Washington D.C., 14 de febrero de 2025 – El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) condena la decisión de la Casa Blanca de impedir que The Associated Press (AP) cubra eventos oficiales después de que AP decidiera referirse al Golfo de México por su nombre reconocido internacionalmente, calificando la acción como el último episodio en un preocupante patrón de represalias contra la prensa libre en las primeras semanas de la administración de Donald Trump.
La Casa Blanca prohibió a un reportero de AP cubrir dos eventos oficiales tras la publicación de guías de estilo ampliamente utilizadas, en las que señalaba que la orden de Trump de cambiar el nombre a Golfo de América solo tenía autoridad dentro de Estados Unidos y que, como agencia de noticias global, continuaría refiriéndose al Golfo de México por su nombre de 400 años de antigüedad “mientras reconoce el nuevo nombre elegido por Trump.”
Aunque no había nada inexacto ni ilegal en las acciones de AP, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, al explicar la decisión de prohibir a AP, dijo el miércoles que el gobierno estaba combatiendo “mentiras.”
“Tomar represalias contra AP, uno de los principales proveedores de noticias basadas en hechos del mundo, por su contenido, socava el compromiso declarado del presidente de los Estados Unidos con la libertad de expresión e impide que su audiencia, tanto en el país como en el extranjero, acceda a la información”, dijo la CEO de CPJ, Jodie Ginsberg. “Esas acciones siguen un patrón de difamación y penalización de la prensa por parte de la actual administración y son inaceptables”.
Otras áreas específicas de preocupación incluyen:
Demandas por represalia: A pesar de su orden ejecutiva del día de su investidura en la que afirmaba su compromiso con la Primera Enmienda y la libertad de expresión, Trump ha estado involucrado en al menos 29 demandas por difamación y relacionadas con medios desde que anunció su candidatura presidencial en 2015, según Axios. Este tipo de demandas suelen implicar litigios largos y costosos que pueden afectar gravemente el presupuesto de una organización. La investigación de CPJ muestra que este tipo de demandas por parte de figuras públicas pueden alentar a las autoridades locales a seguir el mismo camino y llevar a la autocensura de los medios.
Acciones punitivas por parte de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés): CPJ también está preocupado por el posible uso indebido de las facultades de la Comisión Federal de Comunicaciones para otorgar y revocar licencias de transmisión local. En las últimas semanas, la FCC ha abierto investigaciones contra emisoras como NPR y PBS. El organismo regulador también está investigando la estación de radio KCBS del norte de California por informar a los oyentes sobre dónde agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) llevarían a cabo redadas. Este tipo de acciones punitivas socavan la capacidad de los medios de comunicación para realizar su labor de manera efectiva.
Suspensión de fondos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés): El congelamiento de fondos de USAID – cuya legalidad está siendo impugnada en los tribunales – probablemente tendrá repercusiones significativas para la prensa libre a nivel global. CPJ está preocupado por la retirada repentina de financiamiento para una amplia gama de medios independientes en todo el mundo que no pueden operar sin financiamiento externo debido a las restricciones que enfrentan por parte de actores no democráticos.
Ataques dirigidos contra periodistas y medios de comunicación: CPJ está preocupado por los ataques personales contra periodistas dirigidos por altos funcionarios de la actual administración, incluido el presidente, y advierte que esto probablemente aumente la posibilidad de ataques tanto en línea como físicos contra miembros de la prensa. También es preocupante ver a figuras de alto nivel del gobierno utilizar lenguaje despectivo contra Voice of America, Radio Free Europe/Radio Free Liberty y otros medios que brindan una defensa crítica contra la propaganda difundida por gobiernos no democráticos en el mundo. Mientras Estados Unidos busca perseguir la meta declarada de Trump de “esperanza, prosperidad, seguridad y paz,” la administración haría bien en aceptar, fomentar y proteger una prensa plural y libre, tal como lo garantiza la Primera Enmienda.