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MÉXICO La histórica elección del presidente Vicente Fox en el 2000 marcó el final del prolongado dominio del Partido Revolucionario Institucional (PRI) sobre el país y los medios. Pero la luna de miel entre el presidente y los medios llegó a su fin en el 2001 con una cobertura informativa cada vez más crítica que reflejaba el desencanto del público con la lentitud de las reformas bajo el nuevo gobierno. Con críticas que abarcaban desde el conflicto aún sin resolución de Chiapas y el creciente desempleo hasta la falta de avances en el tema de las violaciones de los derechos humanos perpetradas en el pasado, los medios señalaron al presidente por no cumplir sus promesas electorales. En noviembre, Fox utilizó su programa semanal de radio «Fox en vivo, Fox contigo» para quejarse de las críticas dirigidas a su gestión: «Hay mucha calumnia, hay mucho engaño, hay mucha mentira recientemente en los medios de comunicación». El gobierno mexicano por primera vez admitió su responsabilidad en las violaciones de los derechos humanos que se cometieron durante la campaña que el gobierno del PRI libró contra activistas y guerrilleros izquierdistas en el estado de Guerrero en la década del 70. Un informe emitido en noviembre por la Comisión Nacional de Derechos Humanos culpó al gobierno mexicano de la detención y tortura de por lo menos 275 hombres y mujeres, pero la comisión se abstuvo de revelar los nombres de unos 74 funcionarios que estuvieron implicados en los abusos. Si bien el presidente Fox nombró a un procurador especial para que investigara las desapariciones, no estableció una comisión de la verdad para investigar la represión estatal y hubo escasos avances. Alentados por la renuencia del gobierno a encontrar y enjuiciar a los violadores de los derechos humanos, los enemigos de las investigaciones lanzaron violentos ataques contra activistas y periodistas. El 19 de octubre, la destacada abogada de los derechos humanos Digna Ochoa fue asesinada en su oficina de Ciudad de México. Ochoa, quien fue víctima de secuestro y amenazas en el pasado, había salido ilesa de un atentado en 1999. En una nota hallada junto a su cuerpo también se amenazaba a sus colegas. El 27 de octubre se emitieron amenazas de muerte anónimas contra los activistas de derechos humanos Miguel Sarre, Fernando Ruíz, Juan Antonio Vega, Sergio Aguayo y Edgar Cortez; y el 6 de noviembre Germán Dehesa, escritor y columnista del diario Reforma, recibió una amenaza de muerte anónima por correo electrónico tras escribir un artículo en el que denunciaba el hostigamiento a los activistas de derechos humanos. El 4 de diciembre, unos ladrones entraron en la sede de la revista mensual Forum y se llevaron equipos de computación valorados en 65 000 pesos mexicanos (7000 dólares estadounidenses) junto con varios CD-ROM y disquetes zip con materiales de archivo. Forum es mejor conocida por haber publicado artículos del encarcelado Gral. José Francisco Gallardo Rodríguez, quien fue arrestado en 1993 después de escribir un artículo en Forum en el que hacía un llamado a las Fuerzas Armadas para que nombraran a un ombudsman civil e independiente que diera seguimiento a las violaciones de los derechos humanos relacionadas con los militares. Si bien el director de Forum, Eduardo Ibarra, se abstuvo de considerar que el robo tuvo un móvil político, algunos periodistas creen que el robo estuvo vinculado con otros ataques a defensores de los derechos humanos. La investigación sobre el robo no había avanzado a finales de año. La ley mexicana actualmente no garantiza el acceso público a la información oficial pero el Congreso tiene previsto estudiar dos divergentes proyectos de ley sobre el tema en la primavera del 2002. Uno, redactado y apoyado por una coalición de periodistas, académicos y organizaciones no gubernamentales, contempla medidas integrales que incluirían sanciones a funcionarios públicos que oculten o destruyan información. Los críticos del segundo proyecto de ley, que es respaldado por el gobierno, plantean que ofrece un acceso con limitaciones inaceptables y que no castiga a los funcionarios si incumplen las normas. Los proyectos de ley de acceso a la información desataron una polémica. Ernesto Villanueva, académico y frecuente colaborador del semanario de Ciudad de México Proceso, declaró al CPJ que recibió amenazas luego de haber criticado la versión de la ley respaldada por el gobierno. La frontera de México y los Estados Unidos sigue siendo un lugar peligroso para los periodistas, quienes a menudo son blanco de los narcotraficantes y las fuerzas de seguridad corruptas de la región. El 19 de febrero, José Luis Ortega Mata, director del Semanario de Ojinaga en el estado de Chihuahua, fue asesinado a balazos. Sus amigos y familiares vincularon el asesinato a sus artículos sobre el narcotráfico de la región, los que también trataban los vínculos de los narcotraficantes con políticos locales. En agosto, un juez absolvió a los dos sospechosos del asesinato en 1998 de Philip True, periodista del San Antonio Express-News (Texas) que fue asesinado mientras trabajaba en un reportaje sobre los huicholes, una población indígena que vive en la zona montañosa que se extiende por los estados de Jalisco, Nayarit y Durango. A finales de año el fallo del juez estaba siendo apelado. El CPJ protestó contra varias irregularidades en la acusación y la investigación, las cuales ponen en duda la validez del proceso. |