Bogotá, 13 de enero de 2020 – Las autoridades colombianas deben realizar una investigación transparente y exhaustiva sobre denuncias de que el Ejército ilegalmente espió a periodistas, y deben garantizar el enjuiciamiento de los responsables, declaró hoy el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).
El 11 de enero, el semanario noticioso colombiano Semana publicó un reportaje titulado “Chuzadas sin cuartel: la persecución a Semana”, que afirmaba que el Ejército, sin haber obtenido ninguna orden judicial legal, había vigilado a los periodistas de la revista y sus fuentes durante 2019, en represalia por sus investigaciones sobre presuntas irregularidades por parte de oficiales del Ejército.
El reportaje, basado en documentos confidenciales obtenidos por Semana y en entrevistas con fuentes militares, denuncia que agentes de inteligencia y contrainteligencia del Ejército vigilaron ilegalmente la sede de Semana, en Bogotá, por medios que incluyeron el estacionamiento de un auto cerca de la sede, el cual estaba dotado de equipos para interceptar llamadas telefónicas y mensajes de texto. También denuncia que los agentes siguieron a periodistas, entre ellos al director de la revista Alejandro Santos, cuando realizaban entrevistas.
La investigación cita a una fuente anónima que afirmó que un coronel del Ejército le había ofrecido más de USD 15.000 para introducir malware en las computadoras de periodistas de Semana, y también pone de ejemplo cómo un oficial del Ejército envió una lápida funeraria a un periodista de Semana para amenazarlo.
“Como si los periodistas en Colombia ya no enfrentaran suficientes peligros por parte de otros grupos armados, está claro que el Ejército representa una grave amenaza a los periodistas y sus fuentes”, declaró Natalie Southwick, coordinadora del Programa de Centroamérica y Sudamérica del CPJ, desde Nueva York. “Las autoridades colombianas deben investigar exhaustivamente el presunto operativo de espionaje ilegal del Ejército y garantizar que los responsables se sometan al peso de la justicia”.
En otro reportaje publicado el 11 de enero, citando fuentes militares y documentos filtrados, Semana denunció que la vigilancia formaba parte de una amplia operación que vigilaba a periodistas, políticos y magistrados de la Corte Suprema, con el propósito de proteger a oficiales del Ejército de investigaciones judiciales y periodísticas sobre presuntos homicidios, actos de espionaje y corrupción, y demás actos ilegales.
El presidente Iván Duque declaró que había ordenado una investigación sobre las denuncias, afirmó que había “cero tolerancia” con cualquier conducta que atentara contra la ley, y dio a entender que unas pocas “manzanas podridas” en las fuerzas militares eran responsables, según informaciones de prensa.
Por correo electrónico, el CPJ solicitó una declaración al Ministerio de Defensa colombiano, pero no recibió respuesta. En comunicado divulgado el 11 de enero, el ministerio afirmó que había solicitado el inicio inmediato de una investigación y que ésta tendría su total apoyo.
De acuerdo con el reportaje de Semana, la creciente preocupación dentro del Gobierno sobre el espionaje había motivado a Duque a sustituir al comandante del Ejército, Nicasio Martínez, el 27 de diciembre; en ese momento, Martínez declaró que renunciaba por razones personales.
En 2009, Semana publicó un reportaje que reveló que el Departamento de Seguridad Administrativa, el organismo de investigación nacional, que posteriormente fue disuelto, había espiado a políticos, defensores de los derechos humanos, magistrados y periodistas.