Miami, 11 de mayo de 2021 – El presidente ecuatoriano Lenín Moreno debe solicitar a la Asamblea Nacional ecuatoriana que modifique un proyecto de ley de reciente aprobación, para garantizar que no amenace la libertad de prensa, o debe vetar el proyecto de ley, declaró hoy el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).
El 6 de mayo, la Asamblea Nacional aprobó la “Ley para Prevenir y Combatir la Violencia Sexual Digital y Fortalecer la Lucha contra los Delitos Informáticos”, que contiene varios artículos que amenazan la capacidad de los periodistas de cubrir las noticias sin temor a las sanciones penales, según el texto del proyecto de ley, que el CPJ estudió, un tuit de la Asamblea Nacional que anunciaba la aprobación del proyecto de ley, y un comunicado de Fundamedios, organización defensora de la libertad de prensa con sede en Quito.
Ayer, la Asamblea Nacional ratificó la aprobación del proyecto, que se convertirá en ley si es firmado por el presidente Moreno. El proyecto fue aprobado por abrumadora votación en la asamblea, y el CPJ no logró encontrar ningún pronunciamiento público de Moreno sobre el proyecto.
“La Ley de Violencia Digital recientemente aprobada por la Asamblea Nacional ecuatoriana supone una seria amenaza para los periodistas ecuatorianos, y el presidente Moreno debe negarse a ratificarla, a menos que se modifique con el propósito de garantizar la libertad de prensa”, declaró Natalie Southwick, coordinadora del Programa de Centroamérica y Sudamérica del CPJ, desde Nueva York. “El Código Penal ecuatoriano ya cuenta con varios artículos que se han utilizado para imponer sanciones penales a periodistas por ejercer su trabajo; es hora de derogar tales disposiciones, no de imponer nuevas”.
El proyecto de ley amplía el Artículo 179 del Código Penal, relativo a la “revelación de secreto o información personal de terceros”, pues introduce sanciones penales por revelar o divulgar “contenido digital, mensajes, correos, imágenes, audios o vídeos o cualquier otro contenido personal (…) de una persona sin su consentimiento, en virtud de que ha querido mantener esta información en secreto”. La sanción prevista en este artículo es una pena privativa de libertad de uno a tres años.
El proyecto de ley también amplía el Artículo 396, relativo a la difamación, pues agrega que este delito se puede cometer a través de cualquiera de las “tecnologías de la información y comunicación”, y se estipula una sanción privativa de libertad de hasta 30 dias.
En un inicio el proyecto de ley se presentó como un instrumento para proteger a las víctimas de la violencia sexual y el acoso en el ámbito digital, pero la versión definitiva del texto aprobado por la Asamblea Nacional “implica graves vulneraciones a libertades y derechos en el espacio digital”, resaltó el comunicado de Fundamedios.
“Vemos que esto profundiza los problemas que ya tenía el Código Penal, y el proyecto utiliza términos ambiguos que se pueden interpretar arbitrariamente”, declaró el director de Fundamedios, César Ricaurte, al CPJ mediante aplicación de mensajería. “Podemos imaginar el desastroso impacto que endurecer estas reglas problemáticas del Código Penal puede tener sobre el trabajo de la prensa, [y] sobre el periodismo investigativo”.
El CPJ llamó a la Asamblea Nacional ecuatoriana para obtener una declaración, pero nadie respondió la llamada.
En noviembre de 2020, un tribunal ecuatoriano condenó al periodista Juan Sarmiento por el delito de difamación en virtud del Artículo 396 del Código Penal, y lo sancionó a una pena de 10 días de cárcel, como el CPJ lo documentó en la época.
En 2018, el CPJ publicó el informe El giro de 180 grados, que documenta cómo el Gobierno de Moreno se había desviado de la línea de su antecesor, Rafael Correa, quien había sido sumamente crítico de la prensa ecuatoriana y había aprobado una de las leyes de medios más restrictivas de la región.
“Esto viene en contracorriente. Justo cuando habíamos asumido que el país entraba por la senda de mayor respeto a las libertades, inclusive la libertad de expresión”, declaró Ricaurte al CPJ.