Por Stephanie Sugars, asistente de investigación del Programa de Norteamérica del CPJ
Cuando agentes de la policía cubana escoltaron a Serafín Morán Santiago hasta un avión con destino a Guyana en 2016, le advirtieron al periodista que lo podrían encarcelar por 15 años si intentaba regresar. Las autoridades cubanas ya lo habían detenido y torturado por su trabajo periodístico. Por eso, luego de ser atacado en Guyana y amenazado en México, él no tuvo otra alternativa que buscar asilo en otro país, según Morán.
En abril, viajó hasta el sur de Texas donde, pese a aprobar una entrevista de “temor creíble” para demostrar que si lo deportaban estaría en grave riesgo, el Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (U.S. Immigration and Customs, ICE) ordenó su detención en un centro del ICE hasta que se aprobara su solicitud de asilo. “[El agente fronterizo] dijo que era para protegerme por [un] día, pero este día se convirtió en casi siete meses”, Morán declaró al CPJ.
Morán es parte de un grupo de, como mínimo, siete periodistas que han solicitado asilo en Estados Unidos y cuyos casos el CPJ ha documentado o apoyado en los últimos 18 meses. Todos ellos recibieron amenazas por su trabajo periodístico y huyeron de sus países de origen, y el ICE los ha detenido por un período prolongado. Si bien ninguno de estos casos, inclusive los de dos periodistas que siguen detenidos en centros del ICE, figura en la relación anual del CPJ sobre casos de periodistas encarcelados directamente por su trabajo, sus historias demuestran cómo los periodistas que se ven obligados a exiliarse pueden encontrar nuevos desafíos, entre ellos estar detenidos en un centro de inmigración de Estados Unidos.
Los periodistas, que estuvieron detenidos entre dos y siete meses, se encuentran entre los cientos de miles de personas afectadas por las políticas del presidente Trump respecto a los solicitantes de asilo y los inmigrantes. El impacto de tales políticas va más allá de la frontera estadounidense. Periodistas que no tienen la ciudadanía estadounidense habían declarado anteriormente al CPJ que temían ser señalados o arrestados debido a la utilización de perfiles raciales por parte de las autoridades. El CPJ conoce al menos un caso en que un periodista fue arrestado mientras cubría una protesta y luego fue entregado al ICE.
De acuerdo con una impugnación jurídica que es liderada por la American Civil Liberties Union (ACLU) y que se presentó contra la detención arbitraria de solicitantes de asilo por parte del Gobierno de Trump, la frecuencia de otorgamiento de libertad condicional ha descendido en los principales puertos de entrada a Estados Unidos, y personas que de otra manera hubieran sido liberadas mientras se revisaban sus solicitudes, esta vez han sido objeto de detención, en ocasiones por meses. El cambio está en consonancia con un memorando divulgado en febrero de 2017, en el cual el entonces director del Departamento de Seguridad Interna (Homeland Security), John Kelly, decía que la libertad condicional se debía otorgar “raramente”.
A uno de los periodistas –Emilio Gutiérrez Soto, quien huyó tras recibir amenazas en México–se le otorgó libertad condicional mientras se tramita su caso, y otro fue liberado luego de haber pagado una fianza de $10,000. Para la época en que Gutiérrez fue liberado de un centro de detención del ICE ubicado cerca de El Paso, en julio de 2018, ya él había sido detenido dos veces, en ambos casos por un plazo de siete meses.
“Creo que es terrible que un periodista legítimo venga de algún país donde lo estén persiguiendo por hacer su trabajo, y que nosotros lo persigamos más al detenerlo y maltratarlo con la esperanza de que desista”, declaró al CPJ Eduardo Beckett, abogado de inmigración que representa a Gutiérrez en su caso de asilo. “Estamos violando el espíritu de las leyes de inmigración y estamos violando el espíritu de lo que es la democracia”.
Sin embargo, la detención prolongada se está convirtiendo en la norma. “Luego de que Trump asumió la presidencia, hemos ido de algunas personas que recibían libertad condicional a prácticamente ninguna”, declaró Beckett al CPJ.
Citando la nueva directiva del Gobierno, un funcionario del ICE en El Paso declaró al CPJ en enero que a los solicitantes de asilo se les niega la libertad condicional salvo en las más excepcionales circunstancias. Antes de este Gobierno, a aproximadamente el 90 % de los solicitantes de asilo que aprobaban la entrevista de “temor creíble” se les otorgaba libertad condicional, según datos del ICE citados en la impugnación presentada por la ACLU. De febrero a septiembre de 2017 –los datos más recientes a disposición de la ACLU–, el 100 % de las solicitudes de libertad condicional efectuadas en El Paso fueron denegadas.
Ser detenido luego de huir de persecución en el país de origen contribuye al impacto psicológico.
“Las personas que han huido de persecución se encuentran particularmente en riesgo de sufrir estrés traumático y depresión”, declaró al CPJ Kennji Kizuka, investigador sénior y analista de política para la protección de los refugiados de la organización defensora Human Rights First. Un estudio publicado en 2003 por el Programa de Bellevue/NYU para los Sobrevivientes de Tortura y por Physicians for Human Rights constató “niveles extremadamente altos de síntomas de ansiedad, depresión y trastorno por estrés postraumático entre los solicitantes de asilo detenidos”, síntomas que “empeoraban mientras más tiempo estuvieran detenidas las personas”.
Carlos Spector, abogado que representó a Martín Méndez Pineda, un periodista mexicano que huyó luego de recibir amenazas por parte de la policía en el estado de Guerrero, afirmó que su cliente aceptó ser deportado luego de que le denegaran dos veces la libertad condicional. “No pudo soportarlo. Comenzó a pensar en el suicidio, se trastornó y sencillamente tenía que salir”, declaró Spector, quien añadió que aunque Méndez había aprobado la entrevista de “temor creíble”, el ICE lo consideraba un riesgo de fuga. El abogado también había representado a Gutiérrez en su primera solicitud de asilo, en 2008, durante la cual el ICE detuvo al periodista por siete meses para después otorgarle libertad condicional ante la indignación pública.
Spector declaró que piensa que el Gobierno de Trump emplea “la detención prolongada como instrumento de castigo y disuasión, y está funcionando”.
En respuesta a la impugnación por parte de la ACLU contra el Departamento de Seguridad Interna y el ICE, el Tribunal de Distrito Federal para el Distrito de Columbia falló en julio que el ICE no podía detener arbitrariamente a solicitantes de asilo que hubieran aprobado una entrevista de “temor creíble”, y que debía tomar decisiones individualizadas sobre las solicitudes de libertad condicional, de conformidad con una directiva del ICE de 2009.
Una vocera del ICE declaró al CPJ a finales de diciembre que el organismo trabaja de cerca con el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (U.S. Customs and Border Protection) respecto a las solicitudes de asilo. “El ICE toma las decisiones respecto a si las personas quedan detenidas a la espera de sus procedimientos de inmigración caso por caso, según las circunstancias de cada persona. Para tomar semejantes determinaciones, los funcionarios del ICE-ERO sopesan un conjunto de factores, entre ellos los antecedentes penales de la persona, el historial migratorio, los vínculos con la comunidad, el riesgo de fuga, y si la persona representa una amenaza potencial a la seguridad pública”, declaró la vocera.
Si bien la mayoría de los casos en que el CPJ ha colaborado involucran a periodistas que fueron detenidos al entrar a Estados Unidos, el periodista salvadoreño Manuel Durán fue detenido por el ICE después de que la policía de Memphis lo arrestó mientras cubría una protesta en abril de 2018. Durán, quien espera a que se conozca una apelación en su caso, es uno de, como mínimo, cuatro periodistas que fueron arrestados este año mientras cubrían protestas, según el Press Freedom Tracker.
El Southern Poverty Law Center (SPLC), una organización de defensores y abogados de los derechos civiles, argumentó en un escrito legal que la policía de Memphis había colaborado con el ICE para detener y deportar a Durán sobre la base de una orden de deportación pendiente que databa de 2007. El SPLC y Durán alegaron que su arresto y detención fueron en represalia por artículos críticos del periodista sobre denuncias de que la policía actuaba en coordinación con el ICE para detener a personas sospechosas de ser inmigrantes.
El director de la policía de Memphis, Michael Rallings, rechazó esa denuncia durante una conferencia de prensa ofrecida el 17 de abril.
De los demás periodistas, tras prolongadas esperas, solamente uno ha recibido asilo. El Servicio de Inmigración de Estados Unidos aprobó la solicitud de Morán después de que el periodista cumpliera casi siete meses en detención. “Fue trágico y amargo”, declaró Morán, “pero también me enseñó que, como ser humano, uno sobrevive relacionándose con otras personas”. Según Morán, aunque él desea poder estar con sus hijas y su anciana madre en Cuba, él se siente entusiasmado de poder regresar al periodismo televisivo y radial.