Gerardo Reyes
El Nuevo Herald
March 19, 2006
Alos periodistas colombianos no les queda otra posibilidad que ejercer su oficio en puntillas. Están condenados a cubrir la historia de su país con la delicadeza del cazador de minas que trata de no pisar los intereses de quienes podrían ejercer el derecho artillado de la réplica.
Al menos eso es lo que se desprende del más reciente informe del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), con sede en Nueva York.
Lo novedoso del informe dado a conocer esta semana es que además de las ya conocidas amenazas y atentados de los grupos guerrilleros y paramilitares, el gobierno colombiano aparece con una cuota de responsabilidad en la estigmatización de periodistas que publican informaciones adversas a la política de seguridad.
El CPJ actualizó al mundo con estas y otras mordazas que se imponen a los medios colombianos por parte de los actores del sangriento conflicto social que vive el país suramericano y de los intereses económicos y políticos.
En el argot del periodismo la práctica es más conocida como la autocensura, un silencio conveniente al que se ven forzados los reporteros para proteger su empleo o su vida de las amenazas de los grupos armados, cuando las advertencias salen de las oficinas de los dueños de los medios.
Al vicepresidente de Colombia, Francisco Santos, el informe no le gustó, recordó en Miami Joel Simon, subdirector de CPJ.
“Se leyó completo el estudio y dijo que era injusto, nocivo para la prensa colombiana”, agregó Simon, quien el jueves pasado presentó el estudio a editores y periodistas de Miami invitados por la Fundación Knigth.
La molestia de Santos, periodista de profesión, se debe a que el gobierno no sale bien librado en el informe, pues allí se ventila una frustración que los reporteros de la calle y de la selva de Colombia suelen comentar entre ellos y con los corresponsales de otros países pero que no había trascendido internacionalmente. Según el reporte Historias no contadas (disponible en cpj.org) en forma sutil o descarada el gobierno y, en particular, las fuerzas militares de Colombia crean un ambiente difícil y con frecuencia hostil a los reporteros que informan sobre hechos que ponen en desventaja al Estado en la lucha contra la guerrilla.
El propio Santos es citado en el reporte criticando a los periodistas que cuestionaron la política de seguridad a raíz de un feroz ataque de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Los medios, dijo Santos, “han creado una caja de resonancia a las acciones terroristas que, sin duda, fue más efectiva que el uso de los explosivos”.
Posición de Uribe En otro caso, el presidente Alvaro Uribe fue más lejos al afirmar que el reportero de televisión Hollman Morris había viajado en enero pasado al departamento de Putumayo, al sur del país, a sabiendas de que allí ocurriría un ataque de las FARC.
La afirmación resultó falsa. Morris, quien fue mencionado con nombre y apellido por el presidente, demostró que había llegado al lugar después del ataque. En un comunicado de prensa la presidencia se retractó de la declaración.
Una comisión de CPJ, presidida por Simon, visitó esta semana al presidente con la idea de lograr que condenara las prácticas de intimidación en las que participan funcionarios del gobierno o militares. Uribe dijo que no lo haría porque él ya se había pronunciado sobre el tema. Pero en un breve discurso en favor de la libertad de prensa frente a la delegación de CPJ, soltó una frase que Simon consideró que respondió a sus expectativas.
Cualquier funcionario que impida el trabajo de los periodistas “está cometiendo un crimen contra la democracia”, advirtió Uribe.
Reacción de Santos Santos reaccionó con indignación. En la instalación de un seminario de periodismo en Bogotá el 9 de noviembre, el vicepresidente rechazó los términos del reporte.
“Este informe es tremendamente injusto no sólo con el gobierno sino también con los medios planteando una realidad que no existe y que creo que genera la imagen un poco de Alfredo Molano [analista político], que me compara con Carlos Castaño [jefe paramilitar desaparecido] y dice que yo soy tan peligroso como él en mis declaraciones. Genera exactamente ese efecto”.
Santos, sin embargo, aclaró que la política del gobierno es ”cero control, cero autocensura”. Y agregó: “Preferimos unos medios desbordados a que no existan medios. Preferimos una libertad de prensa absoluta y total; y en ese sentido la postura del gobierno es totalmente clara: dar garantías para la libertad”.
En los medios colombianos la controversia no produjo titulares.
De acuerdo con el informe, la autocensura no es sólo por miedo a las balas sino al poder. Bajo el título de La mano que te alimenta, CPJ explica que el Grupo Empresarial Bavaria, uno de los más importantes en el país, fue acusado el año pasado de pagar $2 millones en sobornos a un ex funcionario del gobierno de Alejandro Toledo para obtener una autorización de compra de una compañía cervecera. Los medios colombianos no hicieron ningún esfuerzo por investigar por su propia cuenta, afirmó el reporte. En su lugar, retomaron lo que decía la prensa peruana y le ofrecieron una plataforma a la firma para defender su inocencia.
”Era un escándalo internacional y era el conglomerado más grande de Colombia, allí había carne”, explicó Carlos Eduardo Huertas, reportero de Semana.
El grupo empresarial Bavaria es uno de los principales anunciantes de los medios de comunicación en Colombia.
Otra razón por la cual Santos podría estar incómodo es que el informe dedica parte de la sección de La Mano que te alimenta al dominio de su familia de los medios de comunicación y puestos claves en la política. La familia Santos es propietaria de El Tiempo, el diario de mayor circulación del país que ha respaldado editorialmente a Uribe. Enrique Santos, codirector del periódico y primo de Francisco, ha dicho que el respaldo de El Tiempo no tiene ningún impacto en la campaña de reelección de Uribe, según el informe.
Los Santos son además dueños de Portafolio, la publicación económica más importante, y del canal CityTv. Alejandro Santos, primo de Francisco, es director de Semana, la más influyente publicación de la nación, que ha sido, no obstante, crítica del proceso de paz entre el gobierno y las Autodefensas Campesinas de Colombia (AUC). El ex ministro de Hacienda, Juan Manuel Santos, primo de Francisco, fue fundamental en la victoria del uribismo en las elecciones congresionales de la semana pasada. ”Si la gente que firma los cheques del sueldo piensa de una manera”, afirmó para el reporte Daniel Coronell, columnista de Semana, “definitivamente se reduce el espíritu del periodista de reportar un historia en forma contraria”.
Coronell debió abandonar Colombia con su familia luego de recibir amenazas en mensajes electrónicos que salieron de la computadora del ex congresista Carlos Náder Simmonds, un cercano amigo de Uribe.
El caso Benítez
Uno de los casos que el reportero Chip Mitchell, autor del informe, destaca como ejemplo de la manera en que los periodistas se ven obligados a contar la historia a medias fue el asesinato en abril del año pasado del congresista Orlando Benítez en el departamento de Córdoba.
Benítez fue asesinado cuando se preparaba para postularse a la alcaldía de un municipio controlado por Diego Murillo Bejarano, un paramilitar más conocido como Don Berna y a quien los indicios apuntaban como el principal sospechoso.
”En este caso, los medios temían por las represalias, no sólo de Murillo, quien insiste en que no tuvo nada que ver con el asesinato, sino del gobierno del presidente Alvaro Uribe que había suspendido las órdenes de captura de los cabecillas de la guerra como parte del proceso de desmovilización de los paramilitares”, señaló el informe.
Nombrar a Murillo como el sospechoso, agregó el informe, habría concentrado la atención en la violación del cese al fuego que los paramilitares declararon para llevar a cabo las conversaciones.
”Y alentaría las críticas internacionales a la legislación promovida por Uribe”, concluyó, “concediendo indulgencia judicial a los paramilitares que se desarmen”.
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