Los medios estatales se concentran en la oposición, los críticos y limitan el debate público

Publicado el 29 de agosto de 2012

NUEVA YORK
Unas pocas respuestas a un crucigrama fueron pronto interpretadas como una supuesta conspiración para asesinar al hermano mayor del Presidente Hugo Chávez Frías. Publicado el 9 de mayo en el diario independiente Ultimas Noticias de Caracas, el crucigrama incluía las palabras “asesinar”, “ráfagas” y “Adán”, el nombre del hermano de Chávez, y llevó a Miguel Pérez Pirela, conductor del programa “Cayendo y Corriendo” en el canal del estado Venezolana de Televisión (VTV),  a señalar que matemáticos y semiólogos lo habían estudiado, captado mensajes codificados y llegado a la conclusión de que se trataba de un intento de magnicidio. 

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Un día después del programa, integrantes del organismo nacional de inteligencia (SEBIN) visitaron las oficinas del diario para buscar información sobre el autor del crucigrama, indicó Ultimas Noticias. Neptali Segovia, un profesor de inglés que ha producido las palabras cruzadas para el diario durante más de 15 años, afirmó que la acusación no tenía asidero y se presentó en forma espontánea ante la justicia para ser interrogado por el servicio de inteligencia. “Acudí porque soy el primer interesado en que todo esto se aclare; no tengo nada que ocultar”, Segovia expresó en Ultimas Noticias. No se presentaron acusaciones en su contra.

Si bien la teoría conspirativa fue descripta como excesiva incluso para gente del entorno de Chávez, el caso representa un claro ejemplo del ambiente polarizado y peligroso que reina en Venezuela. En este país, los medios del estado son utilizados no sólo para avanzar objetivos políticos sino también como plataformas para fustigar a los críticos, incluyendo periodistas independientes, y evitar un debate sobre temas centrales, según afirman analistas de medios. La violencia endémica, los secuestros, la crisis carcelaria y la inflación figuran entre las mayores preocupaciones de la sociedad venezolana que han permanecido sin la debida cobertura en las semanas previas a la elección presidencial del 7 de octubre.        

“Los medios oficiales distraen la atención de problemas sociales como el crimen, la inseguridad y la economía”, afirmó al CPJ Margarita López Maya, historiadora de la Universidad Central de Venezuela. Las desviaciones a veces pueden tornarse desagradables. En marzo, Mario Silva, conductor del programa “La Hojilla” en el canal estatal VTV, acusó a la caricaturista Rayma Suprani del diario El Universal de Caracas de “propagar el odio” con sus ilustraciones. Poco después, Suprani comenzó a recibir insultos y amenazas a través de la red social Twitter, según la organización de libertad de expresión Espacio Público.

Venezuela no tiene leyes que obliguen al gobierno a proporcionar información libre de influencias comerciales o políticas. En cambio, el gobierno de Chávez ha invertido fuertemente para erigir un vasto conglomerado de prensa estatal que favorece su agenda política, según muestra la investigación del CPJ. En otros países latinoamericanos, los medios del estado también transmiten mayormente propaganda a expensas de puntos de vista plurales. Pero los analistas sostienen que algunos canales de televisión a nivel regional tienen un enfoque más equilibrado y llevan temas de interés público. Entre ellos figuran Televisión Nacional de Chile, Canal 22: Canal Cultural de México y TV Cultura en Brasil.

Cuando Chávez asumió el poder en 1999, heredó un aparato de medios con fondos limitados  que consistía básicamente en dos medios audiovisuales y una agencia de noticias de escaso alcance. Mientras tanto, los medios privados recibían abundante publicidad de la elite empresarial y eran ampliamente distribuidos. Durante el intento fallido de golpe de estado en abril de 2002, las cuatro principales estaciones de televisión apenas cubrieron las manifestaciones a favor de Chávez y en su lugar emitieron dibujos animados y películas, según muestra la investigación del CPJ. Muchos analistas alegaron que ejecutivos de los medios privados operaron en secreto para imponer un vacío informativo, mientras que los ejecutivos reclamaron que no podían cumplir con su tarea informativa por temor a la violencia por parte de quienes apoyaban a Chávez. Ningún propietario o ejecutivo de medios fue procesado en la justicia por su participación en el golpe, pero Chávez llegó a la conclusión de que sólo podría controlar el flujo informativo a través del desarrollo de los medios en poder del estado.   

Y así lo hizo. Desde el 2003, el gobierno ha financiado la puesta en marcha de ViVeTV, una red de televisión cultural y educativa; ANTV, que transmite las sesiones de la Asamblea Nacional en televisión de aire y por cable; radio AN; Ávila TV, un canal regional manejado por la ciudad de Caracas; Alba TV y Alba Ciudad FM; Radio YVKE Mundial; La Radio del Sur; el periódico Correo del Orinoco; y el sitio de noticias Aporrea. La Televisión Social de Venezuela, canal que es conocido como Tves, comenzó a transmitir el 28 de mayo de 2007, un día después de que RCTV fuera retirada del aire. Según un informe especial del CPJ publicado en 2007, el gobierno venezolano no realizó una revisión imparcial y transparente del proceso de renovación de la concesión de RCTV en un esfuerzo dirigido a silenciar su cobertura crítica. En 2010, el ente regulador también retiró a RCTV del cable y del satélite por no transmitir los mensajes de Chávez.

La formidable presencia mediática es apoyada por un grupo de medios comunitarios financiados por el estado, agregó López Maya de la Universidad Central. “El equilibrio entre los medios privados y estatales ha cambiado dramáticamente desde el segundo mandato de Chávez”, indicó al CPJ. De hecho, el gobierno utilizó recursos del ente regulador Conatel, el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información y el servicio de inteligencia para elaborar un mapa de los medios en todo el país basado en sus lealtades, según Espacio Público. La encuesta concluyó que más del 50 por ciento de los medios son leales o cercanos al gobierno, mientras que un 25 por ciento se identifica con la oposición. 

En julio de 2005, el gobierno lanzó su proyecto de medios más ambicioso: Telesur, un canal de noticias las 24 horas que no tiene publicidad comercial y está disponible por señal abierta y por satélite en América Latina, Estados Unidos, Europa Occidental, el norte de África y algunas zonas de Asia y Medio Oriente, según su sitio web. Venezuela es dueña del 51 por ciento del canal; los gobiernos de Argentina, Cuba, Uruguay, Ecuador, Nicaragua y Bolivia poseen una participación minoritaria. Carlos Romero, un politólogo de la Universidad Central, afirmó que la audiencia de Telesur es más global que local debido a su programación internacional. “Tiene un alcance limitado entre los sectores populares. Pero tiene tecnología moderna y bolsillos profundos”, indicó Romero.

En su libro Hegemonía y Control Comunicacional, Marcelino Bisbal, analista de medios de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, escribió que la plataforma de medios del gobierno venezolano no tenía precedente en la historia del país o en América Latina.  

Chávez ha invertido tiempo así como dinero en el espectro radioeléctrico; ha usado el imperio mediático estatal para volverse omnipresente en la vida de los venezolanos. Según Espacio Público, Chávez ha empleado más de 1.600 horas de transmisión desde 1999, con 2334 cadenas obligatorias de radio y televisión que ocupan toda la programación a nivel nacional.   

Pero la presencia del mandatario en el aire no significa necesariamente que los venezolanos estén bien informados acerca de Chávez. El presidente anunció personalmente que los médicos le habían extirpado un tumor cancerígeno del tamaño de una bola de beisbol de la pelvis y, en febrero pasado, informó que había tenido una recurrencia de la enfermedad. Chávez, sin embargo, no ha proporcionado detalles y su condición de salud es tratada como secreto de estado. Buena parte de la información sobre su estado de salud se origina en dos fuentes: el médico exiliado José Mariquina, quien vive en Estados Unidos desde 1991, y el periodista venezolano Nelson Bocaranda, quien tiene el sitio web Runrun.es. Bocaranda ha efectuado tantos aciertos en predecir los viajes de Chávez a Cuba que algunos lo llaman el “ministro de información no oficial”, según informes de prensa.

A medida que sus apariciones en televisión han disminuido junto al deterioro de su salud, Chávez se ha comunicado vía Twitter y ha emitido comunicados, provocando a sus críticos a quejarse de que el presidente estaba gobernando el país desde afuera a través de la red social.

De hecho, los medios digitales juegan un rol para respaldar la agenda del gobierno y lanzar ataques contra los críticos. La penetración de Internet ha crecido del 3 por ciento en 1999 a 36 por ciento en 2011, según CANTV, la compañía nacional de telefonía. Chávez ha llamado a Twitter un “arma” que puede ser utilizada en beneficio de su revolución. La mayoría de los funcionarios venezolanos usan Twitter y Facebook; el estado controla varios sitios web de noticias y también una serie de blogs.     

Periodistas locales y activistas en defensa de la libertad de prensa advierten que los funcionarios utilizan este despliegue de herramientas para denunciar a los periodistas críticos por lo que describen como intentos por desestabilizar el país, privando a los venezolanos de información vital. En mayo, la Ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, Iris Varela, acusó a los medios privados de exacerbar violentos choques en una cárcel de Caracas y anunció que el gobierno había decidido no difundir más información de las estadísticas sobre prisiones a la prensa privada. El descontento en las prisiones y la superpoblación se han convertido en problemas serios para Chávez; la violencia es generalizada y los reclusos con frecuencia se las ingenian para obtener armas y drogas con la ayuda de guardias corruptos. “No es cuestión de ocultar información”, dijo Varela, según la agencia de noticias estatal AVN. “No podemos permitir que los medios privados refuercen la resistencia de los reclusos, sólo quieren atacar al Presidente Chávez”.       

Carlos Lauría es coordinador senior del programa de las Américas del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).