Prólogo
Por Myroslava Gongadze
Una lamentable verdad del mundo en que vivimos es que la vida de un periodista a menudo está llena de peligros. Nosotros los que nos desempeñamos en los medios, escuchamos a diario noticias sobre actos de violencia contra periodistas, que van de la intimidación al asesinato, y cuando estos actos se cometen contra nuestros amigos, familiares y colegas, es incluso más duro. La cultura de impunidad a menudo obstruye que busquemos justicia por estos crímenes y les permite a los perpetradores, ya sean funcionarios gubernamentales o poderosos miembros de las élites, apelar a los medios más violentos para impedir la búsqueda de justicia por parte de la sociedad.
Yo me vi cara a cara con esta intolerable cultura en septiembre de 2000, cuando mi esposo, el periodista Georgy Gongadze, fue asesinado a manos de las autoridades ucranianas.
El camino a la justicia
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Georgy era un periodista investigativo, director de Ukrainska Pravda (La Verdad de Ucrania), un periódico digital independiente que criticaba a las autoridades y denunciaba la corrupción y el nepotismo en el Ejecutivo entonces dirigido por el presidente ucraniano Leonid Kuchma. Cuando Georgy desapareció el 16 de septiembre de 2000, lo primero que pensé fue que había sido secuestrado por alguien molesto por sus denuncias. El gremio periodístico ucraniano inició una campaña muy pública para encontrarlo, pero las autoridades mostraron poco entusiasmo por investigar la desaparición de mi esposo.
A muchos de nosotros no nos sorprendió el escaso interés, pues ninguno de los otros crímenes cometidos anteriormente contra periodistas o disidentes en el país había sido objeto de una investigación exhaustiva. Pero ni siquiera yo me imaginé que tan altos funcionarios de gobierno, inclusive hasta llegar a la presidencia de la república, pudieran estar implicados en el asesinato de Georgy.
En los meses siguientes a su desaparición, me enteré –a partir de grabaciones secretas realizadas por el agente del servicio secreto Mykola Melnychenko en el despacho presidencial, grabaciones que luego fueron autenticadas por un experto forense estadounidense– cuán seriamente los más altos círculos de poder tomaban el trabajo periodístico de Georgy. Me enteré de cuánto empeño pusieron el entonces fiscal general Mykhaylo Potebenko y la Fiscalía en sabotear la investigación y realizar un operativo para encubrir la implicación de las máximas figuras del Gobierno.
El cadáver decapitado de Georgy fue hallado en noviembre de 2000 en avanzado estado de descomposición, y fue necesario realizar cuatro exámenes de ADN para corroborar que era el de mi esposo. La cabeza no fue hallada sino hasta años después. Los asesinos –cuatro agentes de la policía– lo habían estrangulado, decapitado, quemado y enterrado.
Estados Unidos me otorgó asilo en 2001 y, sintiendo que mi vida estaba en peligro, me trasladé a este país junto con mis dos hijas pequeñas.
Encontrar a los autores materiales e intelectuales del asesinato de mi esposo y enjuiciarlos, se convirtió en la misión de mi vida. Catorce años después del asesinato de Georgy, hemos logrado que se imparta justicia parcialmente. Tres agentes de la policía y su jefe, el general Aleksei Pukach, están encerrados tras las rejas. El exministro del Interior ucraniano que, según documentos del juicio, ordenó el asesinato, presuntamente se suicidó con dos disparos a la cabeza, pero los autores intelectuales del crimen han escapado a la acción de la justicia. Pese a que la presunta implicación de estas personas en el crimen es un hecho del dominio público, todavía disfrutan comodidades materiales y un estatus privilegiado.
Continúo la búsqueda de la justicia para mi esposo porque considero que investigar, y no solamente descubrir, los crímenes de periodistas, es nuestra obligación para con aquellas personas que luchan por que la verdad salga a la luz pública.
La lucha no ha sido fácil. Desde el principio, las autoridades intentaron sabotear la investigación y destruir mi reputación y la de mi esposo inventando información sobre su desaparición y muerte. Me vi obligada a pasar horas y días en la Fiscalía enfrentada con funcionarios. Mi título de Derecho y un solidario grupo de amigos y familiares me ayudaron a soportar la presión y mantenerme firme. Durante todo este tiempo, mi familia y yo estuvimos en peligro: las autoridades me seguían, interceptaban mis teléfonos y me presionaban cada vez más.
Luego, cuando me di cuenta de que sería imposible hallar justicia en Ucrania, apelé ante instituciones internacionales como la Corte Europea de Derechos Humanos. En 2005 este tribunal falló a mi favor y declaró que, al no proteger el derecho de mi esposo a la vida, el Estado ucraniano había violado los artículos 2, 3, 13 y 41 de la Convención Europea sobre Derechos Humanos. De acuerdo con el fallo, la investigación fue inadecuada y causó grave perjuicio sicológico.
La impunidad en los crímenes contra periodistas como el de Georgy, transmite un mensaje a los perpetradores: que ellos pueden controlar la prensa empleando la fuerza contra los medios de comunicación, y que pueden continuar la intimidación. Enjuiciar a los autores de estos crímenes es el último obstáculo que debemos superar en nuestro empeño por salvarles la vida a los periodistas y promover la causa de la libertad de expresión.
Debemos apoyar activamente a las personas dedicadas a la búsqueda de justicia en estos crímenes. Por mi propia experiencia, sé que luchar contra el encubrimiento de delitos, utilizar los tribunales y tratar cara a cara con personas poderosas y peligrosas es frustrante y difícil y exige muchos recursos, entre ellos devoción, dedicación, audacia, financiamiento e inagotable energía. Con frecuencia los que buscan justicia se deben enfrentar al peligro.
La causa necesita un sistema de apoyo internacional. La ONU ha dado los primeros pasos para desarrollar este sistema mediante la aprobación de una resolución que proclama el 2 de noviembre como el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas; y mediante la adopción del Plan de Acción de las Naciones Unidas sobre la Seguridad de los Periodistas y la Cuestión de la Impunidad. Se deben impulsar estos pasos.
Este año, 2014, tendremos el primer día internacional y oficialmente proclamado en que podremos unirnos en solidaridad contra la impunidad.
En honor de este día, les pido a los gobiernos que cumplan con sus obligaciones internacionales de garantizar la seguridad de los periodistas y buscar la justicia sin importar a qué instancias lleve la búsqueda. Les pido a las organizaciones internacionales de los derechos humanos que apoyen a los familiares y amigos de aquéllos que dieron la vida por el beneficio de la sociedad, y les pido a esos familiares y amigos que permanezcan firmes y nunca se den por vencidos en la misión de procurar justicia, cualesquiera sean los obstáculos. Les pido a todos los que nos desempeñamos en los medios de comunicación, así como a las organizaciones defensoras de la libertad de prensa, que encuentren el valor para luchar por la memoria de nuestros colegas que han caído en el ejercicio de la profesión.
Myroslava Gongadze es una periodista y activista que reside en Washington, D.C. Su esposo, el periodista Georgy Gongadze, de 31 años, fue asesinado en Ucrania en 2000. En 2013, el Tribunal de Distrito de Pechersky, Kiev, declaró culpable al exgeneral de la Policía Aleksei Pukach de estrangular y decapitar a Gongadze, y lo sentenció a cadena perpetua. En marzo de 2008, las autoridades condenaron a los cómplices de Pukach, tres exagentes de la policía. El ex presidente Leonid Kuchma fue procesado en marzo de 2011, pero la Corte Constitucional de Ucrania consideró inadmisibles elementos de prueba clave. Myroslava Gongadze y su abogado continúan exigiendo que se investigue exhaustivamente la autoría intelectual del asesinato de Gongadze.