Los asesinatos de periodistas en represalia ascendieron significativamente en 2020 en comparación con el año anterior, mientras que la cifra de periodistas muertos en la cobertura de conflictos disminuyó considerablemente. Un informe especial del CPJ, elaborado por Jennifer Dunham
22 de diciembre de 2020
NUEVA YORK
La cifra de periodistas asesinados en represalia por su labor informativa aumentó en más del doble en 2020, conforme las bandas criminales y los grupos radicales atentaban contra periodistas que ejercían la profesión en naciones violentas pero democráticas.
A escala mundial, como mínimo 30 periodistas murieron en 2020, de los cuales 21 fueron asesinados en represalia por su trabajo, un salto en comparación con los 10 asesinatos de periodistas ocurridos en 2019, mientras que otros murieron en combate, en incidentes de fuego cruzado o en otras coberturas que se tornaron peligrosas. Un trabajador de medios también murió. México, Afganistán y Filipinas registraron la mayor cifra de asesinatos en represalia.
El CPJ continúa investigando los casos de otros 15 periodistas muertos en el mundo, con el fin de esclarecer si murieron en el ejercicio de su trabajo. Las cifras abarcan el período del 1 de enero al 15 de diciembre de 2020; en 2019 el total fue de 26 casos confirmados de periodistas asesinados. La cifra del 2019 fue el total más bajo de casos de periodistas muertos que el CPJ haya registrado desde el año 2000.
Si bien los asesinatos aumentaron en 2020, el número de periodistas muertos en combate (tres casos) descendió al menor nivel desde 2000, conforme disminuía la intensidad de los conflictos en el Medio Oriente y la pandemia de la COVID-19 dominaba la atención de los medios de comunicación y dificultaba que los periodistas viajaran. Estos tres periodistas murieron documentando el conflicto en curso cerca de Idlib, en el norte de Siria, y murieron en bombardeos aéreos presuntamente ejecutados por las fuerzas rusas aliadas con el régimen del presidente sirio Bashar al-Assad.
En México, como mínimo cuatro periodistas fueron blanco de asesinato en 2020, y otro más fue muerto a disparos cuando informaba desde la escena de un delito. El CPJ investiga la causa de, como mínimo, otros cuatro casos de periodistas muertos. Desde hace mucho tiempo, México ha sido el país más peligroso del hemisferio occidental para la prensa, que funciona en medio de una compleja red de bandas criminales, el narcotráfico y la arraigada corrupción oficial.
Cuando el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador asumió el poder en diciembre de 2018, se comprometió a tomar medidas concretas para poner fin a la violencia contra la prensa y a la inmunidad por el asesinato de periodistas. No obstante, este ciclo continúa inalterable, como el CPJ constató en la última edición de su Índice de Impunidad Global, que centra la atención en los países donde los periodistas mueren asesinados y los autores de tales crímenes están en libertad. En la gran mayoría de los casos de asesinato, no se ha condenado a ningún acusado, según datos del CPJ, y los autores intelectuales permanecen libres. López Obrador ha interactuado muy raramente con el CPJ y otras organizaciones defensoras de la libertad de prensa y de la sociedad civil, y en las conferencias de prensa que ofrece a horas tempranas de la mañana ha denigrado a los medios mexicanos, siguiendo el ejemplo del presidente estadounidense Donald Trump, una actitud que el gremio periodístico mexicano observa con preocupación por causa de los peligros que enfrenta.
Por lo menos dos de los periodistas asesinados en 2020 se habían incorporado al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, un programa federal que otorga medidas de seguridad a los periodistas amenazados; y en los dos casos, los guardaespaldas asignados a los periodistas también murieron, lo cual subraya las debilidades del mecanismo. En 2020, el Congreso mexicano adoptó medidas encaminadas a eliminar el fideicomiso federal por medio del cual se financian las medidas de protección y a transferir el control de esos fondos directamente a la Secretaría de Gobernación, lo cual los hace vulnerables a los caprichos políticos y el tráfico de influencias.
Uno de los periodistas que participaba en el mecanismo de protección era Pablo Morrugares. Después de su asesinato en agosto —en el cual fue baleado junto con su guardaespaldas, dentro de su propio restaurante en Iguala, en el sureño estado de Guerrero— un grupo de la delincuencia organizada envió amenazas a una gran cantidad de periodistas de la ciudad. En octubre, los periodistas les enviaron una carta abierta a las autoridades mexicanas, entre ellas el presidente López Obrador, que describía al detalle las amenazas y pedía protección. Uno de los periodistas declaró al CPJ: “Nunca los vi atacar y acosar a los medios como lo hacen ahora”.
En Filipinas, como mínimo tres periodistas fueron asesinados en represalia por su trabajo en 2020, pese a los esfuerzos del Grupo de Trabajo Presidencial para la Seguridad de los Medios, una entidad gubernamental que el presidente Rodrigo Duterte había creado hacía cuatro años con el objetivo de resolver los asesinatos de periodistas. Duterte y su Gobierno afirmaron haber logrado avances en el combate contra la impunidad, pero en realidad no han estado a la altura de la tarea, pues no han enjuiciado a los autores intelectuales de asesinatos y, al igual que López Obrador, han perjudicado a la prensa con su discurso hostil, en particular el propio Duterte.
En Honduras, la violencia y las amenazas contra los medios provenientes de la delincuencia organizada, sumadas a la debilidad del Estado de derecho, han provocado un clima de temor y autocensura. Como mínimo dos periodistas fueron asesinados en 2020, y el CPJ investiga el motivo de otro asesinato.
A pesar del descenso en las muertes de periodistas en incidentes de fuego cruzado, las naciones con conflictos internos siguen siendo sumamente peligrosas para los medios de prensa. En Afganistán grupos radicales asesinaron, como mínimo, a cuatro periodistas en atentados en represalia por su labor informativa, un significativo incremento, ya que en 2019 no se había registrado ninguna muerte de periodista en ese país. A principios de diciembre, Malalai Maiwand, reportera de Enikass Radio y TV en la provincia de Nangarhar, fue asesinada a tiros en camino al trabajo, junto con su chofer, Mohammad Tahir. El grupo Estado Islámico reclamó la autoría del atentado, que ocurrió cuando representantes del Gobierno afgano y de los talibanes llegaron a un acuerdo para seguir adelante con diálogos de paz en Qatar.
En un ejemplo de muerte directa y pública de un periodista por parte de un Gobierno, el 12 de diciembre Irán ejecutó al periodista Roohollah Zam mediante la horca, luego de sentenciarlo a la pena de muerte. El sitio web y el canal en Telegram de Zam, Amad News, los cuales dirigía desde el exilio, habían informado de manera crítica sobre dirigentes del Gobierno iraní y habían compartido el horario y el lugar de protestas en 2017. Telegram cerró el canal a finales de 2017, pero la cuenta volvió a salir después con otro nombre. El CPJ clasifica la muerte de Zam como asesinato, con base en metodología que define el asesinato como la muerte selectiva de un periodista en represalia directa por su labor informativa. Agentes de inteligencia iraníes detuvieron a Zam en Iraq en octubre de 2019 y lo trasladaron a Irán, según datos del CPJ. Por un canal de TV estatal, las autoridades transmitieron un video donde el periodista se disculpaba. Zam fue declarado culpable y sentenciado a la pena de muerte en junio; entre los 17 cargos que se le imputaron estaban los de espionaje, difusión de noticias falsas en el extranjero, y emisión de insultos contra los valores islámicos y el líder supremo. La sentencia se ratificó el 8 de diciembre. Al anunciar la ejecución del periodista, los medios estatales iraníes se refirieron a Zam como “el líder de los disturbios”, en alusión a las protestas que estallaron en el país en 2017, según The Associated Press.
Durante mucho tiempo, el Gobierno de Irán ha empleado largas penas de cárcel para censurar a la prensa, y tenía a 15 periodistas encarcelados, contando a Zam, al momento de la relación de casos de periodistas presos divulgada por el CPJ el 1 de diciembre de 2020. En los datos del CPJ consta que otros cuatro periodistas han muerto en Irán desde 1992; tres de ellos murieron cuando estaban en prisión o fallecieron de las heridas sufridas durante su detención.
El clima mundial de impunidad y peligroso discurso antiprensa ocurre con el trasfondo de la renuncia por parte de Estados Unidos a su liderazgo mundial en defensa de la libertad de prensa, durante la gestión del presidente Trump. En lugar de defender a los periodistas y la libertad de prensa como cuestión de principio, el enfoque del Gobierno Trump es oportunista: denunciar los actos de Irán y de manera manifiesta no condenar al Gobierno saudita y al príncipe heredero Mohammed bin Salman por su papel en el asesinato del columnista del Washington Post Jamal Khashoggi en 2018, es el ejemplo más notorio. El mes pasado, el CPJ publicó una propuesta dirigida al entrante Gobierno del presidente electo Biden sobre cómo restablecer el liderazgo de Estados Unidos. La propuesta contiene las siguientes recomendaciones: nombrar un enviado presidencial especial para la libertad de prensa que tendría la facultad de denunciar las violaciones que ocurren en todo el mundo; recomponer las instituciones del Departamento de Estado que tradicionalmente han respaldado la libertad de prensa; y enviarles a las embajadas estadounidenses la directiva de que la libertad de prensa es una prioridad de la política exterior.
En el año 2020 muchos países fueron escenario de la convulsión política, y los periodistas fueron víctimas de la violencia al cubrir los acontecimientos. En Iraq, el reportero Ahmed Abdul Samad y el camarógrafo Safaa Ghali, de Dijlah TV, fueron muertos a disparos en enero cuando cubrían protestas por la falta de servicios básicos, el desempleo y la corrupción gubernamental en la sureña ciudad iraquí de Basora. Y el periodista nigeriano Onifade Emmanuel Pelumi murió cuando informaba sobre disturbios en Ikeja, en el suroccidental estado de Lagos. Una cifra récord de periodistas se encontraban en las cárceles por causa de su labor informativa en 2020, conforme los Gobiernos reprimían la cobertura periodística de la COVID-19 o intentaban suprimir las informaciones sobre la convulsión política, según datos del CPJ.
La pandemia de la COVID-19 también obligó a los periodistas a adaptarse constantemente a las cambiantes recomendaciones de seguridad y a las restricciones a los viajes y a la circulación establecidas por las autoridades de cada país. Además del impacto sobre el modo como los reporteros y los fotoperiodistas realizan su trabajo, tal como el CPJ lo ha documentado, el virus ha supuestos riesgos sanitarios extremos para los periodistas arrestados por su trabajo. Como mínimo, dos periodistas murieron al contraer el coronavirus en prisión —David Romero, en Honduras, y Mohamed Monir, en Egipto— mientras que un tercero, Azimjon Askarov, ganador del Premio Internacional de la Libertad de Prensa del CPJ en 2012, murió de una enfermedad que, sospecha la familia, era la COVID-19, cuando cumplía cadena perpetua en Kirguistán. La lista de casos de periodistas muertos del CPJ no contiene los casos de los que murieron de enfermedades.
Otros hallazgos de las investigaciones del CPJ son los siguientes:
● Se sospecha que los grupos criminales fueron los principales autores de asesinatos de periodistas en 2020, mientras que la Política fue el tema más peligroso.
● De los periodistas muertos, dos eran mujeres María Elena Ferral Hernández, de México, y Malalai Maiwand, de Afganistán.
● Un trabajador de medios murió: Mohammad Tahir, chofer de Enikass Radio y TV, murió junto con la reportera Maiwand in Afganistán. Desde 2003, el CPJ documenta los casos de muerte de estos esenciales trabajadores del sector de los medios, que también abarcan a los traductores, los guías y los empleados administrativos.
● El reportero gráfico Christoff Griffith, quien fue muerto por el presunto autor de un crimen cuando informaba desde la escena del delito en junio, fue el primer periodista de Barbados que, según los datos del CPJ, murió por causa de su trabajo.
Metodología
El CPJ comenzó a recopilar datos detallados sobre todas las muertes de periodistas en 1992. El personal del CPJ de manera independiente investiga y verifica las circunstancias de cada muerte. El CPJ considera que un caso está vinculado con el ejercicio de la profesión únicamente cuando su personal tiene certeza razonable de que un periodista fue muerto en represalia directa por su labor periodística; de que fue muerto en un incidente de fuego cruzado relacionado con el combate; o de que fue muerto cuando realizaba una cobertura peligrosa, como por ejemplo una protesta que se vuelve violenta.
Si los motivos de una muerte no están claros, pero existe la posibilidad de que un periodista haya muerto en relación con su labor periodística, el CPJ clasifica el caso como “pendiente de confirmación” y continúa las investigaciones.
La relación de casos del CPJ no incluye los casos de periodistas que murieron a causa de una enfermedad o en accidentes automovilísticos o aéreos, a menos que el accidente haya sido provocado por actos hostiles. Otras organizaciones de prensa que emplean un criterio diferente al del CPJ divulgan una cifra diferente de muertes.
La base de datos del CPJ sobre los periodistas muertos en 2020 en el ejercicio de la profesión comprende la ficha del caso de cada víctima y filtros para analizar tendencias a partir de los datos. El CPJ lleva una base de datos con los casos de todos los periodistas muertos desde 1992 y de los que han desaparecido o están encarcelados por su labor informativa.
Jennifer Dunham es la directora editorial del CPJ. Antes de incorporarse al CPJ, fue directora de los informes de Freedom House sobre la libertad en el mundo y la libertad de prensa.