Nueva York, 30 de junio de 2017–Las autoridades guatemaltecas deben investigar exhaustivamente las amenazas contra la periodista Marielos Monzón, reportera investigativa y colaboradora del diario Prensa Libre, y deben garantizarle la seguridad, declaró hoy el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).
El 26 de junio, Monzón presentó una denuncia formal ante la Fiscalía Especial de Delitos contra Periodistas en respuesta a su aparición en una lista de personas que presuntamente habían estado involucradas en delitos “terroristas” durante el conflicto interno de Guatemala, que tuvo una duración de 36 años. La lista recientemente recibió una amplia difusión en los medios sociales, según versiones periodísticas. El documento también fue compartido con personas supuestamente pertenecientes a grupos de la delincuencia organizada, según la organización defensora de la libertad de prensa CERIGUA.
“Nos alarma este intento de intimidar a los periodistas para que se autocensuren”, declaró Robert Mahoney, subdirector ejecutivo del CPJ. “El gobierno guatemalteco debe investigar a fondo las peligrosas amenazas contra Marielos Monzón y debe redoblar sus esfuerzos por garantizar que los periodistas puedan ejercer la profesión de manera segura”.
El 11 de junio, el diario elPeriódico informó que un abogado afiliado a la Fundación contra el Terrorismo, un grupo de derecha vinculado a generales retirados de las fuerzas armadas, les había dicho a sus clientes, entre ellos presuntos narcotraficantes y otras personas supuestamente vinculadas con la delincuencia organizada, que las personas de la lista eran responsables de los procesos penales y los procesos de extradición iniciados contra ellos. En columna publicada el 13 de junio en Prensa Libre, Monzón llamó a estas acciones “una incitación a la violencia y nos pone a quienes ahí aparecemos en un grave riesgo”.
“Siento que estoy en una situación de inminente riesgo ahora mismo”, manifestó Monzón. “No solamente en cuanto a mi vida, sino que también es una violación de la libertad de expresión. Es una campaña de calumnia y difamación para despojarme de credibilidad y hacer que me quede callada”.
Julio Paredes, funcionario de la Fiscalía Especial de Delitos contra Periodistas, expresó al CPJ que el organismo había solicitado protección policial para Monzón y había abierto una investigación.
Monzón declaró al CPJ que se había enterado de la lista en diciembre de 2011, cuando el empresario Theodore Plocharski interpuso una denuncia contra 52 personas por una serie de actos “terroristas” cometidos durante la guerra civil guatemalteca, que terminó en 1996. El documento acusa a las 52 personas nombradas de participar en delitos graves, entre ellos el secuestro, la tortura y el asesinato.
El nombre de Monzón aparecía en la lista junto con su supuesto seudónimo de guerrillera, “Tania”. La lista incluye a otros dos columnistas, así como a activistas de derechos humanos y figuras políticas, según despachos periodísticos.
Monzón rechazó las acusaciones, e indicó que muchos de los acontecimientos citados en el documento habían ocurrido a finales de los años 70 o a principios de los 80, cuando ella aún no había nacido o todavía era una niña pequeña.
Monzón ha ejercido el periodismo durante más de dos décadas, y ha informado sobre cuestiones de los derechos humanos como los crímenes de guerra, la corrupción y la impunidad.
La polarización política y el creciente poder de los grupos de la delincuencia organizada han provocado que muchos periodistas guatemaltecos sientan temor por su seguridad y estén reacios a informar sobre temas sensibles, según investigaciones del CPJ.