Nueva York, 19 de marzo del 2003 — Como parte de una campaña represiva contra la oposición política y la prensa independiente, las autoridades cubanas han arrestado a por lo menos 10 periodistas independientes y 20 activistas políticos de todas las regiones del país. El gobierno ha reiterado su voluntad de procesar a los detenidos pero aún no ha especificado los cargos que enfrentarán.
Los arrestos, que comenzaron el martes 18 de marzo cerca de las 4:30 de la tarde y duraron hasta la mañana de hoy, fueron anunciados en el noticiero vespertino de la televisión estatal.
«El CPJ condena la represión desatada por el gobierno cubano contra la prensa independiente», declaró Joel Simon, director en funciones del CPJ. «Hacemos un llamado a las autoridades a que permitan que los periodistas trabajen con libertad y sin temor al encierro o el enjuiciamiento».
Manuel David Orrio, periodista independiente que dirige la Federación de Periodistas Cubanos (FEPEC), manifestó al CPJ que, hasta esta mañana, los periodistas independientes Jorge Olivera, Ricardo González Alfonso, José Luis García Paneque, Omar Rodríguez Saludes, Pedro Argüelles Morán, Edel José García, José Ramón Gabriel Castillo, Julio César Gálvez y Víctor Rolando Arroyo habían sido arrestados por la policía. Roberto García Cabrejas, periodista de la provincia oriental de Santiago de Cuba, fue sometido a arresto domiciliario. Según la agencia noticiosa independiente UPECI, los periodistas han sido trasladados a la sede del Departamento de Seguridad del Estado (DSE), la policía política, en Ciudad de La Habana.
En la casa de González Alfonso, director de la Sociedad de Periodistas Manuel Márquez Sterling, la policía confiscó el fax, una impresora y una computadora portátil que habían sido utilizados para publicar la revista bimensual de la organización, De Cuba. Efectivos de la policía allanaron y registraron las casas de otros periodistas, y les confiscaron libros, máquinas de escribir y faxes.
El gobierno cubano publicó una declaración en la edición de hoy del órgano del Partido Comunista Cubano, Gramma, en la que advierte que «ello no debe conducir al engaño de pensar que los actos de traición al servicio de una potencia extranjera, que ponen en riesgo la seguridad y los intereses de nuestra heroica Patria, puedan gozar de impunidad garantizada».
El gobierno cubano acostumbra a acusar a los disidentes y a los periodistas independientes de ser «contrarrevolucionarios» al servicio de los Estados Unidos. En las últimas semanas, las autoridades han criticado duramente a James Cason, jefe de la Sección de Intereses estadounidense en La Habana, y lo ha acusado de organizar y financiar actividades para «desestabilizar, subvertir el orden constitucional», en una alusión al apoyo que ofrece los Estados Unidos a la disidencia cubana.