Nueva York, 23 de diciembre de 2021 — El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) saludó hoy la reciente sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que declara al Estado ecuatoriano responsable por violar el derecho a la libertad de expresión en una querella por injuria presentada en 2011 contra el diario El Universo de Guayaquil.
“La sentencia de la Corte Interamericana en el caso El Universo ofrece un muy dilatado reconocimiento internacional a uno de los ejemplos más flagrantes del uso de las disposiciones penales sobre la difamación por las autoridades para hostigar a la prensa durante el mandato de Rafael Correa”, declaró Natalie Southwick, coordinadora del Programa de Latinoamérica y el Caribe del CPJ. “La sentencia no deja ninguna duda de que ya es hora de que el Estado ecuatoriano derogue sus anticuadas y peligrosas disposiciones penales sobre la difamación”.
La querella, presentada por el entonces presidente Correa, fue interpuesta contra el periodista de El Universo Emilio Palacio Urrutia y tres directivos del periódico, a raíz de la publicación de una columna de Palacio en la cual se refería a Correa como “dictador” y lo acusaba de autorizar a efectivos militares a disparar contra un hospital durante un levantamiento policial en septiembre de 2010, una acusación rechazada por Correa.
En julio de 2011, un tribunal ecuatoriano condenó a los acusados a una pena de tres años de cárcel y al pago de una multa de 40 millones de dólares estadounidenses, y en 2012 la Corte Nacional de Justicia (CNJ), el máximo tribunal de justicia ecuatoriano, ratificó el fallo condenatorio. A raíz de este fallo de la CNJ, Correa anunció que perdonaba a los cuatro acusados. Palacio ya había huido a Estados Unidos, donde las autoridades le otorgaron asilo en agosto de 2012, según versiones periodísticas.
En sentencia notificada 21 de diciembre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos anunció que en noviembre había declarado al Estado ecuatoriano responsable por violar los derechos de los acusados, inclusive el derecho a la libertad de expresión, y que había ordenado dejar sin efecto las sentencias de los tribunales ecuatorianos. El Estado ecuatoriano ya ha reconocido parcialmente su responsabilidad internacional por no garantizar esos derechos, según la sentencia de la Corte Interamericana.