Marcos Hernández Bautista: el reportero rebelde
Marcos Hernández Bautista usualmente ignoraba las amenazas de muerte. Pero en enero de 2016, el periodista, quien informaba frecuentemente sobre la corrupción gubernamental en localidades cercanas a la región con costas al Pacífico perteneciente al estado de Oaxaca, en el sur de México, recibió varias llamadas amenazantes que parecían más serias y que le habían provocado temor por su vida, sostuvo su editora, María de los Ángeles Velasco.
“Le dije que saliera de ahí inmediatamente”, recordó Velasco, jefa de corresponsales de Noticias, Voz e Imagen de Oaxaca, diario de la ciudad de Oaxaca. “Le dije: ‘Ven aquí a Oaxaca y te esconderemos. Te ayudaremos'”.
No está claro si Hernández, quien también era activista de izquierda y secretario de Cultura en su ciudad natal de Santiago Jamiltepec, pensó en huir. El 21 de enero de 2016, dos días después de hablar con Velasco, el periodista, de 38 años de edad, murió a causa de disparos recibidos en la cabeza.
Un ex jefe de la policía de Santiago Jamiltepec fue condenado y en marzo de 2017 fue sentenciado a una pena de 30 años de cárcel por el asesinato. Pero, al igual que la mayoría de los homicidios de periodistas en México, no se ha detenido al autor intelectual del asesinato y, luego de haber transcurrido más de un año, el caso de Hernández no ha sido resuelto plenamente.
El autodidacta
Hernández era periodista autodidacta y se enorgullecía de ello, de acuerdo con un amigo cercano que, como numerosos colegas y conocidos del periodista que fueron entrevistados por el CPJ durante una visita a Oaxaca en enero, solicitó el anonimato por temor a represalias.
Uno de cuatro hijos de indios mixtecos, Hernández nació en Santiago Jamiltepec, pueblo de aproximadamente 15,000 habitantes que es dominado por una catedral católica romana en la plaza central. Se esperaba que Hernández se convirtiera en un agricultor arrendatario como su padre, quien cultivaba jicama, un tubérculo con una cáscara similar a la corteza de un árbol. Su mamá vendía frutas y vegetales en el mercado del pueblo y la familia nunca tuvo mucho dinero. Para poder pagar la escuela secundaria, afirmó el amigo, Hernández se inscribió en un programa gubernamental que otorgaba becas a estudiantes que ayudaban a alfabetizar a los empobrecidos indios mixtecos.
Hernández quería ir a la universidad, pero no podía costearla. Por ello, se ofreció como voluntario en una radioemisora local que lo inspiró a asumir el periodismo. Persona culta que sentía fascinación por la política, pronto Hernández fue contratado para ejercer de locutor de un programa noticioso matutino de La Ke Buena, una radioemisora comercial en el cercano pueblo de Pinotepa Nacional.
“Le encantaba trabajar en la radio”, expresó el amigo. “Adoraba interactuar con el público. Se ganó el respeto de las personas y de políticos de todas las tendencias”.
Hernández también participaba en la promoción de la cultura mixteca. Santiago Jamiltepec y las regiones distantes tienen un historial de disputas y conflictos por la tenencia de tierras entre indígenas y mestizos. Incluso el cementerio local está segregado, con indígenas enterrados a un lado y los mestizos en el otro. Pero Hernández trató de tender puentes. Al momento de su muerte, se desempeñaba como secretario de Cultura en el Gobierno municipal de Santiago Jamiltepec, en el cual promovía eventos culturales y organizaba grupos para que presentaran danzas mixtecas en festivales. El asesor jurídico municipal, Miguel Calderón, declaró al CPJ que Hernández con frecuencia vestía ropas mixtecas típicas –atuendos blancos holgados– para trabajar.
“Marcos era cien por ciento indio”, señaló el amigo cercano. “Él te decía si pronunciabas mal una palabra mixteca”.
Pero el periodismo fue su primer amor. En 2008, Hernández comenzó a colaborar con Noticias, Voz e Imagen de Oaxaca –conocido simplemente por Noticias— uno de los principales periódicos del estado. “Marcos tenía ganas de ser periodista. Me dijo: ‘Quiero informar para Noticias‘. Por ello le pedí que me mandara algo para ver cómo escribía”, expresó Velasco.
Hernández fue contratado como colaborador y fotógrafo. Ganaba un salario típico para periodistas de zonas rurales, entre USD 5.00 y USD 10.00 por noticia, más unos USD 3.00 por foto. Él transmitía noticias casi a diario y hasta repartía el periódico a lo largo de la costa. Bromeando sobre sus exiguas ganancias, Hernández en una ocasión le sugirió a su amigo cercano que cometiera suicidio arrojándose de un balcón para que él pudiera sacar una foto y vendérsela a Noticias. Pero, de acuerdo con el amigo, el dinero nunca fue tan importante para Hernández. Él vivía con su hermano, Fortino, y su mayor lujo era un Volkswagen Jetta blanco, una especie de oficina móvil desde la cual con frecuencia redactaba y transmitía sus noticias.
Velasco afirmó que había quedado impresionada con el conocimiento de Hernández sobre la política local, su lúcida redacción y su ética. Ella sostuvo que muchos periodistas freelance en las provincias aceptan regalos de políticos para escribir artículos positivos sobre ellos. Otros coordinan un acuerdo más formal que consiste en recibir pagos mensuales de políticos a cambio de cobertura favorable. Pero, según Velasco, Hernández rechazaba implicarse en prácticas corruptas. La editora relató que una vez lo vio rechazar una botella de licor que le ofreció un político del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, exdiputada federal, ex alcaldesa de Santiago Jamiltepec y persona cercana a Hernández, reiteró la opinión de Velasco en el sentido de que Hernández era un periodista ético. “Los periodistas se te acercan y te dicen: ‘Voy a escribir cosas buenas de ti si me pagas 4,000 pesos al mes’. Pero Marcos nunca hizo eso. Él era valiente. Él decía la verdad”.
Decir la verdad puede ser arriesgado en Oaxaca. Aparte de los conflictos indígenas, el estado cuenta con la presencia de rebeldes izquierdistas y una floreciente y ampliamente divulgada en los medios actividad de narcotráfico en la cual los narcotraficantes recogen la cocaína colombiana transportada mediante submarinos y aviones y la redistribuyen a Estados Unidos. El dinero del narcotráfico, a su vez, ha penetrado las campañas políticas locales, pues los narcotraficantes intentan asegurar que los políticos y funcionarios de los organismos de seguridad pública los dejen actuar tranquilamente, de acuerdo con Néstor Ruiz Hernández, quien dirige la organización independiente Comisión Regional de Derechos Humanos de la Costa en la localidad de Pinotepa Nacional. Afirmó que los asesinatos se han vuelto comunes. La noche anterior a la entrevista de Ruiz con el CPJ, tres personas habían muerto en una balacera en la carretera principal que atraviesa Pinotepa Nacional, agregó.
Además, muchas de estas localidades están controladas por poderosas familias políticas con sólidos vínculos con el gobernante PRI, expresó Guzmán, miembro del partido opositor izquierdista Movimiento Regeneración Nacional, conocido como Morena. Los líderes de estos clanes políticos se conocen como “caciques” y con frecuencia muestran poca tolerancia con el periodismo crítico, declaró Razhy González, investigador de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, organismo público del estado de Oaxaca. González señaló que, además del caso de Hernández, tenía conocimiento de otros cinco casos de asesinato de periodistas cometidos en Oaxaca en 2016, aunque precisó que no se había esclarecido si los periodistas habían sido escogidos como blanco por su trabajo periodístico. Los datos del CPJ, que solamente cuentan los casos de periodistas muertos como consecuencia directa de su labor informativa, han verificado dos casos de asesinato de periodistas en el estado durante ese año.
“Los caciques son los que tienen el poder en estos pueblos. Son los que deciden quién vive y quién muere. Y ellos tienen una red de asesinos a sueldo que ejecutan sus órdenes”, expresó en entrevista con el CPJ un investigador de derechos humanos del gobierno de Oaxaca, quien conoce la región costera y solicitó el anonimato.
Ese peligro omnipresente motivó a varias fuentes informativas a aconsejarle al CPJ, durante su visita a la región, que sus representantes evitaran pasar la noche en varios de los pueblos costeros con fama de ser particularmente violentos, y que evitaran hablar con la policía o los caciques locales.
Otro factor que desalienta el periodismo incisivo son las íntimas relaciones entre los medios y los políticos locales. Un editor que solicitó el anonimato por temor a represalias, declaró al CPJ que los periódicos y las radioemisoras a veces reciben pagos de los políticos por publicar noticias positivas sobre ellos, que se presentan como noticias legítimas.
Otro periodista, Pedro Matías, corresponsal de Oaxaca del semanario Proceso, sostuvo que muchos periódicos, canales de TV y radioemisoras de Oaxaca dependen de la publicidad oficial, que puede ser otorgada o retirada en dependencia del tono de la cobertura informativa. [Matías colaboró en la investigación de este informe]
Matías explicó que los periodistas que se desvían de esta posición son conocidos como revoltosos, y son los más probables blancos de las amenazas y los ataques. “Hacer buen periodismo en Oaxaca es casi imposible”, señaló Matías. “Es una situación muy frustrante”.
Periodista con principios
Pese a tales riesgos, amigos y colegas del periodista sostienen que Hernández tenía algo de revoltoso y que frecuentemente adoptaba una posición crítica frente a los funcionarios locales. El periodista escribió sobre la resistencia contra un plan gubernamental de construir una represa hidroeléctrica, un proyecto favorecido por grandes terratenientes, pero cuyos oponentes sostienen que tendrá un impacto negativo sobre el medio ambiente. El periodista denunció a funcionarios por el robo de tierras, por aceptar sobornos, por despilfarrar fondos públicos y por no confiscar drogas en un importante corredor del narcotráfico, señaló Velasco. En 2014 Hernández utilizó el obituario de Gabriel Iglesias Meza, ex alcalde de Jamiltepec, cacique y baluarte del PRI, para criticarlo por incumplir con la ejecución de proyectos de obras públicas. Velasco agregó que, para reducir el riesgo de ser objeto de represalias por su trabajo, a veces Hernández solicitaba que sus artículos no llevaran firma.
Paralelamente a su trabajo periodístico, Hernández era activista del partido opositor Morena. Guzmán sostiene que pensaba que él albergaba la ambición de postularse para un cargo público, pero pudiera haber puesto reparos por la falta de dinero. Pocos días antes de su asesinato, Hernández aceptó incorporarse al equipo de campaña de Guzmán en su intento de reconquistar su antiguo cargo de alcaldesa de Santiago Jamiltepec en las elecciones de junio de 2016. Se trataba de una candidatura con pocas posibilidades y con cierto riesgo. La región costera de Oaxaca es un bastión del PRI y varios activistas de Morena han sido asesinados, según Ruiz, el director de la comisión de derechos humanos independiente en Pinotepa Nacional.
El hermano de Hernández, Fortino, señaló que amigos y familiares le habían advertido al periodista que sus posiciones políticas inconformistas y su periodismo lo podían convertir en blanco de represalias. Fortino afirmó que su madre estaba particularmente preocupada y expresaba temor de que algo le sucediera a Hernández. Pero, agregó, “Marcos era muy reservado. No le gustaba que le preguntáramos sobre lo que escribía. Él hacía las cosas a su manera”.
El amigo cercano de Hernández manifestó que él también había intentado que el periodista fuera cuidadoso en su trabajo. Él recordó la conversación que habían sostenido luego de que Hernández escribiera un artículo, en 2009, que criticaba a un funcionario municipal de Santiago Jamiltepec por presuntamente haber utilizado vehículos gubernamentales para fines particulares. “Le dije a Marcos: ‘Mejor le bajas el tono a tus artículos o este hombre te va a caer encima'”, señaló el amigo. “Pero Marcos me dijo: ‘¿Qué quieres que haga? ¿Que renuncie y me convierta en ermitaño?’ Así era él. Marcos hacía lo que consideraba correcto”.
Hernández no denunció haber recibido amenazas por ese artículo, pero con el paso de los años fue amenazado en varias ocasiones debido a otras informaciones, según Velasco y otro editor.
Irónicamente, el artículo que pudo haberle provocado la muerte fue un artículo que Hernández no escribió, de acuerdo con Velasco.
El 18 de enero de 2016, tres días antes de que el periodista fuera asesinado a balazos, apareció una nota en Facebook que había sido diseñada para parecer un artículo de Noticias, pero que no lo era. La nota acusaba a Braulio Hernández Ocampo, en ese momento alcalde de Santiago Jamiltepec, y a Cecilia Rivas, la viuda de Iglesias, el exalcalde y cacique del PRI, de haberse robado más de 50 acres de tierras públicas pertenecientes al Instituto Nacional Indigenista, una entidad gubernamental.
El artículo no llevaba firma, pero Hernández le dijo a un amigo que le preocupaba que la gente pensara que él lo había escrito. “Marcos era una persona muy visible y denunciaba las cosas”, expresó el amigo cercano.
Otro de los amigos del periodista en Santiago Jamiltepec, quien solicitó el anonimato por temor a represalias, afirmó que Rivas estaba sumamente molesta por la noticia falsa. El CPJ intentó obtener la declaración de Rivas por vía telefónica pero sus llamadas no recibieron respuesta.
El día siguiente a la aparición de la noticia falsa, Hernández les indicó a colegas que había recibido amenazas telefónicas. No especificó quién fue la persona que había efectuado las llamadas, según sus colegas. “Marcos estaba muy asustado. Me dijo: ‘Me amenazaron. Me van a matar'”, refirió Velasco.
Velasco afirmó que en su conversación telefónica ella le había dicho a Hernández que escribiera un artículo donde se distanciaran él y Noticias de la nota de Facebook, y le aseguró que el periódico inmediatamente publicaría una aclaración. Pero Hernández nunca envió el artículo, sostuvo Velasco.
Guzmán, la política, señaló que ella se había enterado de la noticia falsa el 21 de enero. Ella y Hernández habían pasado gran parte del día manejando juntos hasta poblados cercanos para tratar de convencer a la gente de unirse al partido Morena. Durante el viaje, según Guzmán, ella urgió al periodista a distanciarse públicamente del artículo. Hernández expresó que lo haría.
Cerca de las 6 p.m., el periodista dejó a Guzmán en su casa, en Santiago Jamiltepec. Hernández luego manejó unas 20 millas hasta el pueblo de San Andrés Huaxpaltepec, donde recientemente había abierto un club nocturno. El bar, llamado Los Abuelos, era una manera de que Hernández ganara algún dinero adicional mientras promovía la música local y los grupos de danza que actuaban allí, según su amigo cercano.
De acuerdo con una declaración de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, en horas de la noche Hernández abandonó el bar para recoger el cargador de su celular del auto. Cerca de las 9:30 p.m., según la declaración, el periodista recibió varios impactos de bala de una pistola calibre 9 mm cuando entraba al auto, que estaba estacionado frente al bar, cruzando la calle. La policía encontró su cuerpo sin vida caído junto a su Jetta, con la puerta abierta.
Silenciados por el miedo
El asesinato de Hernández ocupó la primera plana de su propio periódico, pero por lo demás causó poca conmoción en Oaxaca, inclusive entre el gremio periodístico. De los siete principales periódicos del estado, los numerosos canales de TV y radioemisoras y los 400 sitios noticiosos y blogs, ni siquiera uno envió un periodista a la escena del crimen, refirió Matías, quien añadió que sus propios editores en Proceso mostraron escaso interés. Matías expresó que él y unas dos decenas de periodistas realizaron una marcha de protesta en la capital del estado, Oaxaca, pero que luego de eso, el asesinato quedó prácticamente en el olvido.
Un problema era que Hernández era relativamente poco conocido: un periodista freelance que cubría pequeños pueblos alejados de la capital estatal, afirmó Matías. Por otro lado, Matías indicó que tantos periodistas han sido asesinados en México y en Oaxaca en los últimos años –40 casos confirmados desde 1992, según datos del CPJ— que los homicidios están empezando a parecer casi algo normal. Otro factor a tomar en cuenta es el miedo. Velasco expresó que ella había planeado enviar a un reportero y a un fotógrafo de Noticias a investigar, pero los periodistas le habían rogado que no los asignara a cubrir la noticia. Velasco no insistió.
“Soy de esa región del país”, indicó Velasco. “Si a las personas no les gusta lo que estás investigando, te matan. No les importa a qué organización representas. Simplemente te atrapan y te matan. No voy a enviar a mis periodistas a un matadero”.
Un corresponsal de Noticias en Pinotepa Nacional, pueblo que está situado en la misma carretera de San Andrés Huaxpaltepec, donde Hernández fue asesinado, asistió al funeral. Pero, indicó Velasco, el corresponsal se negó a escribir sobre el homicidio. El corresponsal estaba tan atemorizado que durante el próximo año ni siquiera levantaba el teléfono cuando Velasco llamaba para solicitar noticias, afirmó Velasco. Varios familiares de Hernández también hablaron con Velasco y con el principal editor del periódico. Ellos estaban asustados y sugirieron que cualquier nueva investigación por parte del periódico podía causarles problemas, sostuvo Velasco. El hermano de Hernández, Fortino, confirmó al CPJ que la familia estaba asustada.
En los 15 meses transcurridos desde el asesinato de Hernández, Noticias ha publicado unas 10 noticias de seguimiento, pero la mayoría de las noticias han consistido en breves despachos sobre la investigación oficial en lugar de periodismo de profundidad. En esa parte de Oaxaca, indicó Velasco, “nuestros periodistas cubren cuestiones como la inmigración, la cultura, el turismo y el trabajo de los artesanos locales. Pero en lo referente a la investigación de un crimen que pueda implicar a caciques, hay que ser muy cuidadosos”.
Paralelamente a la investigación principal realizada por la Fiscalía General de Estado, la Defensoría de los Derechos Humanos de Oaxaca está investigando el asesinato de Hernández. Pero la unidad que se especializa en delitos contra periodistas solamente cuenta con seis funcionarios que trabajan en unos 250 casos. La unidad no ha enviado a nadie a la escena del crimen y está realizando las entrevistas por vía telefónica, precisó González, titular de la unidad.
El caso registró un avance importante el 25 de febrero de 2016, cuando Jorge Armando Santiago Martínez, comandante de la policía de Santiago Jamiltepec, fue arrestado por dispararle a Hernández. Más de un año después, el 3 de marzo de 2017, un juzgado regional de la ciudad costera de Puerto Escondido condenó a Santiago por el asesinato y lo sentenció a una pena de 30 años de cárcel. También se le ordenó pagarle una indemnización de 178,000 pesos en concepto de daños y perjuicios a la familia de Hernández, según una declaración de la Fiscalía de Oaxaca.
Pese a la condena obtenida, se ha avanzado poco en la identificación de los autores intelectuales del crimen. En un artículo publicado en el primer aniversario de la muerte de Hernández, Noticias alegó que el asesinato pudiera haber sido ejecutado por el jefe policial y un grupo de asesinos a sueldo que trabajaban para el gobernante PRI. Sin embargo, el artículo no ofreció pruebas al respecto.
El presidente del PRI en el estado de Oaxaca no devolvió las llamadas telefónicas del CPJ para efectuar comentarios al respecto.
Los autores intelectuales de los asesinatos –ya sean asesinatos de periodistas o no– en Oaxaca raramente son identificados y procesados, de acuerdo con González. Él conoce la impunidad de primera mano. Ex periodista y editor de periódico de Oaxaca, González fue secuestrado y amenazado de muerte en 1996. En la época, el CPJ documentó cómo los secuestradores lo habían torturado psicológica y físicamente y luego de 44 horas lo habían liberado. Nadie ha sido enjuiciado por ese delito.
Juan Rodríguez, superior de González y titular de la Defensoría de los Derechos Humanos de Oaxaca, declaró que, aunque la Fiscalía General del Estado debe ser independiente, en la práctica continúa sometida a la influencia del Poder Ejecutivo. Y como el Congreso del estado en la actualidad está controlado por el PRI, Rodríguez expresó que los fiscales pueden recibir presiones para desactivar investigaciones que puedan involucrar actos ilícitos por parte de clanes políticos conectados al partido.
“Cuando hay un delito que involucra a importantes familias políticas, puede que el delito no se investigue exhaustivamente o que la investigación concluya cuando se haya capturado al pistolero”, señaló Rodríguez.
Rodríguez añadió que, para él, en lugar de resolver los delitos cometidos contra periodistas el gobierno del estado parece estar más concentrado en proteger la reputación del PRI. En lugar de arrestar a los autores intelectuales de los crímenes, lo cual pudiera contribuir a impedir la comisión de delitos contra los periodistas, afirmó Rodríguez, el Gobierno estatal ha puesto énfasis en asignarles escoltas a los periodistas amenazados.
En una breve entrevista telefónica con el CPJ, Héctor Joaquín Carrillo Ruiz, Procurador General de Justicia del Estado de Oaxaca, negó haber recibido presiones políticas para detener investigaciones sensibles o para proteger a políticos del partido gobernante. “Tengo plena autonomía”, sostuvo.
Carrillo declaró al CPJ que su organismo buscaba activamente al autor intelectual del crimen.
Alfonso Martínez, vocero de Alejandro Murat Hinojosa, actual gobernador de Oaxaca y miembro del PRI, también negó que los procuradores estatales hayan recibido presiones para proteger a los miembros del partido gobernante. Martínez declaró al CPJ que el gobierno del estado utilizaría todas sus facultades para localizar y arrestar a los responsables de ataques contra periodistas “sin importar a qué partido político pertenecen”.
Carrillo expresó que había habido retrasos en la identificación del autor intelectual del asesinato de Hernández porque los testigos potenciales sentían demasiado temor a las represalias como para colaborar con su organismo. Pero, resaltó, su organismo investiga a por lo menos un político del PRI de Santiago Jamiltepec como posible autor intelectual del crimen.
“Si actores políticos importantes son responsables de este asesinato, entonces tendremos que enfrentarlos”, declaró Carrillo, quien declinó nombrar al político objeto de investigación.
En el período posterior al asesinato de Hernández, los periodistas de Oaxaca están estudiando maneras de protegerse mejor. Matías expresó que los periodistas de la capital estatal están intercambiando contactos con sus colegas de las localidades distantes de Oaxaca con la idea de crear una red de respuesta rápida entre los periodistas que se active cuando sean blanco de amenazas.
La editora de Hernández sigue en estado de angustia. “Hoy pienso que debí insistir más en que Marcos abandonara el pueblo. Estoy luchando con estos sentimientos de que debía haber hecho algo más”, afirmó Velasco, secándose las lágrimas de los ojos mientras estaba sentada en el vestíbulo de la sede de Noticias. “¿Por qué tuvo que ocurrir esto?”.