Bogotá, 8 de noviembre de 2019—Las autoridades colombianas deben investigar prontamente el ataque contra un periodista del norte de Colombia y garantizar su seguridad, declaró hoy el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).
David Torres, fundador y reportero de El Original, un sitio noticioso con una edición impresa de frecuencia mensual, declaró al CPJ que había decidido ocultarse después de que unos sujetos le quemaron la lancha y el motor de ésta el 6 de noviembre. Según Torres, unos amigos le habían advertido que se rumoraba que desconocidos intentarían incendiar la lancha, después de que Torres informara sobre presuntos actos de corrupción política en Simití y las cercanas localidades de San Pablo y Cantagallo en los días previos a las elecciones municipales del 27 de octubre.
“Las autoridades colombianas deben investigar exhaustivamente el incendio intencional que destruyó un bien perteneciente a David Torres, enjuiciar a los responsables, y garantizar la seguridad del periodista”, declaró Natalie Southwick, coordinadora del Programa de Centroamérica y Sudamérica del CPJ, desde Nueva York. “Quemar una lancha que le permite a un periodista dar cobertura a las noticias y difundirlas en comunidades apartadas es una forma extrema y alarmante de censura”.
Torres afirmó que, luego de escuchar las advertencias, había ocultado la lancha por varios días, pero la había traído de vuelta a Simití tras las elecciones y la había dejado en su patio, donde fue incendiada posteriormente.
El periodista explicó que él utilizaba la lancha con motor fuera de borda de 40 caballos de fuerza, valorada en USD 10.000, para hacer coberturas periodísticas desde su hogar en la localidad de Simití hasta comunidades situadas a lo largo del río Magdalena, donde hay pocos caminos, y para repartir ejemplares de su periódico.
Torres afirmó que había huido temporalmente de Simití por motivos de seguridad. La Fundación para la Libertad de Prensa, con sede en Bogotá, instó a la Unidad Nacional de Protección, una entidad del Gobierno colombiano, a evaluar el riesgo de Torres e implementar las medidas necesarias para garantizar su seguridad.