Nueva York, 16 de marzo de 2021 – El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) instó hoy al Estado colombiano a regresar a la audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre el caso de la periodista colombiana Jineth Bedoya y a cumplir sus obligaciones de garantizar la justicia en casos de violencia contra periodistas.
Ayer los representantes del Estado colombiano se retiraron de la primera jornada de una audiencia pública virtual que se realiza para determinar la responsabilidad del Estado en el secuestro, la violación y la tortura de la periodista Jineth Bedoya en 2000, según informaciones de prensa y un comunicado de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), organización con sede en Bogotá. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el caso ante la Corte IDH en mayo de 2019, pues había determinado que el Estado colombiano había incumplido con las recomendaciones que la CIDH había emitido en enero de ese año, según versiones periodísticas. El equipo jurídico del Gobierno colombiano se retiró después de solicitar la recusación de cinco de los seis magistrados que conocen el caso y alegar la presunta falta de imparcialidad y “falta de objetividad” en las preguntas que le hicieron a Bedoya. La Corte IDH anunció en un comunicado de prensa que suspendería la realización de la audiencia de hoy, y no ha fijado la fecha de las restantes dos jornadas de audiencias.
“La decisión del Estado colombiano de, en la práctica, marcharse de la audiencia de la Corte Interamericana evidencia el menosprecio de las autoridades hacia la violencia que se ocasionó a Jineth Bedoya, y es una bofetada en el rostro de todos los periodistas colombianos que luchan contra la impunidad y en particular de las mujeres periodistas”, declaró Natalie Southwick, coordinadora del Programa de Centroamérica y Sudamérica del CPJ. “Si el Gobierno colombiano no puede aceptar la responsabilidad en el caso de Bedoya, ¿qué esperanza tienen los demás periodistas de obtener justicia? En vez de involucrarse en peleas por cuestiones de procedimiento, el Gobierno colombiano debería aprovechar la oportunidad para dar el ejemplo a escala regional y regresar al proceso de inmediato”.
El 25 de mayo de 2000, Bedoya fue secuestrada afuera de una cárcel de Bogotá donde se encontraba para entrevistarse con un paramilitar, y fue trasladada a otra ciudad, donde fue golpeada y violada, según las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación. Desde entonces, la Justicia colombiana ha dictado penas de prisión contra tres de los agresores de Bedoya, como lo ha documentado el CPJ, pero las autoridades no han identificado ni enjuiciado a otras personas de más alto rango presuntamente involucradas en los hechos delictivos.