Bogotá, 17 de septiembre de 2019 – El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) condenó hoy la decisión del Tribunal Supremo Electoral boliviano de impedir la difusión de una encuesta de opinión pública, e instó a las autoridades a permitir que los periodistas puedan informar con libertad sobre las elecciones.
El 11 de septiembre, el tribunal divulgó un comunicado de prensa que declaraba que una encuesta encargada por la estatal Universidad Mayor de San Andrés había violado las regulaciones sobre financiación en virtud de la Ley Electoral de 2010 de Bolivia, y que por tanto no debía difundirse públicamente. La mencionada ley estipula que toda organización noticiosa que publique una encuesta que haya sido prohibida por el tribunal puede ser sancionada con multas basadas en las tarifas publicitarias de la organización, y se le puede prohibir la publicación de futuras encuestas.
Además, muchos medios de comunicación tienen miedo de enfrentar al tribunal, que controla el gasto estatal en publicidad electoral, una importante fuente de ingresos para muchas publicaciones, declaró al CPJ por vía telefónica Raúl Peñaranda, director del sitio noticioso Brújula Digital.
La encuesta mostraba que el presidente Evo Morales estaba en una reñida contienda electoral en la antesala de las elecciones presidenciales de octubre, con solamente el 31.1 % de la intención de voto, lo cual activaría una segunda vuelta, según informaciones de prensa.
“Si Bolivia desea estar a la altura de su declarado respeto por la libertad de prensa, debe reformar sus leyes electorales para permitir que las organizaciones noticiosas puedan informar libremente sobre todos los resultados de las encuestas”, declaró Natalie Southwick, coordinadora del Programa de Centroamérica y Sudamérica del CPJ, desde Nueva York. “Si las autoridades bolivianas desean dar señales de que las elecciones del 20 de octubre son imparciales y democráticas, impedir la publicación de una encuesta que muestra que el presidente Morales enfrenta una reñida contienda transmite exactamente el mensaje opuesto”.
En su comunicado, el tribunal declaró que la encuesta se había realizado con financiamiento internacional, lo cual, expresó, estaba prohibido de conformidad con las regulaciones electorales bolivianas. Sin embargo, el tribunal ha permitido la publicación de otras encuestas que habían sido patrocinadas por organizaciones internacionales y que habían indicado que Morales gozaba de mayor ventaja, según informaciones de prensa.
Casi todos los medios bolivianos han declinado publicar la encuesta por temor a ser sancionados con multas y a ser objeto de acoso judicial, Peñaranda expresó al CPJ. Peñaranda explicó que Brújula Digital no ha enfrentado ninguna consecuencia tras publicar la encuesta el 11 de septiembre, lo cual atribuyó al hecho de que Brújula Digital está registrada como una organización no gubernamental y por tanto está sujeta a distintas regulaciones.
En una carta enviada al tribunal, la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia declaró que la decisión violaba el derecho ciudadano a ser informado. El sitio web Tu Voto Cuenta, dirigido por la Universidad Mayor de San Andrés y los patrocinadores de la encuesta, dejó de mostrar sus informaciones y simplemente despliega la palabra “censurado”.
En 2017, el Tribunal Constitucional de Bolivia anuló los límites a las reelecciones presidenciales, ignorando el resultado de un referendo de 2016 que se había opuesto a semejante medida, y permitió que Morales se postulara a su cuarto mandato, según versiones periodísticas. En los últimos meses, Morales, quien resultó elegido por primera vez en 2005, ha enfrentado un creciente escrutinio por la lenta respuesta de su Gobierno ante incendios forestales que han destruido más de un millón de hectáreas de bosques y sabanas en el oriente de Bolivia, de acuerdo con informaciones de prensa.
Según investigaciones del CPJ, la mayoría de los medios impresos y audiovisuales privados bolivianos apoyan al Gobierno de Morales, y los periodistas que critican al Gobierno son objeto de acoso por parte de las autoridades.
El CPJ llamó al Tribunal Supremo Electoral para obtener una declaración, pero la llamada no fue atendida.