Prólogo Por Joel Simon
Plomo o plata. Una frase muy gastada en México, muy familiar para los periodistas de todo el país. Simple y llanamente significa: “Nosotros somos tus dueños. Toma nuestra plata y publica lo que te ordenamos. O te matamos”.
El plomo salta a la vista.
Los cuerpos de periodistas se apilan en las calles de México, desde Durango hasta Villahermosa. Desde diciembre de 2006, cuando el Presidente Felipe Calderón Hinojosa asumió el poder, 30 periodistas han sido asesinados o están desaparecidos. El CPJ ha confirmado que al menos 8 de ellos murieron en represalia directa por su trabajo periodístico.
Lo que ha estado menos a la vista es la plata. En general, los periodistas evitan pronunciarse al respecto. De eso no se habla. En este informe revelamos la cultura del soborno y la extorsión que está provocando una devastadora autocensura en México. Periodistas de Reynosa confiaron en el CPJ y nos contaron la historia completa: las amenazas, la violencia y la corrupción.
¿Por qué le interesa tanto a la delincuencia organizada lo que se publica en los periódicos o lo que se transmite por radio y televisión? No se trata solamente de suprimir algunos informes dañinos. Sus motivos son mucho más complejos, y mucho más siniestros.
Cuando trabajé como reportero en México en los ’80 y ’90, los periodistas me contaban que no les preocupaba publicar los nombres y los rostros de los líderes más poderosos de los carteles. De hecho, afirmaban los periodistas, a los capos les encantaba llamar la atención, porque los informes sobre su crueldad inspiraban temor en sus enemigos.
Informar sobre la red de corrupción que apoyaba al narcotráfico era otra cosa. Los carteles invirtieron mucho dinero para conseguir la cooperación de policías, alcaldes, gobernadores, soldados y agentes de aduanas; todos ellos funcionarios corruptos que se convirtieron en parte esencial de sus operaciones. Si los periodistas revelaban esta red de corrupción y lograban que con sus informes se despidiera a algún funcionario, se estaban metiendo en sus negocios. Aquello era peligroso. Pero, aún así, algunos reporteros valientes corrieron el riesgo.
En 2004 fui a Tijuana para hacer una investigación del CPJ en torno al asesinato de mi amigo y colega Francisco Ortiz Franco, editor del semanario Zeta, especializado en sacar al sol los trapos de los corruptos. Durante mi trabajo de investigación, llegué a comprender la nueva estrategia de los carteles de utilizar a los medios de comunicación para favorecer sus intereses.
Primero, eliminaban informes sobre su propia violencia y al mismo tiempo compraban periodistas para dramatizar el salvajismo de sus rivales. Más importante aún, utilizaban a los medios para dañar las operaciones de sus adversarios, filtrando informes de funcionarios corruptos. El impacto de estos informes era profundo. Por ejemplo, se podía conseguir que renunciara un jefe de policía corrupto, en el que uno de los carteles había invertido grandes sumas de dinero. Y no todos los periodistas que les seguían el juego eran corruptos. Ellos simplemente ignoraban que sus fuentes de información, con frecuencia dentro de las fuerzas de seguridad, eran quienes trabajaban como relacionistas públicos de los carteles.
En los años posteriores, los carteles, en plena competencia en todo el país, desarrollaron tácticas de comunicación más agresivas. Comenzaron a utilizar a periodistas corruptos como componentes clave de su batalla campal por controlar la “plaza”, denominación de los narcos sobre el mercado de drogas.
Los narcotraficantes utilizan los medios de comunicación que controlan para desacreditar a sus rivales, exponer a los funcionarios corruptos que trabajan para los carteles de la competencia, defenderse de las acusaciones del gobierno e influir en la opinión pública. Utilizan a los medios en forma similar a como lo hacen los partidos políticos tradicionales, salvo que ellos están dispuestos a matar para lograr sus metas de relaciones públicas. No sorprende entonces que a medida que se ha intensificado la guerra del narcotráfico, también haya aumentado la violencia contra la prensa. Los corresponsales estadounidenses, a quienes antes se ignoraba, ahora también reciben amenazas en forma regular.
Las organizaciones criminales están controlando la información en muchas ciudades de México. Algunos medios han intentado abstraerse, negándose a publicar cualquier cosa que tenga que ver con el tráfico de drogas, incluso si ello significa ignorar enfrentamientos armados en plena calle. Pero los narcotraficantes no siempre aceptan una negativa. Algunos reporteros señalaron que fueron forzados a publicar reportajes atacando a los carteles rivales.
El Presidente Calderón y el gobierno federal de México necesitan hacer más, mucho más, para defender a los medios y para crear un ambiente en el que los periodistas puedan cumplir con su trabajo con un cierto grado de seguridad. Calderón debe emprender acciones decisivas, no sólo porque el gobierno federal tiene la responsabilidad constitucional de garantizar la libre expresión, sino porque salvaguardar la libertad de prensa es también parte de sus propios intereses estratégicos. No es posible ganar la guerra contra las drogas si el país cede el control de la información pública a los narcotraficantes.
Los periodistas deben informar sobre las matanzas entre los carteles rivales. Deben informar, en forma intensa e imparcial, sobre la profunda corrupción que respalda el accionar de los narcotraficantes. Deben informar sobre los esfuerzos del gobierno para combatir el tráfico de drogas, resaltando tanto aciertos como desaciertos.
En muchas ciudades, los periodistas no están haciendo nada de esto. La realidad es que el gobierno está perdiendo tanto la guerra de la información como la guerra en las calles. Tal y como describe este informe, la batalla por el libre flujo de la información en México ha llegado a una fase crucial. A menos que el gobierno de México emprenda acciones enérgicas, los narcotraficantes seguirán siendo quienes definan qué es noticia y qué no lo es. Y esa no es la forma de ganar la guerra contra el narcotráfico.
Joel Simon es director ejecutivo del Comité para la Protección de los Periodistas.