Nueva York, 30 de octubre de 2014–El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) condenó un allanamiento realizado el martes por la policía argentina en las oficinas de La Brújula 24, una emisora de radio y sitio Web, en el que se confiscó material periodístico del medio.
La policía irrumpió el martes por la mañana en las oficinas de La Brújula 24 en la ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, con una orden judicial firmada por el juez federal Santiago Ulpiano Martínez, uno de los directores del medio, Germán Sasso, indicó a la prensa.
Las autoridades estaban buscando información en computadoras, memorias USB y otro material periodístico relacionado con escuchas telefónicas que involucran al empresario Juan Ignacio Suris, quien está preso acusado de supuestos delitos de lavado de dinero y vínculos con el narcotráfico, según La Brújula 24. Suris negó los cargos y señaló que la causa fue “armada”, según informes de prensa.
Sasso afirmó a la prensa que desde febrero el medio había publicado parte de las conversaciones de Suris, que el gobierno obtuvo a través de escuchas y que se están utilizando en la causa contra Suris y otros empresarios argentinos. Las grabaciones también implican a la policía y a funcionarios de gobierno. La Brújula 24 no indicó como había obtenido las grabaciones.
Unas horas después del allanamiento, el juez Martínez afirmó en un comunicado que la orden para llevar a cabo la operación se originó en el Ministerio Público Fiscal y buscaba investigar la fuente de las grabaciones filtradas, según informes de prensa.
“Enviar un equipo de agentes de la policía federal a confiscar material periodístico antes de que se publique y obligar a revelar las fuentes confidenciales de información viola los principios básicos de la libertad de prensa protegidos por la ley argentina”, afirmó Carlos Lauría, coordinador senior del programa de las Américas del CPJ. “Instamos a las autoridades argentinas a devolver todo el material confiscado y permitir a La Brújula 24 que pueda continuar informando sobre un caso de interés público sin obstrucciones ni intimidación”.
La Brújula 24 publicó después del allanamiento el martes una grabación, en la que un supuesto narcotraficante no identificado habla sobre su “amistad” con un juez local. En los días previos al allanamiento, la emisora había promovido el audio, Sasso indicó a la prensa. El allanamiento ocurrió poco antes de que las grabaciones se emitieran al aire.
Sasso señaló que había guardado copias de las grabaciones en otros lugares, según informes de prensa. Condenó la decisión de las autoridades de obligar a La Brújula 24 a revelar la fuente de las grabaciones, que indicó viola protecciones constitucionales de los periodistas.