Por Robert Mahoney
De paria a posible socio: así se ha transformado Arabia Saudita para el presidente Joe Biden en los cinco años que han transcurrido desde que Riad envió un escuadrón de la muerte para descuartizar al periodista Jamal Khashoggi.
La actual rehabilitación del reino de petrodólares y su gobernante de facto, el príncipe heredero Mohammed bin Salman, comúnmente conocido por las siglas MBS, por parte de la administración Biden parece colocar la realpolitik por encima del objetivo declarado de Biden de obtener justicia para el columnista del diario Washington Post.
Las consecuencias de ignorar este compromiso a cambio de obtener ventajas económicas y estratégicas a corto plazo, son desastrosas para los periodistas y los defensores de los derechos humanos no solamente en Arabia Saudita, sino en todo el mundo. Dejar de buscar justicia en el caso Khashoggi, quien era residente permanente en Estados Unidos, demuestra a los regímenes represivos que hasta las democracias occidentales más poderosas pueden frenar su fervor por la protección de los periodistas si perciben que están en riesgo intereses políticos y económicos.
Si alguien tan prominente como Khashoggi puede ser descuartizado en el consulado saudita en Estambul con aparente impunidad ¿qué posibilidad pueden tener periodistas con menores conexiones si desafían a los autócratas mediante el periodismo?
Las paredes de las redacciones de todo el mundo están cubiertas de fotos de colegas asesinados por Gobiernos y miembros del crimen organizado que buscaban callar la verdad. En ocho de cada 10 de estos casos los autores intelectuales de los asesinatos consiguen burlar la justicia.
Por un momento pareció que el asesinato de Khashoggi podría ser diferente. Los macabros detalles del crimen, en el cual un escuadrón de 15 asesinos descuartizó el cuerpo, captaron los titulares internacionales.
Incluso el Gobierno Trump, firmemente prosaudita, decidió actuar conforme la inteligencia turca, que había colocado micrófonos ocultos en el consulado de Estambul, poco a poco divulgaba detalles del asesinato, cometido el 2 de octubre de 2018. El presidente Donald Trump impuso sanciones a algunos funcionarios sauditas vinculados con el crimen pero sin llegar a acusar directamente al príncipe heredero, ni siquiera después de que organismos de inteligencia de Estados Unidos llegaran a la conclusión de que él había aprobado el asesinato.
Al siguiente año, el entonces candidato Joe Biden prometió, durante un debate electoral del Partido Demócrata, que buscaría que los responsables rindieran cuentas de sus actos y que convertiría a Arabia Saudita en un “paria”.
Al ocupar la Casa Blanca en 2021, Biden divulgó el informe de la CIA, que no se había publicado, pero, al igual que su antecesor, se negó a sancionar directamente a MBS. En noviembre del 2022, su Gobierno incluso fue más lejos al declarar que el príncipe heredero estaba amparado por la inmunidad soberana. En la práctica, esa postura puso fin a una demanda civil presentada ante un juzgado de distrito federal de Estados Unidos por la prometida de Khashoggi, Hatice Cengiz, la cual buscaba responsabilizar a Mohammed bin Salman y a dos de sus asesores de alto nivel por la muerte.
Con la confianza de que los Gobiernos occidentales no tomarían ninguna medida contra él, el príncipe Mohammed se dedicó a crearse una nueva imagen como joven gobernante amigo de la tecnología y reformador político. Según el diario Guardian, el Reino de Arabia Saudita ha gastado más de 6 mil millones de dólares en patrocinios y acuerdos deportivos internacionales, una estrategia que los críticos califican de sportswashing o “lavado deportivo”. También ha intentado atraer a empresas de tecnología de Silicon Valley y planea destinar 500 mil millones de dólares al desarrollo de una ciudad futurista a lo largo de una franja en la costa del Mar Rojo como destino turístico y empresarial.
Además, la popularidad del príncipe heredero ha crecido internamente conforme ha relajado las restricciones religiosas en la vida social y ha permitido que las mujeres manejen autos.
Sin embargo, detrás de las campañas de relaciones públicas, el reino saudita sigue siendo uno de los países con menos libertades del mundo, según la organización estadounidense de derechos humanos Freedom House. Un total de 11 periodistas estaban encarcelados en ese país al 1 de diciembre de 2022, según la relación anual de periodistas presos del CPJ, junto con decenas de defensores de los derechos humanos y activistas sociales. Criticar al Gobierno y al príncipe heredero es peligroso, incluso si las críticas vienen de ciudadanos sauditas que han huido al extranjero.
“Todos los que hemos exigido justicia por el caso de Jamal nos sentimos decepcionados”, me dijo Fred Ryan, expresidente y ex director ejecutivo del Washington Post. “Una administración republicana llegó a la conclusión de que la responsabilidad en este caso llegaba hasta lo más alto del Gobierno saudita. El candidato Joe Biden calificó a MBS de paria. La pregunta es ¿qué fue lo que cambió?”.
La respuesta, en parte, puede ser el cálculo de Washington de que necesita a Arabia Saudita como contrapeso frente a la influencia de Irán y de China en el Medio Oriente, así como para garantizar una mayor estabilidad en el mercado del petróleo a raíz de la crisis provocada por la invasión de Rusia a Ucrania.
El Gobierno Biden también intenta persuadir al príncipe Mohammed a reconocer diplomáticamente al más importante aliado regional de Washington, Israel, en un acuerdo, que podría seguir el modelo de los Acuerdos de Abraham que Trump medió entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos, Bahréin y Marruecos.
A cambio, Arabia Saudita exige un alto precio: un tratado de defensa mutua con Estados Unidos y asistencia estadounidense para crear un programa nuclear con fines civiles. El ataque mortal y sin precedente que el grupo palestino Hamás perpetró contra Israel el 7 de octubre y la respuesta de Israel han frenado, y posiblemente destruido, un acuerdo de paz tan ambicioso.
Sin embargo, que el príncipe heredero haya estado dispuesto a siquiera considerar semejante propuesta es un recordatorio de que Estados Unidos todavía tiene influencia. Washington puede promover los derechos humanos y también procurar sus intereses estratégicos y económicos en la región.
Si Riad quiere garantías de seguridad de Estados Unidos o el respaldo occidental a su candidatura como sede de grandes eventos como la Copa Mundial de 2034 de la FIFA o los Juegos Olímpicos, entonces las democracias liberales deben aprovechar esas oportunidades: pueden exigir la liberación de periodistas y presos políticos encarcelados en Arabia Saudita y que el Gobierno saudita ponga fin al hostigamiento de sus críticos en el extranjero.
Washington pudiera convertir en ley las restricciones de visado que el Departamento de Estado de Estados Unidos ha implementado en virtud de la “Prohibición Khashoggi”. También pudiera respaldar iniciativas como un proyecto de ley del congresista Adam Schiff que tiene como objetivo proteger a los disidentes exiliados de los Gobiernos de sus países de origen.
Esconder el asesinato de Khashoggi bajo cualquier tapete diplomático es un error.
“Los déspotas observan cómo Estados Unidos responde cuando se violan derechos fundamentales en los que creemos”, dijo Ryan. “La señal que están recibiendo no es alentadora”.