1. Resumen
La violencia contra la prensa ha conmovido al país y socavado el derecho a la libertad de expresión de los mexicanos. Esta crisis nacional exige una contundente respuesta federal.
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) elaboró este informe para poner de relieve la alarmante impunidad en los ataques contra la prensa en México. El análisis del CPJ apunta a fallas sistemáticas que, de no abordarse, deteriorarán aún más la libertad de expresión y el estado de derecho. Éstos y otros vitales intereses nacionales e internacionales están en juego.
Las agresiones contra los periodistas ponen en peligro al país
Desde que el Presidente Felipe Calderón Hinojosa asumió el poder en diciembre de 2006, 22 periodistas han sido asesinados, al menos ocho de ellos en represalia directa por la cobertura de actividades delictivas y hechos de corrupción. Tres trabajadores de medios de comunicación también han sido asesinados, y al menos otros siete periodistas han desaparecido en este período. Sumado a lo anterior, decenas de periodistas han sido víctimas de ataques, secuestros o se han visto forzados al exilio.
Una impunidad sistemática se encuentra arraigada a nivel estatal y municipal, en donde se investiga la mayoría de los delitos contra la prensa. El sistema de justicia no ha tenido éxito en sus investigaciones en más del 90 por ciento de los crímenes contra la prensa en la última década, según las investigaciones del CPJ. México ocupa el noveno lugar en el mundo en el Índice de Impunidad del CPJ, que calcula la cantidad de asesinatos de periodistas sin resolver en relación con la población de cada país.
Caso tras caso, el CPJ ha encontrado negligencia en el trabajo de ministerios públicos y policías estatales. En varias ocasiones, las autoridades han utilizado métodos ilegales, incluyendo la coerción de testigos y la fabricación de evidencia. La complicidad entre la policía y los delincuentes es tan común, que muchas fuentes entrevistadas por el CPJ observan el sistema de justicia como un ente controlado por la delincuencia. La autocensura generalizada es el efecto demoledor de este estado de anarquía. Por temor a represalias, los medios están abandonando no solo el periodismo de investigación, sino cualquier cobertura sobre crimen y corrupción.
El gobierno federal ha reconocido sólo ocasionalmente a la violencia contra la prensa como un problema nacional. En 2006, durante el sexenio de Vicente Fox, el gobierno creó una fiscalía federal especial para la atención de delitos contra la prensa. Aunque al principio dicha agencia de gobierno pareció un paso adelante para combatir la impunidad, la fiscalía ha resultado totalmente ineficaz.
El CPJ cree que el gobierno federal debe intervenir directamente para garantizar el derecho a la libertad de expresión, consagrado en la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. Los propios periodistas deben contribuir más en este esfuerzo. Los carteles del narcotráfico, que han infiltrado casi todos los sectores de la sociedad, son los mismos que han corrompido a reporteros y editores. Y los medios de comunicación, tan polarizados en México, aún tienen pendiente la tarea de unirse al amparo de una serie de principios para proteger a los periodistas locales.
Estudio de caso: El asesinato no se investiga, queda impune
En dos vehículos, asaltantes interceptaron la camioneta del reportero Bladimir Antuna García mientras circulaba por una calle principal en la ciudad de Durango, en el noreste del país, en noviembre de 2009. Testigos afirman que cinco sujetos, armados con rifles de asalto, sacaron al reportero de su vehículo y se lo llevaron. El cuerpo sin vida de Antuna García fue hallado 12 horas más tarde; sus captores lo habían torturado y estrangulado.
Antuna García era considerado uno de los reporteros más importantes de la crónica del crimen en Durango. Prolífico escritor, redactaba varios artículos al día, algunos de ellos eran notas exclusivas que reflejaban buenas fuentes tanto del ejército como de la policía. A fines de 2008 comenzó a recibir amenazas telefónicas, algunas de ellas de gente que se identificaba como miembro de la organización criminal conocida como los Zetas. En abril de 2009, un atacante disparó contra su domicilio.
Antuna García denunció las amenazas y los ataques a la Procuraduría General de Justicia del estado, pero ningún funcionario se contactó directamente con él, según lo que el periodista comentara a sus colegas. El Procurador de Justicia del estado señaló que el reportero nunca presentó una denuncia, por lo que su delegación no pudo emprender acción alguna. Dicha declaración parece, sin embargo, contradecir el expediente en la oficina del propio procurador. Entre los documentos existe una denuncia formal firmada por Antuna.
Poco hicieron las autoridades estatales tras el asesinato de Bladimir Antuna García. Un funcionario del ministerio público estatal indicó al CPJ que varios policías a cargo de la investigación llevaron a cabo sólo someros interrogatorios de testigos y la esposa de la víctima. Expresamente no se ha realizado ningún trabajo de investigación. Muchos periodistas locales consideran que las autoridades no quieren esclarecer el asesinato. Dado que los asesinos siguen en la impunidad, señalan los periodistas, los informes investigativos y en profundidad sobre el crimen organizado en Durango se encuentran paralizados.
Estudio de caso: Cederle la información a los carteles
El cartel del Golfo controla a la mayoría del gobierno municipal de Reynosa, desde la policía hasta la entrega de permisos para vendedores ambulantes, indicaron al CPJ periodistas y vecinos de la ciudad fronteriza. Sin embargo, esa noticia aún no ha salido en los medios locales porque el cartel también controla a la prensa.
Los narcotraficantes imponen la censura en Reynosa bajo amenazas, ataques y sobornos. Muchos reporteros aceptan sobornos del cartel para manipular la información y excluir cobertura, aseguraron al CPJ periodistas locales. Algunas noticias están estrictamente prohibidas. Los reporteros saben, por ejemplo, que deben ignorar noticias sobre secuestros y extorsiones.
Los periodistas también son conscientes de las graves consecuencias que implica desafiar a los narcotraficantes. Un editor expresó: “Te secuestrarán, te torturarán por horas, te matarán y te descuartizarán”. Como un ejemplo escalofriante de los métodos que usan los traficantes para hacer valer su ley, tres periodistas de Reynosa desaparecieron en 2010 y se presume que están muertos.
Algunos sucesos en 2010 ilustran el grado de profundidad al que ha llegado la censura. En febrero, se registraron intensas balaceras en las calles cuando el cartel del Golfo y los Zetas disputaban el control de esa plaza. En abril de 2010, en un ataque descarado contra el ejército, un grupo de criminales arremetió con un convoy de camionetas contra la entrada a una base militar de Reynosa y atacaron con rifles de asalto y granadas de mano. El ejército emitió un comunicado de prensa, pero virtualmente no hubo ningún informe independiente sobre el ataque.
Una crisis nacional es responsabilidad federal
Cuatro años después de lanzar una ofensiva nacional contra la delincuencia organizada, el gobierno federal no ha asumido su responsabilidad por los numerosos ataques contra la libertad de expresión. Autoridades estatales y municipales corruptas siguen mayormente a cargo de investigar y esclarecer los delitos contra la prensa. Las autoridades federales atraen los casos únicamente si determinan que el delito está vinculado con la delincuencia organizada o si se utilizan armas de uso exclusivo del ejército.
Pero el gobierno federal tiene responsabilidades nacionales e internacionales. Los artículos sexto y séptimo de la constitución política del país garantizan los derechos individuales a la libertad de expresión y la libertad de prensa. Como firmante del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, México tiene la obligación de preservar el derecho a la libre expresión, consagrado en dicho documento.
El CPJ y otros defensores de la prensa apoyan reformas sustanciales que incorporen los delitos contra la libertad de expresión al código penal de la federación y que sean las autoridades federales las responsables de investigar y procesar los ataques contra la prensa. Al mismo tiempo, es necesario emprender otras acciones. Es vital fortalecer la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión. La creación de un comité gubernamental para proporcionar protección directa a los periodistas en riesgo también sería de gran ayuda.
Desde 2008, el Poder Ejecutivo y el Congreso han impulsado, con vacilaciones, la federalización de los delitos contra la prensa. En un encuentro con una delegación del CPJ en junio de 2008, el Presidente Calderón expresó su apoyo a una iniciativa de reforma constitucional para federalizar los delitos contra la libertad de expresión. Sin embargo, su propuesta no ha presentado avances en su implementación, al igual que otras medidas que ha puesto a consideración del Congreso. El retraso en el Congreso y la oposición en los estados han atenuado las perspectivas de reformas. Dado que muchos políticos estatales actúan en complicidad con los grupos criminales, los funcionarios corruptos tienen muchas razones para oponerse a la federalización.
La federalización no pondrá fin a la violencia del narcotráfico y otras actividades ilícitas. El CPJ ha documentado muchos casos en los que las autoridades federales, ya sea por corrupción o negligencia, han fracasado en su intento por detener la violencia contra la prensa. La federalización, sin embargo, enviaría el importante mensaje de que los líderes nacionales reconocen la gravedad de la situación. Mientras México siga permitiendo a los criminales controlar el flujo informativo, más se deteriorará su condición de socio global confiable. Las autoridades federales están mejor capacitadas, están sujetas a un mayor escrutinio y cuentan con mayores recursos que sus colegas estatales y municipales. Se les debe otorgar la responsabilidad de afrontar esta crisis nacional.