al CPJ que la fiscalía especial es lenta a la hora de ejercer sus nuevas facultades.
Como ejemplo, los periodistas apuntan al caso de Gregorio Jiménez de la Cruz, quien fue secuestrado el 5 de febrero de 2014 en su casa, en el estado de Veracruz. Jiménez había informado sobre temas sensibles tales como abusos cometidos contra los trabajadores itinerantes, pero la fiscalía especial no ha intervenido porque dice que no ha determinado que la actividad periodística de Jiménez haya sido uno de los móviles del crimen. Los activistas en favor de la libertad de prensa sostienen que ese es un paso que debe venir después, cuando se haya efectuado una investigación efectiva. “Si escoges la opción de investigar para ver si está relacionado con el periodismo, vas a perder tiempo”, expresó Javier Garza Ramos, periodista mexicano que también se especializa en la capacitación en seguridad y protección de los medios.
La fiscal especial Laura Borbolla expresó al CPJ en una entrevista que ha sido difícil obtener información de las autoridades del estado de Veracruz. “Lo que creo es que ellos se están cuidando la imagen política”, afirmó Borbolla. “Esto indudablemente perjudica una investigación o la coordinación”.
Que México logre que este programa funcione con éxito, tiene importantes implicaciones, no solamente para los periodistas mexicanos, sino también para los gremios periodísticos de otros países, desesperados por pruebas de que es posible detener los ciclos de la violencia y la impunidad. Un funcionario mexicano que trabaja con una organización internacional observó: “Si la fiscalía comienza a obtener sentencias, transmitirá el mensaje de que está revirtiendo la tendencia o de que es reversible. Esto es algo que cualquier Estado o gobierno leerá y entenderá”.