Miami, 26 de noviembre de 2019 – Las autoridades chilenas deben realizar una investigación pronta y exhaustiva de la muerte de la periodista Albertina Martínez Burgos, determinar si su muerte estuvo relacionada con su trabajo, y enjuiciar a los responsables, declaró hoy el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).
Martínez era una fotógrafa freelance y trabajadora de medios. El 21 de noviembre, la mamá del novio de Martínez halló el cadáver de Martínez en el apartamento de ésta en Santiago, la capital, según informaciones de prensa. Cuando el novio no pudo comunicarse con ella, le pidió a su mamá que revisara si Martínez estaba bien, según versiones periodísticas.
El cadáver de Martínez presentaba indicios de que había sido apuñaleada y golpeada, y todos sus materiales y equipos fotográficos habían desaparecido de la vivienda, según esas versiones.
Según informaciones iniciales, Martínez había documentado las protestas antigubernamentales que se han desarrollado en Chile desde el 6 de octubre, y había grabado imágenes en las que la Policía chilena abusaba de manifestantes. Sin embargo, un grupo de amigos de Martínez divulgó ayer un comunicado, citado por el periódico local La Nación, en el cual decían que ella no había cubierto las protestas ni había participado en calidad de manifestante.
“Las autoridades chilenas deben investigar exhaustivamente la muerte de Albertina Martínez Burgos para determinar si está vinculada con su trabajo informativo y hacer todo lo posible por recuperar sus equipos y materiales”, declaró Natalie Southwick, coordinadora del Programa de Centroamérica y Sudamérica del CPJ, desde Nueva York. “Los fotoperiodistas, en particular los freelance como Martínez, con frecuencia están en la primera línea y enfrentan algunos de los mayores riesgos al informar sobre el descontento social”.
Martínez también se desempeñaba como asistente de iluminación del canal televisivo local Megavisión, de acuerdo con informaciones de prensa.
En entrevista con el sitio noticioso 24horas, la fiscal asignada al caso, Deborah Quintana, declaró que el hecho se estaba tratando como un asesinato, y que las autoridades realizaban una autopsia, entrevistaban a testigos y revisaban imágenes de las cámaras de seguridad del edificio de Martínez.
El CPJ llamó en repetidas ocasiones a la Fiscalía de la Región Metropolitana Centro Norte, que está encargada del caso, pero nadie respondió las llamadas.