Periodistas, desde sauditas y afganos hasta estadounidenses, fueron blanco selectivo de asesinato en 2018 en represalia por su trabajo, lo cual llevó la cifra de periodistas caídos en el ejercicio de la profesión a su nivel más alto en tres años. La cifra de periodistas asesinados en conflictos cayó a su nivel más bajo desde 2011. Un informe especial del CPJ, elaborado por Elana Beiser
Publicado el 19 de diciembre de 2018
NUEVA YORK
La cifra de periodistas que fueron blanco selectivo de asesinato en represalia por su trabajo casi se duplicó en 2018 en comparación con 2017, lo cual elevó el conteo total de periodistas muertos en el ejercicio de la profesión. Afganistán, donde los extremistas han incrementado los ataques deliberados contra los periodistas, fue el país con la mayor cantidad de periodistas muertos y responsable de gran parte del incremento.
Como mínimo 53 periodistas fueron asesinados en todo el mundo entre el 1 de enero y el 14 de diciembre de 2018, de los cuales como mínimo 34 fueron blanco selectivo de asesinato. El CPJ da seguimiento a tres tipos de muerte de periodistas en el ejercicio de la profesión: asesinatos en represalia; muertes en combate o fuego cruzado (11 este año, la cifra más baja desde 2011); y las muertes en otras coberturas peligrosas, como por ejemplo la cobertura de protestas que se tornan violentas (ocho muertes este año). El total de este año ha aumentado en comparación con los 47 periodistas muertos en 2017, de los cuales 18 fueron asesinados. Un total de 50 fueron asesinados en 2016.
El reciente repunte en la cifra de asesinatos ocurre luego de dos años de descenso de esta cifra, pero sucede cuando el encarcelamiento de periodistas alcanza elevados niveles de manera sostenida, lo cual configura una profunda crisis global de la libertad de prensa. El contexto de esta crisis es diverso y complejo, y está estrechamente vinculado con cambios en la tecnología que han posibilitado que una mayor cantidad de personas ejerzan el periodismo, incluso mientras la tecnología ha vuelto prescindibles a los periodistas ante los ojos de grupos políticos y criminales que otrora necesitaban de los medios noticiosos para difundir su mensaje.
Otro factor significativo es la ausencia de liderazgo internacional en materia de los derechos y la seguridad de los periodistas. El ejemplo más ilustrativo es el descarado asesinato de Jamal Khashoggi, columnista del diario The Washington Post, en el consulado de Arabia Saudita en Estambul en octubre, a manos de agentes sauditas. Khashoggi, quien vivía en exilio autoimpuesto en Estados Unidos, había criticado duramente al príncipe heredero saudita Mohamed Bin Salman. El jefe de Estado más crítico en el caso Khashoggi ha sido el presidente turco Recep Tayyip Erdoğan, cuyo Gobierno en la práctica ha suprimido los medios independientes y por tercer año consecutivo ha encarcelado a una mayor cifra de periodistas que cualquier otro Gobierno del mundo.
La Casa Blanca, tradicionalmente una firme defensora de la libertad de prensa a escala mundial, ha sido ambigua respecto a la autoría del asesinato de Khashoggi pese a que, según el Washington Post, la CIA haya llegado a la conclusión de que solamente el príncipe heredero pudo haber ordenado semejante operativo. En lo que se anunció como la declaración definitiva del presidente Donald Trump sobre el caso Khashoggi, el 20 de noviembre Trump afirmó, en referencia al presunto papel del príncipe heredero: “Tal vez lo hizo y tal vez no”. Y agregó que, “de cualquier modo”, Estados Unidos “tiene la intención de continuar siendo un firme aliado de Arabia Saudita”, citando las compras de equipo militar por parte de los sauditas y la posición conjunta de ambos contra Irán. En esencia, Trump indicó que los países que hagan bastantes negocios con Estados Unidos tienen libertad para asesinar a periodistas sin enfrentar consecuencia alguna.
Khashoggi vivía en Virginia, uno de los dos estados estadounidenses que tienen frontera con Washington, D.C. El otro estado, Maryland, el 28 de junio fue escenario del ataque más violento contra los medios en la historia reciente de Estados Unidos. Un sujeto armado entró a la redacción del periódico Capital Gazette de la ciudad de Annapolis y mató a cuatro periodistas y a un responsable de ventas. El presunto asesino, Jarrod Ramos, había amenazado en numerosas ocasiones al periódico después de que una demanda por difamación que Ramos había presentado contra éste en 2012 fue desestimada. Ramos enfrenta cinco cargos de asesinato en primer grado y otros cargos, y su juicio se ha fijado para el 3 de junio de 2019, según Capital Gazette. Al día siguiente de la masacre, Trump declaró a la prensa: “Los periodistas, como todos los estadounidenses, deben ser libres del temor de ser blanco de la violencia cuando ejercen su profesión”. No obstante, a los pocos días Trump ya había reanudado sus habituales ataques contra la prensa, catalogando a los medios de propagadores de “noticias falsas” y llamando a los periodistas “enemigos de la sociedad” en las redes sociales y en actos políticos.
Trump lanzó sus ataques en momentos en que la Unión Europea (UE) se enfrenta a su propia crisis en materia de seguridad de los periodistas. Ján Kuciak, periodista de 27 años que investigaba la corrupción en Eslovaquia y que en febrero fue asesinado a tiros junto con su prometida, fue el segundo periodista asesinado por su trabajo en los países miembros de la UE; la periodista de Malta Daphne Caruana Galizia había sido asesinada al estallar una bomba colocada en su auto en octubre de 2017. (Viktoria Marinova, una periodista de Bulgaria, también país miembro de la UE, fue violada, golpeada y estrangulada el 6 de octubre de 2018. El Gobierno búlgaro ha declarado que el crimen no estuvo vinculado con el trabajo de Marinova, pero el CPJ sigue investigando el móvil). Las autoridades siguen sin resolver los asesinatos de Caruana Galizia y Kuciak, una situación de impunidad que, según datos del CPJ, inevitablemente perpetúa la violencia. Este ciclo de impunidad también se ilustra con los, por lo menos, cuatro asesinatos de periodistas ocurridos en México y los dos ocurridos en Brasil este año.
De hecho, el país con la mayor cantidad de periodistas asesinados en 2018, Afganistán, figura habitualmente en la edición anual del Índice Global de la Impunidad del CPJ, que identifica los países donde asesinan a periodistas y los asesinos continúan impunes. La cifra de 13 periodistas muertos en Afganistán en 2018 fue la cifra más elevada de cualquier año desde que el CPJ comenzó a llevar estadísticas al respecto, incluido el año 2001, cuando Estados Unidos atacó a Afganistán y nueve periodistas murieron.
En los últimos años, los extremistas han cometido atentados con bomba en Afganistán, y luego han detonado un segundo artefacto explosivo con el aparente objetivo explícito de asesinar a periodistas y al personal encargado de administrar los primeros auxilios. El 30 de abril de 2018, un doble atentado suicida semejante, reivindicado por el grupo extremista Estado Islámico, mató a nueve periodistas. En un ardid particularmente cínico, uno de los perpetradores se disfrazó de trabajador de los medios y detonó sus explosivos cuando un grupo de reporteros corría al escenario de la primera explosión. Una de las víctimas fue Abadullah Hananzai, de 26 años, reportero de Radio Azadi, el servicio afgano de Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), financiado por Estados Unidos. Recientemente Hananzai había informado sobre la adicción a las drogas y los intentos del Ministerio del Interior por combatir el tráfico de drogas desde Afganistán, y el periodista se preparaba para celebrar el primer aniversario de su boda, según RFE/RL. El último comentario público de Hananzai en Facebook fue un homenaje a un antiguo colega suyo que la semana anterior había sido muerto a tiros por sujetos armados no identificados.
Los periodistas siguen cayendo en el ejercicio de la profesión en otros países devastados por la guerra, como Siria y el Yemen, pero la cifra de periodistas muertos en combate o en el fuego cruzado cayó a su nivel más bajo desde 2011, debido a que el acceso de los periodistas a esas zonas se ha reducido o los riesgos se han vuelto intolerables, lo cual ha llevado a la autocensura, el exilio y a la renuncia a ejercer la profesión. En Siria, por lo menos nueve periodistas murieron tanto en 2017 como en 2018, comparado con la cifra récord de 31 en 2012. En el Yemen, tres periodistas murieron en 2018. En Iraq, por primera vez desde 2012, el CPJ no ha constatado que algún periodista haya muerto en el ejercicio de la profesión. También en la región del Medio Oriente, dos periodistas palestinos murieron por los disparos de soldados israelíes mientras cubrían protestas en la Franja de Gaza.
El CPJ investiga los asesinatos de otros 23 periodistas muertos en 2018, pero hasta ahora no ha podido confirmar que los periodistas murieron por su trabajo. Entre estos periodistas está otro caso estadounidense, el de Zachary Stoner, un videobloguero independiente asesinado a tiros en Chicago en junio.
Otros hallazgos del análisis del CPJ:
- Siete trabajadores de los medios fueron asesinados en 2018, de ellos dos en Afganistán y dos en el Yemen.
- Tres mujeres fueron asesinadas, en comparación con ocho el año pasado. Históricamente, las mujeres han representado aproximadamente el 7 % de los periodistas asesinados.
- Cinco periodistas extranjeros fueron asesinados en 2018: dos periodistas ecuatorianos fueron asesinados en Colombia (junto con el chofer) y tres periodistas rusos murieron en misteriosas circunstancias en la República Centroafricana.
- Los grupos políticos, lo cual incluye a grupos extremistas como el Estado Islámico, fueron los más frecuentes sospechosos de cometer los asesinatos, en 53% de los casos.
- La política fue el tema más peligroso: el 62% de los periodistas asesinados cubría la política.
- El trabajo más peligroso fue el de reportero de medios audiovisuales.
El CPJ comenzó a recopilar datos detallados sobre todas las muertes de periodistas en 1992. El personal del CPJ de manera independiente investiga y verifica las circunstancias de cada muerte. El CPJ considera que un caso está vinculado con el ejercicio de la profesión únicamente cuando su personal tiene certeza razonable de que un periodista fue muerto en represalia directa por su labor periodística; de que fue muerto en un incidente de fuego cruzado relacionado con el combate; o de que fue muerto cuando realizaba una cobertura peligrosa, como por ejemplo una protesta que se vuelve violenta.
Si los motivos de una muerte no están claros, pero existe la posibilidad de que un periodista haya muerto en relación con su labor periodística, el CPJ clasifica el caso como “pendiente de confirmación” y continúa las investigaciones.
La relación de casos del CPJ no incluye los casos de periodistas que murieron a causa de una enfermedad o en accidentes automovilísticos o aéreos, a menos que el accidente haya sido provocado por actos hostiles. Otras organizaciones de prensa que emplean un criterio diferente al del CPJ divulgan una cifra diferente de muertes.
La base de datos del CPJ sobre los periodistas muertos en 2018 comprende la ficha del caso de cada víctima y filtros para analizar tendencias a partir de los datos. El CPJ también lleva una base de datos con los casos de todos los periodistas muertos desde 1992 y los que han desaparecido o están encarcelados por su labor informativa.
Elana Beiser es directora editorial del CPJ. Anteriormente se desempeñó como editora de Dow Jones Newswires y del diario The Wall Street Journal en Nueva York, Londres, Bruselas, Singapur y Hong Kong.