Ataques a la prensa en 2010: Estados Unidos

Estadística Clave
14: El número de periodistas encarcelados por fuerzas del ejército de Estados Unidos sin haberles formulado cargos durante períodos prolongados entre 2004 y 2010.

En dos importantes avances, el Congreso sancionó una ley para poder monitorear la libertad de prensa en todo el mundo, mientras que las fuerzas del ejército liberaron a un periodista iraquí que había sido detenido sin acusación durante 17 meses. Sin embargo, funcionarios obstruyeron la labor de un fotoperiodista que cubría el masivo derrame de petróleo en las costas del Golfo de México y reporteros que documentaron los procedimientos judiciales militares en la Bahía de Guantánamo, en Cuba. Un video del ejército de Estados Unidos, revelado por el sitio de Internet WikiLeaks, planteó interrogantes en cuanto a si las tropas estadounidenses actuaron debidamente cuando dispararon y dieron muerte a un periodista iraquí y a su asistente en 2007.

ATAQUES A LA
PRENSA EN EL 2010
• Prólogo
• Introducción
• Análisis de Internet
Análisis Regional:
• En América Latina,
el retorno
de la censura
Informes por país
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• Brasil
• Colombia
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• Ecuador
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• En un Vistazo

El 10 de febrero, fuerzas del ejército de Estados Unidos liberaron a Ibrahim Jassam, fotógrafo y camarógrafo independiente que colaboraba con Reuters. Luego de arrestar a Jassam en septiembre de 2008 según la imprecisa afirmación de que representaba “una amenaza a la seguridad de Irak y de las fuerzas de la coalición”, los militares estadounidenses lo mantuvieron detenido desoyendo el fallo de un Tribunal Penal iraquí que concluía que no había evidencia para acusar al periodista de delito alguno. El CPJ y otros expresaron su esperanza de que la liberación de Jassam marcara el final de una alarmante práctica por parte de los militares de Estados Unidos de detener periodistas por tiempo indefinido. Comenzando en 2004, al menos 14 periodistas fueron detenidos por fuerzas estadounidenses durante períodos prolongados sin cargos o debido proceso en Irak, Afganistán y en la Bahía de Guantánamo, según reveló la investigación del CPJ.

En mayo, el Presidente Barack Obama promulgó la Ley de Libertad de Prensa Daniel Pearl, así llamada en memoria del periodista del diario The Wall Street Journal quien fue asesinado en Pakistán en 2003. La medida exige que el Departamento de Estado amplíe su información sobre cuestiones referidas a libertad de prensa y presente sus resultados anualmente ante el Congreso. Los informes deben documentar una serie de abusos – incluyendo ataques, encarcelamientos y fuentes indirectas de presión- y evaluar los pasos a seguir para frenar las violaciones. Ese mismo mes, Obama celebró el Día Mundial de la Libertad de Prensa recordando al periodista Chauncey Bailey, quien fuera asesinado en 2007 en Oakland, California. Una coalición de periodistas y medios locales afirmaron que el Proyecto Chauncey Bailey jugó un papel decisivo al exponer una investigación policial defectuosa e impulsar una pesquisa más exhaustiva. Los fiscales también preparaban el caso para el juicio a fines de año.

También en mayo, funcionarios del Pentágono prohibieron a cuatro periodistas cubrir información sobre los procedimientos judiciales de los militares estadounidenses en Bahía de Guantánamo. Los militares acusaron a los periodistas de violar las reglas básicas que bloqueaban la identificación de su personal sin una aprobación explícita. Michelle Shephard del diario Toronto Star, Paul Koring del diario The Globe and Mail de Toronto, Steven Edwards de la agencia Canwest News Service y Carol Rosenberg del diario The Miami Herald señaló cada uno al interrogador del ejército, Joshua Claus, acusado de tortura por un detenido que estaba siendo examinado. Claus ya se había identificado ante la prensa dos años antes en entrevistas con el Toronto Star y otros medios canadienses en las cuales negó haber torturado al detenido. Su nombre también había aparecido en una nota de 2005 publicada en The New York Times sobre un caso separado de un interrogatorio realizado por militares estadounidenses.

Una coalición de organizaciones de medios, incluyendo McClatchy Newspapers (dueña de The Miami Herald), Dow Jones & Co., The New York Times, The Washington Post, Reuters y The Associated Press denunció que la prohibición era inconstitucional. Dos meses después de la prohibición a los reporteros, el Pentágono les permitió regresar a testimoniar los procedimientos judiciales con la condición que admitieran haber violado las reglas militares y acordaran cumplir con las restricciones del Pentágono en notas siguientes. En septiembre, el Pentágono dispuso nuevas reglas básicas permitiendo a los periodistas publicar información que ya era pública inclusive si fuese declarada como “protegida” por algún juez militar de Bahía de Guantánamo. El Pentágono sostuvo que continuaría imponiendo otras restricciones -incluyendo recortar fotografías antes de su publicación para cumplir con los requisitos de seguridad- aunque estableció un proceso de apelaciones expeditivo para que las disputas puedan resolverse en 24 horas.

Al menos un periodista fue hostigado mientras intentaba cubrir el derrame de petróleo en el Golfo, una de las noticias más importantes en Estados Unidos, en 2010. El fotógrafo Lance Rosenfield trabajaba en julio para el medio sin fines de lucro conocido como ProPublica (dirigido por el presidente de la junta directiva del CPJ, Paul Steiger) y el programa “Frontline” del canal de televisión PBS cerca de una refinería de BP en Texas City, Texas. Rosenfield fue encarado por un oficial de seguridad de BP, por la policía local y por un hombre que se identificó como agente del Departamento de Seguridad Interior, según lo informado por ProPublica. La policía liberó al fotógrafo sólo después de inspeccionar las fotografías que había tomado y registrado su fecha de nacimiento y su número de seguridad social. El policía luego entregó la información al guardia de seguridad de BP, informó ProPublica.

En Alaska, asesores de campaña del candidato a senador por el Partido Republicano Joe Miller esposaron y detuvieron al director de noticias de un sitio de Internet luego de que insistiera en formular preguntas al concluir un acto abierto al público. El fundador y editor del diario Alaska Dispatch, Tony Hopfinger, le preguntó a Miller sobre informes que indicaban que el candidato había sido sancionado por usar recursos de la ciudad de Fairbanks para sus propias campañas políticas mientras trabajaba como abogado de tiempo parcial empleado por el condado. Cuando llegó la policía, el editor fue liberado. No se presentaron cargos contra ninguno de los involucrados. Miller perdió la elección.

En abril, WikiLeaks reveló un video de los militares estadounidenses que mostraba un ataque en Bagdad en julio de 2007 que produjo la muerte de varias personas, entre ellas el fotógrafo de Reuters Namir Noor-Eldeen y su asistente Saeed Chmagh. El CPJ envió una carta al Secretario de Defensa, Robert Gates, instándolo a conducir investigación profunda, imparcial y pública sobre las muertes de Noor-Eldeen y Chmagh, junto con la de otros 15 periodistas iraquíes y dos trabajadores de medios muertos que cayeron víctima del fuego disparado por fuerzas de Estados Unidos desde 2003. Gates no respondió.

Fueron funcionarios del Pentágono los que protestaron en julio cuando WikiLeaks publicó más de 75 mil documentos secretos del ejército estadounidense en Afganistán. El sitio de Internet les brindó a The New York Times, al diario británico The Guardian y al alemán Der Spiegel acceso anticipado a los documentos. Cada publicación resumió sus hallazgos en notas separadas que publicaron en forma simultánea en Estados Unidos, el Reino Unido y Alemania. En octubre, WikiLeaks divulgó casi 400 mil documentos clasificados sobre operaciones de las fuerzas militares de Estados Unidos en Irak. El Pentágono volvió a protestar, alegando que la revelación de los documentos amenazaba las vidas de las tropas estadounidenses y sus aliados, y a sus informantes.

Al mes siguiente, WikiLeaks reveló un valioso hallazgo de comunicados confidenciales del Departamento de Estado, provocando que algunas figuras de la política estadounidense condenaran a Julian Assange como “combatiente enemigo” y “terrorista de alta tecnología”. El CPJ sostuvo que el uso de una retórica tan encendida ofrece cobertura a líderes autocráticos de todo el mundo que hacen uso de un lenguaje similar para referirse a periodistas críticos. El Fiscal General, Eric Holder, afirmó que iniciaría acciones legales contra Assange. Los detalles del posible procesamiento no fueron revelados, aunque se especuló que el gobierno presentaría los cargos conforme a la Ley de Espionaje de 1917. En una carta a Obama y a Holder, el CPJ instó al gobierno a que no presente acusación contra Assange.

En junio, el Departamento de Seguridad Interior y el Departamento de Estado le negaron la visa para ingresar al país a Hollman Morris, periodista becado por la Fundación Nieman para estudiar en Harvard. La embajada de Estados Unidos en Bogotá informó al periodista que no calificaba para la visa según una cláusula de la Ley Patriota, que prohíbe las visas a quienes estén acusados de actividades terroristas. El curador de la Fundación Nieman, Robert H. Giles, escribió en el diario Los Angeles Times que mientras que algunos becarios anteriores no habían sido autorizados a ingresar al país por sus propios gobiernos -como en la era del Apartheid en Sudáfrica -, en el caso de Morris era la primera vez que Estados Unidos le prohibía su ingreso a un becario Nieman.

Morris era conocido por sus revelaciones sobre abusos a los derechos humanos y vinculaciones entre grupos ilegales paramilitares de derecha y funcionarios del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. La caracterización infundada que Uribe hizo de Morris como “cómplice del terrorismo” fue en gran medida considerada como el factor que pesó en la decisión adoptada por Estados Unidos. Una coalición de organizaciones que incluyó al CPJ, Human Rights Watch, el Centro Dart para el Periodismo & Trauma en las Américas y la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) presentaron su reclamo por la decisión. El CPJ envió una carta a la Secretaria de Estado Hillary Rodham Clinton pidiéndole que revierta la decisión. Un mes después, funcionarios estadounidenses le otorgaron la visa a Morris.

En mayo, una corte federal de Nueva York se expidió a favor de una empresa petrolera que buscaba conseguir material fílmico no editado para el documental “Crudo”. El film documentó acusaciones de deterioro de la salud y del medio ambiente causadas por la extracción de petróleo ecuatoriano realizada por la empresa Texaco. La empresa petrolera, propiedad de Chevron desde 2010, afirmó que necesitaba el material filmado para su defensa en un juicio presentado por ecuatorianos que pedían millones de dólares en concepto de daños y perjuicios. El cineasta Joseph Berlinger presentó una apelación. Un grupo de documentalistas y asociaciones de producción cinematográfica, incluyendo la Asociación Internacional de Documentales, Directors Guild of America y Tribeca Film Institute presentaron una declaración pública en su apoyo. Organizaciones de medios, incluyendo la AP y The New York Times, presentaron un breve escrito en su apoyo redactado por el célebre abogado de la Primera Enmienda Floyd Abrams. En julio, la Corte de Apelaciones en Nueva York limitó el fallo pero aún así le ordenó a Berlinger entregar una cantidad limitada de filmaciones sin editar que involucraban a abogados, expertos y funcionarios gubernamentales. En septiembre, el tribunal ordenó que Berlinger respondiera una serie de preguntas en una declaración con los abogados de Chevron.

Molly Norris, caricaturista política del semanario Seattle Weekly, debió ocultarse luego de que convocara a un irónico “Todos a Dibujar en el Día de Mahoma”, según el periódico. La declaración fue incluida en una tira cómica de abril que satirizaba la decisión de la emisora de cable Comedy Central de no transmitir un episodio de “South Park” donde se ponía a prueba la prohibición islámica de no mostrar imágenes del Profeta. La historieta de Norris no mostraba directamente a Mahoma, pero incluía imágenes, como por ejemplo una tetera sonriente que decía, “soy la imagen y semejanza de Mahoma”. La tira cómica fue subida por terceros a Facebook. Un tribunal paquistaní ordenó a los proveedores del servicio que temporalmente bloquearan el acceso a la historieta. Un clérigo yemení-americano, Anwar al-Awlaki, hizo declaraciones para una revista de habla inglesa, Inspire, que fueron luego publicadas en línea por el sitio de Internet “Al-Qaeda en Península Arábiga”, afirmando que Norris “no merece la vida, no merece respirar el aire”, según informó el diario Daily News de Nueva York. Norris debió desaparecer en septiembre por consejo de expertos del FBI, según informó Seattle Weekly.