Los ataques comenzaron el día que Christian Ulate pasó a representar al encarcelado periodista guatemalteco José Rubén Zamora: tuits que acusaban al abogado de izquierdista o cuestionaban sus credenciales jurídicas. El abogado temía que lo estuvieran vigilando.
Ulate había asumido el caso en agosto de 2022, cuando otros dos abogados, Romeo Montoya García y Mario Castañeda, lo abandonaron a raíz de que el fiscal del caso de Zamora anunciara que se había abierto una investigación contra ellos. Luego de representar a Zamora por menos de tres meses, Ulate tuvo que viajar de Guatemala a Honduras, y entonces los ataques se detuvieron abruptamente, declaró.
En retrospectiva, Ulate cree que el hostigamiento seguía un patrón evidente. Otros abogados que terminaron representando a Zamora —ya iban por 10 cuando el periodista fue condenado en junio de 2023 por denuncias de presunto lavado de dinero que muchos atribuyeron a una represalia por su labor periodística—, fueron hostigados, investigados y hasta encarcelados.
“Sabíamos que el sistema estaba contra nosotros, y todo lo que nosotros, el equipo jurídico, hacíamos en torno al caso se estaba vigilando de cerca”, Ulate declaró al CPJ.
La experiencia que tuvo Zamora al contratar asesoría jurídica, aunque es un caso extremo, tampoco es inusual. El CPJ ha documentado casos de abogados de periodistas que enfrentan amenazas en Irán, China, Bielorrusia, Turquía y Egipto, naciones que ocupan los primeros lugares entre aquellas que más encarcelan a periodistas. Por supuesto, los abogados no solamente son objeto de represalias por representar a periodistas. “A escala internacional, con cada vez mayor frecuencia, los abogados hacen frente a sanciones penales o disciplinarias por asumir casos delicados o por pronunciarse en público sobre temas como el imperio de la ley, los derechos humanos y la buena gobernanza”, señaló Ginna Anderson, directora adjunta del Colegio de Abogados de Estados Unidos, que fiscaliza las condiciones en que los abogados ejercen la profesión en todo el mundo.
Sin embargo, abogados y defensores de los derechos humanos consultados por el CPJ resaltaron que, cuando un abogado es hostigado por representar a un periodista, las amenazas pueden tener un efecto paralizante sobre la libre circulación de información. Inevitablemente, los periodistas que no pueden defenderse de procesos judiciales abiertos en represalia, tienen mayores probabilidades de ser encarcelados, lo cual repercute en que la ciudadanía esté peor informada sobre asuntos de interés público.
Un barómetro de las libertades civiles
Los ataques contra los abogados, al igual que los ataques contra los periodistas, pueden ser un barómetro de la situación de las libertades civiles en un país, según expertos jurídicos entrevistados por el CPJ. Hong Kong, en una época considerado como un lugar seguro para la prensa independiente, es un buen ejemplo: numerosos periodistas y representantes de los medios han sido procesados judicialmente en virtud de la ley de seguridad nacional adoptada por Pekín en 2020. Uno de ellos, el empresario de medios Jimmy Lai, pudiera ser condenado a cadena perpetua. Lai, ciudadano británico, es representado por equipos jurídicos tanto de Hong Kong como del Reino Unido, los cuales trabajan con autonomía el uno del otro, y ambos han sido sometidos a presiones.
Caoilfhionn Gallagher, jefa del equipo jurídico del Reino Unido, ha hablado abiertamente en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, sobre el hostigamiento contra los abogados de Lai, que va desde ataques en la prensa oficial china hasta declaraciones formales de las autoridades de Hong Kong. La propia Gallagher ha recibido amenazas de muerte y ha sido víctima de intentos por ingresar a sus cuentas bancarias y de correo electrónico, así como de intentos por suplantar su identidad en la Internet. “Todo eso es muy agotador y desgastante, y tiene como propósito hacerte perder tiempo. Quieren que el caso se convierta en un fastidio demasiado grande”, Gallagher declaró al diario The Irish Times.
El equipo jurídico de Hong Kong que representa a Lai, quien ya ha sido condenado por fraude y ahora es juzgado por colaborar con Gobiernos extranjeros, al parecer también ha recibido presiones de las autoridades. Cuando el equipo de abogados de Lai en el Reino Unido provocó la ira del Gobierno chino al conversar sobre el caso de Lai con un ministro británico, el equipo de abogados de Hong Kong publicó un comunicado en el cual tomó distancia de los asesores jurídicos del Reino Unido.
Cualquier apariencia de que se trabaja con extranjeros pudiera afectar no solamente el caso de Lai, sino también la reputación de sus abogados, aseguró Doreen Weisenhaus, experta en leyes de medios de Northwestern University y quien anteriormente enseñó en la Universidad de Hong Kong.
“Ellos tienen que valorar el posible perjuicio que pudieran sufrir en el futuro, que ellos mismos puedan convertirse en objetivos, conforme representan firmemente a Jimmy Lai”, agregó Weisenhaus.
El CPJ intentó comunicarse con Robertsons, el estudio jurídico de Hong Kong que representa a Lai, mediante el portal de Internet del bufete, pero no recibió respuesta.
Las medidas dirigidas a aislar e intimidar a los abogados que asesoran a Lai son parte de la amplia campaña acometida por el Gobierno chino en la última década y que incluye la ofensiva represiva del año 2015 contra 300 abogados y representantes de la sociedad civil. “De muchas maneras, China institucionalizó las campañas masivas contra los periodistas, los activistas y, ahora, los abogados”, precisó Weisenhaus.
Defender a los periodistas que dan cobertura informativa a las protestas
En Irán, otra nación donde el Poder Judicial funciona en gran medida al servicio del Gobierno, los abogados que representan a los periodistas han sido objeto de represalias con motivo de las protestas que estallaron en todo el país en 2022 a raíz de la muerte de Mahsa Amini, una joven de 22 años que había sido detenida por agentes de la policía religiosa. En esas protestas resultaron arrestados miles de manifestantes y decenas de periodistas, entre ellos Niloofar Hamedi y Elahe Mohammadi, quienes estuvieron entre los primeros en difundir la noticia del ingreso de Amini a un hospital. Las dos reporteras están acusadas de espiar al servicio de Estados Unidos y permanecen detenidas mientras aguardan el veredicto de sus juicios, celebrados a puerta cerrada.
El abogado de Hamedi y Mohammadi, Mohammed Ali Kamfiroozi, quien también representaba a defensores de derechos humanos, recibió advertencias para que dejara de continuar con su trabajo: llamadas telefónicas de números no registrados, amenazas por correo, ominosos mensajes dirigidos a su familia y una carta oficial de las autoridades en la cual le ordenaban parar su trabajo, según fuentes del CPJ en el interior de Irán. Sin embargo, Kamfiroozi continuó su trabajo, publicando periódicamente mensajes sobre los procesos judiciales de sus clientes en la plataforma X, hasta que él mismo resultó arrestado el 15 de diciembre de 2022 cuando hacía averiguaciones sobre un cliente en un juzgado.
La última publicación de Kamfiroozi en X antes de su arresto lamentaba el estado del Poder Judicial iraní: “Semejante menosprecio por normas jurídicas explícitas y obvias es deplorable”.
Kamfiroozi fue liberado de la cárcel de Fashafouyeh luego de permanecer detenido 25 días y no se ha reincorporado a su trabajo como abogado, según fuentes del CPJ en el interior de Irán. Un nuevo equipo de abogados ha asumido el caso de las periodistas, pero desde entonces la ofensiva contra el gremio jurídico ha proseguido, y el Poder Judicial está citando a los abogados para que firmen un formulario que dice que no pueden divulgar públicamente información sobre clientes que enfrenten denuncias por violar la seguridad nacional, una acusación común contra los periodistas. Los abogados que no firmen el formulario pueden perder la licencia para ejercer la profesión y pueden ser arrestados a discreción de los jueces locales.
En Bielorrusia el Gobierno también ha amordazado a los abogados a raíz de las protestas que sacudieron el país en 2020. Luego de las manifestaciones generalizadas que estallaron a continuación de las disputadas elecciones presidenciales de agosto de 2020, en las cuales decenas de periodistas fueron arrestados, los abogados bielorrusos fueron obligados a firmar acuerdos de confidencialidad que les impiden hablar públicamente sobre muchos procesos penales. Como mínimo, 56 abogados que representaban a defensores de derechos humanos o a líderes opositores perdieron la licencia para ejercer la abogacía en los dos años siguientes a las protestas, y algunos fueron encarcelados, según la Iniciativa de Derechos Humanos del Colegio Internacional de Abogados (International Bar Association, IBA), el Colegio de Abogados de Estados Unidos, y la organización Lawyers for Lawyers.
El abogado bielorruso Siarhej Zikratski, entre cuyos clientes se encontraban el ya desaparecido medio noticioso independiente Tut.by, la encarcelada periodista de Belsat TV Katsiaryna Andreyeva, y la directora de Programas del Club de la Prensa de Bielorrusia Alla Sharko, tuvo que someterse a un examen de recertificación que finalmente tuvo como resultado que las autoridades le revocaron la licencia. Zikratski huyó del país en mayo del 2021, luego de perder la licencia de abogacía y ante la presión sostenida del Gobierno contra sus colegas.
En los meses siguientes a la partida de Zikratski, Tut.by fue prohibido en Bielorrusia y Andreyeva, quien ya estaba a punto de concluir una condena de dos años de cárcel, fue sentenciada a otros ocho años de cárcel como resultado de otro proceso penal en represalia contra ella. (Sharko fue liberada en agosto de 2021 tras haber cumplido ocho meses de cárcel).
“Me robaron mi amada profesión y mi negocio”, escribió Zikratski en una publicación de Facebook en la cual anunciaba que partía al exilio en Vilnius, Lituania. “Continuaré haciendo todo lo que pueda para cambiar la situación en Bielorrusia. Lamentablemente, no puedo hacerlo desde Minsk”.
Los abogados en el exilio pueden perder su medio de subsistencia
Si bien el exilio no es un camino poco común para escapar del hostigamiento gubernamental, tiene un costo: los abogados no pueden continuar su labor en sus países de origen.
“Casi todo el hostigamiento contra los abogados de derechos humanos y de medios, inclusive los abogados penalistas que representan a periodistas y a otros defensores de derechos humanos [ocurre] dentro del país”, declaró Anderson, la directora adjunta del Colegio de Abogados de Estados Unidos. “Con frecuencia cada vez mayor, esto está obligando a los abogados a marchar al exilio, donde enfrentan desafíos mayúsculos para seguir ejerciendo la abogacía o participar en campañas de defensa de los derechos de los medios”.
Ese fue precisamente el caso del abogado de derechos humanos etíope Tadele Gebremedhin, quien sufrió un intenso hostigamiento por parte de las autoridades cuando comenzó a defender a periodistas que daban cobertura al conflicto civil en la región de Tigray, el cual estalló en noviembre de 2020.
Gebremedhin representó a los periodistas independientes Amir Aman Kiyaro y Thomas Engida; a los periodistas de Ethio Forum Abebe Bayu y Yayesew Shimelis; al director gerente del medio digital Awramba Times, Dawit Kebede; y al menos a una decena de otros periodistas, entre ellos los del ya desaparecido medio digital independiente Awlo Media Center, cuyos procesos judiciales estaban relacionados con la cobertura informativa del conflicto en Tigray.
De acuerdo con Gebremedhin, el hostigamiento comenzó en mayo de 2021 con amenazas veladas de funcionarios del Gobierno y llamadas anónimas en las cuales le decían que no representara a periodistas, porque los trabajadores de los medios eran terroristas. El abogado dice que tenía fuertes motivos para sospechar que lo vigilaban en la calle y en la Internet, y su cuenta bancaria resultó bloqueada. En noviembre de 2021, fue detenido por las autoridades y fue liberado luego de permanecer encarcelado durante 66 días, sin que en ningún momento se presentara una acusación formal contra él.
“Ese fue mi pago por trabajar con los periodistas”, aseguró Gebremedhin.
Poco después de ser liberado, el abogado huyó a Estados Unidos, y ahora trabaja de investigador en el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Minnesota. Apenas unos pocos de los muchos periodistas que defendió siguen ejerciendo la profesión. Si bien no están presos, el daño que se le causó a la sociedad civil es duradero, señaló Gebremedhin.
Algunos abogados han sido arrestados junto con periodistas
En ocasiones, los abogados son arrestados junto con los periodistas a quienes representan. En la antesala de las elecciones presidenciales de mayo de 2023 en Turquía, el abogado Resul Temur fue detenido en la provincia de Diyarbakır por sus presuntos vínculos con el Partido de los Trabajadores de Kurdistán, que el Gobierno turco considera una organización terrorista, junto con varios periodistas kurdos que también eran clientes suyos.
Las autoridades le quitaron el teléfono de trabajo, la computadora y todos sus aparatos electrónicos, inclusive la tableta de su hija de nueve años, y todos los archivos impresos de casos que tenía en la oficina, según Temur. Luego fue puesto en libertad en espera de la investigación, y teme que pronto lo acusen formalmente.
“Los abogados como yo que no se dejan disuadir por el acoso judicial seguirán siendo objetivos de las autoridades turcas”, aseveró Temur.
En Egipto, donde numerosos defensores de derechos humanos han sido encarcelados, Mohamed el-Baker, abogado del conocido bloguero y activista Alaa Abdelfattah, fue arrestado cuando acompañaba a Abdelfattah al interrogatorio policial en septiembre de 2019. Las autoridades los acusaron formalmente a ambos de difundir información falsa y apoyar a la proscrita organización Hermandad Musulmana.
Luego de cumplir casi cuatro años de su condena y en medio de la creciente presión internacional, el-Baker recibió un indulto presidencial en julio. Sin embargo, no está claro si el abogado podrá volver a trabajar. Muchos de sus clientes, Abdelfattah entre ellos, permanecen encarcelados.
La represalia lleva a la censura
El daño ocasionado en Egipto, Turquía, Guatemala y otros países, es enorme. Cuando los abogados de los periodistas temen represalias tanto como los periodistas, se crea un clima de censura que atenta contra la capacidad de la ciudadanía de informarse sobre lo que acontece en sus respectivos países.
“Cuando un periodista no tiene acceso a un abogado, queda aislado”, señaló Weisenhaus, la experta en leyes de medios de Northwestern University. “Creo que seguirá habiendo valientes periodistas que continuarán escribiendo sobre lo que consideran injusticias en su país y en su sociedad, pero esas cifras podrían disminuir si constantemente los enjuician y los condenan”.
Dánae Vílchez, Özgür Öğret y el personal del Programa del Medio Oriente y África del Norte del CPJ colaboraron en las investigaciones de este artículo.
Katherine Jacobsen es la coordinadora del Programa de Estados Unidos y Canadá del CPJ. Antes de incorporarse al CPJ en 2017 en calidad de editora de noticias, Jacobsen trabajó para la agencia Associated Press en Moscú y como periodista freelance en Ucrania. Sus artículos han sido publicados en medios como Businessweek, U.S. News and World Report, Foreign Policy y Al-Jazeera.