Ciudad de México, 16 de marzo de 2022 – Las autoridades mexicanas deben realizar una investigación pronta y confiable sobre el asesinato del periodista Armando Linares López y garantizar la protección de sus compañeros, declaró este miércoles el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).
El martes 15 de marzo, sujetos no identificados mataron a disparos a Linares, cofundador y director del medio digital Monitor Michoacán, en su vivienda, situada en la ciudad de Zitácuaro, en el central estado de Michoacán, según informaciones de prensa.
Según esas informaciones, que citaban fuentes policiales anónimas, el periodista recibió por lo menos ocho disparos y falleció antes de que pudieran trasladarlo a un hospital.
La Fiscalía General del Estado de Michoacán confirmó el homicidio por mensaje de Twitter, y señaló que había abierto una investigación con apego a sus protocolos sobre atentados contra la libertad de expresión.
“Las palabras no pueden describir el impacto del brutal asesinato de Armando Linares, que incrementa el pasmoso récord de asesinatos de periodistas en México en 2022”, declaró Jan-Albert Hootsen, representante del CPJ en México. “En vista de la alarmante frecuencia con que están matando a periodistas en México, las autoridades mexicanas no tienen otra opción que reconocer la desenfrenada impunidad y violencia que alimenta estos ataques”.
Para obtener una declaración, el CPJ se comunicó en reiteradas ocasiones con Nicolás Maldonado, coordinador de fiscalías regionales de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, por aplicación de mensajería, pero no recibió ninguna respuesta.
Linares había fundado Monitor Michoacán hace varios años y ejercía de su director y principal redactor. Los artículos del medio se publicaban en su sitio web y en su página de Facebook, donde tenía unos 100.000 seguidores, Linares declaró al CPJ en una entrevista telefónica realizada el pasado 31 de enero.
A finales de 2021, el medio digital publicó varios artículos en los que denunciaba al exalcalde de Zitácuaro Carlos Herrera y al exgobernador de Michoacán Silvano Aureoles por presuntos actos de corrupción, malversación y tráfico de influencias. El CPJ no logró encontrar los datos de contacto de Herrera y de Aureoles para solicitar sus versiones.
Monitor Michoacán también publicó artículos en los que acusaba de corrupción y extorsión a las fuerzas de seguridad pública de Zitácuaro, y denunciaba que agentes de la Policía Municipal de Zitácuaro cambiaban los datos sobre personas arrestadas por posesión de drogas.
El CPJ llamó a la Policía Municipal de Zitácuaro para obtener una declaración, pero nadie respondió las llamadas.
Monitor Michoacán también informó que personas anónimas habían acusado a Linares de tener vínculos con el Cartel Jalisco Nueva Generación, un grupo criminal que, según versiones periodísticas, ha sido responsable de una serie de asesinatos y balaceras en la zona de Zitácuaro. Cuando Linares conversó con el CPJ en enero, rechazó tener vínculos de algún tipo con este grupo criminal.
Linares es el segundo periodista de Monitor Michoacán que muere en 2022. El 31 de enero, sujetos desconocidos asesinaron a disparos a Roberto Toledo, de 55 años, quien era camarógrafo y editor de video, así como ocasional redactor del medio digital.
El día de la muerte de Toledo, Linares publicó una breve declaración en video en la página de Facebook del medio, en la cual afirmaba que él y Monitor Michoacán habían recibido amenazas de muerte por sus denuncias periodísticas sobre presuntos actos de corrupción de las autoridades municipales y estatales. Linares no ofreció mas detalles sobre las amenazas.
En tres llamadas telefónicas con el CPJ en los días siguientes a la muerte de Toledo, Linares reiteró que había recibido amenazas de muerte por su labor informativa, pero no aportó más detalles sobre las amenazas, argumentando motivos de seguridad.
Linares había confirmado al CPJ que estaba en contacto con el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, institución que depende de la Secretaría de Gobernación federal y que otorga medidas de seguridad a periodistas amenazados.
Un funcionario del mecanismo declaró al CPJ que ya se habían comenzado los trámites para inscribir a Linares en un programa de protección federal, pero no ofreció más información sobre las medidas de protección que se habían planificado para su caso. El funcionario solicitó el anonimato, pues dijo carecer de autorización para hablar sobre el asunto.
Linares es el séptimo periodista mexicano que muere en menos de tres meses, según datos del CPJ. El CPJ investiga seis de esos casos, entre ellos el de Linares, para determinar si el móvil del crimen fue el trabajo periodístico de la víctima. El CPJ ha confirmado que el periodista Heber López Vásquez fue asesinado por su trabajo el pasado febrero.