Miami, 17 de mayo de 2021 Top of Form— Las autoridades venezolanas deben garantizar que no se abuse de las demandas civiles por difamación para censurar a los medios de comunicación, y deben devolver de inmediato la sede del diario El Nacional a sus propietarios, declaró hoy el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).
Cerca de las 7 p. m. del 14 de mayo, efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, en ejecución de una orden dictada por un tribunal de Caracas, allanaron la sede del diario, en la zona de Los Cortijos, en Caracas, sacaron a todo el personal y tomaron el control del edificio, según una nota de El Nacional; declaraciones del abogado del periódico, Juan Garantón, recogidas en El Nacional; y un tuit del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, una organización local que aboga por la defensa de los trabajodres de la prensa.
El edificio fue embargado como pago parcial en una demanda civil por presunto daño moral que El Nacional había perdido en abril, según esas fuentes. Garantón declaró hoy al CPJ, por aplicación de mensajería, que desde el allanamiento no se ha permitido el ingreso de los empleados y representantes de El Nacional al edificio, pero han seguido publicando noticias en el sitio web del medio desde otros lugares.
“El embargo de la sede de El Nacional como pago parcial de una indemnización a Diosdado Cabello es el más reciente episodio de un arbitrario y prolongado proceso de hostigamiento y abuso judicial contra el diario por atreverse a informar sobre denuncias de corrupción”, declaró Natalie Southwick, coordinadora del Programa de Centroamérica y Sudamérica del CPJ, desde Nueva York. “Al ocupar la sede de uno de los medios venezolanos más influyentes, las autoridades venezolanas han demostrado que harán todo lo posible por suprimir a los medios independientes”.
El 16 de abril, el Tribunal Supremo de Justicia ordenó a El Nacional pagar el equivalente a más de 13 millones de dólares estadounidenses como indemnización a Diosdado Cabello, diputado y vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, como el CPJ lo documentó. Cabello había demandado al diario por reproducir en enero de 2015 una noticia publicada por el diario madrileño ABC.
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El Nacional, fundado en 1943, es un periódico independiente que ha sido crítico de la gestión del presidente Nicolás Maduro. El diario publicó su última edición impresa en diciembre de 2018, debido a restricciones gubernamentales sobre la adquisición de papel periódico, y ha seguido publicando una edición digital.
El CPJ envió un correo electrónico a Cabello para solicitarle una declaración, pero no recibió respuesta. Luego del allanamiento, Cabello publicó un tuit en el cual informaba que “se ha iniciado el proceso de pago de la indemnización”, y añadía: “Nosotros venceremos!!”.
El CPJ llamó a la Guardia Nacional Bolivariana al número telefónico que aparece en su sitio web oficial, pero la persona que atendió la llamada dijo que no tenían información sobre el tema.