Ciudad de México, 31 de enero de 2019–Las autoridades mexicanas deben iniciar inmediatamente una investigación seria y exhaustiva sobre el ataque ocurrido el 29 de enero contra el periodista Martín Valtierra García y deben garantizar su seguridad, declaró hoy el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés). Dos sujetos desconocidos golpearon a Valtierra frente a su vivienda, situada en Comondú, en el norteño estado mexicano de Baja California Sur, el periodista declaró al CPJ.
Se trata del segundo ataque violento contra un periodista de Baja California Sur en una semana. El periodista Rafael Murúa Manríquez, de Radiokoshana FM, fue asesinado y su cadáver fue encontrado el 22 de enero, cerca de la localidad de Santa Rosalía, según informaciones recabadas por el CPJ.
“Por sí solo, el cobarde ataque contra Martín Valtierra es perturbador, pero resulta aun más alarmante si se considera que acontece luego del asesinato de otro periodista de Baja California Sur”, declaró Jan-Albert Hootsen, representante del CPJ en México. “En un contexto de creciente violencia, las autoridades estatales deben actuar con celeridad y tomar las medidas apropiadas para garantizar que los periodistas puedan ejercer la profesión sin temer ataques”.
Valtierra es director y fundador del sitio noticioso Contrastes de Comundú, que cubre las noticias de Baja California Sur.
En un video que varias fuentes noticiosas subieron a los medios sociales y que proviene de una cámara de seguridad cercana, se puede observar cómo el periodista sale de su auto para abrir la puerta de entrada de su vivienda cuando dos sujetos salen de otro auto. Los sujetos se acercan rápidamente a Valtierra y lo atacan con bates de béisbol, luego se suben a su auto y huyen del lugar. Valtierra confirmó al CPJ la autenticidad del video.
“No pude verles el rostro y no dijeron nada. Escuché un ruido, me di la vuelta y ya ellos estaban encima de mí”, declaró Valtierra ayer en entrevista telefónica con el CPJ. El periodista agregó que había sufrido una herida en la cabeza y que se había fracturado el brazo derecho al tratar de protegerse de los golpes.
Valtierra declaró al CPJ que se había dirigido a un hospital luego del ataque y que había denunciado el delito ante las autoridades estatales cuando recibía tratamiento.
Valtierra señaló que, aunque no había recibido ninguna amenaza directa, en noviembre un colega le había advertido que su trabajo periodístico había incomodado a funcionarios del Gobierno municipal de Comondú. Según Valtierra, en ese momento él no denunció esta información.
El 8 de enero, Valtierra escribió una columna que criticaba al alcalde de Comondú, José Walter Valenzuela. De acuerdo con Valtierra, anteriormente él había acusado al Gobierno municipal de cometer actos de nepotismo y corrupción.
El Gobierno municipal de Comondú no respondió a las múltiples llamadas telefónicas del CPJ para que se ofreciera una declaración.
El 29 de enero, en una conversación por WhatsApp, Marina Valtierra (sin ningún parentesco con Martín), vocera de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Baja California Sur, declaró al CPJ que el organismo ya había tomado conocimiento del ataque, pero que de momento no podía suministrar más información. El gobernador del estado, Carlos Mendoza, condenó el ataque horas más tarde, el mismo día, en un mensaje de Twitter, en el cual confirmó que la PGJE había iniciado una investigación.
Un funcionario del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, organismo que está adscrito a la Secretaría de Gobernación federal y que les asigna medidas de protección a los periodistas, declaró al CPJ el 29 de enero que el organismo se había comunicado con Valtierra poco después del ataque. El funcionario confirmó que se procedía a incorporar al periodista a un esquema de protección, pero no pudo suministrar más detalles. El funcionario solicitó el anonimato, pues no contaba con autorización para hablar sobre el asunto.
Al momento del asesinato de Murúa el 22 de enero, el periodista gozaba de una orden de protección del mecanismo federal.
México es el país más peligroso del hemisferio occidental para el ejercicio del periodismo. En 2018, como mínimo, cuatro periodistas resultaron asesinados en México en represalia directa por su trabajo, según datos del CPJ. El CPJ también investiga el motivo de otros seis casos de periodistas asesinados en México en 2018.