Gobiernos utilizan leyes de derechos de autor y Twitter bots para limitar críticas en redes sociales
Por Alexandra Ellerbeck
El 10 de julio de 2016, el periodista ecuatoriano Bernardo Abad tuiteó que Lenin Moreno, ex vicepresidente de Ecuador, no había pagado impuestos sobre los ingresos el año anterior. Una semana después, Abad recibió un mensaje de Twitter que decía que su cuenta había sido bloqueada por violar los términos de servicio. En menos de 24 horas, las cuentas de por lo menos otras cinco personas fueron suspendidas temporalmente luego de que tuitearan sobre los impuestos de Moreno. Para finales de la semana, nueve cuentas habían sido suspendidas temporalmente, de acuerdo con la organización defensora de la libertad de expresión Fundamedios. Twitter declinó pronunciarse sobre las suspensiones.
Las organizaciones defensoras de la libertad de expresión han argumentado que el contenido desaparecido y las cuentas suspendidas de Ecuador son resultado directo de una campaña gubernamental para censurar información crítica. Esas organizaciones afirman que ello es parte de una tendencia global más amplia: que censurar o silenciar a las voces críticas ya no es una actividad exclusiva de Gobiernos autoritarios tales como China y Rusia, sino que también se lleva a cabo en Ecuador y México.
Moreno, quien había resultado baleado en la espalda cuando le intentaron robar el auto y había quedado paralizado de la cintura para abajo, ha sido elogiado por su trabajo sobre los derechos de los discapacitados en Ecuador, y posteriormente ejerció de enviado especial de las Naciones Unidas sobre Discapacidad y Accesibilidad, en su sede de Ginebra. Él es el probable candidato del partido gobernante en las elecciones presidenciales del próximo año, cuando termina el mandato del presidente Rafael Correa. Gran parte de la charla en Twitter trataba sobre un reciente informe del sitio web de periodismo investigativo Fundación Mil Hojas que reveló que Moreno ganó más de un millón de dólares estadounidenses durante un período de dos años cuando se desempeñaba de enviado especial en Ginebra. Moreno declaró en un mensaje de chat de Facebook que la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas lo eximía de pagar impuestos sobre estos ingresos porque él era un enviado especial.
Las nueve suspensiones de cuentas de Twitter que siguieron a las informaciones sobre los impuestos de Moreno, coincidieron con interrupciones en otras ocho cuentas (suspensiones o retiro forzado de mensajes) ocurridas en julio de 2016 entre activistas que criticaron al Gobierno de otras maneras, según información ofrecida por Fundamedios. Moreno negó haber efectuado ninguna solicitud de retiro de contenido para causar interrupciones en las cuentas, y Twitter no respondió a una solicitud para que declarara al respecto. Luego de que Fundamedios, el CPJ y otras organizaciones apelaran ante Twitter, se restablecieron las cuentas.
Las organizaciones de libertad de expresión ecuatorianas desde hace mucho tiempo se han quejado de que los activistas opositores y los periodistas críticos corren el riesgo de que les suspendan las cuentas de Twitter debido a sospechosas quejas sobre derecho de autor o términos de servicio. Fundamedios sostiene que ha documentado la presentación de por lo menos 806 notificaciones contra 292 cuentas entre mediados de abril y mediados de julio de 2016, la mayoría de ellas obra de una sola empresa española llamada Ares Rights, que habitualmente ha presentado solicitudes a nombre de organismos gubernamentales o de políticos ecuatorianos.
El CPJ no ha podido verificar tales cifras de manera independiente, pero ha habido numerosas denuncias de censura en los medios sociales de Ecuador. En 2013, Buzzfeed recibió una notificación sobre derechos de autor de parte de Ares Rights, presentada a nombre de la Secretaría Nacional de Inteligencia de Ecuador, después de que el medio noticioso publicara documentos filtrados que afirmaban que el organismo había comprado equipo de vigilancia. Ares Rights también ha presentado varias solicitudes de retiro de contenido a nombre de la Secretaría Nacional de Comunicación (SECOM) contra organizaciones de libertad de expresión y medios noticiosos opositores, pese al hecho de que el organismo gubernamental ha negado toda relación contractual con la empresa en el pasado. SECOM no respondió a las solicitudes para que declarara al respecto.
Durante la Primavera Árabe, hace seis años, los medios sociales eran vistos como una expresión orgánica de la opinión popular que era capaz de socavar Gobiernos y desencadenar revoluciones. Si bien la narrativa de la revolución de los medios sociales se ha vuelto complicada en los años que han transcurrido desde entonces, la idea general era, y en muchos lugares lo sigue siendo, que los medios sociales ofrecían una imagen instantánea del debate público. Es esta suposición la que lleva a la polémica cuando las plataformas de medios sociales salen del trasfondo y parecen ejercer influencia editorial.
Pero no son solamente las plataformas las que están influyendo sobre el contenido: los Gobiernos que estas redes de periodistas ciudadanos debían fiscalizar cada vez se han vuelto más sofisticados a la hora de utilizar los medios sociales para la vigilancia, la censura y la propaganda. Los Gobiernos y las figuras políticas de renombre están, para bien o para mal, determinando cada vez más los debates que ocurren en plataformas como Twitter y Facebook, ya sea mediante ejércitos de propagandistas en Rusia, China y México; la vigilancia y el retiro de cuentas como parte de las actividades antiterrorismo de Estados Unidos; o la suspensión de cuentas de Twitter críticas en Ecuador.
Twitter publica informes de transparencia anuales sobre la cantidad de solicitudes de retiro de contenido que la empresa recibe de parte de organismos gubernamentales o tribunales en todo el mundo. Entre enero y junio de 2016, esos informes hallaron que Rusia tenía 1,601 solicitudes, Turquía tenía 2,493 y Estados Unidos tenía 100, aunque Twitter declaró que no había cumplido con la gran mayoría de las solicitudes de retiro de contenido. Ecuador solamente tenía una solicitud, que Twitter declaró no haber cumplido, en contraste con las frecuentes denuncias sobre quejas por violación de la privacidad y de los derechos de autor con motivos políticos, que son más difíciles de detectar o de vincular directamente con el Gobierno.
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El 1 de diciembre de 2014 la periodista Erin Gallagher blogueaba sobre una gran protesta en Ciudad de México. Ella había seguido el caso de un grupo de estudiantes mexicanos desaparecidos desde el 26 de septiembre de 2014, cuando los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecieron mientras se dirigían a una protesta en la capital, Ciudad de México. Una investigación deficiente, e indicios de la posible implicación de las fuerzas de seguridad, atizaron las frustraciones existentes por la violencia y la corrupción en el país y generaron una serie de manifestaciones masivas. Gallagher ofreció cobertura de las manifestaciones, a distancia desde su hogar en Pensilvania, para el sitio web Revolution News, hablando con activistas y siguiendo los medios sociales. Ella explicó que seguía la etiqueta #RompeElMiedo, vinculada a la protestas, cuando algo extraño sucedió.
“Había seguido la manifestación en vivo durante todo el día y hasta entrada la noche, y de pronto la etiqueta que yo seguía fue inundada de spam“, relató Gallagher. “Cuando te tropiezas con eso en la Internet en tiempo real, sabes que algo extraño está ocurriendo. Es obvio que no es información orgánica”. Los mensajes conectados a la etiqueta estaban llenos de cosas sin sentido, palabras al azar o símbolos, hasta el punto en que la etiqueta no se pudo seguir utilizando.
Gallagher declaró que se había dado cuenta de que se había encontrado con bots políticos — bots de medios sociales automatizados que habían sido programados para influir sobre los debates virtuales–. Investigadores que estudian los bots virtuales confirman que hay pruebas de que troles o bots manipulan los medios sociales en México con el propósito de cambiar los temas que marcan tendencia, amenazar a periodistas, publicar propaganda o desviar los debates virtuales que son críticos de ciertas figuras políticas.
“Diría que México es el referente del peor y más manipulativo empleo de bots”, declaró Sam Woolley, gerente de proyecto de Politicalbots.org. “Los bots se utilizan como un obstáculo”, expresó. “Se tuitea un montón de información a los activistas con el objetivo de interrumpir debates o crear un efecto inhibidor”.
Apodados “Peñabots” por su tendencia a enviar mensajes en favor del presidente mexicano Enrique Peña Nieto o su partido, expertos expresaron al CPJ que en la actualidad los bots eran empleados por todas las facciones políticas de México. Gallagher señaló que la suposición común de que los bots están activos en los debates políticos de México está tan generalizada que algunas expresiones legítimas de apoyo al Gobierno pueden ser consideradas erróneamente como spam.
Los bots no siempre son fáciles de detectar. Aunque hay algunos indicadores, como la frecuencia de los mensajes, la coherencia de los mensajes y las relaciones entre bots, puede resultar difícil identificar definitivamente las cuentas automáticas, particularmente para los observadores casuales. Además, los bots cada vez se vuelven más sofisticados. “Por cualquier sistema de detección cuyo código uno escriba, se puede escribir el código de otro bot que lo eluda”, expresó Tim Hwang, investigador del instituto de investigaciones Datos y Sociedad (Data and Society), con sede en la Ciudad de Nueva York. “Creo que será como una carrera armamentista. Las campañas de manipulación se volverán cada vez más sofisticadas”.
En México, sostuvo Woolley, es cada vez más común ver bots en combinación con comentaristas humanos. Una cuenta bot podría iniciar un debate, y luego un humano se hace cargo si otra persona participa en un intercambio de mensajes.
Tanto Hwang como Woolley no dudan en señalar que los bots con orientación política no siempre son malos. Se les puede utilizar para conectar a activistas políticos, ofrecer información o darles seguimiento a incidentes. Por ejemplo, existe un bot que le da seguimiento a cada tiroteo que implique a un agente de policía en Estados Unidos. De todas maneras, ellos son objeto de abuso.
Aun más difícil que detectar a los bots políticos es descubrir quién paga por ellos y de dónde vienen. En marzo, Bloomberg citó declaraciones de Andrés Sepúlveda, un hacker colombiano que está preso, en las que decía que había sido contratado por la campaña de Peña Nieto para la presidencia en 2012 y que una de sus tareas era manipular la opinión en Internet administrando perfiles falsos y un ejército de 30,000 bots de Twitter. Aunque Bloomberg informó que partes de la historia de Sepúlveda coincidieron con ataques técnicos e intentos de divulgación de propaganda que ocurrieron durante la campaña electoral, no todos los detalles de su historia fueron corroborados de manera independiente. La Oficina de la Presidencia no respondió a solicitudes para que declarara al respecto.
La manipulación política difícilmente se centra en Ecuador o México. Un estudio de 65 países en la edición de 2015 del informe de Freedom House, “La libertad en la red”, halló que 24 de ellos recurrían al uso de comentaristas progubernamentales para manipular el debate. En China, un grupo de trabajadores gubernamentales conocido como el “partido de los 50 centavos” publica propaganda a favor del Gobierno y coordina campañas de desprestigio contra los críticos, mientras que en Rusia ejércitos de comentaristas vinculados al Gobierno han atacado ferozmente a periodistas. Inclusive Estados Unidos ha investigado la manipulación de los medios sociales como parte de sus actividades contra el terrorismo.
La manipulación no se limita a Twitter. Woolley y Hwang declararon que también existen bots y troles pagados en Facebook y otras plataformas. La estructura abierta de Twitter simplemente hace que sea más fácil detectarlo.
Para los periodistas, la manipulación de los medios sociales significa que algunos debates se pierden mientras que otros se agregan con falsos pretextos. Estos son territorios difíciles de explorar. Incluso mientras los periodistas ecuatorianos persistentemente republican, una y otra vez, contenido censurado, y los periodistas mexicanos siguen adelante pese a los troles y las amenazas, los Gobiernos y los operadores políticos continúan expandiendo y adaptando sus tentativas por contrarrestar el debate y la oposición públicos.
Alexandra Ellerbeck es investigadora del programa de las Américas del CPJ. Anteriormente se desempeñó en Freedom House y fue becaria docente del programa Fulbright en la Universidad del Estado de Pará, Brasil.