• Periodistas atacados y emisoras censuradas durante el motín policial.
• El gobierno de Correa ordena que las emisoras transmitan cadenas del gobierno.
Estadística Clave
6: Las horas durante las cuales se les ordenó a las emisoras que suspendan la programación para transmitir la señal del canal estatal sobre la revuelta policial.
El gobierno del Presidente Rafael Correa apeló a mecanismos de censura durante el año para sustituir noticias y comentarios independientes. Las autoridades obligaron a emisoras críticas a interrumpir sus programas con el fin de transmitir cadenas oficiales. Y en septiembre, cuando cientos de policías protagonizaron violentas protestas a nivel nacional en reclamo por la decisión del gobierno de reducir el pago de beneficios salariales, la Secretaría de Comunicaciones ordenó a las emisoras a interrumpir su programación para transmitir la señal del canal estatal Ecuador TV.
ATAQUES A LA
PRENSA EN EL 2010
• Prólogo
• Introducción
• Análisis de Internet
Análisis Regional:
• En América Latina,
el retorno
de la censura
Informes por país
• Argentina
• Brasil
• Colombia
• Cuba
• Ecuador
• Honduras
• México
• Haiti
• Estados Unidos
• Venezuela
• En un Vistazo
Tres personas murieron y decenas resultaron heridas en la sublevación policial del 30 de septiembre, según informes de prensa. Los aeropuertos fueron temporalmente clausurados, las autopistas bloqueadas y se informó sobre saqueos en Quito, la ciudad capital. La caótica situación alcanzó su punto de mayor tensión cuando policías rebeldes arrojaron gas lacrimógeno y botellas de agua contra Correa cuando el presidente intentaba hablar en un cuartel de la policía en Quito. Cuando Correa fue trasladado a un hospital para ser tratado por los efectos del gas lacrimógeno, los rebeldes se atrincheraron en el hotel sin permitirle salir durante 12 horas, según informes de prensa.
Al menos 22 reporteros y fotoperiodistas fueron atacados, amenazados y hostigados cuando cubrían el levantamiento policial en el país, según Fundamedios, un grupo de defensa de la libertad de prensa radicado en Quito. Los informes de prensa describieron cómo los policías arrojaban gas lacrimógeno a los periodistas, atacándolos y confiscándoles sus equipos.
En medio de la rebelión, la Secretaría de Comunicaciones ordenó que todas las emisoras de radio y de TV interrumpieran sus programaciones y emitieran solamente la transmisión oficial. Las redes de televisión nacionales Ecuavisa, Teleamazonas y Canal Uno comenzaron a trasmitir la señal del canal estatal Ecuador TV, cuya cobertura informativa se basó en el punto de vista gubernamental, y mostró una serie de entrevistas con altos funcionarios, según explicaron periodistas al CPJ. La secretaría levantó la orden seis horas después, indicaron los periodistas.
Durante el estado de emergencia, declarado por la administración, el presidente y los integrantes del gobierno están autorizados a interrumpir la programación con el fin de transmitir mensajes oficiales. Pero el gobierno no formuló ningún mensaje, según informes de prensa y entrevistas del CPJ. En cambio, el decreto interrumpió la cobertura informativa independiente que fue reemplazada con información aprobada por el gobierno, privando a los ecuatorianos de contar con fuentes diversas en un momento crítico.
Correa no ocultó su desprecio por muchos de los medios informativos y ha calificado a periodistas críticos como “ignorantes”, “provocadores” y “mentirosos”. Siguiendo los pasos del Presidente de Venezuela Hugo Chávez, el líder ecuatoriano hizo uso frecuente de las cadenas, transmisiones simultáneas a todo el país que se transmiten por todas las emisoras, para expresar sus puntos de vista. El gobierno fue aún más lejos en 2010 y utilizó la ley de radiodifusión que autoriza las cadenas para interrumpir programas de noticias independientes e imponer sus opiniones. Defensores de la libertad de prensa afirmaron que el gobierno hizo un uso abusivo de la ley para imponer su discurso.
El 12 de octubre, por ejemplo, el gobierno ordenó interrumpir el programa de entrevistas “Los Desayunos”, que se emite por la cadena Teleamazonas de Quito, para transmitir una cadena oficial y refutar comentarios críticos efectuados en un programa. Las críticas sugerían que los congresistas del partido gobernante eran irrelevantes. María Josefa Coronel, conductora del programa, se había reído de los comentarios. El gobierno le notificó a Teleamazonas, conocida por sus duras opiniones opositoras, que debía transmitir una cadena en la próxima edición del programa. Un funcionario de la oficina de comunicaciones del presidente llegó al canal con una cinta de audio, Carlos Jijón, subdirector de noticias, indicó al CPJ. En la cadena, una voz grabada en off, desacreditó a Coronel y criticó a los panelistas del programa y a sus invitados, informó el diario El Universo de Guayaquil. El ex presidente Lucio Gutiérrez, líder de la oposición política, se hallaba entre los invitados.
El gobierno también obligó a Teleamazonas a transmitir cadenas en el programa matinal de noticias “La Hora de Jorge Ortiz”. Así como en el caso de Coronel, las cintas usaban una voz masculina en off para criticar al conductor y cuestionar otros comentarios efectuados durante el programa, según explicó Ortiz, el conductor del programa. En agosto, el periodista renunció a Teleamazonas, alegando que no quería obstaculizar la venta pendiente de la emisora, operación que necesitaba autorización del gobierno.
Mientras que otros canales también se vieron obligados a transmitir cadenas, Teleamazonas fue le emisora que más intentos de censura resistió. Fue obligada a quedar fuera del aire durante tres días en diciembre de 2009 luego de que el ente regulador declarara que la emisora había “incitado al desorden público” con una nota informativa sobre las posibles repercusiones que podría tener la exploración de gas natural cerca de las costas de la isla sureña de Puná.
La venta de Teleamazonas, que finalizó en septiembre, fue impulsada por imposiciones legales relativamente nuevas. El dueño de la emisora, Fidel Egas, quien era también ejecutivo del Banco Pichincha, vendió su participación en la empresa a inversores locales, peruanos y españoles, según informes de prensa. Bajo los cambios constitucionales sancionados en 2008, se les prohibió a los banqueros ser dueños de empresas de medios de comunicación.
Autoridades en el interior del país hostigaron a un periodista crítico. El 20 de agosto, un tribunal provincial emitió una orden de arresto por terrorismo contra el periodista Juan Alcívar, una acusación que el CPJ consideró había sido fabricada. Alcívar, corresponsal del matutino La Hora de Quito y reportero de la radio local El Nuevo Sol, estaba cubriendo la visita presidencial a la ciudad norteña de La Concordia el 19 de julio cuando un individuo no identificado arrojó una bomba de gas lacrimógeno. Dos empleados municipales acusaron al periodista, crítico del alcalde de La Concordia Walter Ocampo, de arrojar el gas lacrimógeno. Pero el reportero Manuel Toro del diario El Universo, quien cubría la visita presidencial, confirmó al CPJ que Alcívar claramente no había arrojado el gas lacrimógeno. Alcívar también había sido amenazado por su labor informativa. Fundamedios informó en julio que vándalos habían pintado una nota en su automóvil que decía, “cállate, no jodas al alcalde”.
Una comisión legislativa redactó un proyecto de ley de comunicaciones que incluía cláusulas restrictivas para la libertad de expresión tales como el requisito de que los periodistas tuvieran títulos universitarios y requerimientos imprecisos para que los medios publiquen “información verídica”. Defensores de la libertad de prensa estaban preocupados de que el proyecto de ley, que seguía pendiente a fin de año, pudiese abrir la puerta para mayor censura por parte del gobierno.