Ciudad de Guatemala, 4 de junio de 2021 — Las autoridades guatemaltecas deben retirar los cargos formulados contra los periodistas Sonny Figueroa y Marvin del Cid, y garantizar que los exfuncionarios de Gobierno no abusen de las leyes nacionales para hostigar a los comunicadores sociales, declaró hoy el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).
El 21 de mayo, dos familiares de Miguel Martínez, exdirector de la Comisión Presidencial de Centro de Gobierno, organismo del Poder Ejecutivo guatemalteco, presentaron una querella contra del Cid y Figueroa, reporteros del portal de periodismo investigativo Vox Populi. En dicha querella los acusan de violar disposiciones legales relativas a la coacción y la violencia contra la mujer, según versiones periodísticas y el testimonio del periodista del Cid, quien habló con el CPJ en entrevista telefónica.
En la querella, María Luisa Morales Gatica y Claudia Ivonne Martínez Morales, madre y hermana del exfuncionario, respectivamente, afirman que han experimentado un trauma emocional y sicológico debido a los reportajes de Figueroa y del Cid, y que tales reportajes violaban la Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer. Las querellantes no especificaban qué artículos periodísticos habían causado esos presuntos perjuicios, según del Cid y un documento judicial con fecha 21 de mayo al cual tuvo acceso el CPJ.
Del Cid declaró al CPJ que la próxima comparecencia judicial está fijada para el 14 de julio. Si los periodistas son condenados por el delito de violencia contra la mujer en virtud de la Ley contra el Femicidio, podrían ser sancionados a una pena de cinco a 12 años de privación de libertad. Si los condenan por el delito de coacción, de conformidad con el Código Penal, podrían ser sancionados a una pena de seis meses a dos años de privación de libertad.
Del Cid expresó que considera que la querella está relacionada con los reportajes de Vox Populi sobre el Gobierno guatemalteco y, en específico, Miguel Martínez. En febrero de 2021, los periodistas publicaron un artículo donde examinaban las finanzas de Martínez y la reciente compra de una vivienda.
“Las autoridades guatemaltecas deben retirar los cargos contra los periodistas Marvin del Cid y Sonny Figueroa y permitirles trabajar libremente, y deben impedir que los funcionarios y sus allegados manipulen leyes que se supone protejan a la mujer”, declaró Natalie Southwick, coordinadora del Programa de Centroamérica y Sudamérica del CPJ, desde Nueva York. “La Ley contra el Femicidio se creó como respuesta al elevado índice de violencia de género en Guatemala, no para proteger de la crítica a personas poderosas, ni para ofrecerles otro instrumento más para censurar a la prensa”.
El 21 de mayo, la jueza Michelle Dardón dictó una orden de restricción que les prohíbe a los periodistas acercarse a las querellantes y a sus familiares, así como entrar a sus hogares y lugares de trabajo, según esa decisión judicial.
El CPJ envió un correo electrónico al Poder Judicial guatemalteco para obtener una declaración, pero no recibió respuesta. La organización tampoco pudo encontrar los datos de contacto de Miguel Martínez, su hermana y su madre.
El 31 de mayo, más de 60 organizaciones guatemaltecas emitieron un comunicado que condenaba el uso “malicioso” de la Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer en la querella contra los reporteros de Vox Populi, y lo denominaron “abuso del poder público”, según versiones noticiosas.
A finales de 2020, del Cid y Figueroa recibieron una amenazante carta que les advertía que pusieran fin a su trabajo, y el presidente Alejandro Giammattei criticó por su nombre a ambos periodistas, como el CPJ lo documentó en ese momento.
En 2013, la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti querelló al periodista José Rubén Zamora amparándose en la Ley contra el Femicidio. En 2018 Sandra Jovel, entonces ministra de Relaciones Exteriores de Guatemala, querelló a Zamora al tiempo que lo acusaba de violencia sicológica y discriminación en virtud de la Ley contra el Femicidio, conforme se informó en comunicados del CPJ y versiones noticiosas.