Prensa estatal:
Fines políticos desplazan interés público

Por Carlos Lauría

Los motines registrados en junio en una conocida prisión de Venezuela culminaron con enfrentamientos armados entre efectivos de la Guardia Nacional y reclusos, que dejaron un saldo de al menos 22 personas muertas. La crisis duró cuatro semanas, atrajo una amplia cobertura mediática y desató una guerra verbal entre el gobierno y la oposición. Partidarios del Presidente Hugo Chávez, incluyendo al influyente Mario Silva, conductor de un programa televisivo de entrevistas, acusaron a la prensa de “manipular” la situación y reclamaron una investigación. Silva, conductor de “La Hojilla” en la emisora estatal Venezolana de Televisión (VTV), acusó al canal de televisión Globovisión, crítico del gobierno, de instar a una revuelta en las cárceles y fomentar la ansiedad pública. Sugirió que la emisora intentaba desestabilizar a Venezuela.

Video: Confrontación en Ecuador bajo Correa

Las acusaciones lanzadas por Silva propiciaron que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) abriera una investigación sobre la cobertura periodística de Globovisión. El 18 de octubre, el ente regulador impuso una multa de más de 2 millones de dólares estadounidenses a Globovisión, citando la restrictiva Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión. Utilizando los programas de Silva como plataforma para iniciar la investigación, Conatel declaró que Globovisión había informado que miembros de la Guardia Nacional habían “masacrado” a prisioneros y que la labor periodística del canal habría provocado disturbios en otras prisiones. Globovisión sostuvo que las acusaciones eran infundadas y defendió su labor periodística.

Silva, quien a menudo utiliza el apodo de “Globoterror” para referirse a Globovisión, es un asesor cercano a Chávez que dedica su programa a lanzar ataques personales y a descalificar a la oposición, periodistas críticos, ejecutivos de medios y activistas en defensa de la libertad de prensa. Luego de que el diario El Nacional de Caracas publicara un artículo sobre el asesinato del custodio de Silva, el conductor de “La Hojilla” tildó al director del periódico, Miguel Henrique Otero, de “cobarde y cerdo”; insultó repetidamente a miembros de su familia y lo acusó de haber apoyado el fallido golpe contra Chávez en 2002. Otero inició un proceso penal por difamación contra Silva, que aún sigue pendiente.

El programa de Silva, financiado con fondos públicos, se ha convertido en el ejemplo más notorio de una tendencia regional a través de la cual los medios estatales se utilizan no sólo como herramienta para la propaganda política, sino también como plataformas para campañas de desprestigio en contra de críticos, incluyendo periodistas. En países de América Latina con altos niveles de polarización política como Venezuela, Ecuador y Nicaragua, los líderes electos han invertido en grandes multimedios, generando enormes conglomerados de prensa oficiales que promueven sus agendas políticas personales, según revela la investigación del CPJ.

Esta tendencia desafía estándares regionales e internacionales. Los defensores de la libertad de prensa creen que los medios estatales deben ser políticamente independientes con el fin de brindar a los ciudadanos información libre de influencias comerciales, estatales o políticas. De hecho, para que los medios públicos puedan cumplir su función deben ser “independientes del Poder Ejecutivo; verdaderamente pluralistas; universalmente accesibles; con financiamiento adecuado al mandato previsto por la ley; y que contemplen mecanismos de rendición de cuentas y de participación de la comunidad en las distintas instancias de producción, circulación y recepción de contenidos”, según afirmó la relatoría especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en un informe de 2009.

Ese documento reitera lo enunciado en la Declaración Conjunta sobre Diversidad en la Radiodifusión emitida en 2007 por las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, y la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. “El mandato de los medios públicos debe estar claramente establecido por ley y debe incluir, entre otros, el contribuir a la diversidad, la cual debe ir más allá de ofrecer diferentes tipos de programación, dar voz a y satisfacer las necesidades de información e intereses de todos los sectores de la sociedad”, afirma la declaración.

Tanto Venezuela, Ecuador como Nicaragua carecen de leyes que dispongan que los medios estatales deban servir al interés público. “De esta forma no se ha sabido/podido construir un vínculo con la ciudadanía que permita que los medios públicos sean concebidos como una alternativa válida para la difusión de información de calidad, de programas que respondan a la diversidad cultural de nuestros países”, escribió el especialista en políticas públicas de comunicación y economía de los medios de la Universidad de Buenos Aires de Argentina, Guillermo Mastrini, en un análisis de los medios públicos y los derechos de comunicación.

Los líderes de los tres países a menudo describen a los ejecutivos de medios privados como la “oligarquía” y la “elite empresarial”, personas vinculadas a conglomerados transnacionales y decididas a sesgar la cobertura periodística a favor a la oposición política o de otros grupos con intereses especiales. Los gobiernos de estos países justifican su accionar contra la prensa, a quien se le suele negar el acceso a funcionarios y a eventos públicos, al acusar a los medios privados de ser enemigos del pueblo.

Los analistas sostienen que Venezuela, en particular, ha intentado reproducir aspectos del modelo de comunicación cubano, en el cual el gobierno es dueño y controla todos los medios, los utiliza para la propaganda política y para oponerse a las críticas extranjeras, mientras denosta a periodistas y blogueros independientes. Esto resulta preocupante dado que Cuba, hasta hace poco, figuraba entre los países con más periodistas presos en el mundo. En Cuba, quienes intentan trabajar de modo independiente son hostigados, detenidos, amenazados con procesos judiciales o prisión, o se les impide viajar. Los sitios de Internet gubernamentales acusan a blogueros independientes de recibir dinero de grupos de oposición financiados en el extranjero. La constitución de Cuba reconoce sólo “la libertad de expresión y de prensa siempre que sea conforme a las fines de la sociedad socialista”.

Al mismo tiempo, la política del gobierno cubano ha restringido de modo severo la infraestructura local para Internet, ya que sólo a una pequeña parte de la población se le permite acceder a la red desde sus hogares. A la gran mayoría se le exige utilizar puntos de acceso controlados por el estado y debe someterse a verificaciones de identidad y a una intensa vigilancia. El acceso a sitios no cubanos está restringido. Venezuela, también, eventualmente controlará todas las comunicaciones incluyendo Internet, sugiere Antonio Pasquali, académico de la Universidad Central de Venezuela. “El teléfono e Internet van a ser nuestros últimos canales de libertad”, afirmó.

Venezuela aún tiene medios privados que ejercen su derecho a presentar puntos de vista diferentes. Tres diarios nacionales–El Universal, El Nacional y Tal Cual–brindan cobertura informativa crítica, al igual que un puñado de periódicos y revistas de Caracas, varias publicaciones regionales y un número de sitios de noticias en línea. Sin embargo, de las tres emisoras de televisión privadas, solamente Globovisión continúa ofreciendo programas de noticias y trasmite críticas al gobierno. RCTV, que fuera el principal canal de televisión y duro crítico del gobierno, fue obligado a salir del aire en 2007 luego de una politizada medida del ente regulador. Dos años después, Conatel utilizó un tecnicismo legal como pretexto para quitarle las concesiones a más de 30 emisoras de radio y televisión, silenciando así un coro de voces críticas.

“Venezuela busca imitar el modelo cubano de medios de comunicación”, sostuvo Otero de El Nacional.

Transcurrida más de una década en el poder, Chávez se ha autoproclamado un socialista “revolucionario” quien lidera a los pobres en su lucha contra las elites, incluyendo a los medios. Pero le tomó al presidente venezolano unos cuantos años darse cuenta de que su capacidad para aferrarse al poder descansa en ejercer cierto dominio sobre los medios. Hasta el fallido golpe de 2002, el aparato de comunicaciones estatales estaba compuesto por la Radio Nacional de Venezuela, VTV y la agencia oficial de noticias Venpres (ahora AVN). Desde entonces, el gobierno ha invertido cientos de millones de bolívares en proyectos para medios estatales y comunitarios, incluyendo emisoras de televisión y radio, periódicos y sitios de Internet. Desde el 2003, ha financiado la puesta en marcha de ViVeTV, una red de televisión cultural y educativa; ANTV, que transmite las sesiones de la Asamblea Nacional en televisión de aire y por cable; radio AN; Ávila TV, un canal regional manejado por la ciudad de Caracas; Alba TV y Alba Ciudad FM; Radio YVKE Mundial; La Radio del Sur; el periódico Correo del Orinoco; y el sitio de noticias Aporrea. La Televisión Social de Venezuela, canal que es conocido como Tves, comenzó a transmitir el 28 de mayo de 2007, un día después de que RCTV fuera retirada del aire. En julio de 2005, el gobierno lanzó su proyecto de medios más ambicioso, Telesur, un canal de noticias las 24 horas que los funcionarios consideran como una alternativa a la CNN. Venezuela es dueña del 51 por ciento del canal; los gobiernos de Argentina, Cuba, Uruguay, Ecuador, Nicaragua y Bolivia poseen una participación minoritaria.

El gobierno sigue subsidiando en gran medida a los medios estatales. En julio, diputados del partido socialista autorizaron un préstamo de 700 millones de bolívares (US$166 millones de dólares) destinados a respaldar el aparato estatal de medios, según informes de la prensa local. El Ministro de Comunicación e Información Andrés Izarra hace mucho tiempo reconoció que la estrategia del gobierno apunta a “conseguir la hegemonía comunicacional e informativa del estado”. Al expandir los medios estatales y comunitarios, reconocen los funcionarios, el gobierno está cumpliendo con la garantía constitucional de brindar información plural a la ciudadanía. Pero Marcelino Bisbal, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, indicó que el gobierno percibe la comunicación como un modo de educar a la gente en el socialismo, lo que constituye su principal objetivo. “Para este gobierno, la información es crear una única verdad, una sola comunicación, una sola información, una sola cultura”, escribió Bisbal en un análisis sobre medios.

El Presidente de Ecuador Rafael Correa ha seguido de cerca los pasos de Chávez. Cuando Correa asumió su cargo a principios de 2007, los medios estatales consistían solamente de Radio Nacional de Ecuador. El gobierno erigió una ambiciosa maquinaria mediática en pocos años. La toma por parte del gobierno de TC Televisión y Gama TV, dos cadenas privadas de televisión, en 2008, así como varios otros medios, fue el punto de partida de este asombroso crecimiento. Los medios eran propiedad del Grupo Isaías, cuyos directores, Roberto y Guillermo Isaías, supuestamente debían $661 millones de dólares a Ecuador luego del colapso del Filanbanco, entidad financiera de la que eran dueños. Los dos canales atraían casi un 40 por ciento de la audiencia de noticias de todo el país.

En el momento de la toma, Correa se comprometió a vender activos de los medios para recuperar el dinero que se les debía a los ecuatorianos, pero jamás hizo tal cosa. Tampoco cumplió su promesa de preservar la independencia editorial de los medios. “Todos esos medios son usados para difundir para propaganda oficial”, afirmó Tania Tinoco, una de las principales presentadoras de la cadena de televisión privada Ecuavisa.

El panorama de los medios en Ecuador aún es diverso y vibrante, según revela la investigación del CPJ. Cientos de estaciones de radio operan en todo el país, entre ellas emisoras comunitarias e indígenas en regiones provinciales. Cinco cadenas de televisión privadas–Ecuavisa, Teleamazonas, RTS, Telerama, y Canal Uno–y más de 35 periódicos brindan una amplia gama de opiniones, análisis y perspectivas políticas, según el análisis del CPJ.

Pero año tras año, el gobierno de Correa ha utilizado fondos públicos–cuyos montos no fueron nunca divulgados–con el objetivo de montar una masiva operación de medios estatales actualmente compuesta por numerosas emisoras de TV (TC Televisión, Gama TV y Ecuador TV, además de canales de cable como CN3 y CD7), estaciones de radio (Radio Pública de Ecuador, Radio Carrousel, Radio Super K 800 y Radio Universal), periódicos (El Telégrafo, PP El Verdadero y El Ciudadano), revistas (La Onda, El Agro, Valles y Samborondón) y una agencia de noticias (Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Suramérica, conocida como Andes). “El estado se ha transformado en un protagonista en materia de comunicaciones, de ser irrelevante cuando asumió Correa a tener en la actualidad un rol protagónico”, afirmó César Ricaurte, director ejecutivo del grupo de prensa local Fundamedios.

La postura del gobierno es que los medios estatales deben tener independencia editorial. “Los medios públicos son relativamente nuevos en Ecuador y el gobierno está intentando mejorar su administración y buscar que cuenten con independencia editorial”, señaló al CPJ Doris Soliz, ministra de coordinación de la política. “Pero los medios pertenecen al estado, no al gobierno.”

En la práctica, no obstante, Correa ha usado a los medios estatales como plataforma para desacreditar a los periodistas que se oponen a sus políticas de gobierno. El presidente suele dedicar sus habituales emisiones radiales de los sábados a embestir con ataques verbales a empresas de medios y a periodistas en forma individual. Los medios que suelen ser con mayor frecuencia blanco de ataques son los El Universo, La Hora, El Comercio y Expreso, como así también la cadena televisiva Teleamazonas. El presidente ha tildado a sus críticos de “ignorantes”, “basuras”, “mentirosos”, “amorales”, “mediocres”, “sicarios de tinta”, y “actores políticos que están tratando de oponerse a la revolución ciudadana”. Con esta catarata de insultos, Correa ha conseguido ejercer su influencia sobre la opinión pública al tiempo que evita el debate sobre cuestiones vinculadas a la corrupción y la transparencia del gobierno.

En Nicaragua, el Presidente Daniel Ortega imita las acciones adoptadas por Chávez y Correa y ejerce de modo gradual un creciente control sobre las personas y las instituciones, incluyendo a la prensa, atacando a los medios privados que describe como enemigos. El gobierno sandinista utiliza el aparato mediático oficial–Canal 4, Canal 8, Canal 13, la emisora radial Nueva Radio Ya y el sitio de noticias El 19–para perpetrar ataques personales a varios periodistas críticos del gobierno. Estos intentos son respaldados por un servicio de noticias vía correo electrónico llamado Nicaragua Triunfa–y por Radio Sandino que pertenece al partido sandinista o FSLN. Periodistas conocidos como el ex director del periódico El Nuevo Diario, Danilo Aguirre, han sido tildados de “fascistas”. Carlos Fernando Chamorro, conductor del programa “Esta Semana” en el Canal 12 de televisión, fue investigado y acusado de lavado de dinero en una investigación que el CPJ describió como politizada y que intentó restringir la cobertura informativa sobre casos de corrupción gubernamental.

Las investigaciones y los insultos son parte de una agresiva campaña para obstruir y marginar a los medios independientes. Existen en Nicaragua más de 100 emisoras de radio privadas y varios canales de televisión, incluyendo los canales 2, 10, 11 y 12. La televisión por cable está disponible en los principales centros urbanos. Existen dos diarios nacionales, La Prensa y El Nuevo Diario, ambos duros críticos de Ortega, además del semanario Confidencial y varias publicaciones en línea.

Sin embargo, funcionarios del gobierno mantienen contacto sólo con un puñado de medios progubernamentales controlados por la familia presidencial o el partido de gobierno. Los procesos penales por difamación en contra de periodistas independientes son rutina y el gobierno ha manipulado la publicidad oficial para castigar los medios críticos y recompensar a los aliados, según reveló un informe del CPJ de 2009.

El lanzamiento en junio del Canal 13 Viva Nicaragua, una cadena de 24 horas de noticias propiedad de la familia Ortega y dirigida por los hijos de Daniel Ortega, Luciana, Camila y Maurice Ortega Murillo, es un ejemplo del intento del presidente por controlar el flujo de información. Promovido como un medio que está enfocado en “temas sociales”, la emisora brinda la perspectiva oficial ante la exclusión de las voces de oposición. Por ejemplo, un artículo de octubre acerca de una epidemia de dengue se enfocó por completo en la campaña nacional para prevenir la enfermedad y no brindó información sobre la tasa de mortalidad o la cantidad de personas que contrajeron la enfermedad en 2011.

Periodistas nicaragüenses afirmaron que la familia Ortega ha creado un imperio de medios próspero en los últimos cinco años. El hijo del presidente, Rafael Ortega Murillo, quien encabeza una compañía llamada Nueva Imagen, negoció el acceso de la familia a la TV nicaragüense asociándose con el empresario mexicano Ángel González en 2007. Carlos Enrique y Daniel Edmundo Ortega Murillo dirigen Canal 4; Juan Carlos Ortega Murillo dirige Canal 8; y Maurice Ortega Murillo dirige la productora RGB Media, según revelaron los informes de prensa. La esposa del Presidente Ortega, Rosario Murillo, es su estratega en comunicaciones y la principal asesora de prensa.

Los líderes de otros países han utilizado los medios estatales para fines políticos. En Bolivia, el Presidente Evo Morales fue sincero cuando explicó que su gobierno saca provecho de los medios estatales para frustrar las distorsiones percibidas en la prensa privada. Y en Argentina, los críticos afirman que el programa de televisión “6, 7, 8” emitido por la Canal 7 en la televisión pública ha lanzado una caza de brujas contra periodistas que no son afines al gobierno. En este programa de debate, cinco periodistas y dos invitados periódicamente menosprecian la cobertura periodística que realiza la prensa crítica, retratando a periodistas y medios como actores políticos y oposición. Además, han utilizado a las redes sociales para instar a partidarios del gobierno a salir a las calles para protestar contra la cobertura de prensa de los principales medios privados.

El concepto de medios estatales como servicio público–tomado del modelo europeo de facultar a las organizaciones para que actúen en nombre del interés general y facilitarles suficiente autonomía para impedir la interferencia política–aún no ha sido aplicado en América Latina. Pero algunos analistas señalan ejemplos alentadores a nivel regional, especialmente en la televisión. Televisión Nacional de Chile (TVN), Canal 22 de México y TV Cultura de Brasil han sido destacados como paradigmas de medios que pertenecen al estado pero que han logrado cumplir con su objetivo principal de servicio público.

Un anuncio formulado en julio por el Presidente de El Salvador, Mauricio Funes, que declaró que los medios estatales serían reformados para otorgarles una autonomía legal sin precedentes fue considerado por analistas de medios y defensores de la libertad de prensa como un paso positivo para poner fin al concepto de medios estatales entendidos como portavoces de los gobiernos de turno. Las reformas, desarrolladas en colaboración con el Banco Mundial, apuntan a promover el “bien común”, según expresó Andrew Leyton, representante de la institución multilateral de crédito. El Banco Mundial dará apoyo financiero para la reconstrucción de equipamiento obsoleto de emisoras de radio y televisión estatales. Funes indicó que el primer paso incluirá la creación de Radio El Salvador Internacional y de una agencia de noticias. David Rivas, secretario de comunicaciones de la presidencia salvadoreña, señaló que durante años la radio y la televisión estatal estuvieron “sometidos a vaivenes políticos”. El gobierno de Funes, afirmó Rivas, busca proporcionarle independencia a los medios estatales de modo que puedan cumplir su objetivo de servicio público.

Carlos Lauría es el coordinador senior del programa de las Américas. Nacido en Buenos Aires, es un periodista que ha escrito numerosos artículos para Noticias, una de las revistas de noticias de habla hispana de mayor circulación. En 2011, Lauría encabezó una misión de investigación a Ecuador.