Nueva York, 7 de abril del 2004—El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) reitera su llamado al gobierno cubano a que libere a los 29 periodistas independientes sentenciados a prolongadas penas de prisión el 7 de abril del pasado año.
Las detenciones de los disidentes políticos y los periodistas, quienes fueron acusados de ser «contrarrevolucionarios» al servicio de los Estados Unidos, comenzaron el 18 de marzo del 2003, durante la primera semana de la guerra de Irak, y continuaron durante tres días. Agentes de la policía allanaron y registraron los hogares de los periodistas, confiscando libros, máquinas de escribir, materiales de archivo, cámaras, computadoras, impresoras y aparatos de fax.
Los juicios sumarios de los periodistas se llevaron a cabo el 3 y el 4 de abril a puerta cerrada. Muchos periodistas no tuvieron acceso a sus abogados antes de los juicios. En varios casos, los abogados que representaban a los periodistas sólo tuvieron una pocas horas para preparar los alegatos de defensa.
Algunos periodistas fueron juzgados según el Artículo 91 del Código Penal, que prevé largas sanciones de privación de libertad o muerte para todo el que actúe contra «la independencia o la integridad territorial del Estado». Otros periodistas fueron procesados por violar la Ley 88 de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba, que dispone sanciones de privación de libertad de hasta 20 años para toda persona que cometa actos que «persiguen subvertir el orden interno de la Nación y destruir su sistema político, económico y social».
El 7 de abril, los tribunales de la isla anunciaron sanciones de privación de libertad de 14 a 27 años para los periodistas, quienes permanecieron en cárceles del Departamento de Seguridad del Estado hasta el 24 de abril, cuando la mayoría de ellos fueron enviados a prisiones ubicadas a cientos de kilómetros de sus hogares. En junio, el Tribunal Supremo Popular, el tribunal de máxima instancia, rechazó los recursos de casación que los periodistas habían presentado en abril y ratificó las condenas.
En una conferencia de prensa que contó con la participación de los corresponsales extranjeros y la prensa oficial, celebrada el 25 de marzo del 2004 en La Habana, el Ministro de Relaciones Exteriores cubano Felipe Pérez Roque habló sobre los juicios sumarios y afirmó que Cuba, como cualquier otra nación, tenía derecho a defenderse y a castigar a «los que colaboran con una potencia extranjera que agrede a su país». Pérez Roque también expresó que los juicios sumarios no habían violado las garantías del debido proceso de los periodistas.
Los periodistas encarcelados, quienes están en pabellones de máxima seguridad, han denunciado las deficientes condiciones sanitarias, la inadecuada atención médica, el aislamiento al que son sometidos y la falta de acceso a la prensa escrita y la televisión. También se han quejado de recibir alimentos que huelen mal o están en mal estado. Muchos periodistas, entre ellos Manuel Vázquez Portal, a quien le fue otorgado el Premio Internacional a la Libertad de Prensa 2003 del CPJ, han sido ubicados en celdas de aislamiento.
En reclamo de mejores condiciones, algunos periodistas encarcelados se han declarado en huelga de hambre en varias ocasiones. Después de enterarse de las huelgas de hambre, otros periodistas presos se les han sumado en una muestra de solidaridad. Debido a que las autoridades penitenciarias se han negado a permitir cualquier contacto externo con los huelguistas o a revelar información sobre ellos, sus familias no han podido verificar su estado de salud. Como castigo por la participación en las huelgas, los periodistas han sido dispersados y trasladados a otras prisiones.
«Los 29 valientes periodistas no han hecho más que ejercer su profesión», declaró Ann Cooper, la Directora Ejecutiva del CPJ. «Exigimos que se les libere y se les permita continuar ejerciendo el periodismo».