Por el Programa de Latinoamérica y el Caribe del CPJ
Dumesky Kersaint nunca vacilaba cuando le tocaba investigar la violencia en el suburbio de la capital haitiana, Port-au-Prince, donde vivía. En la mañana del 16 de abril, el periodista radial salió antes del amanecer para cubrir un tiroteo que se había registrado en la noche anterior cerca de su hogar en Carrefour-Feuilles, un vecindario controlado por las pandillas, pero nunca regresó.
Varias horas después de salir, el cuerpo sin vida de Kersaint fue hallado en la calle con una bala en la frente, tumbado junto a otro cadáver que se cree pertenecía a una víctima del propio tiroteo que Kersaint había ido a investigar.
Kersaint, de 31 años y padre de una bebé, trabajaba para Radio-Télé INUREP, un medio digital perteneciente a una universidad local. “Él vivía y respiraba periodismo, era toda su vida. Por eso lo contratamos”, declaró Fabien Iliophène, rector de la universidad INUREP, en entrevista concedida al CPJ.
Es muy posible que los asesinos de Kersaint nunca tengan que rendir cuentas ante la Justicia. Haití está inmerso en una profunda crisis, y su economía ha quedado devastada por los desastres naturales y la violencia desatada por las pandillas. El asesinato del presidente Jovenel Moïse, en julio de 2021, frustró toda esperanza que quedaba sobre la llegada al país de una nueva era democrática más de tres décadas después de la rebelión popular que puso fin a la dictadura de la familia Duvalier en 1986. El asesinato de Moïse dejó un vacío político que permitió que las pandillas se apoderaran de grande parte de la capital y obligó a los periodistas a trabajar en lo que para algunos abogados y expertos es un clima de casi absoluta anarquía. El resultado es un gremio periodístico que trata de informar a pesar de todas las adversidades, pero que con frecuencia se autocensura por el miedo.
En total, cerca de 3,000 personas murieron asesinadas y más de mil fueron secuestradas en los primeros nueve meses de 2023, según las Naciones Unidas. Los funcionarios de los organismos del orden público creen que en el país existen unas 200 pandillas, que a veces atentan contra los periodistas o los amenazan por lo que informan.
Kersaint es uno de, como mínimo, cinco periodistas haitianos que han sido asesinados en represalia directa por su labor desde el asesinato de Moïse. De acuerdo con el Índice de Impunidad Global de 2023 del CPJ, estos asesinatos sin resolver, sumados a un sexto asesinato, ocurrido en 2019, han hecho que Haití tenga el peor historial, solamente superado por Siria y Somalia, en lo referente a la impartición de justicia por los crímenes contra periodistas que se han registrado en los últimos 10 años.
El director de Noticias de Radio-Télé INUREP, Jacques-Antoine Bazile, declaró al CPJ que cree que Kersaint murió en represalia por su labor. Según testigos citados por la universidad, Kersaint fotografiaba la escena del crimen cuando un individuo no identificado se le acercó y le ordenó borrar las fotos.
“Fue un crimen deliberado y planeado”, aseguró Bazile. “Es posible que él haya querido filmar la escena del crimen y que, cuando no quiso entregar la cámara para que borraran toda huella del crimen, lo hayan ejecutado”.
La Oficina de las Naciones Unidas en Haití (BINUH) declaró en un reciente informe que la impunidad sigue siendo generalizada en Haití, ya que el sistema judicial está asediado por la corrupción, la interferencia política y las huelgas, lo que trae como consecuencia que pocas personas rindan cuentas ante la Justicia por los actos de violencia. Sin ninguna institución a la que acudir, algunos haitianos han tomado la justicia por sus propias manos y han formado un movimiento conocido como Bwa Kale, o “madera pelada”, para castigar a presuntos pandilleros.
“Nunca había visto una situación tan mala como la de ahora”, declaró al CPJ el experto independiente de las Naciones Unidas sobre Haití, William O’Neill, a su regreso de una misión de investigación de 10 días que visitó el país en junio.
La Policía Nacional de Haití carece del financiamiento y de los recursos para enfrentarse a las pandillas, y se calcula que apenas 10,000 agentes están activos en un país con más de 11 millones de habitantes. En un esfuerzo desesperado por restablecer la seguridad, el 2 de octubre el Consejo de Seguridad de la ONU votó a favor de enviar un contingente armado multinacional a Haití por un año, aunque se desconoce con cuánta rapidez pueda desplegar sus efectivos.
Este verano en el hemisferio norte, las pandillas ampliaron el control territorial hacia vecindarios residenciales como Carrefour-Feuilles, donde miles de vecinos se vieron obligados a huir, en algunos casos luego de que les prendieran fuego a sus hogares. El CPJ ha documentado los casos de varios periodistas que huyeron de la zona; de ellos, al menos dos afirmaron que les habían quemado la vivienda.
La violencia provocada por las pandillas también se ha extendido a otras partes del país. En julio, el propietario y el personal de Radio Antarctique, con sede en Liancourt, en la central región de Artibonite, se vieron obligados a huir a raíz del ataque perpetrado por un grupo de pandilleros, quienes incendiaron los estudios cuando intentaron quemar la localidad. La Policía había escapado del pueblo semanas antes y fue hace poco que regresaron, según el director y fundador de Radio Antarctique, Roderson Elias, quien agregó que la radioemisora no ha reanudado sus emisiones y que las pandillas siguen controlando el pueblo.
“Estamos abandonados a nuestra suerte, impotentes frente a las pandillas”, afirmó Elias, quien desde entonces ha salido del país. “Un día me gustaría regresar, pero ahora mismo no podemos contar con que las autoridades locales nos protejan”, añadió.
Además de los cinco periodistas que murieron asesinados por su labor desde el asesinato del presidente Moïse, el CPJ ha documentado otros cuatro casos de periodistas que murieron en el mismo período. (En uno de los cuatro casos, confirmamos que la muerte del periodista estaba vinculada con su trabajo; en los demás, el CPJ sigue tratando de confirmar si los periodistas murieron por causa de su actividad informativa).
Uno de los casos, el disparo fatal de la policía al fotoperiodista Romelson Vilcin, en octubre de 2022, mientras cubría una protesta, provocó una inusual investigación por parte del Inspector General de la Policía, que impuso al agente implicado una sanción de tres meses sin sueldo, según el Inspector General de la Policía Nacional, Fritz Saint Fort. El dijo al CPJ que el organismo recomendó que los agentes de policía recibieran formación para ser “más profesionales y respetuosos” en su trato con los ciudadanos.
Vilcin murió pocos días después del ataque sufrido por otro periodista, Roberson Alphonse, editor de noticias del diario más antiguo del país, Le Nouvelliste, y quien también se desempeña en la emisora Magik9 y en el canal de televisión Télé 20.
Alphonse sobrevivió un ataque que el diario Miami Herald describió como “aparente atentado”. El comunicador social se dirigía en auto camino al trabajo por el vecindario Delmas 40B, temprano en la mañana del 25 de octubre, cuando su vehículo fue impactado por varios disparos. Él recibió un tiro en el pecho, estómago y ambos brazos, y estuvo ingresado ocho días en el hospital. Según el periodista, cuando estaba en el hospital investigadores policiales lo interrogaron sobre el ataque, pero después no escuchó más nada de las autoridades.
Alphonse ya ha abandonado el país. “Tengo que regresar, pero no sé cuándo habrá seguridad. No puedo permitir que nadie silencie mi voz”, aseguró.
Numerosos periodistas han sido secuestrados en los últimos meses. El CPJ conversó con varios que fueron liberados, y señalaron que no tenían conocimiento de que la Policía estuviera realizando alguna investigación sobre los incidentes.
Las garantías legales para el ejercicio del periodismo en Haití nunca han sido sólidas, pero los comunicadores sociales haitianos dicen que jamás habían vivido una situación tan desalentadora.
“El sistema de justicia haitiano históricamente ha sido ineficaz”, según Widlore Mérancourt, editor jefe del medio digital AyiboPost. Él destacó otros incidentes de gran repercusión que implicaban a periodistas, como el asesinato aún sin resolver de Jean Dominique, en 2000, o la desaparición de Vladjimir Legagneur, en 2018. “Sin embargo, el sistema ahora enfrenta una crisis abrumadora”, afirmó, al tiempo que añadió que el asesinato de Moïse había llevado al país al borde del colapso total, y el sistema judicial no escapa a ello.
“El Parlamento no sesiona, las pandillas han asumido el control de tribunales enteros, los jueces han huido del país temiendo por su vida, y los procesos judiciales son irregulares … lo cual se traduce en más casos de prisión preventiva, la falta de investigaciones exhaustivas y casi que una impunidad absoluta para aquéllos que atacan o matan a miembros del gremio periodístico”, declaró Mérancourt, quien también informa desde Haití para el Washington Post.
En el caso de Kersaint, varias fuentes declararon al CPJ que probablemente había sido asesinado por sus intentos por documentar una reciente ola de crímenes en Carrefour-Feuilles, un vecindario con una posición estratégica que es objeto de intensas disputas entre pandillas rivales y la Policía.
Familiares de Kersaint expresaron al CPJ que no habían presentado ninguna denuncia penal y que las autoridades no se habían comunicado con ellos después de que fueron a la morgue a recoger su cadáver. Agregaron que no tenían conocimiento de que alguna investigación oficial se estuviera llevando a cabo.
La universidad también dijo que no estaba al tanto de ninguna investigación oficial sobre el asesinato de Kersaint. “Tristemente, las condiciones de seguridad que prevalecen en Carrefour no favorecen que se adelante una investigación”, señaló Iliophène.
Radio-Télé INUREP recientemente cambió el nombre de su estudio para honrar a su periodista caído, y colocó una placa en su nombre, precisó Iliophène. La universidad, que cuenta con unos 5,000 estudiantes, también tiene previsto entregar anualmente el “Premio Dumesky Kersaint” por la excelencia periodística.
Nota del editor: Este artículo ha sido actualizado con la respuesta del Inspector General de la policía en el párrafo 16.