Bogotá, 30 de mayo de 2018–Las autoridades nicaragüenses deben investigar un ataque contra una radioemisora progubernamental de Managua, la capital; deben enjuiciar a los autores; y deben garantizar que los periodistas que cubren la situación de inestabilidad del país puedan trabajar con seguridad, declaró hoy el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).
Unos civiles armados con cocteles Molotov y morteros de fabricación casera atacaron la radioemisora Tu Nueva Radio Ya el lunes e incendiaron la entrada de sus instalaciones, en medio de una continua ola de protestas contra el Gobierno del presidente Daniel Ortega, según informaciones de prensa.
Los bomberos extinguieron las llamas, las cuales provocaron extensos daños a la radioemisora. Unos 20 empleados se encontraban dentro de las instalaciones en ese momento, pero escaparon ilesos, según informaciones de prensa. El gerente de la radioemisora, Dennis Schwartz, declaró que los atacantes también habían robado equipos. “Estamos valorando todas las pérdidas”, declaró Schwartz a la prensa. “Se robaron consolas, computadoras, refrigerador, televisores. Son delincuentes”.
“Los periodistas nicaragüenses deben tener la libertad de cubrir las protestas actuales sin sufrir amenazas y acoso ni por parte del Gobierno ni por parte de los civiles”, declaró Carlos Martínez de la Serna, director de programa del CPJ, desde Nueva York. “La sociedad nicaragüense merece tener acceso a diversas fuentes noticiosas, y todos deben respetar el derecho de los periodistas a trabajar con libertad y seguridad, independientemente de sus tendencias políticas”.
El ataque ocurrió durante una jornada de violencia que comenzó cuando efectivos de la policía antimotines marcharon hacia manifestantes antigubernamentales que habían ocupado la Universidad Nacional de Ingeniería, en Managua. Dos personas, entre ellas un policía, murieron, y como mínimo 40 resultaron heridas, según informaciones de prensa.
La situación de inestabilidad de Nicaragua, que comenzó el 18 de abril, estalló ante la decisión del Gobierno de Ortega de reformar el sistema de Seguridad Social nacional mediante el aumento de los aportes personales y la reducción de los pagos a los jubilados. Ante el alza de la violencia, el Gobierno desechó el plan. Sin embargo, los manifestantes ahora exigen que Ortega, quien ha ocupado la presidencia durante los últimos 11 años y quien había dirigido un Gobierno de tendencia marxista en los años 80, abandone el cargo.
Los enfrentamientos entre manifestantes, policías y turbas progubernamentales han arrojado un saldo de 81 muertos y 868 heridos, según Amnistía Internacional. Además, las autoridades nicaragüenses han restringido el trabajo periodístico de medios independientes que han cubierto las protestas; han censurado transmisiones noticiosas; y han bloqueado las emisiones de canales de TV. Durante la cobertura de las protestas, numerosos periodistas han resultado heridos y uno ha muerto, según datos del CPJ.