• El organismo regulador le quita las licencias a las emisoras críticas.
• El gobierno emprende investigaciones politizadas contra Globovisión.
Estadística Clave
34: Las emisoras de radio y televisión privadas que fueron sacadas del aire.
Luego de obtener una importante victoria en el referéndum de febrero que le abrió las puertas para la reelección indefinida, el Presidente Hugo Chávez Frías y su gobierno intensificaron su embestida de años contra los medios privados. El organismo que regula las frecuencias del espectro radioeléctrico adoptó medidas sin precedentes en su ataque contra los medios audiovisuales críticos. Decisiones arbitrarias les quitaron las concesiones a emisoras de radio privadas, al tiempo que una serie de investigaciones amenazó con clausurar a la última estación de televisión crítica de Venezuela, Globovisión. En el interior del país, un duro crítico del gobierno fue encarcelado, mientras que un reportero de investigación fue asesinado en directa represalia por su labor informativa.
ATAQUES A LA
PRENSA EN EL 2009
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Gran Hermano observa
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Considerada por Chávez como un instrumento de la oligarquía involucrada en “terrorismo mediático”, Globovisión fue blanco de una ráfaga de investigaciones. En septiembre, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) le inició un proceso administrativo luego de acusar a la televisora de incitar a la rebelión por transmitir un mensaje de texto de un telespectador que llamaba a un golpe de estado. En julio, la CONATEL inició una investigación sobre acusaciones de que Globovisión estaba transmitiendo mensajes que podían crear “angustia, ansiedad y temor”. El canal había dirigido una campaña publicitaria defendiendo la propiedad privada (en un momento en el cual el gobierno estaba nacionalizando las industrias más importantes, incluyendo telecomunicaciones, electricidad y cierta producción de alimentos). Sin embargo, otra investigación fue iniciada en mayo, por acusaciones de “incitar al pánico y a la ansiedad en la población,” luego de que Globovisión informara sobre un terremoto que sacudió a Caracas. Durante la transmisión, el Director General de Globovisión, Alberto Federico Ravell, instó a los telespectadores a que permanecieran en calma y culpó a las autoridades de fracaso en informar a los venezolanos de un modo oportuno, según informes de prensa internacionales. La emisora, conocida por sus estridentes opiniones antigubernamentales, también tenía dos investigaciones en curso desde 2008. Una sanción en cualquiera de los dos casos podría significar una suspensión de hasta 72 horas, mientras que una segunda sanción podría resultar en la revocación de la licencia.
El gobierno amenazó con tomar otras medidas. En junio, justo horas después de que Chávez solicitara a Globovisión que cesara su cobertura crítica si no quería enfrentar su clausura, la CONATEL solicitó a la Fiscalía General que investigara si la emisora privada era responsable penalmente por las violaciones a la ley de telecomunicaciones. El CPJ lo describió como una “seria escalada” en la campaña de intimidación contra los medios. Ninguna investigación penal se había iniciado hacia fines de año.
Globovisión fue también víctima de un violento ataque en agosto, cuando un grupo de más de 30 individuos armados en motocicletas irrumpieron en sus oficinas de Caracas, arrojaron cartuchos con gas lacrimógeno e hirieron a un oficial de la policía local y a dos empleados. Conforme a una cinta de video difundida más tarde por el canal, los asaltantes eran miembros del partido político Unión Patriótica Venezolana (UPV), aliado del Presidente Chávez. Lina Ron, líder de UPV, fue arrestada unos días más tarde por las autoridades y acusada de “conspirar para cometer un delito”, según una declaración del Ministro del Interior y Justicia Tarek El Aissami. Ron fue liberada en octubre, pero todavía el proceso judicial se encontraba pendiente de resolución hacia fines de año.
CONATEL utilizó la regulación de las licencias de radiodifusión como un pretexto para silenciar voces independientes y críticas y sacó del aire 32 estaciones privadas de radio y televisión a principios de agosto. Las emisoras, según CONATEL, no habían actualizado sus registros de inscripción para un plazo fijado en junio. Según el ente regulador, las emisoras operaban de modo ilegal porque sus licencias habían sido otorgadas a “personas físicas”, mientras que la Ley de Telecomunicaciones del año 2000 requería que fuesen entregadas a “entidades con personería jurídica”. Las emisoras apelaron la decisión y muchas presentaron evidencia de que habían presentado los documentos para conformarse al cambio. Aún continuaban fuera del aire hacia fines de año.
El organismo regulador había amenazado anteriormente con revocar las licencias de 154 emisoras FM y 86 emisoras AM. En una carta de julio, el CPJ instó al Ministro de Obras Públicas y Vivienda Diosdado Cabello a que asegurara que la entrega de licencias de radiodifusión fuera realizada de un modo imparcial y transparente.
El gobierno de Chávez actuó de modo agresivo para coartar la libertad de los medios a través de legislación restrictiva. En julio, la Fiscal General Luisa Ortega Díaz presentó un proyecto de ley que castigaría los “delitos mediáticos” con penas de prisión. El objetivo, afirmó Ortega, era enfrentar las “nuevas formas de criminalidad surgidas como consecuencia del ejercicio abusivo de la libertad de información y opinión.” La iniciativa definía “los delitos mediáticos” como acciones que “atenten contra la paz social, la seguridad e independencia de la nación, la estabilidad de las instituciones del Estado, la salud mental o moral pública, que generen sensación de impunidad”. La medida expresaba muy vagamente que “impediría y castigaría las acciones u omisiones exhibidas a través de los medios que constituyeran un delito” y que sancionaría “toda persona que divulgue a través de un medio, noticias falsas que ocasionen una grave alteración a la tranquilidad pública, pánico en la población, que haya alterado el orden público o producido un perjuicio a los intereses del Estado”. Luego de una airada protesta internacional, el proyecto de ley fue archivado por la Asamblea Nacional en agosto. En enero de 2005, la Asamblea Nacional ya había aumentado drásticamente las sanciones penales por difamación al tiempo que extendía el número de funcionarios públicos protegidos por las cláusulas de difamación.
La Asamblea Nacional aprobó un proyecto de ley de educación con disposiciones que prohibían la distribución de material que pudiese incitar “odio, agresividad”, “rebeldía” o causar “terror en niños.” Luego de la aprobación del proyecto el 13 de agosto, una docena de periodistas de los matutinos de Caracas Últimas Noticias, El Mundo y Radio Líder—propiedad del conglomerado privado de medios Cadena Capriles—organizó una protesta en la calle contra el proyecto que, según ellos, impedía el ejercicio de la libertad de expresión. Esa misma tarde recibieron golpes de puño y puntapiés de individuos que los periodistas identificaron como empleados estatales que los acusaban de ser “oligarcas” y “enemigos del pueblo”, según las entrevistas del CPJ. Nadie resultó con heridas de gravedad, pero el episodio siguió en el centro de la atención pública cuando Chávez acusó a reporteros de Cadena Capriles de provocar el ataque. El 15 de agosto, las autoridades arrestaron a Gabriel Uzcátegui, empleado de la emisora estatal Ávila TV, en relación al ataque. La emisora negó su participación y cuestionó la veracidad de las víctimas denunciadas. Hacia fines de año no se habían formulado cargos contra Uzcátegui.
Los periodistas que cubrieron protestas fueron hostigados y atacados de modo sistemático. En enero, los manifestantes golpearon a Rafael Garanton, fotógrafo del matutino El Carabobeño, en la provincia de Carabobo, cuando cubría una manifestación estudiantil que protestaba por la inseguridad en las calles, según informó el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS). El periodista, cuya cámara fue robada por manifestantes, fue llevado al hospital con heridas menores. El IPYS documentó otros casos: José Gonzáles, fotógrafo del matutino El Mundo Oriental, fue atacado en febrero por miembros de la Guardia Nacional de Venezuela mientras fotografiaba una protesta de conductores de transporte público en Anzoátegui. En abril, un fotoperiodista del matutino Pico Bolívar, Héctor Molina, fue amenazado por manifestantes encapuchados cuando cubría una manifestación estudiantil. En julio, oficiales de la Guardia Nacional retuvieron a Zulia López y Jesús Molina, reportera y camarógrafo de la emisora RCTV Internacional, y a Thais Jaimez, periodista del matutino Panorama, luego de que intentaran cubrir una manifestación de obreros de la construcción en la provincia de Táchira.
En julio, un juez de Táchira ordenó el arresto de Gustavo Azócar, ex corresponsal del matutino nacional El Universal, conductor de televisión y bloguero y duro crítico de Chávez. El juez dictaminó que Azócar, acusado de fraude en un caso que llevaba años y estaba relacionado con un contrato de publicidad, había violado una orden anterior de no hacer comentarios públicos sobre el caso. Azócar indicó al CPJ que hizo públicas en su blog algunas notas de otros medios sobre el caso, pero que él particularmente no había escrito nada sobre el tema. El abogado de Azócar y sus colegas señalaron al CPJ que el periodista estaba siendo injustamente castigado por sus críticas sobre los funcionarios del gobierno local.
Una escalada en la violencia general causó alarma, especialmente en el interior del país. En enero, individuos no identificados dispararon e hirieron a Rafael Finol, el director de noticias políticas del matutino El Regional, fuera de las oficinas del periódico en Acarigua, al sudoeste del país. El periodista señaló al CPJ que creía que el ataque era en represalia por la labor informativa política del periódico, que respalda al gobierno de Chávez. Finol afirmó al CPJ que los investigadores creían que eran asesinos a sueldo quienes habían estado involucrados en el ataque.
Durante el mismo mes, un individuo no identificado disparó y mató a Orel Sambrano, director del semanario político local ABC de la Semana y Radio América, en la ciudad occidental de Valencia. Sambrano, de 62 años, era conocido por sus investigaciones y comentarios sobre política local. Sus colegas explicaron al CPJ que Sambrano había publicado recientemente una serie de notas de investigación sobre la familia del empresario local Walid Makled. Informes de prensa indicaron que Sambrano también había mencionado a Rafael Segundo Pérez, sargento de la policía de Carabobo, como uno de los 13 policías con vinculaciones al clan Makled. El 13 de febrero, las autoridades arrestaron a Pérez y lo acusaron de trabajar como asesino a sueldo y de conspirar para cometer un crimen. Informes de prensa locales señalaron que las autoridades también emitieron una orden de arresto contra Makled, cuya familia negó las acusaciones. Se cree que Makled abandonó el país, según la prensa. La violencia letal contra la prensa es poco frecuente en Venezuela, según el CPJ. Cinco periodistas, incluyendo Sambrano, cayeron en cumplimiento de su labor desde 1992.
Rafael Poleo, director de noticias y editor del matutino El Nuevo País y de la revista de noticias Zeta, uno de los críticos más estridentes del gobierno de Venezuela, huyó del país en septiembre luego de que fuera citado por las autoridades con motivo de su aparición en un programa de Globovisión en 2008. Durante esa aparición, Poleo afirmó que “Chávez podría terminar como Mussolini”. Poleo, quien se encuentra exiliado en Miami, sostuvo que el gobierno está buscando encarcelarlo como parte de su campaña contra los opositores, según informes de la prensa local.