Por David Agren/Corresponsal del CPJ en México
El veterano periodista Sergio Ocampo estaba cenando el 26 de septiembre cuando su editor lo llamó para hablar sobre una balacera ocurrida en la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero. Aparentemente, entre las víctimas se encontraban estudiantes de la escuela formadora de maestros de Ayotzinapa. Pero cuando Ocampo, corresponsal del periódico La Jornada, llamó al entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, le indicaron que “no ha pasado nada”. El alcalde agregó: “Vinieron de Ayotzinapa para causar destrucción aquí”, recordó Ocampo.
Así comenzó la cobertura de un crimen que sacudiría la región, haría estallar protestas en todo México y captaría la atención internacional.
La Procuraduría General de la República (PGR) afirmó que tres estudiantes y tres transeúntes habían muerto y que 43 estudiantes habían sido secuestrados a punta de pistola, según informes de prensa. La PGR sostuvo que el grupo había sido baleado por agentes de la policía, quienes estaban al servicio de una banda del crimen organizado y actuaban a las órdenes del alcalde y su esposa. En su recuento del ataque, que el entonces procurador general llamó la “verdad histórica”, el organismo aseveró que los estudiantes habían sido asesinados y sus cadáveres habían sido quemados. Los familiares y colegas de las víctimas desestimaron esta afirmación en entrevistas, la consideraron un intento de cerrar el caso y expresaron que creían que los estudiantes desaparecidos estaban vivos.
El alcalde, quien fue arrestado junto con su esposa en noviembre, ha admitido que le ordenó a la policía que atacara a los estudiantes, pero rechaza haber estado involucrado en cualquier asesinato o desaparición, según versiones periodísticas.
El tratamiento informativo de los acontecimientos comenzó de manera muy limitada, de acuerdo con seis periodistas que cubrieron el caso de Ayotzinapa y fueron entrevistados por el CPJ en Chilpancingo, la capital del estado de Guerrero. Los periodistas sostuvieron que la lenta reacción refleja el control sobre los medios, el sesgo de la prensa contra los grupos que protestaban por la desaparición, y la autocensura implantada por medio del empleo generalizado en la región de los llamados “convenios”.
La indignación local fue fomentada, en parte, por las informaciones internacionales y nacionales sobre la desaparición de los estudiantes y el descubrimiento de fosas comunes, según los periodistas consultados por el CPJ. “La prensa extranjera tomó la iniciativa”, expresó Margena de la O, reportera de La Jornada Guerrero y Semanario Trinchera. “Personas con familiares en el extranjero recibían llamadas en las que les preguntaban por el paradero de los estudiantes”.
Los periodistas agregaron que la lenta reacción de los medios de Guerrero, uno de los estados más marginados del país y semillero de rebelión y movimientos guerrilleros, también mostró la existencia de estigmas respecto a los estudiantes de Ayotzinapa así como respecto a otros grupos como los sindicatos de maestros, los campesinos y la policía comunitaria.
“¿Por qué la prensa no les presta atención a estos asuntos?”, preguntó Ocampo durante una entrevista interrumpida por efectivos de la policía antimotines, quienes pasaron delante del café donde nos encontrábamos mientras se dirigían a retirar del tribunal a unos empleados en huelga. “Porque hay una especie de autocensura, debido a los convenios entre los dueños de los medios y los que están en el poder”.
“[La mayoría de los periódicos] publican la información oficial: comunicados de prensa, las declaraciones de los funcionarios”, indicó Zacarías Cervantes, reportero del periódico El Sur que ha brindado cobertura informativa a los movimientos sociales desde 1986. Cuando se le pregunta por qué piensa que otros medios ignoran o cubren a estos grupos de manera tan superficial, Cervantes, quien está radicado en Chilpancingo, respondió que por los “convenios”, junto con el “chayo” (soborno) que los políticos pagan a los periodistas.
Los convenios –los acuerdos entre los medios y los políticos o los organismos gubernamentales– con frecuencia son una manera de ganar dinero para la prensa. Estos acuerdos casi nunca son reconocidos públicamente, pero les pueden otorgar a los políticos control sobre aspectos del proceso editorial y la capacidad de vetar artículos, mientras que a los medios les otorga acceso a la publicidad oficial.
Hay ocasiones cuando los manifestantes reciben cobertura destacada, precisó Cervantes, quien agregó que ello sucede cuando un periódico no ha alcanzado un nuevo convenio con el gobierno del estado y los propietarios quieren aumentar la presión contra los políticos para obligarlos a suscribirlos.
Los datos del CPJ indican que los convenios son comunes en toda Latinoamérica, especialmente en México. En una entrevista con el CPJ, Zeferino Torreblanca, exgobernador de Guerrero, confirmó la existencia de estos pactos durante su gobierno (2005-2011). Torreblanca se refirió a la práctica como “extorsión” por parte de los propietarios de medios cuyas publicaciones, aseveró, denunciaban a los políticos que no les pagaban. Sus modelos de negocio, sostuvo, dependían de suscribir convenios incluso si sus investigaciones periodísticas eran cuestionables y su circulación escasa. Las solicitudes de entrevista efectuadas ante el gobierno del estado de Guerrero no fueron respondidas.
En una entrevista en marzo con varias organizaciones de libertad de prensa, entre ellas el CPJ, David Cienfuegos, gobernador provisional de Guerrero que asumió el cargo en octubre pasado como parte de un gobierno interino luego de los acontecimientos de Iguala, manifestó que se someterían a consideración disposiciones legales para lograr que la publicidad oficial se distribuyera con mayor transparencia. Los periodistas que se reunieron con el CPJ en Guerrero expresaron que el gobierno del estado tenía tendencia a colocar la publicidad en los medios que le ofrecían un tratamiento informativo positivo, mientras que los convenios les permitían a los gobernadores controlar el contenido y manipular la cobertura informativa.
La gobernación del estado no respondió a una solicitud del CPJ para que se expresara respecto a las acusaciones de que las autoridades suscriben convenios con los medios y de que los convenios se utilizan para manipular la cobertura periodística. Tampoco respondió a una solicitud para que se pronunciara respecto a las acusaciones de que ofrece publicidad como recompensa por el tratamiento informativo favorable.
Varios periodistas sostuvieron que algunas organizaciones –especialmente los estudiantes de Ayotzinapa y los sindicatos de maestros–se han hecho impopulares al recurrir a persistentes manifestaciones que, en los meses que siguieron a la desaparición de los estudiantes, incluyeron el incendio de edificios y vehículos, la invasión de radioemisoras y el bloqueo de la autopista entre Ciudad de México y Acapulco. “La mayoría de las personas hablan mal de ellos”, afirmó de la O. Sus tácticas duras, explicó, reflejaban la incómoda realidad de pobreza y represión política en el estado de Guerrero. “Es el único recurso que existe en Guerrero si quieres tener visibilidad”, expresó.
Guerrero, a menudo llamado “El México Bronco”, abarca el lujo de Acapulco y la miseria de municipalidades indígenas aisladas y empobrecidas. Casi el 70 por ciento de la población vive en la pobreza, uno de los peores índices de México, según estadísticas federales.
El estado también ha sido uno de los más difíciles para ejercer el periodismo. El CPJ ha documentado una serie de asesinatos y ataques contra la prensa en ese estado desde 2010. Al menos cinco periodistas y columnistas han sido asesinados desde 2010 en Guerrero, aunque el CPJ no ha logrado esclarecer si tales asesinatos estuvieron vinculados directamente con la labor periodística de los comunicadores. Un editor, Marco Antonio López Ortiz, fue secuestrado en Acapulco en 2011 y continúa desaparecido. La sede de El Sur en Acapulco fue atacada por sujetos armados en 2010. Y el 7 de mayo, Javier Cano Torres, reportero de Radio ABC radicado en Iguala, fue secuestrado junto con otras tres personas, según la Procuraduría General de Justicia del Estado y versiones periodísticas. Las autoridades no han ofrecido ningún móvil para explicar el secuestro, aunque sus captores han solicitado rescate, según funcionarios.
La violencia en el estado se ha incrementado a consecuencia de las luchas entre los carteles del narcotráfico para obtener el control de territorios, mientras la delincuencia organizada comenzaba a infiltrar sectores de las municipalidades de Guerrero –el caso más notorio es Iguala, donde las autoridades afirman que el alcalde y su esposa eran pagados por el cartel de los Guerreros Unidos y la policía estaban en la nómina del cartel, según informes de prensa. Luego de la desaparición de los estudiantes, el gobierno federal despidió a las fuerzas policiales de 12 municipalidades de Guerrero, inclusive Iguala, por sus presuntos nexos con la delincuencia organizada.
El gobernador provisional Cienfuegos reconoció en un encuentro con organizaciones de libertad de prensa que “existe una situación adversa en el estado para la prensa”. Cienfuegos agregó que algunos periodistas no se identificaban apropiadamente ante las autoridades y declaró que algunos gritaban consignas contra el gobierno en las manifestaciones.
Periodistas entrevistados por el CPJ sostuvieron que toman precauciones cuando informan sobre la delincuencia en el estado, como por ejemplo compartir información y viajar a las zonas difíciles de manera colectiva. En cuanto a las protestas, afirmaron que cubrirlas era un reto, pero que informar con imparcialidad respecto a ellas era una manera de ganarse la confianza –particularmente porque las organizaciones responsables de las protestas monitorean las informaciones de los medios–. “Uno debe aproximarse de manera diferente a cada movimiento para cubrirlo”, expresó Alejandrino González, fotoperiodista y colaborador de Associated Press en Chilpancingo, en referencia a cómo los medios primero deben ganarse la confianza de estas organizaciones.
Los periodistas a menudo quedan atrapados entre la policía y los manifestantes durante las protestas. En diciembre, agentes de la policía, manifestantes y periodistas, entre ellos González, resultaron heridos en un operativo durante el cual la policía federal trató de impedir un concierto promovido por estudiantes, maestros y simpatizantes, relató González. Los funcionarios de protección civil de Guerrero en la actualidad ofrecen capacitación, además de chalecos reflectantes y cascos a los periodistas para que la policía los pueda identificar con facilidad en las protestas. Recientemente han comenzado a tomar muestras de ADN de los miembros de la prensa debido al auge de la violencia en el estado, según el gobierno de Guerrero.
También en diciembre, una sección del sindicato de maestros del estado de Guerrero, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) y una coalición de organizaciones izquierdistas conocida como el Movimiento Popular de Guerrero, les impidieron a 100 miembros del Club de Periodistas de Guerrero abandonar una reunión en la municipalidad de Tlapa, según informes de prensa. Varios de los periodistas expresaron a medios de prensa que los manifestantes los habían golpeado. El portavoz de la CETEG, José Ángel Barón, negó toda manifestación de hostilidad contra los periodistas. “Nunca hemos atacado a la prensa, ni jamás lo haremos”, aseveró al CPJ.
En la escuela formadora de maestros de Ayotzinapa, los estudiantes expresaron su frustración para con los medios locales. “Es sólo un enemigo más”, planteó Oswaldo Hernández, de 28 años de edad. “Ellos mencionan que protestamos pero no cubren cuánto hemos sufrido”. Los comentarios se referían a quejas de los estudiantes de que el gobierno desea cerrar la escuela –que enseña un currículo de la izquierda dura a los niños de las regiones rurales– y lo ha estado haciendo lentamente al limitar el aporte de fondos. Observadores externos sostienen que la escuela, junto con la profesión magisterial, representa la movilidad social para muchos en las zonas rurales de Guerrero y explica las intensas protestas contra su posible cierre.
Siete meses después de la desaparición de los estudiantes, las protestas parecen estar apagándose. Incapaces de recibir respuestas satisfactorias por parte del gobierno, las familias de los estudiantes desaparecidos han llevado sus demandas al extranjero, en parte para mantener la presión sobre las autoridades mexicanas, sostuvo de la O. La CETEG ha estado protestando por la desaparición de los estudiantes. Por su parte, los periodistas que han informado sobre el sindicato afirman que éste se ha dividido. “El gobierno intervino como siempre lo hace, con dinero en efectivo”, señaló de la O, quien explicó que era una manera probada de debilitar a los movimientos sociales. (El gobierno del estado no respondió a una solicitud del CPJ para que se pronunciara respecto a esta acusación).
[Con informes desde Chilpancingo, México]