Nueva York, 28 de octubre de 2021 – Las autoridades guatemaltecas deben cesar el hostigamiento de periodistas que dan cobertura a protestas y garantizar que la prensa independiente pueda dar cobertura a acontecimientos de interés nacional sin interferencias y en condiciones de seguridad, declaró hoy el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).
Desde el 22 de octubre, agentes policiales se han enfrentado a manifestantes en El Estor, en el oriental departamento costero de Izabal. Los manifestantes protestan en contra de las actividades de una planta procesadora de níquel local, según versiones noticiosas.
Los agentes policiales han allanado las instalaciones de por lo menos un medio informativo y las viviendas de por lo menos dos periodistas a raíz de esas protestas, y han hostigado a periodistas que han dado cobertura a las manifestaciones, según versiones noticiosas y las declaraciones de periodistas que conversaron con el CPJ.
“La Policía guatemalteca debe demostrar que tiene la capacidad y la voluntad de distinguir a manifestantes de periodistas, y debe cesar el hostigamiento de periodistas por dar cobertura a las manifestaciones en El Estor”, declaró Natalie Southwick, coordinadora del Programa de Latinoamérica y el Caribe del CPJ. “Las autoridades deben reconocer que los periodistas tienen el derecho de cubrir las manifestaciones y deben garantizar que lo puedan hacer en condiciones de seguridad, en lugar de tratarlos como delincuentes sencillamente por ejercer su profesión”.
En un video del 22 de octubre publicado en Twitter por el medio digital independiente Prensa Comunitaria, se puede observar a agentes policiales que les ordenan a periodistas que no los graben y les piden que abandonen el lugar. En otro video grabado el mismo día, Carlos Choc, reportero de Prensa Comunitaria, declaró que los agentes policiales lo habían empujado y le habían confiscado el teléfono y el micrófono cuando trataba de cubrir las manifestaciones.
Un reportero de Prensa Comunitaria que solicitó el anonimato para efectuar declaraciones al CPJ, pues dijo temer represalias y estar preocupado por la seguridad del equipo periodístico en El Estor, declaró que la Policía ya le había devuelto el teléfono a Choc, pero no así el micrófono.
El 24 de octubre, agentes policiales allanaron la radioemisora Xyaab’ Tzuultaq’a, que también ha dado cobertura a las manifestaciones, según versiones noticiosas y una nota de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, una asociación de radios comunitarias. El director de Xyaab’ Tzuultaq’a, Robin Macloni, declaró al CPJ por aplicación de mensajería que la Policía había estado aproximadamente media hora en las instalaciones, había interrogado a un miembro del personal y luego se había ido sin confiscar nada.
El 26 de octubre, cerca de las 8 a. m., agentes policiales y funcionarios del Ministerio Público allanaron la vivienda de Juan Bautista Xol, reportero de Prensa Comunitaria, en El Estor, y intentaron asociarlo con las protestas, de acuerdo con una entrevista que el periodista ofreció al término del allanamiento, y de acuerdo con el testimonio del reportero de Prensa Comunitaria que conversó con el CPJ. El allanamiento se prolongó más de dos horas, durante las cuales Bautista no pudo salir del domicilio, según las fuentes citadas.
En la entrevista, Bautista expresó que no había participado en las protestas y que solamente las había cubierto en calidad de periodista. Si bien el reportero no enfrenta ninguna acusación penal, funcionarios del Ministerio Público le confiscaron el teléfono móvil, según esa entrevista y una nota de prensa de la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala.
El mismo 26 de octubre, agentes policiales allanaron la vivienda de Choc en su ausencia, según versiones noticiosas y Prensa Comunitaria. Las autoridades no realizaron ninguna detención ni confiscaron nada, según las fuentes citadas.
Jorge Aguilar, vocero de la Policía Nacional de Guatemala en El Estor, declaró que los allanamientos se realizaron “para localizar a personas vinculadas con ataques contra agentes policiales durante las manifestaciones”, pero que no se habían efectuado arrestos.
El CPJ ya ha documentado varios intentos de hostigar e intimidar a Choc, entre ellos un robo cometido en su vivienda en abril de 2020 y una causa penal contra él y otro periodista por documentar la muerte de un pescador durante una manifestación.
El CPJ envió un correo electrónico al Ministerio Público y a la Policía Nacional de Guatemala para obtener una declaración. El Ministerio de Gobernación, responsable de las actividades de la Policía, contestó con una respuesta automática que decía que un funcionario respondería dentro de un plazo de 10 días, mientras que el Ministerio Público no respondió.