La administración decide no renovar la concesión de un canal de televisión mientras reafirma su influencia en los medios.
Por Carlos Lauría y Saura González Rodríguez
CARACAS, Venezuela
Posted 24 abril , 2007
Blanca, vestida con ropa ligera, posa seductora y roza con su pie la musculosa pierna de Daniel cuando — ¡sorpresa! –su ex marido, Esteban, irrumpe en el cuarto y los dos hombres inician una pelea. “Cómo cazar a un hombre”, una dramatización de la serie “Decisiones” de Radio Caracas Televisión (RCTV), la cadena privada de televisión más antigua de Venezuela, se exhibía en las pantallas de todo el país con su trama de amor y lujuria en una tarde de enero.
Una de esas pantallas estaba en la oficina de William Lara, ministro venezolano de Comunicación e Información, cuya mirada ese día recorrió una fila de monitores de televisión con la programación de los canales de Venezuela. Alrededor de las 5 de la tarde Lara se reunía con sus visitantes, en una franja horaria que según las regulaciones gubernamentales debe estar orientada a programas de familia. “Sólo por esta razón”, señaló Lara, “RCTV no merece que le renueven la concesión”. A pesar de que ese tipo de dramatización es común a nivel regional, funcionarios de gobierno han calificado a programas de ese estilo de RCTV como “pornográficos”, una de las tantas y diversas acusaciones públicas y a menudo sin fundamento dirigidas contra la televisora.
Amenos que suceda algo imprevisto a último momento–lo que RCTV intenta lograr por la vía judicial–el gobierno afirma que a partir del 27 de mayo no le renovará a RCTV la concesión para explotar el espectro electromagnético. La concesión de RCTV será la primera que, a los efectos prácticos, el gobierno del Presidente Hugo Chávez Frías retirará a un canal privado. A medida que Chávez avanza hacia lo que él y sus simpatizantes denominan “Socialismo del Siglo XXI”, la decisión del gobierno podría tener amplias consecuencias para la libertad de expresión en esta nación sudamericana de 26 millones de habitantes.
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Recomendaciones del CPJ
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Funcionarios gubernamentales, desde el presidente hacia abajo, han acusado a RCTV de violar la Constitución y la normativa de radio y televisión, sin hablar de la colaboración con los autores de un golpe contra Chávez en el 2002. Sin embargo, una investigación de tres meses del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), revela que el gobierno no realizó una revisión imparcial y transparente del proceso de renovación de la concesión de RCTV. En cambio, según halló el CPJ, la evidencia apunta a una decisión tomada de antemano y motivada por razones políticas.
El propio Chávez anunció la decisión en un discurso pronunciado el 28 de diciembre, en el que afirmó que el gobierno no les renovaría la concesión a los “golpistas” de RCTV. En los meses previos y siguientes al anuncio, el gobierno no efectuó audiencias públicas, no siguió ningún criterio explícito y no le proporcionó a RCTV la oportunidad de responder a las afirmaciones realizadas por altos funcionarios en conferencias de prensa, discursos y entrevistas.
A fines de marzo–tres meses luego de que la decisión fuera anunciada– el gobierno distribuyó un libro gratuito de 360 páginas con el objetivo de explicar su decisión. Mitad documental y mitad arremetida, el Libro Blanco sobre RCTV posee capítulos dedicados a la concentración en la propiedad de los medios, una historia sobre el régimen de concesiones en Venezuela, su visión sobre el papel de RCTV en el fallido golpe del 2002, y lo que describe como efectos dañinos de la concentración en la propiedad de los medios. El libro explica la posición del gobierno de que goza de discrecionalidad en la renovación de las concesiones otorgadas inicialmente a RCTV y otros radiodifusores por un período de 20 años de acuerdo con un decreto de 1987. Jesse Chacón, ministro de Telecomunicaciones, anunció en una conferencia de prensa el 29 de marzo que la decisión sobre RCTV no era una sanción contra el canal sino simplemente un hecho “natural e inexorable” producto del vencimiento de la concesión.
No obstante lo anterior, el Libro Blanco, publicado por el Ministerio de Comunicación e Información, contiene 45 páginas con documentos que describen supuestas violaciones de RCTV a la normativa de radio y televisión. Las supuestas infracciones parecen ser menores; y el libro no ofrece indicaciones para evaluar su severidad, contraponerlas con normas establecidas por el gobierno, o compararlas con los expedientes de otros radiodifusores. El gobierno, por ejemplo, criticó a RCTV por cubrir un sonado caso de homicidio de manera “sensacionalista” y por anunciar bebidas alcohólicas durante un juego de la liga profesional de béisbol. El gobierno también reprendió al canal por referirse a la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, que impone amplias restricciones al contenido de la programación, como “ley de contenidos” en los noticieros. Otras acusaciones contra RCTV, como promover la “pornografía”, no se citan en el libro a pesar de que altos funcionarios del gobierno las mencionaron públicamente.
RCTV, fundada en 1953 y conocida por su acérrima oposición al gobierno, cuestiona las imputaciones del gobierno de que incurrió en actos ilegales, y sostiene que la administración Chávez está tomando represalias por razones políticas y suprimiendo la cobertura informativa crítica. RCTV alega que nunca ha sido sancionada por violación alguna, solo advertida. En contraste, señala RCTV, el gobierno no ha tomado medidas contra las concesiones de otros radiodifusores que sí han sido sancionados.
Este registro, según el CPJ, refleja un proceso de toma de decisiones arbitrario y opaco, que sienta un precedente alarmante y pone en duda el compromiso de Venezuela con la libertad de expresión. La amenaza de perder acceso al espectro electromagnético pende sobre decenas de radiodifusores a cuyas concesiones les correspondería la renovación, lo cual ha provocado que otros medios decidan reducir la programación crítica del gobierno. El caso de RCTV también llega en momentos en que la administración Chávez pone su empeño en aumentar los medios estatales y amplificar su voz. El gobierno ha reiterado que tiene planes de establecer un canal de servicio público en la frecuencia que dejaría RCTV.
Chávez ha interpretado su contundente victoria en las elecciones presidenciales del 3 de diciembre del 2006 como un mandato para acelerar su agenda socialista. De inmediato instó a la disolución de los partidos políticos que forman la coalición oficialista para constituir un partido único, y recomendó la designación de una comisión para la reforma constitucional que abordará posiblemente la reelección presidencial indefinida. En enero, la Asamblea Nacional –cuyas bancas están ocupadas en su totalidad por legisladores oficialistas desde que la oposición boicoteara las elecciones legislativas del 2005–aprobó en forma unánime una ley habilitante que le otorga a Chávez la facultad de legislar por decreto durante 18 meses en áreas clave como la seguridad nacional, la energía y las telecomunicaciones.
Desde que Chávez asumiera su primer mandato en 1999 con la promesa de implementar lo que se consideraba una plataforma reformista y nacionalista, su gobierno ha mantenido una relación sumamente polémica con la prensa. A pesar de ser elegido en 1998 con el apoyo de algunos medios de comunicación, Chávez pronto rompió relaciones con ellos. A medida que su programa político se volvió más radical (o autoritario según algunos ejecutivos de medios), la prensa privada desempeñó un papel partidista, procurando activamente la destitución de Chávez y adoptando las posiciones y el lenguaje de sus opositores.
Algunos analistas aseveran que los medios privados, en particular los audiovisuales, contribuyeron a la polarización del país con una cobertura sesgada de la crisis política que dominó a Venezuela entre el 2001 y el 2004, y con su hostilidad hacia el gobierno y sus partidarios. “La televisión se transformó en uno de los elementos que acentuaron la polarización del país. Un sector poderoso usó los canales para derrocar al gobierno”, reconoce Teodoro Petkoff, editor del vespertino Tal Cual de Caracas y uno de los líderes de la oposición venezolana.
El golpe de abril del 2002 contra Chávez marcó un hito para su administración, según Marcelino Bisbal, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello con una extensa obra acerca de temas de la comunicación y los medios venezolanos. Ese fue el momento cuando Chávez llegó a la conclusión de que el aparato comunicacional del gobierno –compuesto por una cadena de radio, un canal de televisión y la agencia oficial de noticias– estaba en desventaja en comparación con los medios comerciales.
Desde el golpe, la actual administración ha emprendido un ambicioso plan para robustecer la cartera de comunicaciones del gobierno. Chávez ha utilizado el cada vez mayor sector de medios estatales como un megáfono del gobierno, copando el personal de simpatizantes suyos e influenciando los contenidos para asegurar una cobertura favorable. Además, ha utilizado las cadenas –alocuciones presidenciales que sustituyen la programación regular de los radiodifusores– para contrarrestar la cobertura informativa de los medios privados y censurar a alguien en particular, con frecuencia periodistas o dueños de medios. Su agresiva retórica ha reforzado la hostilidad de sus partidarios hacia los periodistas, y los funcionarios gubernamentales han reiterado acusaciones infundadas que vinculan a periodistas locales con supuestos intentos de Estados Unidos de desestabilizar a Venezuela.
Del 2000 al 2004, coincidiendo con los momentos más convulsos del conflicto político, numerosos periodistas venezolanos fueron atacados, hostigados o amenazados, en su mayor parte por seguidores del gobierno y fuerzas de seguridad. La violenta animosidad no provino de un solo lado: los partidarios de la oposición han atacado y acosado a reporteros y fotógrafos que trabajaban para los medios del estado. Un fotógrafo, Jorge Tortoza, fue baleado mientras cubría los enfrentamientos entre manifestantes de la oposición y partidarios del gobierno que precedieron al golpe del 2002.
La retórica del gobierno ha sido acompañada de una ofensiva jurídica contra los medios de prensa. En el 2005, la Asamblea Nacional incrementó drásticamente las sanciones penales por los delitos de difamación, calumnia e injuria, mientras amplió las categorías de funcionarios gubernamentales protegidos por las normas de desacato, que penalizan expresiones ofensivas dirigidas a funcionarios públicos e instituciones del Estado. La Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, que entró en efecto ese año, ha sido fuertemente criticada por defensores de la libertad de prensa por sus amplias y vagas restricciones a la libertad de expresión. El artículo 29, por ejemplo, prohíbe a los prestadores de servicios de radio y televisión difundir mensajes que “promuevan, hagan apología o inciten a alteraciones del orden público” o “sean contrarios a la seguridad de la Nación”.
Mucho antes que Chávez llegara al poder, otros presidentes venezolanos habían intentado silenciar la cobertura informativa crítica. Sus métodos iban desde las amenazas y la censura abierta hasta la negativa de tasas de cambio preferenciales para importar papel periódico. Algunos medios cedían en silencio a las presiones y daban cabida a las demandas del gobierno; otros denunciaban tales presiones. Por ejemplo, después del fallido golpe militar de febrero de 1992 –éste liderado por Chávez, en aquella época teniente coronel– al menos cinco medios venezolanos fueron allanados, censurados, se vieron impedidos de circular, o sufrieron la confiscación de ejemplares por las autoridades.
Funcionarios de la administración Chávez admitieron al CPJ que se sienten orgullosos de promover la libertad de expresión. Mientras que el período democrático de 1958 a 1998 estuvo marcado por la autocensura de los medios y el sometimiento a las demandas del gobierno, afirman los funcionarios, la libre expresión ha florecido con Chávez. “En Venezuela se está recuperando la libertad de expresión que hasta ahora ha estado confiscada por los grandes grupos económicos. En el momento en que se acusa a Venezuela de estar violando más la libertad de expresión, es cuando hay más libertad de expresión”, asegura José Vicente Rangel, un aliado de Chávez que fue vicepresidente hasta comienzos de año.
Como prueba de su compromiso con la libre expresión, los funcionarios gubernamentales destacan que ningún periodista ha sido encarcelado y que ningún diario o canal de televisión ha sido confiscado o suspendido durante los ocho años de gobierno de Chávez. “Hay una auténtica democracia en Venezuela en la tenencia de los medios. No es verdad que se asfixie a los medios de comunicación privados”, sostiene Lara, el ministro de Comunicación e Información.
La administración también señala como ejemplo a los medios comunitarios –radioemisoras y canales de baja potencia y alcance que son presentados como entidades independientes y sin fines de lucro que prestan servicios a la comunidad donde radican. Según cifras del gobierno, se han proporcionado licencias a 193 radioemisoras y canales comunitarios entre el 2002 y el 2006, mientras que el presupuesto del 2007 destinará un millón de dólares estadounidenses para medios comunitarios. El gobierno aduce que tales radioemisoras y canales son prueba de que apoya una mayor diversidad en los medios, pero algunos analistas manifiestan que la mayoría de la programación de los medios comunitarios hasta el momento ha sido homogénea e influenciada por el gobierno.
Al mismo tiempo, periodistas, ejecutivos de medios y defensores de la libertad de expresión indicaron al CPJ que las autoridades han tratado de marginar a la prensa privada impidiéndole el acceso a los actos oficiales, a las entidades estatales y a las instituciones públicas; negándose a dar declaraciones a periodistas que trabajan para los medios privados; negando la publicidad oficial y el acceso a la información pública; e iniciando demandas penales por difamación.
“Hay una disparidad en las percepciones de lo que debe ser la labor de los periodistas que son excluyentes, desde el gobierno y desde fuera del gobierno. Cada vez que los medios registran fallos del gobierno, hechos de corrupción, son acusados de hacer política,” subrayó Gregorio Salazar, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa.
Todos los periodistas y ejecutivos de medios que dialogaron con el CPJ coincidieron en que pueden expresar sus puntos de vista pero se exponen a represalias en forma de acoso fiscal, inspecciones administrativas, silencio oficial a sus solicitudes y ataques verbales dirigidos a desacreditarlos. Ejecutivos del canal privado Globovisión, por ejemplo, señalaron que el canal había solicitado permiso en repetidas ocasiones al gobierno para expandir la señal pero no habían recibido respuesta.
Los medios impresos, que escapan al ámbito de la ley de responsabilidad social, son menos vulnerables a la presión directa del gobierno. Según declararon editores de diarios al CPJ, el gobierno retira publicidad oficial de los medios en represalia por la cobertura crítica. “En nuestro modelo de negocios decidimos que la publicidad oficial no existe y punto,” sostuvo el director y editor de El Nacional , Miguel Enrique Otero.
RCTV, que ha sido durante mucho tiempo la cadena de televisión líder en Venezuela, transmite una combinación de noticieros, programas de entrevistas, deportes, telenovelas, y su propia versión de “Quién quiere ser millonario”. El programa semanal “Radio Rochela”, que como el conocido programa estadounidense “Saturday Night Live” a menudo satiriza a los políticos, era una institución en Venezuela mucho antes que Chávez fuera electo por primera vez en 1998. El canal es uno de los radiodifusores que se vincularon a la oposición política, promoviendo activamente su plataforma y criticando a Chávez con dureza.
Cada vez que tiene ocasión, el gobierno les recuerda a los medios privados haber celebrado el breve golpe contra Chávez, así como la participación en una fallida huelga general liderada por la oposición a fines del 2002 y comienzos del 2003 que buscó forzar su renuncia. Chávez ha amenazado con revisar o revocar las concesiones de las televisoras, a las que el gobierno califica de golpistas, pero cuyos ejecutivos nunca han sido acusados penalmente de participar en el golpe.
La situación se agravó en junio del 2006, cuando Chávez amenazó con impedir la renovación de las concesiones a radioemisoras y canales de televisión, sin mencionar nombres, porque a su juicio los medios privados ejercían una “guerra sicológica para dividir, debilitar y destruir la Nación” como parte de un “plan imperialista” para derribar a su gobierno. Días después, Lara anunció que el gobierno tenía el poder legal para negar la renovación de las concesiones a canales que estuvieran violando la ley. Las televisoras, puntualizó, habían mostrado una “tendencia sistemática a violar las normas legales”.
Luego de obtener la reelección, Chávez se refirió en específico a RCTV en una alocución el 28 de diciembre ante un grupo de militares a quienes daba su mensaje de fin de año. “No habrá nueva concesión para ese canal golpista que se llamó Radio Caracas Televisión”, aseveró Chávez. “Venezuela se respeta”. Esto también se aplica a observadores internacionales, dejó en claro el mandatario. Cuando José Miguel Insulza, secretario general de la Organización de los Estados Americanos, expresó preocupación al señalar que era un hecho poco común y que era necesario tomar en cuenta sus repercusiones internacionales, Chávez lo insultó públicamente llamándolo “pendejo”.
Varios defensores de la libre expresión, algunos de ellos muy críticos de la programación de RCTV, declararon al CPJ que el gobierno estaba castigando al canal por su línea editorial y que las consecuencias para el ejercicio del periodismo serían enormes. Denunciaron que la no renovación de la concesión de RCTV era una decisión política revestida de un barniz legal. “Mi problema no es Marcel Granier, sino la gente que quiere seguir y ver la programación de RCTV, aunque sea atorrante para el gobierno”, manifestó Carlos Correa, director de la organización no gubernamental Espacio Público, que promueve la libertad de expresión y la ética periodística en Venezuela.
Lara explicó que la decisión no era una represalia política. “La élite siempre asume que están por encima de la ley, por encima de la Constitución”, planteó Lara. “No se necesita ningún proceso porque no hay ninguna revocatoria, la señal queda libre después del 28 de mayo. Una señal de televisión en Venezuela debe tener una función social, eso es un mandato constitucional”.
El otorgamiento de concesiones, según el CPJ, está lleno de ambigüedad y es propicio a la manipulación política. El Libro Blanco sostiene que el decreto de 1987 y la Ley Orgánica de Telecomunicaciones del 2000 son la base para la transformación de títulos y para las renovaciones. Pero ninguno de los documentos establece el criterio o el proceso según el cual se evaluarán las solicitudes de renovación. RCTV objeta que el gobierno ignoró una de las disposiciones cruciales del decreto de 1987, por la cual al titular de la concesión se le debe garantizar preferencia al solicitar la renovación.
El canal ha presentado varios otros argumentos a favor de la renovación de la concesión. Marcel Granier, presidente de RCTV, aseveró al CPJ que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), el organismo encargado de regular y asignar las frecuencias del espacio radioeléctrico, no respondió en el plazo previsto por la ley a la solicitud que hizo la televisora para que le transformaran los títulos –solicitud presentada por primera vez en el 2002 — y que por ende la concesión debería renovarse automáticamente. “Nos acusan de golpistas, de pornográficos, pero no hemos visto un solo expediente donde estén esas acusaciones para que podamos defendernos de ellas”, comentó Granier.
En efecto, algunas acusaciones públicas realizadas contra RCTV no fueron documentadas en el Libro Blanco confeccionado por el gobierno. Lara, por ejemplo, aseguró que el canal había violado la ley de responsabilidad social al emitir programas del estilo de “Cómo cazar a un hombre” en horario diurno. Según el CPJ, la ley de responsabilidad social explica en detalle una serie de restricciones de contenido, pero no prohíbe explícitamente esos programas durante el horario diurno. Otros canales de televisión venezolanos, en efecto, tienen una programación similar durante el día.
RCTV ha decidido recurrir la decisión ante el Tribunal Supremo de Justicia, al peticionar a la corte que garantice su derecho al debido proceso otorgando un amparo que impida las acciones del gobierno. La no renovación de la concesión puede ser un golpe devastador. En una entrevista con el diario El Nacional, Granier dijo que el canal “vive del permiso que tiene para operar frecuencias abiertas”. Mover las operaciones de RCTV al cable o al satélite no representa una gran promesa comercial en Venezuela, donde sólo uno de cada cinco hogares tiene acceso a esas transmisiones.
Con la frecuencia de RCTV, el gobierno anunció planes para crear un canal de servicio público al permitir a productores independientes, organizaciones sociales y comunitarias, y cooperativas, que diseñen la programación, según explicó el titular del recientemente creado Ministerio del Poder Popular para las Telecomunicaciones y la Informática, Jesse Chacón. El gobierno anticipó que iba a expropiar los transmisores, antenas y torres de RCTV, pero Chacón indicó más tarde que adquiriría e instalaría sus propios equipos.
El fallido intento de golpe del 2002 es central en todo análisis de las relaciones entre gobierno y prensa. El 11 de abril del 2002, luego de tres días de protestas opositoras, el gobierno encadenó la programación de los canales de televisión con una alocución de Chávez. Durante el discurso, los canales privados continuaron cubriendo las protestas usando pantallas divididas. Chávez acusó a las televisoras de conspirar para derrocar a su gobierno y ordenó cerrarlas. Cerca de la medianoche, el presidente fue destituido por un grupo de altos oficiales militares, y Pedro Carmona, titular de la asociación empresarial más poderosa del país, fue designado líder de un nuevo gabinete con apoyo militar.
Las noticias del golpe derivaron en protestas de los partidarios de Chávez, y en 48 horas oficiales del ejército leales a Chávez lo restituyeron en el cargo. Durante su derrocamiento, los cuatro principales canales de la televisión privada dieron escasa cobertura a las manifestaciones a favor de Chávez y en su lugar exhibieron dibujos animados y películas. Muchos analistas alegan que los ejecutivos de los medios privados actuaron en connivencia para imponer un bloqueo informativo, siguiendo instrucciones dadas por Carmona. Los ejecutivos afirman que no pudieron cubrir la noticia por miedo a que los partidarios de Chávez, quienes habían hostigado a varios medios de prensa en los meses previos, atacaran las sedes de los canales. Ningún propietario ni ejecutivo de medios ha sido acusado formalmente de participar en el golpe. Y en una decisión controvertida, el Tribunal Supremo de Justicia emitió un fallo en el cual estableció que lo ocurrido el 11 de abril del 2002 no había constituido un golpe de estado.
Golpe o no, lo ocurrido entonces ha tenido efectos duraderos sobre los medios de prensa. Venevisión, el principal competidor de RCTV como el canal de mayor audiencia de Venezuela, parece haber escapado por el momento a la ira del gobierno. En una época, blanco favorito de la administración Chávez, Venevisión, liderada por el magnate de medios Gustavo Cisneros, se había opuesto al gobierno y apoyado la causa de la oposición hasta el 2004. Pero en junio de ese año, una reunión privada entre Chávez y Cisneros, mediada por el ex presidente estadounidense James Carter y el Centro Carter, produjo una suerte de tregua. “Hubo un compromiso mutuo de honrar los procesos constitucionales y apoyar futuras conversaciones entre el gobierno de Venezuela y los medios de comunicación social con el fin de asegurar el clima más adecuado para el proceso constitucional del Referendo”, señaló el Centro Carter en un comunicado. Seguidamente, Venevisión suprimió programas de noticias y opinión muy críticos de Chávez, y ahora se dedica casi exclusivamente a programas de entretenimiento. Por su parte, funcionarios de gobierno se refieren a Venevisión como modelo de conducta. Los ejecutivos de Venevisión no respondieron a varios pedidos del CPJ para que declararan sobre la programación.
Sin RCTV, periodistas locales y activistas por la libertad de expresión anticipan que no quedará ninguna televisora nacional que critique al gobierno. (El otro canal venezolano crítico, Globovisión, se puede ver en señal abierta sólo en el área metropolitana de Caracas y en el estado de Carabobo). Con respecto al otro canal de televisión privado de alcance nacional, Televén, también radicado en Caracas, se cree que ha seguido los pasos de Venevisión y ha suprimido sus críticas a la administración Chávez. En un informe de octubre del 2005, el grupo de libertad de prensa regional Instituto Prensa y Sociedad, radicado en Lima, señaló que Televén había sacado del aire cuatro programas de opinión desde septiembre del 2004. Los ejecutivos de Televén no respondieron a los pedidos del CPJ en busca de comentarios.
Un informe sobre la elección presidencial del 2006 de observadores de la Unión Europea encontró enormes lagunas en la cobertura de la campaña por parte de la televisión: “El tono de Televén y Venevisión fue poco crítico en general con las dos principales coaliciones, pero, desde un punto de vista cuantitativo, las dos favorecieron abiertamente la posición oficialista”. Venevisión, añadieron los observadores, dedicó el 84% del tiempo de información política a la posición oficialista, mientras que Televén, el 68%.
La incertidumbre rodea a las concesiones de decenas de medios audiovisuales cuyos plazos de 20 años vencen en mayo de conformidad con el decreto de 1987. En varias ocasiones, el ministro de telecomunicaciones Chacón ha indicado que el gobierno tendría el derecho de recuperar otras frecuencias en el futuro. Más recientemente, anunció que las concesiones serán renovadas a partir de ahora por períodos de cinco años. Estas normas cambiantes no auguran nada bueno, reconocen los periodistas, y con certeza desalentarán la cobertura crítica.
Mientras la administración Chávez avanza con firmeza sobre las concesiones del espacio radioeléctrico, está construyendo su propia estructura mediática. Hasta el 2002, el aparato comunicacional del Estado estaba compuesto por Radio Nacional de Venezuela, Venezolana de Televisión (VTV), y Venpres, la agencia oficial de noticias. Desde entonces, el gobierno ha desafiado la influencia de los medios privados mediante cuantiosas inversiones en medios del Estado y comunitarios, para lo cual ha presupuestado 362 millones de bolívares (169 millones de dólares estadounidenses) en los dos últimos años solamente. VTV, que había sido descuidada por anteriores administraciones, recibió una infusión de tecnología que permitió al canal mejorar la calidad y alcance de su señal.
El gobierno también ha invertido en nuevos medios de cable y señal abierta y la creación de medios alternativos y comunitarios, como por ejemplo emisoras de radio y canales de televisión, diarios y sitios Web. Desde el 2003, ha financiado la puesta en marcha de ViVe TV, una cadena de televisión cultural y educativa con cobertura nacional; ANTV, que transmite las sesiones de la Asamblea Nacional en señal abierta y cable; y Ávila TV, un canal regional dirigido por la Alcaldía Metropolitana de Caracas.
En julio del 2005, el gobierno de Chávez lanzó el más ambicioso proyecto de medios hasta la fecha: Telesur, un canal de noticias las 24 horas considerado por funcionarios de gobierno como una alternativa a la CNN. Venezuela es propietario del 51 por ciento del canal, mientras que los gobiernos de Argentina, Cuba, Uruguay y Bolivia controlan participaciones minoritarias. Telesur tiene actualmente varias oficinas en América Latina, el Caribe y Washington. Tiene planes de lanzar una agencia de noticias y abrir oficinas en Madrid y Londres.
Telesur se transmite desde Caracas por conexión vía satélite, y su señal puede ser recibida en América Latina, en la mayor parte de Estados Unidos y en Europa. Los sistemas de cable de varios países latinoamericanos han firmado acuerdos de distribución de la programación de la cadena, y en España varios canales de televisión menores llevarán sus programas de noticias. Telesur anunció que pretende lanzar su propio canal en España este año.
En diciembre pasado, Telesur adquirió el canal de televisión abierta CMT con la idea de ampliar su alcance más allá de los suscriptores de cable y satélite. El 9 de febrero, la cadena comenzó a transmitir su señal a todas las grandes ciudades de Venezuela, entre ellas Caracas. En el resto del país está disponible a través del sistema satelital de Direct TV, proveedores de servicio de cable y televisoras comunitarias.
En una entrevista publicada en el diario El Nacional el 8 de enero, Andrés Izarra, ex ministro de Comunicación e Información y actual presidente de Telesur, destacó que la administración Chávez estaba construyendo “hegemonía comunicacional”.
“Para el nuevo panorama estratégico que se plantea, la lucha que cae en el campo ideológico tiene que ver con una batalla de ideas por el corazón y la mente de la gente”, analizó Izarra. “Hay que elaborar un nuevo plan, y el que nosotros proponemos es que sea hacia la hegemonía comunicacional e informativa del Estado”. Insistió en que “hegemonía informativa” no significaba el fin de la democracia y la disidencia, y que los medios no alineados con el gobierno continuarían existiendo.
Al expandir los medios del estado y comunitarios, Lara y otros altos funcionarios sostienen que el gobierno está cumpliendo su mandato constitucional de garantizar el derecho a la información de los venezolanos. Analistas de medios como Bisbal afirman que este enfoque ha sido interesado. “Para este gobierno”, Bisbal escribió en un estudio del 2006, “la información es crear una única verdad, una sola comunicación, una sola información, una sola cultura”.
Sin garantizar el debido proceso en el caso de RCTV, el gobierno refuerza este punto de vista. El registro muestra que, en primer lugar, se anunció una decisión, y luego siguió una oleada de acusaciones públicas. Pero hasta el momento, no ha existido un proceso de revisión imparcial y transparente donde la evidencia pueda ser sometida a escrutinio y el canal pudiera presentar su defensa. En lugar de ello, el registro refleja las acciones de un gobierno motivado por consideraciones políticas a suprimir la cobertura crítica.
Debido a que las concesiones de muchas televisoras y emisoras de radio vencen este año, el caso de RCTV está llevando a otros medios a suavizar su cobertura y sacar del aire a programas con voces críticas. Al parecer, la administración Chávez pretende remplazar lo que considera el dominio empresarial de las frecuencias por el dominio del Estado. Carlos Lauría es coordinador del programa de las Américas del CPJ. Sauro González Rodríguez , ex consultor del programa de las Américas del CPJ, es un periodista radicado en Miami.