En Ecuador, la agitación política y una crisis de seguridad cada vez más profunda están poniendo en riesgo a los periodistas y a la libertad de prensa. El presidente Guillermo Lasso, quien disolvió en mayo la Asamblea Nacional mientras avanzaba el juicio político en su contra, ha sido ineficaz para frenar el aumento de los crímenes violentos y los periodistas observan con inquietud cómo el partido del político más hostil contra la prensa en la memoria reciente, el ex Presidente Rafael Correa, busca aumentar su poder en las elecciones de agosto próximo. Un informe especial del CPJ por Carlos Lauría.
Publicado el 28 de junio de 2023
Dos periodistas obligados a huir por amenazas de muerte en un solo mes; explosivos enviados por correo a varios medios de comunicación; reporteros forzados a ser acompañados por fuerzas de seguridad para cubrir áreas violentas; y comunidades enteras convertidas en llamadas “zonas de silencio”, donde la prensa es intimidada. Sucesos como éstos auguran un sombrío panorama para la libertad de prensa en Ecuador, un país que enfrenta un aumento de la violencia contra los periodistas en medio de una crisis de seguridad sin precedentes en la historia reciente. La situación se ve agravada por la turbulencia política, ya que el Presidente Guillermo Lasso, un ex banquero conservador que asumió el cargo en 2021, disolvió la Asamblea Nacional en mayo cuando ésta se movilizaba para destituirlo por acusaciones de corrupción, las cuales él negó.
Periodistas y activistas ecuatorianos temen que se esté gestando una “tormenta perfecta” que ponga en peligro la libertad de prensa en esta nación sudamericana. En un informe reciente, el grupo ecuatoriano de libertad de prensa Fundamedios documentó 356 ataques a la prensa en 2022, la cifra más alta desde 2018, en un entorno cada vez más hostil. En los primeros cuatro meses de 2023, la organización informó sobre un total de 96 ataques.
Si bien Lasso adoptó medidas para proteger a la prensa, factores adicionales han exacerbado una situación ya volátil. El legado del ex Presidente Rafael Correa, quien gobernó de 2007 a 2017, ha causado un daño duradero al periodismo en Ecuador. Los efectos persistentes de las acciones contra la prensa de Correa, que incluyeron presentar demandas por difamación, promulgar medidas restrictivas y denigrar a los críticos, han debilitado la capacidad de los medios de comunicación para informar, según indicaron periodistas locales al CPJ durante una visita reciente a Quito. “Somos estigmatizados y no podemos identificarnos como periodistas porque nos agreden”, dijo Cristóbal Peñafiel, presidente del Unión Nacional de Periodistas. “La prensa aún es blanco de ataques. La confrontación se ha naturalizado y somos los enemigos”, afirmó Francisco Rocha, director de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (AEDEP).
Las campañas difamatorias y la guerra de trolls de Correa, el ex presidente todavía ataca a sus críticos en Twitter según un informe reciente de Fundamedios, han tenido un efecto acumulativo en los medios privados que ya se encontraban debilitados financieramente por la pandemia de COVID-19. Un informe del grupo Fundación Periodistas sin Cadenas mostró que desde marzo de 2020 hasta noviembre de 2021, el Ministerio de Trabajo registró un total de 22,948 despidos en empresas del sector de medios de comunicación.
Varios periódicos ecuatorianos se vieron obligados a cerrar sus ediciones impresas y unos cuantos suspendieron el pago a sus empleados a medida que se multiplicaban los problemas financieros, según informó Fundamedios. El principal diario de Guayaquil, El Universo, fue uno de los que lucharon por sobrevivir, habiendo despedido a 150 empleados desde el inicio de la pandemia. “La pandemia de COVID-19 aceleró nuestra transformación digital”, afirmó uno de sus propietarios, Carlos Pérez Barriga. “El colapso del modelo de negocios basado en la publicidad nos obligó a adaptarnos a este proceso apresurado de cambio. En la actualidad, sin duda, tenemos menos capacidad para cubrir lo que está sucediendo en las calles de la ciudad”.
Informar en medio de una crisis de seguridad
Según el diario digital Primicias, la violencia criminal en Ecuador provocó la muerte de unas 4,603 personas en 2022, un aumento del 82.5% en comparación con el año anterior. El país es un “un foco creciente de crimen organizado”, según señaló InSight Crime, citando el “diverso panorama criminal transnacional en Ecuador, dominado por grupos insurgentes y criminales colombianos, además de los carteles mexicanos”. Los traficantes albaneses también han establecido una presencia en el país, moviendo toneladas de cocaína hacia Europa.
Varias pandillas locales, incluidas los Choneros y el grupo afiliado los Chone Killers, así como los Lobos, los Tiguerones y los Lagartos, se han aprovechado del aumento de la delincuencia y la violencia para expandir su control sobre actividades como el narcotráfico y la minería ilegal. En medio de una creciente demanda mundial de drogas, las pandillas han fortalecido sus tratos con importantes redes criminales internacionales al actuar como distribuidores de cocaína proveniente de países vecinos a través de los puertos de Ecuador hacia Europa y Estados Unidos, según InSight Crime.
Según El Universo, las autoridades ecuatorianas confiscaron más de 200 toneladas de drogas en 2022, el 90% de las cuales era cocaína. Si bien la cantidad representa una ligera disminución en comparación con el récord del año anterior de 210 toneladas, está muy por encima de las 128 toneladas incautadas en 2020 y las 82 toneladas incautadas en 2019, según InSight Crime.
Arturo Torres, fundador y editor del sitio web de investigación Código Vidrio, ha cubierto la evolución del crimen organizado en el país durante más de dos décadas. “Años de decisiones erróneas, la falta de comprensión sobre la magnitud del problema, la inacción de las autoridades, la colusión entre criminales y funcionarios, el hecho de que Ecuador está ubicado entre dos países productores de cocaína (Perú y Colombia), y el enorme aumento de la demanda de drogas después de la pandemia son factores que contribuyeron a empeorar el problema”, afirmó Torres en una entrevista telefónica con el CPJ.
Torres, quien también escribe para Primicias, expresó que los periodistas han tenido que tomar medidas de seguridad para informar sobre el crimen organizado. En abril, Torres publicó un reportaje con su firma sobre el presunto líder de una banda criminal. Al día siguiente, un abogado que representaba a la persona mencionada en el artículo llamó a Torres y le instó a eliminar la historia del sitio web. Torres se negó a hacerlo y alertó a la policía y otros contactos sobre la llamada. No volvió a escuchar nada más, pero decidió que ya no usaría su nombre cuando publicara información que pudiera ponerlo en riesgo.
Otros periodistas que cubren el tema no han tenido tanta suerte. En agosto de 2022, Gerardo Delgado Olmedo, quien cubría noticias sobre crimen en una página de Facebook llamado Ola Manta TV, fue asesinado a tiros por dos hombres armados mientras esperaba en su automóvil en un semáforo en las afueras de la ciudad de Manta, en la costa del Pacífico. En abril, los asesinos fueron condenados a 34 años y seis meses de prisión mientras los fiscales continúan investigando para encontrar al autor intelectual y esclarecer el motivo, según informes de prensa. También el año pasado, los periodistas Mike Cabrera y César Vivanco fueron asesinados, y Fernando León desapareció, según Fundamedios. Nadie ha sido arrestado por las muertes de Cabrera y Vivanco. (El CPJ no ha podido confirmar si los tres asesinatos están relacionados con el trabajo de los periodistas, pero las muertes inevitablemente han tenido un efecto inhibidor en sus colegas).
La violencia en las cárceles es otro tema peligroso. Según indicó la organización International Crisis Group, la mayoría de los asesinatos en Ecuador son el resultado de conflictos internos entre grupos criminales que compiten por controlar la distribución y la exportación de cocaína. A menudo, estas rivalidades se desarrollan dentro de las prisiones; desde 2021, enfrentamientos violentos han dejado a cientos de reclusos muertos, según informes de prensa.
En marzo, Karol Noroña, periodista del sitio web independiente GK basado en Quito, informó sobre el intento de asesinato del director de la prisión de mujeres en Guayaquil y realizó entrevistas con internas sobre la alta tasa de homicidios dentro de las prisiones. El 24 de mayo, se reunió con una fuente que le dijo que un líder de una banda de narcotraficantes la había amenazado de muerte por su trabajo. En un plazo de 24 horas, Noroña huyó de Ecuador. “El plan es que permanezca fuera del país hasta que se pueda garantizar su regreso seguro”, afirmó Isabela Ponce, directora editorial de GK, al CPJ en ese momento.
Unas semanas después, otro periodista, quien pidió mantenerse en el anonimato por razones de seguridad, huyó del país después de recibir repetidas amenazas de muerte, según un comunicado de la Fundación Periodistas sin Cadenas. El grupo afirmó que las amenazas habían sido comunicadas a la fiscalía, al Ministerio del Interior y a la oficina de Lasso varios meses antes. La fiscalía le informٴó a CPJ que ha abierto investigaciones sobre las amenazas en ambos casos, pero hasta el momento no han producido resultados.
Zonas silenciadas
El aumento de las tasas de criminalidad ha tenido un impacto directo en la prensa. Con periodistas recurriendo a la autocensura por temor a retribuciones físicas, comunidades enteras en todo Ecuador se están quedando cada vez más sin información sobre los temas centrales que afectan sus vidas diarias, aseguraron periodistas locales y activistas entrevistados por el CPJ.
Un informe de investigación publicado en mayo por la Fundación Periodistas sin Cadenas afirma que el país está enfrentando uno de los peores períodos en la historia de la libertad de prensa. La organización describe una situación en la que “los silenciamientos y la autocensura se han incrementado ante el aumento acelerado de la violencia generalizada.” La investigación periodística en el país “-ya escasa históricamente- se está convirtiendo en una constante”.
El informe examina las condiciones para la prensa en 10 provincias ecuatorianas: Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, Esmeraldas, Guayas, Loja, Los Ríos, Manabí, Pichincha y Santo Domingo de los Tsáchilas. La organización encontró que el crimen organizado y las fuerzas políticas locales han puesto en peligro a los medios de comunicación en gran parte de Ecuador, aprovechándose de su vulnerabilidad, precarias condiciones laborales y falta de seguridad.
Las periodistas mujeres en particular enfrentan un nivel perturbador de violencia. “Son víctimas de distintas formas de acoso y violencia por parte de sus fuentes, de sus superiores o de la misma sociedad civil en contextos de protesta social”, según la organización.
La situación en la provincia costera norte de Esmeraldas, en la frontera con Colombia, es el ejemplo más evidente de cómo los ataques contra la prensa pueden fomentar una cultura de censura. Los asesinatos en 2018 del periodista Javier Ortega, el fotoperiodista Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra, que trabajaban para el diario El Comercio, después de ser secuestrados por un grupo disidente que solía formar parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), causaron conmoción en los medios ecuatorianos. En 2021, un tribunal colombiano condenó a dos hombres a casi 29 años de prisión cada uno por su participación en los asesinatos. Las familias de las víctimas han seguido exigiendo a las autoridades que identifiquen y castiguen al autor intelectual y a los restantes implicados.
“Es un punto de inflexión que marcó el inicio de esta creciente ola de ataques contra la prensa”, expuso Torres. Desde entonces, intentos de asesinato, amenazas e intimidación han amedrentado a los medios de comunicación al silencio en una región donde los grupos del crimen organizado ejercen control. “Mirar para otro lado” y decidir no informar sobre actividades delictivas ha sido la única opción para que los periodistas locales sobrevivan en Esmeraldas, según una investigación de la Fundación Periodistas sin Cadenas.
En el contexto actual, los temas sensibles relacionados con actividades delictivas, como el narcotráfico y la minería ilegal, que ahora han llegado a lugares aislados de la Amazonía, no reciben la cobertura periodística apropiada. Y aquellos que se atreven a romper el silencio enfrentan consecuencias.
Francisco Rodríguez, ciudadano chileno que vivió en Ecuador durante más de dos décadas, es un operador turístico, activista ambiental y periodista ciudadano que comentaba sobre el daño ambiental y la inacción gubernamental en la provincia de Napo, rica en oro, en Twitter y en los medios de comunicación. A fines de enero, sobrevivió a un ataque a tiros y en marzo recibió una serie de amenazas de muerte, según indicó al CPJ desde un lugar seguro. Rodríguez huyó del país en abril siguiendo el consejo de las autoridades locales. Explicó que presentó una denuncia ante la fiscalía estatal, pero la investigación no arrojó resultados. Rodríguez afirmó que ya no puede vivir en Ecuador y ha regresado a Chile.
Las áreas urbanas también han sido objeto de ataques recientes contra la prensa. A mediados de marzo, se enviaron cartas bomba con unidades USB y mensajes amenazantes desde la localidad central de Quinsaloma a las estaciones de televisión Ecuavisa, Teleamazonas y TC Televisión, la emisora de radio EXA FM, y a un presentador independiente, todos radicados en Quito y Guayaquil. Un periodista resultó levemente herido luego de que uno de los dispositivos detonó.
La respuesta del gobierno
El gobierno ecuatoriano comprende la magnitud del problema y ha declarado numerosos estados de emergencia desde 2021, según un artículo publicado en Americas Quarterly. En abril, el gobierno tomó la controvertida medida de autorizar el uso de armas de fuego por parte de civiles para defensa personal. Ese mismo mes, el país también declaró a los grupos del crimen organizado como “terroristas”, una designación que otorga poder a las fuerzas de seguridad para que puedan combatir a las bandas delictivas sin que exista de por medio un estado de excepción.
A pesar de estas medidas, la respuesta del gobierno parece verse obstaculizada por el estancamiento político. La decisión de Lasso de activar la cláusula constitucional de “muerte cruzada”, que disuelve la Asamblea Nacional, le permite gobernar por decreto durante un máximo de seis meses. El 20 de agosto, Ecuador tiene previsto celebrar elecciones y, en caso de ser necesario, un nuevo presidente y miembros de la Asamblea Nacional prestarán juramento a finales de noviembre. Esas autoridades ejercerán hasta mayo de 2025, cuando estaba previsto que concluya el mandato de Lasso, según informó The Associated Press. Aunque Lasso puede presentarse a las elecciones, el presidente afirmó al The Washington Post que apoyará a otro candidato.
En una entrevista con CNN en Español, Lasso afirmó que su decisión de disolver la Asamblea Nacional tenía como objetivo frenar “un macabro plan para tomar el control de las instituciones del estado para producir impunidad y viabilizar el retorno de un presidente [Correa] que ha sido sentenciado por corrupción por la Corte Nacional de Justicia”.
Correa, quien fue condenado en ausencia a ocho años de prisión por corrupción en 2020, ha vivido en el exilio en Bélgica, país que le otorgó asilo político, desde 2017. (En 2022, Bélgica, el país de origen de su esposa, rechazó una solicitud de extradición). El expresidente sigue siendo popular en Ecuador y su partido Revolución Ciudadana era el más grande en la Asamblea Nacional antes de que se disolviera el parlamento, según informó Reuters.
Si bien Correa no puede postularse para presidente debido a su condena, analistas políticos y periodistas informaron al CPJ que si un aliado suyo llegara al poder, esa persona podría allanar el camino para el eventual regreso político del expresidente mediante un indulto, por ejemplo. Mientras tanto, Correa ha sido alentado por la resonante victoria electoral de su partido en las elecciones municipales de febrero. Correa le expresó a Reuters que el partido “reconstruirá” Ecuador si tiene éxito en las próximas elecciones anticipadas.
Con el liderazgo futuro de Ecuador como una pregunta abierta, la población del país cada vez desconfía más de la capacidad de las autoridades para hacer frente al crimen y la violencia. Una encuesta reciente de Gallup mostró que la confianza de la población en la aplicación de la ley y su confianza en el sistema judicial están en el nivel más bajo que el país ha visto en más de 10 años. En 2022, el 41% de los ecuatorianos expresaron confianza en su fuerza policial, y aún menos (24%) tenían confianza en el sistema judicial.
Promesas a la prensa
Poco después de asumir el cargo en 2021, Lasso propuso una nueva ley para reemplazar la legislación más restrictiva para la prensa de Correa, la Ley Orgánica de Comunicación. Conocida como la “ley mordaza”, esta legislación había institucionalizado mecanismos represivos, establecido la regulación estatal del contenido editorial y otorgado a las autoridades el poder de imponer sanciones arbitrarias y censurar la prensa. El predecesor inmediato de Lasso, Lenín Moreno, ya había eliminado algunas de las disposiciones más nocivas. Después de que los aliados de Correa en la Asamblea Nacional reinsertaron las cláusulas más restrictivas, Lasso vetó esa versión de la ley. Finalmente, en noviembre, firmó una nueva ley que limita la interferencia estatal en los medios de comunicación, garantiza la libertad de expresión en las redes sociales y establece protecciones para los periodistas en riesgo.
Periodistas locales señalaron al CPJ que sienten que su capacidad para criticar a quienes están en el poder sin ser perseguidos ha cambiado drásticamente desde que Correa dejó el cargo. Afirmaron que sienten que el gobierno de Lasso generalmente respeta su trabajo, a pesar de la reacción desmesurada del gobierno hacia La Posta, un medio de comunicación que publica información únicamente en las redes sociales. A principios de enero, La Posta informó sobre un presunto esquema de tráfico de influencias en empresas estatales que involucra al cuñado de Lasso, lo que llevó a la Asamblea Nacional a realizar una investigación. En un discurso televisado, Lasso criticó duramente a los periodistas que trabajan para el medio, calificándolos de “terroristas mediáticos”. La Posta afirmó que sus periodistas fueron acosados e intimidados. En un comunicado, Fundamedios condenó la reacción del gobierno, afirmando que “recuerda las épocas más oscuras para la libertad de expresión”.
A fines de abril, el CPJ viajó a Quito para reunirse con Lasso y dialogar sobre el deterioro de las condiciones de libertad de prensa y el impacto de la crisis de seguridad pública en los periodistas de todo el país. Lasso no pudo asistir a la reunión debido a un problema de salud, pero una delegación de CPJ se reunió con Sebastián Corral, secretario de administración del gobierno. Corral reconoció que la crisis de seguridad afecta a los medios de comunicación, y la consideró la máxima prioridad del gobierno, pero argumentó que también afecta a todos los ecuatorianos.
Durante la reunión, Corral aceptó una serie de medidas ejecutivas para apoyar el trabajo de la prensa. Indicó que el gobierno proporcionará fondos críticos a un mecanismo existente para proteger a los periodistas, así como financiamiento adicional para respaldar a la fiscalía general en los esfuerzos por proteger a la prensa y nuevas iniciativas para combatir la desinformación. Corral también se comprometió a trabajar con organizaciones locales para agilizar el proceso de implementación de la nueva ley de comunicación. El CPJ elogió estos compromisos como un paso positivo hacia la mejora de la seguridad de los periodistas.
El CPJ también se reunió con la fiscal general Diana Salazar Méndez. Los periodistas ecuatorianos y los defensores de la libertad de prensa la han criticado por lo que describen como una falta de investigaciones oportunas y rigurosas sobre los numerosos ataques contra los periodistas y los medios de comunicación.
Durante la reunión en su oficina con vista al centro de Quito, Salazar describió una crisis de seguridad “sin precedentes” y dijo que su oficina apoya firmemente el trabajo de la prensa. Salazar reconoció que los sistemas para proteger a las víctimas y testigos tienen limitaciones y necesitan una inyección de “recursos extraordinarios” para funcionar de manera más efectiva. Cuando se le preguntó sobre la falta de procesamientos exitosos en casos de amenazas y ataques contra la prensa, indicó que los periodistas quieren respuestas inmediatas, pero las investigaciones judiciales llevan tiempo. También mencionó que algunos periodistas no habían cooperado con las investigaciones sobre las amenazas en su contra.
La respuesta internacional
A pesar de la gravedad de la crisis, existe una falta de atención internacional sobre Ecuador. Aunque la administración del Presidente Biden ha insistido en que Lasso es uno de los aliados más firmes de Estados Unidos, en abril varios miembros del Congreso de Estados Unidos enviaron una carta a Biden instándolo a “reevaluar” las estrechas relaciones con el gobierno ecuatoriano y a examinar más de cerca las acusaciones de corrupción en torno a Lasso.
“La situación en Ecuador merece ser debatida a nivel regional”, aseguró Diego Cazar Baquero, miembro fundador de la Fundación Periodistas sin Cadenas y editor de la publicación en línea La Barra Espaciadora.
Ponce de GK afirmó al CPJ que la crisis sin precedentes requiere que los periodistas y los medios de comunicación construyan “redes de apoyo para salvaguardar la vida de los periodistas” que trabajan bajo amenaza. Ponce agregó que la prensa “debe incorporar una cultura de seguridad y estar mucho más consciente de lo que está sucediendo en esta situación”.
“Ecuador se ha convertido en una pieza clave del rompecabezas para el crimen organizado y no debe ser descuidado. Las instituciones se están destruyendo mientras la región amazónica corre un grave peligro”, afirmó Cazar. Por lo general, eclipsado por países con mayor peso político a nivel regional, Ecuador y sus problemas a menudo han sido pasados por alto por la comunidad internacional. “Nuestro país no es colateral y debería ser el centro de atención internacional”, añadió Cazar.
Los periodistas ecuatorianos y los defensores de la libertad de prensa están cada vez más inquietos por los crecientes problemas que enfrenta el periodismo local en un clima de violencia, miedo e intimidación que ha fomentado una cultura de autocensura. Además, los recuerdos recientes del dañino legado de Correa están generando aún más ansiedad mientras el país espera para ver si su partido tendrá éxito en las próximas elecciones anticipadas.
Los periodistas, en particular, se preparan para el impacto.
El Comité para la Protección de los Periodistas plantea las siguientes recomendaciones:
Al Ejecutivo ecuatoriano
- El poder ejecutivo debería tomar las medidas necesarias para reglamentar de manera ágil la Ley Orgánica de Comunicaciones, que fue promulgada en noviembre de 2022 y limitaría la interferencia estatal en los medios al tiempo que brinda medidas de protección esenciales para los periodistas.
- La presidencia debería asegurarse de proporcionar recursos financieros críticos para el funcionamiento efectivo del mecanismo existente de protección a los periodistas.
- El ejecutivo debería cumplir su promesa de proporcionar financiamiento adecuado a la fiscalía general del estado en sus esfuerzos por proteger a la prensa, principalmente a través del Sistema Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y Otros Participantes en el Proceso Penal.
- El gobierno del Presidente Guillermo Lasso debería asegurar que todos los periodistas y medios de comunicación ecuatorianos puedan informar sin temor a represalias, especialmente en las semanas previas a las elecciones programadas para el 20 de agosto.
A las autoridades judiciales, administrativas y de aplicación de la ley ecuatorianas
- Las autoridades de aplicación de la ley y judiciales de Ecuador deberían garantizar que los ataques y amenazas contra la prensa sean investigados a fondo y que los responsables sean llevados ante la justicia.
- Las autoridades deberían garantizar el regreso seguro de los periodistas que se vieron obligados a huir debido a amenazas de muerte.
- Las autoridades deberían implementar plenamente el mecanismo de protección existente para garantizar que los periodistas en riesgo puedan continuar informando sin temor a represalias físicas.
A la comunidad internacional
- La grave crisis de libertad de prensa que afecta a Ecuador debe ser priorizada en el debate y recibir el apoyo correspondiente de la UNESCO, la Organización de los Estados Americanos y la Unión Europea.
- La comunidad internacional debería apoyar públicamente el trabajo de los periodistas ecuatorianos que trabajan bajo amenaza.
- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión deberían realizar una visita de investigación a Ecuador.
- La cooperación internacional y los esfuerzos en el proceso de desarrollo de los medios deberían asegurar que los grupos de libertad de prensa tengan recursos adecuados para enfrentar la grave crisis de seguridad.