Miami, 3 de octubre de 2019 —Las autoridades hondureñas deben investigar inmediatamente el ataque de que fue objeto la periodista Sandra Maribel Sánchez y garantizar la seguridad de la prensa en el país, declaró hoy el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).
El 26 de septiembre, cerca de las 5:30 p. m., un sujeto no identificado se acercó a Sánchez, periodista y presentadora de la emisora local Radio Progreso, cuando ella salía de su auto en Tegucigalpa y le apuntó una pistola a la cabeza y le exigió que volviera a entrar al vehículo, declaró Sánchez en conferencia de prensa transmitida por Radio Progreso. En ese momento, otro auto se acercó, lo que motivó al sujeto a huir en una motocicleta, expresó la periodista.
Sánchez declaró al CPJ por vía telefónica que no ha querido denunciar el incidente ante las autoridades ni presentar una denuncia ante la Fiscalía, porque sus denuncias previas no han sido resueltas. “El sistema de justicia en el país está en un estado deplorable”, agregó.
“Las autoridades hondureñas deben actuar con celeridad para investigar el ataque contra Sandra Maribel Sánchez, enjuiciar a los responsables y comprometerse a garantizar la seguridad de los periodistas que reciben amenazas”, declaró Natalie Southwick, coordinadora del programa de Centroamérica y Sudamérica del CPJ, desde Nueva York. “Es un duro cuestionamiento a las autoridades hondureñas que un periodista no se moleste en denunciar un ataque a la Policía porque piensa que no se hará nada”.
Sánchez cree que fue escogida como blanco por sus reportajes críticos sobre las Fuerzas Armadas hondureñas, la crisis de inseguridad en Honduras y sus denuncias de actos de corrupción gubernamental. En 2018, Sánchez recibió amenazas de muerte por vía telefónica debido a sus reportajes sobre unas reformas gubernamentales, según informaciones de prensa.
De acuerdo con la periodista, un agente que representaba al mecanismo nacional de protección de periodistas y defensores de derechos humanos se comunicó con ella tras el incidente del 26 de septiembre, pero ella declinó incorporarse al mecanismo debido a que se niega a proporcionarle al Gobierno datos personales para una evaluación del riesgo y a que en general desconfía de las instituciones oficiales hondureñas.
“No creo en el mecanismo. La experiencia que tenemos en este país es que el mecanismo no es efectivo”, Sánchez declaró al CPJ. “Se supone que les reveles todo a ellos, en un país donde no existe el Estado de derecho”.
El CPJ realizó varias llamadas a la Secretaría de Derechos Humanos de Honduras, que está encargada del mecanismo de protección, pero nadie respondió.
En 2011, el gerente de Radio Progreso Nery Geremías Orellana fue asesinado a tiros por sujetos desconocidos en Lempira, como lo informó el CPJ en la época. En 2000, el coordinador del Departamento de Prensa de Radio Progreso, Julio César Pineda, fue herido de gravedad en un atentado en la ciudad de El Progreso, según datos del CPJ. En la época, el CPJ tenía motivos para creer que a Pineda lo habían atacado por la cobertura informativa de Radio Progreso.