Miami, 18 de marzo de 2020 — Las autoridades cubanas deben devolver todos los equipos de trabajo que le confiscaron al periódico Páginas Villareñas, permitirle publicar con libertad y cesar el hostigamiento de su personal, declaró hoy el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).
En la noche del 14 de marzo, agentes de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y la policía política detuvieron a los reporteros Yoandy Cuéllar y Yunier Pérez en la sede del medio de prensa, en la provincia de Santa Clara, al centro de la isla, según un comunicado del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) y las declaraciones de su director general, Normando Hernández, quien conversó con el CPJ por aplicación de mensajería.
El ICLEP es una organización local defensora de la libertad de prensa que imprime y distribuye periódicos gratuitos en todo el país, entre ellos Páginas Villareñas, según el sitio web de la organización.
Los agentes trasladaron a ambos periodistas a la Quinta Unidad de la PNR de Santa Clara, donde los interrogaron sobre su trabajo, incluyendo cuánto les pagaban, según el citado comunicado y el testimonio de Hernández.
Posteriormente la Policía allanó la sede del periódico y confiscó dos impresoras, dos computadoras portátiles, cuatro teléfonos móviles, una tableta, cuatro memorias USB, papel y tinta, según un segundo comunicado del ICLEP. Ante la confiscación de sus equipos de trabajo, Páginas Villareñas se vio obligado a cesar sus actividades el 16 de marzo, según Hernández y versiones de prensa.
“Las autoridades cubanas deben devolver todos los equipos de trabajo que le confiscó al periódico Páginas Villareñas y cesar el acoso de su personal. El periódico debe poder reanudar sus actividades de inmediato y seguir brindando información, tan necesaria, al pueblo cubano”, declaró Ana Cristina Núñez, investigadora sénior del Programa de Centroamérica y Sudamérica del CPJ. “Confiscar tinta y papel a un medio de prensa comunitario es censura burda, y debe cesar inmediatamente”.
El 15 de marzo, la Policía detuvo e interrogó a, como mínimo, otros cuatro reporteros de Páginas Villareñas, de acuerdo con el segundo comunicado del ICLEP, que expresó que los agentes habían allanado sus viviendas y habían amenazado a los periodistas con penas de cárcel.
“Los reporteros fueron interrogados y aterrados por la policía política.. están encerrados en sus hogares y han renunciado a continuar trabajando”, declaró Hernández. Todos los periodistas que fueron detenidos e interrogados fueron liberados el mismo día, y la Policía les levantó un acta de advertencia por ejercer ilegalmente el periodismo, según los comunicados del ICLEP.
“Por ahora, nos vemos obligados a cerrar el medio … Desgraciadamente, no tenemos los recursos económicos para reponer lo que el régimen ha robado … Estamos dejando sin voz a toda una comunidad”, afirmó Hernández.
Desde el 24 de febrero, decenas de empleados del ICLEP no han podido conectarse a la Internet con sus teléfonos móviles, como lo ha documentado el CPJ. Hernández expresó que aún no se habían resuelto los problemas de conectividad de la organización.
El CPJ envió un correo electrónico a la PNR y al Ministerio del Interior para obtener una declaración, pero no recibió respuesta.