Miami, 19 de octubre de 2021 – Las autoridades venezolanas deben poner fin a la investigación penal iniciada contra el periodista Roberto Deniz, cesar el hostigamiento del periodista y su familia y permitirle ejercer la profesión sin ser objeto de intimidación, declaró hoy el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).
El 14 de octubre, un tribunal penal de la capital, Caracas, dictó una orden de aprehensión contra Deniz, editor del medio digital de periodismo investigativo Armando.Info y actualmente exiliado en Colombia, según su abogada, Ana Bejarano, quien conversó con el CPJ por aplicación de mensajería y compartió una copia de la orden judicial con el CPJ. La orden declara que Deniz tiene abierta una causa en virtud de la Ley Constitucional contra el Odio por el delito de “instigación al odio”, sancionado con una pena de hasta 20 años de cárcel. La orden no explicaba en qué consistía la presunta conducta delictiva del periodista.
El 15 de octubre, agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de Venezuela allanaron la casa de los padres de Deniz en Caracas, según versiones de prensa y declaraciones de Joseph Poliszuk, editor de Armando.Info que conversó con el CPJ por aplicación de mensajería.
Según las fuentes citadas, el hermano, la cuñada y las dos sobrinas del periodista se encontraban en la vivienda al momento del allanamiento, que duró varias horas durante las cuales los agentes registraron la vivienda sin confiscar nada. Después, las autoridades se llevaron al hermano de Deniz a la sede del CICPC, lo interrogaron y lo liberaron sin cargos, según versiones noticiosas.
“Que no quede duda alguna de que el allanamiento de la casa del periodista exiliado Roberto Deniz, la orden de arresto contra él y otros ejemplos de hostigamiento son una represalia directa por sus investigaciones sobre la corrupción en las más altas esferas del Gobierno venezolano”, declaró Natalie Southwick, coordinadora del Programa de Latinoamérica y el Caribe del CPJ. “Las autoridades venezolanas deben poner fin al hostigamiento contra Deniz y su familia, y permitirle a él y a sus compañeros de Armando.Info continuar su importante y delicada labor sin ser objeto de acoso”.
El día del allanamiento, Deniz publicó un tuit en el cual afirmaba que la orden de arresto era en respuesta por cubrir periodísticamente durante años “los negocios y la relación de Alex Saab y Nicolás Maduro”.
Saab, a quien versiones de prensa describen como el intermediario financiero del presidente venezolano Maduro, había querellado a Deniz por el delito de difamación por los reportajes escritos por él y otros periodistas de Armando.Info en 2017 que implicaban a Saab en presuntos actos de corrupción vinculados al programa estatal de distribución de alimentos de Venezuela, tal como el CPJ lo documentó. A raíz de la querella, Deniz y otros tres editores de Armando.Info —Poliszuk, Ewald Scharfenberg y Alfredo Meza— abandonaron el país en 2018.
El 14 de octubre de 2021, declaró Bejarano, el mismo tribunal solicitó en oficio dirigido a la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) que dictara una “alerta roja” internacional contra Deniz, la cual solicita a las fuerzas del orden en todo el mundo “localizar y detener provisionalmente a una persona en espera de extradición, entrega o acción judicial similar”, según la INTERPOL. Bejarano compartió una copia del oficio del tribunal con el CPJ.
El CPJ se comunicó con la INTERPOL por medio de un formulario en su sitio web, para determinar si la organización había decidido emitir una notificación roja contra Deniz, quien al día de hoy no figuraba en la base de datos de personas buscadas de la organización.
El 16 de octubre, Saab fue extraditado de Cabo Verde —donde estaba detenido desde junio de 2020 a raíz de la circulación de una notificación roja de la INTERPOL— a Estados Unidos para responder a un proceso penal por lavado de dinero, según versiones noticiosas y el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Los abogados de Saab sostienen que los cargos formulados contra él tienen una “motivación política”, según versiones de prensa.
La Ley Constitucional contra el Odio fue adoptada por la Asamblea Nacional Constituyente venezolana en noviembre de 2017. Como el CPJ lo documentó en la época, la ley no define términos básicos como qué constituye “odio”, y lo deja abierto a una amplia interpretación. La ley se ha empleado para tomar represalias contra periodistas, como el CPJ lo ha constatado.
El CPJ envió un correo electrónico al CICPC para obtener una declaración, pero no recibió respuesta. Las llamadas que el CPJ realizó al Tribunal Supremo de Justicia, la máxima instancia del Poder Judicial venezolano, no fueron contestadas.