Miami, 30 de noviembre de 2021 — Las autoridades argentinas deben investigar exhaustivamente el reciente ataque contra la sede del conglomerado de medios Grupo Clarín y enjuiciar a los responsables, declaró hoy el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).
Cerca de las 11 p. m. del 22 de noviembre, un grupo de sujetos lanzó varios artefactos incendiarios contra la sede bonaerense del Grupo Clarín —el mayor conglomerado mediático de Argentina—, que contiene las instalaciones del diario Clarín, según versiones noticiosas y declaraciones de Martín Etchevers, vocero del Grupo Clarín, quien conversó con el CPJ por aplicación de mensajería.
De acuerdo con las imágenes captadas por cámaras de vigilancia, unas nueve personas participaron en el ataque. Luego de lanzar los cocteles molotov, los atacantes huyeron en motocicletas, según Etchevers y las versiones noticiosas citadas. Las bombas incendiarias provocaron varios incendios pequeños, que se consumieron o fueron sofocados por los bomberos que llegaron al lugar, señaló Etchevers, quien agregó que nadie había resultado lesionado en el ataque y que las bombas incendiarias no habían causado daños significativos al edificio.
El 26 de noviembre, la Policía detuvo a un sospechoso, Martín Michell Gallarreta, un ciudadano uruguayo residente en Buenos Aires, de acuerdo con versiones periodísticas, que precisaron que las autoridades lo habían identificado luego de procesar las imágenes captadas por las cámaras de seguridad con tecnología de reconocimiento facial.
“El violento ataque contra el Grupo Clarín es muy alarmante. Es esencial que las autoridades expresen de forma inequívoca que se debe respetar y proteger a los medios de prensa”, declaró Natalie Southwick, coordinadora del Programa de Latinoamérica y el Caribe del CPJ, desde Nueva York. “Las autoridades argentinas deben garantizar que las personas que participaron en este ataque rindan cuentas ante la Justicia”.
La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 11 y el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 9 investigan el ataque como acto de “intimidación pública”, según Clarín.
El delito de intimidación pública criminal con el uso de explosivos se sanciona con penas de hasta 10 años de privación de libertad, según el Código Penal argentino.
Gallarreta continúa detenido al día de hoy, mientras que los demás atacantes andan sueltos, según versiones de prensa, que indican que Gallarreta se había negado a declarar en el juzgado.
Según el artículo de Clarín, Gallarreta es un simpatizante de La Cámpora, una organización juvenil política fundada en 2006 por Máximo Kirchner, hijo de los expresidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. La organización apoya al Gobierno del actual mandatario argentino, Alberto Fernández.
El presidente Alberto Fernández y La Cámpora publicaron sendos comunicados en los que repudiaban el ataque.
“Está claro que [el ataque] es un mensaje contra el trabajo que se hace en los medios, un mensaje de intolerancia hacia el trabajo periodistico, y de irrespeto a la libertad de expresión”, Etchevers declaró al CPJ.
El CPJ llamó a la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 11 para obtener una declaración, pero el funcionario que respondió al teléfono expresó que no podían proporcionar ninguna información sobre una investigación en curso.