Los periodistas mexicanos sortean amenazas y censura de los carteles de la droga
Por Elisabeth Malkin
Adrián López Ortiz, director general de Grupo Noroeste, un grupo de medios propietario del diario Noroeste, de la noroccidental ciudad mexicana de Culiacán, había salido del aeropuerto en auto en dirección a su casa en abril de 2014 cuando un todoterreno lo interceptó. Dos sujetos armados salieron y lo agarraron, y López sintió temor de que lo fueran a secuestrar. Pero los sujetos tenían otros planes. Uno de ellos se llevó el auto de López mientras que el otro se quedó atrás, pateó a López y luego le disparó en ambas piernas.
Lo que sucedió a continuación fue una variación de lo que se ha convertido en el tema de muchos ataques contra los medios mexicanos.
Dos jóvenes fueron arrestados rápidamente y procesados por el delito de robo de auto agravado. El gobernador del estado de Sinaloa se refirió al hecho como “mala suerte” y felicitó a las autoridades por actuar con celeridad. Caso cerrado.
López no está convencido. “No hay pruebas para decir que provino del Gobierno”, sostuvo. “Pero tengo elementos para decir que no fue un delito común”. Para empezar, afirmó, “el modus operandi no concordaba”. A él lo habían seguido desde el aeropuerto, y el auto robado había sido recuperado en menos de tres horas. Además, le habían disparado cuando él se encontraba en el suelo y ya no representaba una amenaza para los atacantes. Luego, cuando él solicitó revisar las imágenes de video de las cámaras de seguridad oficiales, las autoridades se negaron. “Hay muchas incongruencias”, expresó el periodista.
En septiembre de 2016, un juez liberó a uno de los dos sospechosos aduciendo que no había suficientes pruebas y que se había violado el debido proceso.
El ataque contra López siguió a una serie de ataques contra Noroeste, que por mucho tiempo ha gozado de reputación como medio independiente en Sinaloa, el estado de origen de algunos de los más poderosos jefes del narcotráfico de México.
En uno de los ataques se robaron las motocicletas de los repartidores del periódico. En otro, sus fotógrafos fueron golpeados por agentes policiales cuando cubrieron una marcha de partidarios del capo de la droga encarcelado Joaquín Guzmán Loera, conocido como “El Chapo”. En otro ataque, sujetos armados atacaron el vestíbulo del edificio del periódico y un grupo armado irrumpió en la casa de su director de Ventas y le robó los celulares y una computadora portátil.
Posteriormente llegaron amenazas por vía telefónica y por la Internet, y el sitio web del periódico fue objeto de un ciberataque. López calcula que el periódico ha presentado unas 100 querellas ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa por causa de los ataques y, sin embargo, sigue habiendo “impunidad 100 % absoluta”.
La impunidad es el denominador común de muchos de los intentos por censurar a los medios en México. Ya sea que los ataques provengan del crimen organizado o del Gobierno, o que sean una combinación de ambos, el propósito siempre es el mismo: intimidar y acallar a los periodistas. “Matar a los periodistas sale gratis en México”, expresó López. La estructura formal para investigar el crimen existe, agregó, pero se trata meramente de un simulacro.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos de México declaró en noviembre de 2016 que 119 periodistas habían sido asesinados desde el comienzo de la década del 2000 y que otros 20 habían desaparecido entre 2005 y 2015. Ha habido 50 ataques contra las redacciones periodísticas en el último decenio. En el 90 % de los casos, los crímenes han permanecido impunes, sostuvo la comisión. La amenaza es más grave contra los medios independientes del interior de México, donde varios periódicos independientes de propiedad familiar deben hacer un cuidadoso acto de malabarismo al intentar cubrir las noticias de una manera que fiscalice los actos del Gobierno.
Esos periódicos estuvieron entre los actores más importantes de los medios más asertivos que contribuyeron a la larga transición democrática de México, según Javier Garza, exdirector de El Siglo de Torreón. Esa transición parecía completa con el triunfo electoral en 2000 de un candidato presidencial proveniente de un partido opositor, tras más de siete décadas de gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Pero la política mexicana también se ha vuelto más revuelta. Los gobernadores, liberados de las viejas estructuras de partido único, se convirtieron en funcionarios todopoderosos, independientemente de si eran del PRI o de la oposición.
Al mismo tiempo, los conflictos entre los carteles del narcotráfico se intensificaron en violencia a medida que el Gobierno federal los reprimía. Los Gobiernos municipales y estatales con frecuencia adoptaron una actitud pasiva y el crimen organizado llegó al poder comprando, captando y amenazando a los funcionarios y a la policía.
“Si el Gobierno es infiltrado por el crimen organizado, entonces tienes redes de complicidad completas”, declaró Mariclaire Acosta, activista de derechos humanos y directora de Freedom House en México. “Todo tiene que ver con la acción o la omisión por parte de las autoridades”.
El nexo entre el crimen organizado y las autoridades significa que cualquier intento de un actor por silenciar a los periódicos, puede funcionar en beneficio de otros. Si un periódico deja de cubrir la violencia provocada por el narcotráfico, por ejemplo, el silencio elimina una fuente de presión para que el Gobierno local frene los ataques. Si el Gobierno le resta importancia a un ataque contra un periodista y lo califica de delito común, les transmite el mensaje a las bandas de delincuentes de que tienen libertad para actuar.
“El Gobierno y los grupos criminales se benefician el uno de los actos del otro”, declaró Daniel Rosas, experimentado reportero y director de la edición digital de El Mañana, periódico de la ciudad de Nuevo Laredo, en la frontera con Texas. “Existe una relación simbiótica”. El Mañana está en la vanguardia de la guerra contra las drogas; su director editorial Roberto Mora fue asesinado en 2004 luego de criticar la inacción gubernamental ante las bandas del narcotráfico que comenzaban a tomar el control de las comunidades.
El asesinato transmitió el mensaje inequívoco de que el crimen organizado no toleraría ciertos tipos de cobertura informativa. Dos años después, un grupo armado irrumpió en la redacción del periódico, le disparó al personal y lanzó una granada de fragmentación, lo cual provocó que un reportero quedara paralítico.
En 2012, sujetos armados lanzaron una granada contra la fachada del edificio sede de El Mañana y le dispararon, aunque nadie resultó herido. Al igual que Noroeste, El Mañana también ha sido víctima de otros ataques, como por ejemplo contra los repartidores que van en motocicleta, y contra los servidores de Internet. A veces, los reporteros y editores reciben mensajes por adelantado que les advierten que no deben publicar una noticia específica.
La violencia, y el fracaso de las autoridades en investigarla y en enjuiciar a sus autores, obligó al periódico a tomar una difícil decisión: El Mañana dejó de publicar artículos sobre las actividades del crimen organizado en Nuevo Laredo.
“No hay ningún Estado de derecho que garantice que yo estaré protegida por lo que te digo”, declaró Ninfa Cantú, presidenta de El Mañana y nieta del fundador del periódico.
El silencio puede parecerles desconcertante a los lectores. “Es absurdo no publicar lo que todo el mundo sabe que sucede, lo que está en los medios sociales”, expresó Rosas.
Parece incluso más extraño porque El Mañana sí cubre la violencia causada por el narcotráfico en el resto del estado, Tamaulipas, y en todo México. Al mismo tiempo, otros medios de Tamaulipas cubren la violencia de Nuevo Laredo, entre ellos los periódicos que también llevan por nombre El Mañana en las ciudades fronterizas de Reynosa y Matamoros, al este. Ellos fueron fundados por el abuelo de Cantú pero se separaron hace décadas.
Toda esta información está disponible en la Internet, lo que dificulta incluso más entender por qué la banda de narcotraficantes local de Nuevo Laredo está tan preocupada con lo que publican los periódicos locales.
“Es más una situación de control”, señaló Rosas. “Cuando tenemos nuestras juntas editoriales, preguntamos sobre qué podemos escribir y sobre qué no podemos escribir”.
Pero si El Mañana no puede escribir directamente sobre la violencia de Nuevo Laredo, sus periodistas han encontrado muchas otras maneras de cubrir los acontecimientos de la ciudad.
El periódico no se ha mostrado tímido al cubrir la corrupción oficial, y era muy crítico del anterior gobernador estatal por no combatir el crimen organizado. El diario ha informado sobre los casos de dos gobernadores estatales anteriores que han sido procesados en Estados Unidos por el delito de narcotráfico.
Lo que también les importa a los lectores es el efecto de la violencia sobre las inversiones en la ciudad, que es un importante nodo de cruce fronterizo y un centro de fabricación y ensamblaje. Rosas ha comenzado un nuevo equipo investigativo que acometerá temas como la polución y dará seguimiento a las actividades de los legisladores.
“Lo único de lo que no podemos escribir es la violencia y el narcotráfico local”, declaró Mauricio Flores, director administrativo del periódico.
La conexión entre el Gobierno local y el crimen organizado en Tamaulipas lleva a una larga lista de temas que están “prohibidos” para los periodistas del estado, sostuvo Garza, entre ellos el narcotráfico. La lista incluye el contrabando de inmigrantes y la corrupción entre las autoridades migratorias; el organismo de Aduanas; y la prostitución y la extorsión en los clubes nocturnos locales.
En Noroeste de Sinaloa, las amenazas no han impedido que el periódico cubra el narcotráfico, pero ha adoptado una actitud más cuidadosa, lo cual incluye mantener la violencia fuera de las primeras planas a menos que la noticia sea parte de un contexto más amplio. “Noroeste no puede ser parte de la narcocomunicación”, aseveró López.
Y el periódico continúa publicando artículos investigativos, como la cobertura de la tortura de sospechosos a manos de la policía, el plan de un exgobernador para construir una planta de fertilizantes en humedales protegidos, y la opacidad que rodea la lucrativa licitación para la construcción de dos hospitales.
“Hay condiciones para ejercer un buen periodismo”, expresó López. Pero, añadió, “nuestro periodismo tiene que criticar con investigaciones muy precisas”. La prensa nacional reproduce muchos de esos artículos, y la visibilidad le proporciona cierta protección al periódico.
Noroeste también ha centrado la cobertura informativa en otros temas, tales como el emprendimiento o las noticias blandas, que son de interés para los lectores de Sinaloa, estado que cuenta con una dinámica comunidad empresarial y un fuerte sentido de comunidad que gira en torno a los deportes, la música y la comida.
El periodismo de alta calidad de ambos periódicos asegura leales lectores, una buena circulación y continua publicidad. Ello, a su vez, proporciona una reserva comercial en un momento cuando los periódicos mexicanos, como los periódicos de todas partes, enfrentan el desafío de compensar la reducción en la publicidad impresa.
Las dificultades económicas significan que muchos periódicos –y medios audiovisuales– son presa fácil de otro tipo de censura, los intentos gubernamentales de simplemente comprar a los medios gastando dinero en publicidad. Las investigaciones de Fundar, organización fiscalizadora de la gestión gubernamental con sede en Ciudad de México, y la organización internacional de libertad de expresión Artículo 19, han documentado que el gasto anual en publicidad de los Gobiernos estatales y federales equivale a cientos de millones de dólares estadounidenses, una forma de “censura blanda” que implica gastar dinero en decenas de periódicos de provincia cuya única función parece ser publicar comunicados de prensa apenas retocados que relatan los actos de los funcionarios en sus visitas a barrios pobres para entregar donativos o en la inauguración de proyectos de obras públicas.
La publicidad oficial puede significar hasta el 30 % de los ingresos por publicidad para los medios nacionales y el 80 % para los medios audiovisuales y periódicos regionales, afirmó Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19 para México y Centroamérica. “La cifra es abrumadora”, señaló. Pero los políticos se comportan como si “fuera más barato comprar a los medios que ejercer un buen gobierno”, prosiguió Ruelas.
En un contexto de reducción de los ingresos por publicidad, los ingresos por publicidad oficial cobran aun mayor importancia para los periódicos. Pero tanto Noroeste como El Mañana pueden sostenerse con poca o ninguna publicidad oficial. A nivel federal, el flujo de publicidad oficial se ha incrementado durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, quien devolvió al PRI al poder en 2012. Aunque los medios nacionales fueron menos aquiescentes que los medios regionales y locales, el tratamiento informativo del Gobierno federal fue más contenido en comparación con los Gobiernos opositores anteriores. Ello cambió en 2014, luego de que un equipo investigativo que trabajaba con la periodista de medios audiovisuales Carmen Aristegui reveló que la esposa de Peña Nieto le había comprado una lujosa mansión en condiciones favorables a una empresa con contratos con el Gobierno. La noticia contribuyó al desplome de la popularidad del presidente.
Aristegui fue despedida de su empresa, MVS Comunicaciones, cuatro meses después por motivo de un sitio web para denunciantes que ella había ayudado a crear. MVS argumentó que la periodista había utilizado el nombre de la empresa sin permiso, pero muchos consideraron el despido como una represalia por la investigación de la periodista. Pese a los altos índices de audiencia y la visibilidad que Aristegui podría aportar, ningún otro medio audiovisual la ha contratado (aunque ella continúa con un programa de entrevistas en CNN en Español y escribe una columna para el diario de Ciudad de México Reforma). El propietario de MVS, Joaquín Vargas, presentó una demanda contra Aristegui en mayo de 2016, y la acusó de haberle causado “daños morales” por sugerir en el prólogo de un libro sobre la investigación que él había claudicado ante la presión gubernamental al despedirla.
Otras figuras públicas han comenzado a utilizar las demandas por “daños morales” para tratar de suprimir la cobertura informativa. Humberto Moreira, exgobernador que multiplicó 100 veces la deuda del estado de Coahuila, está demandando al diario Vanguardia y a la periodista Roxana Romero por documentar que él recibía una pensión de maestro sin reunir los requisitos para ello.
El periódico, con sede en Saltillo, la capital estatal de Coahuila, también fue objeto de un ciberataque de denegación de servicio contra sus servidores web, y a Romero la siguieron hasta su casa una noche, según un editorial de Vanguardia.
Moreira ha presentado otras dos demandas, una contra el conocido presentador de radio Pedro Ferriz de Con, y otra contra el destacado activista de derechos humanos y columnista Sergio Aguayo.
Sin embargo, por cada caso visible, hay muchas otras formas sutiles de censura que interponen constantes obstáculos a los periodistas. Los alcaldes o gobernadores llaman a los propietarios de medios y les piden que retrasen o suspendan la publicación de un artículo. “El propietario tiene que tomar una decisión”, señaló Garza. “Se hace discretamente, se hace muy calladamente”. A muchos periodistas se les paga por noticia y no pueden darse el lujo de que les suspendan un artículo, lo cual los impulsa a cubrir noticias que no desafíen a nadie, como los actos oficiales. Andrés Resillas, quien dirige un sitio web en el estado de Michoacán, enfrenta todas estas amenazas por sí solo.
Resillas comienza por rechazar la publicidad oficial que viene con condiciones. Según el periodista, cuando él realiza una investigación y solicita la versión del Gobierno, “ellos siempre plantean la cuestión de la publicidad y yo les digo: si quieren retirarla, adelante”. Por el contrario, Resillas busca otros trabajos para ayudar a sustentar su sitio, Revista Búsqueda, como por ejemplo darles clases a periodistas.
Su independencia conlleva otro costo: su sitio web ha sido objeto de ciberataques en cuatro ocasiones en los últimos 18 meses, quizás como respuesta a sus artículos sobre hechos de corrupción en las autoridades electorales estatales. “Tenemos que poner mucho énfasis en la seguridad digital porque es ahí donde somos vulnerables”, expresó. Un funcionario electoral amenazó con demandarlo y Resillas, para defenderse, publicó todos los documentos de respaldo de su investigación en su página de Facebook.
Michoacán es un centro del crimen organizado y sobre ese tema Resillas también se ha visto obligado a andar con cuidado. Durante un año, no publicó nada sobre el narcotráfico. En la actualidad, reproduce artículos sobre el crimen organizado y la resistencia local en el estado que aparecen publicados en el diario nacional Reforma, aun cuando los periódicos locales permanecen callados.
Pudiera haber un riesgo en darles visibilidad a las cuestiones en su sitio web. “Es como estirar una liga de goma; cuando ves que se va a partir, la aflojas un poquito”, explicó Resillas.
El periodista bien podría estar describiendo la tensión que tira de muchos periodistas mexicanos y la respuesta que ellos deben evaluar a diario.
Elisabeth Malkin es corresponsal del diario The New York Times en la Ciudad de México y vive en México desde 1992.