Moisés Sánchez: Retrasos y errores obstaculizan la justicia
Mientras lo sacaban arrastrado de la casa y lo metían en un auto que esperaba, José Moisés Sánchez Cerezo les suplicaba a sus agresores: “Por favor, no le hagan daño a mi familia”. La esposa, quien en ese momento abrazaba a sus dos pequeños nietos, contemplaba horrorizada mientras se llevaban a Sánchez, de 49 años de edad y editor de La Unión. Fue la última vez que su familia lo vio con vida.
“Cuando llegué a casa, lo único que mi mamá atinó a decir fue ‘se lo llevaron'”, relató el hijo del periodista, Jorge, de 31 años de edad. El cadáver decapitado y mutilado de Sánchez fue hallado tres semanas después, el 24 de enero de 2015, en una zanja en la localidad de Manlio Fabio Altamirano, unos 25 kilómetros al este de Medellín de Bravo.
En un acontecimiento inusual en los casos de asesinato de periodistas en México, las autoridades rápidamente arrestaron a los presuntos autores materiales e identificaron al presunto autor intelectual del crimen: el alcalde de Medellín, Omar Cruz Reyes, quien estaba molesto por la cobertura informativa crítica por parte de Sánchez, de acuerdo con los familiares y colegas del periodista.
Sin embargo, un informe del organismo gubernamental autónomo Comisión Estatal para la Atención y la Protección de los Periodistas (CEAPP), halló que varias líneas de investigación se examinaron insuficientemente, entre ellas la presunta implicación del entonces gobernador estatal Javier Duarte de Ochoa, y las autoridades dilataron o no tomaron medidas que podían haber asegurado el arresto de sospechosos. Los organismos creados para investigar los delitos contra periodistas, tales como la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), no se activaron con rapidez luego de que una fiscalía declarara en dos ocasiones que no tenía certeza de que Sánchez fuera periodista, según informes de prensa. Como consecuencia, solamente una persona fue arrestada por el asesinato y el presunto autor intelectual huyó.
“Mi padre siempre pensó que, como él era periodista de una publicación tan pequeña, no le harían nada, que no había necesidad de que nadie le hiciera daño”, afirmó Jorge Sánchez. “Él dijo: ‘Si me hicieran algo, sería una noticia importante’. Lamentablemente, al final eso fue lo que sucedió”.
‘Vivir con miedo no es una opción’
Pocos turistas visitan Medellín de Bravo, pese a que la localidad se encuentra a apenas 30 minutos en auto de la ajetreada bahía y el pintoresco centro colonial de Puerto de Veracruz, y de los lujosos complejos turísticos de playa de Boca del Río.
La municipalidad de aproximadamente 70,000 habitantes, ubicada en una llanura fluvial cerca de la confluencia de dos ríos y próxima a una de las principales autopistas del estado, es una de muchas pequeñas comunidades de Veracruz, el tercer estado más poblado de México. Localidad humilde, la economía de Medellín mayormente depende de la agricultura y el comercio, y tiendas y sencillos restaurantes se ubican a ambos lados de la agitada y ruidosa avenida principal.
La familia Sánchez vive en Gutiérrez Rosas, una colonia de clase trabajadora en las afueras de la ciudad. Las consecuencias del asesinato de Moisés Sánchez se hicieron visibles de inmediato cuando en enero pasado el CPJ visitó la modesta vivienda de dos pisos de la familia, próxima a un camino sin asfaltar. Un carro patrullero estaba estacionado a la entrada y una cerca recién levantada tapaba las paredes exteriores de la casa, aparentemente para impedir la entrada de intrusos. Varias cámaras, colocadas en posiciones estratégicas dentro y fuera de la vivienda, se conectaban con un improvisado centro de seguridad en la sala, el cual era operado por Jorge Sánchez y su madre. El mecanismo de protección de periodistas de México se había hecho cargo de la aplicación de estas medidas de seguridad.
Jorge Sánchez, diseñador gráfico y periodista, se sentó en una mesa cubierta de recientes ediciones de La Unión, el pequeño periódico fundado por su padre. Con asistencia financiera de organizaciones mexicanas defensoras de la libertad de prensa, él continúa publicándolo con frecuencia mensual.
Incluso después del asesinato de Moisés Sánchez, La Unión sigue siendo su periódico en gran medida. La esquina superior derecha de cada primera plana lleva la siguiente inscripción: “Vivir con miedo no es una opción”, cita atribuida a su fundador. Jorge Sánchez dirige el periódico de la manera como, según él, su padre hubiera querido que él lo hiciera, con noticias que denuncian la delincuencia, la corrupción y la carencia de servicios básicos en Medellín y las comunidades circundantes, y con críticas a los políticos del estado de Veracruz.
La Unión está muy distante de ser el periódico que Moisés Sánchez comenzó a publicar a finales de la década de los 80, cuando apenas tenía 17 años de edad. Jorge Sánchez explicó que su padre no contaba con educación formal superior a la escuela secundaria, pero que era autodidacta. Leía incansablemente y tenía la determinación de denunciar la corrupción y el abuso de poder por parte de las autoridades, y de protestar por la falta de servicios públicos.
“Mi padre solía decir que todo cambio tiene un precio, y que si uno no denuncia, si no escribes sobre las autoridades o sobre cualquier otra persona que te haga daño, nada sucederá”, señaló Jorge Sánchez. “Él quería ejercer su derecho a informar”.
Jorge Sánchez y periodistas que conocía bien a su padre expresaron que La Unión comenzó como un panfleto, con artículos manuscritos, fotos y caricaturas políticas pegadas cuidadosamente en páginas que Moisés Sánchez fotocopiaba y distribuía en persona, una práctica que mantuvo cuando se mudó de la ciudad de Veracruz a Medellín.
La Unión siempre fue un periódico gratuito y estaba financiado íntegramente por su propietario. Con el paso de los años, Sánchez mantuvo muchos empleos distintos para ganarse la vida y para mantener el periódico en circulación, según el hijo. Sánchez fue, en diferentes momentos, carnicero, vendedor de periódicos, vendedor de frutas y vegetales, y recogedor de chatarra. En los últimos años, trabajó de taxista.
La Unión debía circular con frecuencia de cada 10 o 15 días, pero la falta de recursos en ocasiones dificultaba la circulación: el periódico simplemente aparecía cuando había dinero para hacer copias y a veces dejaba de circular durante meses. Fue por ese motivo, explicó Jorge Sánchez, que la edición impresa había dejado de circular en los meses previos a la muerte de su padre. Pese a estos períodos sin circular, Moisés Sánchez siempre estaba visible: cuando no escribía, organizaba protestas frente a la sede de gobierno de la municipalidad y participaba en ellas.
Dos periodistas radicados en la cercana ciudad de Veracruz, quienes hablaron con el CPJ previa solicitud de anonimato debido a lo delicado del caso, expresaron que Sánchez con frecuencia les daba información sobre acontecimientos locales y los ayudaba pasándoles contactos y fotos gratuitas. “Él nunca dejaba Medellín y su cobertura era muy local, pero era un verdadero periodista e increíblemente servicial”, señaló uno de los reporteros.
Hasta los últimos años de su vida, los artículos de Sánchez se centraban casi exclusivamente en los servicios públicos, como por ejemplo la falta de alcantarillado y de alumbrado público. “En una pequeña comunidad como Medellín, los artículos de mi padre con frecuencia presionaban a los alcaldes a llevar a cabo las cosas que habían prometido”, expresó Jorge Sánchez. “Las personas de aquí tomaban conciencia de las cosas por medio de La Unión, de problemas que normalmente ni se daban cuenta de que existían”.
El súbito aumento de los delitos violentos provocados por luchas territoriales entre bandas, llevó a Moisés Sánchez a ampliar los temas de cobertura del periódico, un paso que según familiares y colegas pudiera haberlo llevado a un enfrentamiento frontal con el alcalde acusado de ordenar su asesinato.
Veracruz, un nodo de importantes carreteras que conectan el norte, el sur y Ciudad de México, tradicionalmente ha sido un estratégico y lucrativo territorio para los grupos del crimen organizado que realizan actividades de narcotráfico y trata de personas. Cuando la relación entre el Cartel del Golfo y su antiguo brazo armado, Los Zetas, se rompió en 2010, el estado se convirtió en escenario de algunos de los peores actos de violencia cometidos en el país. Medellín no fue la excepción.
La violencia ha afectado significativamente el periodismo en el estado. Por lo menos seis periodistas del estado han sido asesinados en relación con su labor informativa entre 2010 –cuando Duarte tomó posesión del cargo– y 2016, según datos del CPJ. La mayoría de los casos nunca terminaron con arrestos o condenas y permanecen en absoluta impunidad.
En respuesta a la violencia, Sánchez amplió su cobertura informativa. Aunque no quedan ejemplares impresos de La Unión correspondientes a ese período, un artículo en su sitio web, con fecha de 10 de diciembre de 2013, denunciaba secuestros y actos de extorsión presuntamente ejecutados por agentes policiales en contubernio con una banda. En otro artículo, con fecha de 8 de enero de 2014, Sánchez informaba cómo confrontó al alcalde por su negativa a solicitar ayuda militar para combatir la delincuencia en la ciudad.
“En los primeros años, mi padre no informaba sobre la delincuencia”, expresó Jorge Sánchez. “Él sabía lo peligroso que eso podía ser. Medellín es un bastión del crimen organizado, porque estamos tan cerca de la ciudad de Veracruz. Pero cuando comenzamos a ver esta batalla entre los carteles, los cadáveres comenzaron a aparecer. Mi padre comenzó a cubrir [el tema]”.
Aproximadamente al mismo tiempo que La Unión comenzó a informar sobre la delincuencia, Cruz se convirtió en alcalde de Medellín. Al principio, su relación con Moisés Sánchez era amigable, aseveró Jorge Sánchez. El periodista incluso apoyó a Cruz, miembro del conservador Partido de Acción Nacional, durante su campaña electoral. Sin embargo, poco después de la toma de posesión de Cruz, en 2013, la relación se deterioró.
Según un informe de marzo de 2015 elaborado por el entonces titular de la CEAPP, Jorge Morales Vázquez, y basado en el expediente oficial del caso, Moisés Sánchez se desencantó con el alcalde, quien, según el periodista, estaban incumpliendo las promesas de campaña. Sánchez también utilizaba su periódico y su papel como ciudadano activo para exigir que el alcalde le permitiera a la Marina hacerse cargo de la seguridad de la ciudad como parte de la operación llamada Veracruz Seguro, una iniciativa estatal que involucraba a las Fuerzas Armadas en el combate contra el crimen organizado, de acuerdo con el hijo de Sánchez, varios periodistas entrevistados por el CPJ y el informe de la CEAPP.
En las semanas previas a su asesinato, Sánchez había participado activamente en la formación de un grupo de autodefensa, y el 14 de diciembre de 2014 subió a Facebook un video de un grupo de ciudadanos que decían que estaban organizando el grupo.
“Moisés en ese punto se presentó como alguien que, aparte de ser periodista, estaba involucrado en una acción civil”, declaró Morales, quien en la actualidad se desempeña como secretario ejecutivo de la CEAPP. “Ello provocó incomodidad entre los políticos a nivel estatal y municipal, y también entre la delincuencia organizada”.
El auge de los grupos de autodefensa fue una cuestión delicada en México en 2013 y 2014, cuando grupos formados en Michoacán y Guerrero tomaron el control de zonas enteras y desafiaron directamente la autoridad federal. Según Jorge Sánchez, Morales y otros periodistas entrevistados por el CPJ, tanto Cruz como el entonces gobernador Duarte quedaron estremecidos con la noticia de la organización de semejante grupo en su territorio. Los periodistas sostuvieron que la presencia de grupos de autodefensa era una vergüenza para los funcionarios municipales y estatales porque ponía de relieve las deficiencias de las fuerzas de seguridad pública o podía poner al descubierto vínculos entre las fuerzas de seguridad pública y la delincuencia organizada.
Luego de que Moisés Sánchez subiera el video, las autoridades municipales y estatales organizaron un encuentro con el grupo de autodefensa. Según el informe de la CEAPP, en el encuentro Sánchez repitió su demanda de que Medellín se incorporara al programa Veracruz Seguro y exigió que las autoridades estatales y municipales reconocieran la existencia del grupo. Las autoridades prometieron una mayor presencia en la colonia de Gutiérrez Rosas y una mejor cooperación con los habitantes, según una declaración ofrecida por Cruz a la Fiscalía General del Estado, la cual la CEAPP citó en su informe.
Jorge Sánchez expresó que Cruz había amenazado a su padre en varias ocasiones por su trabajo periodístico y su activismo. Él también sostuvo que su padre le había dicho que Duarte presuntamente había ridiculizado a Cruz por su incapacidad de silenciar a Moisés Sánchez.
En un encuentro entre el alcalde y el gobernador en la capital estatal, Xalapa, Duarte le preguntó a Cruz por qué él “no había podido acallar a Sánchez”. Jorge Sánchez señaló que una fuente que el periodista no identificó pero que estuvo presente en el encuentro, le contó el comentario a su padre. Jorge Sánchez expresó que, en respuesta, “[Cruz] supuestamente le dijo al gobernador que era imposible y que no se podía silenciar ni comprar a mi padre”.
Jorge Sánchez aseguró que, además, en al menos una ocasión el alcalde le había ofrecido a su padre un puesto en el gobierno municipal con salario de 30,000 pesos (USD 1,500 al cambio actual) al mes, que Moisés Sánchez rechazó por considerarlo un soborno. Jorge Sánchez afirmó que la oferta habría representado un sustancial incremento en los ingresos de su padre.
Pese a las amenazas, Moisés Sánchez continuó publicando noticias en su página de Facebook. Su último comentario, publicado el 2 de enero de 2015, acusaba a Cruz del cobro injusto del desecho de basura a los pobladores. Ese mismo día lo secuestraron.
Silencian a una voz crítica
María Ordóñez Gómez todavía no puede hablar sin echarse a llorar sobre los acontecimientos del 2 de enero de 2015, cuando agresores secuestraron a su esposo. Jorge Sánchez mantuvo la compostura mientras relataba con monotonía lo que su madre había presenciado: seis sujetos, armados con escopetas y pistolas, irrumpieron a la fuerza en la vivienda de la familia a aproximadamente las 7 p.m. Su papá dormía luego de un largo día de trabajo como taxista. Los secuestradores obligaron a Moisés Sánchez a bajar las escaleras, se llevaron su computadora portátil, su cámara, su tableta y varios teléfonos celulares, lo metieron a empujones en uno de los autos que esperaban afuera y se fueron.
Según Jorge Sánchez, las autoridades respondieron de manera inadecuada desde el momento en que la familia hizo la denuncia. Agregó que la policía se demoró dos horas en responder a la llamada de emergencia y que la investigación avanzó solamente por la atención que recibió por parte de los medios de todo el país. Jorge Sánchez relató que inmediatamente llamó por teléfono a un periodista que conocía y que era amigo de su padre para tratar de hacer público el caso. El hijo añadió que testigos, a quienes no identificó, le habían dicho que habían visto a dos agentes policiales estacionados cerca en un patrullero, quienes debían haber visto a los sospechosos alejarse en un auto con su padre, pero no habían hecho nada para detenerlos.
Inclusive en un estado donde los asesinatos de periodistas se han vuelto tan comunes en los últimos años que su índice de mortalidad ha convertido a Veracruz en la región más letal para el ejercicio del periodismo en el hemisferio occidental, el asesinato de Moisés Sánchez sobresale por su crueldad. Su muerte se convirtió en un llamado de protesta para la asediada prensa veracruzana y mexicana, captó titulares internacionales y alimentó la indignación en todo el país. Pese a sus demandas, no se ha obtenido justicia.
El asesinato de Sánchez ejemplifica el clima de temor, impunidad, violencia y desprecio por los periodistas de Veracruz. La indiferencia hacia los periodistas se extiende a tanto el gremio –término que los periodistas mexicanos a menudo utilizan con orgullo para referirse a sí mismos– regional como el nacional. Por ejemplo, las autoridades estatales y federales mostraron poca inclinación para prestarle declaraciones o brindarle documentos al CPJ en apoyo de esta investigación.
En los días siguientes al secuestro del periodista, la familia se reunió con las autoridades estatales en Xalapa, entre ellas el Fiscal General, Luis Ángel Bravo, y el gobernador Duarte. El gobernador provocó enojo entre los periodistas veracruzanos al referirse inicialmente a Sánchez como a un “taxista y activista de colonia”. Al principio Bravo también se negó a reconocer que Sánchez era periodista y declaró a los medios que la prioridad era encontrar a la víctima “sin distinción de sus actividades”, según versiones periodísticas.
Jorge Sánchez expresó que Bravo le comunicó a la familia que ellos “ya tenían a una persona” y que encontrar a su padre era “cuestión de horas”. Varios días pasaron y no se había efectuado ningún arresto. El 7 de enero, Jorge Sánchez viajó a Xalapa junto con representantes de varias organizaciones mexicanas defensoras de la libertad de prensa para revisar el expediente, en el cual, afirmó, encontraron varias anomalías respecto a la investigación, una posición reiterada posteriormente en el informe de la CEAPP.
“Hay varias cámaras en la zona que debieron haber registrado el momento en que se llevaron a mi padre, los autos, y los sospechosos que estaban involucrados. Le explicamos al Fiscal General que había cámaras, que debía haber imágenes de video”, sostuvo Jorge Sánchez. “Pero cuando revisamos el expediente, vimos que las autoridades ni siquiera habían solicitado las grabaciones de video”.
Según la familia, no fue hasta el 9 de enero que se hizo la solicitud ante C4, el organismo de seguridad pública que se encarga de la red de vigilancia de video estatal. Para entonces, se habían borrado todas las imágenes. Las grabaciones se guardan solamente tres días a menos que el organismo reciba una solicitud de los organismos de seguridad pública.
La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) también en un inicio se negó a reconocer que Sánchez era periodista: de acuerdo con la familia de Sánchez, fue necesaria una batalla jurídica de dos años para obligar al organismo a hacerse cargo del caso en lugar de las autoridades estatales de Veracruz.
“Las autoridades nunca buscaron justicia. Ellas trataron de lavarse las manos”, expresó Jorge Sánchez. “Ellas sólo están aquí para perpetuar la impunidad”.
Ricardo Nájera Herrera, titular de la FEADLE, declaró al CPJ que el motivo principal por el cual el organismo inicialmente no asumió el caso no se debía a las dudas sobre la profesión de Sánchez, sino a que las autoridades estatales ya habían realizado arrestos. Si la FEADLE se involucraba ello podía llevar a la “duplicidad” –la expresión mexicana equivalente a la doble incriminación– y podía complicar la investigación.
Anomalías y retrasos
Pese a los aparentes avances con los arrestos iniciales y la identificación del presunto autor intelectual, hasta el momento, Bravo no cumplió ninguna de sus promesas y sospechosos clave permanecen ocultos.
El alcalde Cruz fue implicado en el asesinato por Clemente Noé Rodríguez, exagente policial convertido en narcotraficante, según el expediente citado en el informe de la CEAPP. La policía arrestó a Rodríguez en un punto de control cerca de la localidad de Alvarado el 23 de enero. El informe de la CEAPP afirmó que un testigo no nombrado que había presenciado el secuestro del periodista, lo había identificado. El mismo día Rodríguez confesó que había estado involucrado en el asesinato y, con base en su testimonio, el cadáver decapitado y mutilado de Moisés Sánchez fue hallado cerca de la localidad de Manlio Fabio Altamirano. Ante el avanzado estado de descomposición de los restos, según Jorge Sánchez y una declaración ofrecida por Bravo en la época, las autoridades tuvieron que identificarlos mediante un examen de ADN.
De acuerdo con el informe de la CEAPP, Rodríguez confesó haber participado en el grupo que secuestró a Moisés Sánchez. Nombró a otros cinco sospechosos, pero solamente por sus apodos. Todos ellos presuntamente son ex agentes policiales que habían formado una banda dedicada al narcotráfico. Uno de ellos, “El Harry”, presuntamente había decapitado y mutilado el cadáver de Sánchez. Según Rodríguez, la orden de secuestrar y asesinar a la víctima fue dada por Martín López Meneses, subjefe de la policía de Medellín y quien trabajaba de escolta y chofer de Cruz. A su vez, Meneses recibió la orden de matar al periodista de parte del alcalde, quien, según el testimonio citado en el informe de la CEAPP, quería que mataran a Sánchez porque las noticias sobre la delincuencia publicadas en La Unión “interferían” con el alcalde.
En declaraciones ofrecidas a la prensa dos días después del hallazgo del cadáver de Sánchez, Bravo confirmó que Cruz era objeto de investigación en calidad de autor intelectual del crimen y que era el principal sospechoso del asesinato.
Cruz, en declaración prestada ante la Fiscalía el 12 de enero de 2015, rechazó toda implicación en el crimen.
Se le solicitó al congreso estatal de Veracruz que despojara al alcalde de la inmunidad frente a los procesos judiciales que se les otorga a los funcionarios electos. Pero no fue sino hasta más de un mes después que el congreso votó con ese propósito. Para entonces, el alcalde había desaparecido, Bravo declaró a la prensa. Meneses, quien fue colocado en detención preventiva aunque sin ser acusado formalmente, fue liberado en noviembre de 2015 luego de que un juez federal aceptara su apelación, basada en el argumento de que no había suficientes pruebas para mantenerlo detenido. Posteriormente Meneses huyó, según versiones periodísticas.
Hasta el día de hoy, solamente Rodríguez permanece encarcelado, y no se ha identificado a ninguno de los demás sospechosos que él nombró.
Promesas vacías
Morales, titular de la CEAPP en la época, es crítico de la investigación policial y expresó que fue deficiente desde el comienzo. “Ha estado llena de anomalías y omisiones”, declaró. “Todavía no ha habido una investigación profesional”.
Entre los problemas que Morales mencionó estaba la suposición de que tres vehículos y seis personas habían estado involucrados en el secuestro, aunque el testimonio de algunos testigos había indicado una cifra de hasta nueve personas y cuatro vehículos. Morales expresó que la policía nunca había determinado la identidad de los cinco sospechosos restantes. Con la excepción de un sospechoso, no se habían elaborado retratos hablados, las grabaciones de video de las cámaras de C4 no se habían solicitado oportunamente, y no se habían registrado las viviendas de los sospechosos en busca de pruebas. Además, las autoridades nunca investigaron los presuntos comentarios hechos por el ex gobernador Duarte a Cruz respecto a “acallar” a Sánchez.
Duarte renunció al cargo en octubre del año pasado debido a acusaciones de corrupción, que había rechazado. El ex gobernador luego desapareció. Fue arrestado en Guatemala el 15 de abril pasado en una operación conjunta entre Interpol y la policía guatemalteca que utilizó inteligencia facilitada por las autoridades mexicanas, según informes de prensa.
“Tampoco ha existido la disposición de las autoridades de siquiera compartir el expediente con nosotros”, declaró Morales. “Ellos ponen obstáculos, dan excusas. Todavía ni siquiera tenemos el expediente aquí en la comisión”.
Una de las cuestiones que complican la investigación es el cambio de gobierno estatal. Miguel Ángel Yunes Linares, del conservador Partido de Acción Nacional, fue elegido gobernador en junio de 2016 y asumió el cargo el 1 de diciembre. Como es común en México, a menudo la entrada de un gobierno puede implicar cambios en las instituciones, los cuales pueden paralizar completamente las investigaciones en curso.
Los intentos del CPJ por localizar a Bravo, el ex Fiscal General del Estado de Veracruz, y hablar con él fueron infructuosos; y las solicitudes para que su sucesor, Jorge Winckler, ofreciera declaraciones no recibieron respuesta. Jaime Cisneros, el fiscal estatal especial a cargo de investigar ataques contra periodistas, aceptó participar en una entrevista en enero, pero posteriormente declinó la solicitud, aludiendo a reglas del Gobierno entrante que les prohíben a los funcionarios estatales que no pertenezcan al departamento de Comunicación Social comentar sobre casos actuales.
Jorge Sánchez expresó que la familia espera a que la FEADLE en Ciudad de México, que recibió el expediente en diciembre de 2016, continúe la investigación y enjuicie a los asesinos de Moisés Sánchez. Pero, sostuvo, tiene poca esperanza de que el caso sea resuelto en una fecha próxima.
“Creo que no hay ganas de continuar verdaderamente la investigación, porque un ex gobernador podría estar involucrado”, afirmó.
Él mostró uno de los ejemplares recientes de La Unión. “El objetivo de este periódico era hacer que las personas tomaran conciencia de lo que sucedía a su alrededor”, expresó con un suspiro. “El lema [de mi padre] siempre era ‘La verdad por encima de todo, inclusive si duele'”.