Ciudad de Guatemala, 16 de noviembre de 2021 – La Asamblea Legislativa de El Salvador debe rechazar un proyecto de ley que obligaría a los medios informativos y periodistas que reciban fondos o pagos del extranjero a registrarse como “agentes extranjeros”, declaró hoy el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).
La ley, presentada por el presidente salvadoreño Nayib Bukele ante la Asamblea Legislativa el 9 de noviembre, dispone que las personas y organizaciones que reciban fondos del extranjero se registren como “agentes extranjeros” ante el Ministerio de Gobernación, según un artículo del portal de noticias salvadoreño El Faro. Las reglas se aplicarían a una amplia gama de organizaciones y personas, entre ellas medios informativos y periodistas individuales, de acuerdo con el citado artículo y una copia del proyecto de ley que El Faro compartió por Twitter.
Aunque no se ha fijado un cronograma para su trámite, se espera que se someta a votación en la Asamblea Legislativa, donde el partido de Bukele, Nuevas Ideas, goza de mayoría, según un artículo de la agencia de prensa EFE.
“Al calificar a periodistas y medios informativos de agentes extranjeros, el presidente Bukele toma medidas cada vez más agresivas para limitar los espacios de los medios críticos e independientes en El Salvador”, declaró Natalie Southwick, coordinadora del Programa de Latinoamérica y el Caribe del CPJ, desde Nueva York. “La Asamblea Legislativa salvadoreña debe rechazar esta desacertada ley y permitir que la prensa trabaje libremente, en lugar de castigar a los periodistas investigativos por ejercer su labor”.
El diputado Christian Guevara, jefe de la bancada del oficialista Nuevas Ideas en la Asamblea Legislativa, declaró que la propuesta de ley se propone acabar con los “jugosos salarios” recibidos por periodistas investigativos salvadoreños que trabajan para medios que reciben fondos de organizaciones extranjeras, según una nota del sitio noticioso salvadoreño El Mundo.
En Twitter, el presidente Bukele se refirió reiteradamente a la ley salvadoreña como “copia” de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros de Estados Unidos y declaró que los críticos de la ley que la comparan con la restrictiva Ley de Registro de Agentes Extranjeros de Nicaragua, adoptada en 2020, están en contra de la “rendición de cuentas”.
Conforme el análisis que el CPJ realizó de la propuesta de ley, los sujetos obligados que se nieguen a registrarse pudieran enfrentar acciones legales, que el proyecto de ley define ambiguamente y que contempla “impedir la realización de sus actividades”. Además, las organizaciones que se registren en el Registro de Agentes Extranjeros deberán pagar un impuesto del 40 % por cada transacción que sea proveniente de fondos del mandante extranjero.
Por otro lado, el proyecto de ley estipula que se prohíbe a los sujetos obligados “transmitir o hacer que se transmitan en El Salvador correos electrónicos o por cualquier medio o instrumento de comercio interno o extranjero cualquier material informativo físico, electrónico o digital para o en interés de un mandante extranjero sin colocar en dichos materiales informativos la etiqueta que dicho material se transmite en nombre de dicho extranjero”.
Según Ruth López, abogada de Cristosal, organización de derechos humanos salvadoreña, la ley se propone controlar los intentos de los medios de prensa y otras organizaciones de promover la rendición de cuentas y la lucha anticorrupción, y estigmatizará a las personas que reciban fondos internacionales para sus proyectos.
“[La ley] utiliza palabras que no están definidas en nuestro marco legal … y esto da apertura a cualquier interpretación que ellos [el Gobierno] quieran darle”, López declaró al CPJ por vía telefónica.
El CPJ envió un correo electrónico a la Presidencia salvadoreña para obtener una declaración, pero no recibió respuesta. El CPJ también se comunicó con el diputado Willy Ventura, portavoz de la bancada de Nuevas Ideas, por una aplicación de mensajería. Aunque en un inicio Ventura declaró que tramitaría la solicitud de declaración, posteriormente dejó de responder a los mensajes del CPJ.
Desde que el presidente Bukele tomó el poder en 2019, el CPJ ha documentado el empleo por parte de Bukele de un discurso hostil contra los medios independientes y los críticos de su gestión, así como otros intentos de hostigar a tales medios.