Nueva York, 10 de septiembre de 2008–Activistas de la oposición en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra irrumpieron con violencia en las oficinas de dos medios estatales el martes, destruyendo los equipos y obligando a detener las transmisiones en el marco de dos semanas de protestas antigubernamentales. El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) condenó los ataques y exhortó al prefecto del departamento de Santa Cruz a asegurar que todos los medios puedan trabajar con libertad sin temor a represalias.
Violentas protestas se desataron el martes en varios departamentos, incluyendo Santa Cruz, Pando, Beni y Tarija, cuando grupos de la oposición reclamaron la restitución del impuesto sobre hidrocarburos y que el gobierno suprima el borrador de la nueva constitución, según informes de la prensa nacional e internacional.
En Santa Cruz, ciudad donde radica la oposición política, cientos de manifestantes liderados por el grupo Unión Juvenil Cruceñista tomaron y atacaron varios edificios públicos mientras efectivos militares y policiales dispararon con gases lacrimógenos para dispersar a la multitud. Decenas fueron heridos durantes los enfrentamientos, según informó el diario El Deber de Santa Cruz.
Manifestantes enardecidos atacaron las oficinas de la radio estatal Nueva Patria con bombas molotov, indicó el diario La Razón, radicado en La Paz. Militantes de la oposición también ocuparon las oficinas de Canal 7 de televisión, robaron equipos y prendieron fuego a los muebles. No se registraron heridos, pero las oficinas de ambos medios sufrieron considerables daños materiales. Ambas emisoras han interrumpido su programación.
“Condenamos el ataque en contra de Canal 7 y de Radio Patria Nueva”, indicó Carlos Lauría, Coordinador Senior del Programa de las Américas del CPJ. “Instamos al prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, a controlar a grupos que claramente operan al margen de la ley y promueven la violencia en contra de la prensa. Las autoridades de Santa Cruz deben asegurar que todos los medios puedan informar sin temor a represalias físicas”.
El gobierno boliviano condenó enérgicamente los actos de violencia. El Ministro del Interior, Alfredo Rada, describió a los ataques como un “golpe civil”, y culpó a la oposición política. La oposición ha reclamado reiteradamente mayor autonomía para sus regiones y se opone al plan de Morales de llevar a cabo un referendo en diciembre para aprobar la constitución. Durante el último año, crecieron las tensiones entre la mayoría indígena del país y la ciudad oriental de Santa Cruz, zona rica de tierras bajas, dominada por una elite descendiente de europeos.
“El momento histórico de Bolivia“, un informe especial del CPJ publicado en 2007, concluyó que las tensiones crecientes de clase y étnicas en la sociedad boliviana han alimentado el resentimiento entre el gobierno del Presidente Evo Morales y los medios privados.