Por John Otis/Corresponsal del CPJ para la región andina
El 25 de junio, atacantes no identificados balearon y dieron muerte a Álvaro Aceituno López, director de Radio Ilusión en Coatepeque, ciudad del sureste de Guatemala. López con frecuencia criticaba a funcionarios gubernamentales locales al presentar el noticiero y durante intervenciones como invitado en otros programas. Pero, hasta la fecha, el CPJ no ha podido determinar si Aceituno fue muerto por ejercer la profesión de periodista o si fue víctima de la inseguridad ciudadana en un país asolado por pandillas y narcotraficantes, y con uno de los índices de homicidio más altos del mundo.
El caso de Aceituno no es el único que sigue sin resolverse. La confusión reina respecto a muchos asesinatos en Guatemala, donde numerosos periodistas se encuentran entre las víctimas.
CERIGUA, una organización de libertad de prensa con sede en Ciudad de Guatemala que emplea una metodología distinta a la del CPJ para investigar las muertes de periodistas, contabilizó nueve casos de asesinato de periodistas en lo que va del presente año, un salto en comparación con 2015, cuando anunció tres casos de asesinato. Pero debido a la lentitud con que se realizan las investigaciones, las autoridades no han podido determinar si alguno de estos asesinatos tiene algún vínculo con el ejercicio del periodismo.
“Tiene un enorme impacto”, declaró Evelyne Blanck, directora de Centro Civitas, una organización no gubernamental de libertad de expresión, con sede en Ciudad de Guatemala. “Crea mucha ansiedad y conduce a la autocensura porque los periodistas no saben por qué son blanco de la violencia.”
También crea confusión respecto al número de víctimas.
El CPJ investigó todas las muertes de periodistas contabilizadas por CERIGUA y, salvo el caso de Aceituno, no encontró indicios potenciales de que esos periodistas hayan sido blanco de la violencia por su labor periodística.
El CPJ considera un caso como “confirmado” únicamente cuando se tiene certeza razonable de que un periodista fue asesinado en represalia directa por su trabajo. Cuando los móviles de una muerte no están claros, pero existe la posibilidad de que un periodista haya muerto en relación con su labor periodística, el CPJ clasifica el caso como “pendiente de confirmación” y continúa las investigaciones, como en el caso de Aceituno.
En entrevistas con el CPJ, periodistas, editores y defensores de la libertad de prensa enumeraron muchas razones de la incertidumbre que rodea a estos casos de asesinato.
Para empezar, los periodistas que enfrentan las mayores amenazas suelen ser reporteros freelance que viven en pequeñas ciudades distantes de la capital, declaró Julia Cardona, editora del diario de Ciudad de Guatemala El Periódico. Cardona expresó que la publicación les paga a los corresponsales unos US$40 por nota periodística y que muchos consiguen un segundo empleo para subsistir.
Sin embargo, cuando los periodistas objeto de violencia tienen un segundo empleo en relaciones públicas, comercios, alcaldías u otros emprendimientos, a las autoridades se les dificulta vincular directamente los asesinatos con el trabajo periodístico, sostuvo Carlos Arrazola, editor del sitio web de noticias Plaza Pública.
“Es muy posible que algunos de estos asesinatos se deban a la delincuencia común”, señaló Arrazola en entrevista con el CPJ. “Guatemala tiene un promedio de 15 asesinatos diarios. Existe una cultura de la violencia y una tolerancia de la violencia. Las personas se acostumbran y por eso los asesinatos de periodistas no reciben mucha atención”.
Pero existe la posibilidad de que fuerzas más siniestras puedan estar en acción. Por ejemplo, algunos de los asesinatos contabilizados por CERIGUA han ocurrido en zonas dominadas por narcotraficantes, quienes no desean el escrutinio de la prensa. Además, las autoridades locales, presuntamente corruptas, de regiones apartadas con frecuencia tienen poca tolerancia ante el periodismo fiscalizador y se ha sospechado que han contratado a sicarios para que persigan a periodistas, señaló Blanck.
El reportero radial Oswaldo Ical Jom expresó que, luego de buscar información sobre presuntos actos de corrupción en la construcción de un estadio de fútbol en el apartado pueblo de Chacamán el mes pasado, unos matones irrumpieron en su vivienda y lo golpearon. Ical, quien trabaja para la red de radioemisoras Corporación Radial del Norte, afirmó haber sido secuestrado por breve tiempo mientras informaba en 2014, y ha huido a Ciudad de Guatemala.
Aunque no cuenta con pruebas, Ical dice creer que los asesinatos recientes son parte de una campaña en mayor escala por parte de autoridades locales y el crimen organizado para intimidar a los medios. “Esto es un patrón. Ellos no respetan a los periodistas. No aceptan críticas. En lugar de eso, te amenazan”, sostuvo Ical.
Cualesquiera que sean los motivos, los asesinatos han producido un clima de temor e incertidumbre que provoca autocensura, ya que los periodistas tratan de no exponerse a mayores peligros y evitan investigar el narcotráfico, la corrupción gubernamental y otras cuestiones sensibles, declaró Ileana Alamilla, directora de CERIGUA.
“Las zonas rurales son mucho más peligrosas para los periodistas y esto provoca más censura y autocensura”, Alamilla declaró a los periodistas el mes pasado.
Ical, interrogado sobre si él mismo se autolimitaba al dar a conocer las noticias, declaró: “He perdido la cuenta de cuántas veces eso ha sucedido”.
La Fiscalía General, ante la presión de los medios, creó una unidad especial para investigar delitos contra periodistas. Sin embargo, la unidad no cuenta ni con suficiente personal ni adecuados recursos financieros, y únicamente ha logrado limitados avances en la resolución de los casos de periodistas asesinados, aseguró Arrazola, de Plaza Pública.
De acuerdo con el sitio web de noticias guatemalteco Nómada, cada uno de los cinco fiscales dedicados a investigar los delitos contra periodistas debe llevar más de 30 casos. Además, “faltan los funcionarios experimentados que se encarguen de estas cuestiones”, Margarita Castillo, consultora gubernamental, declaró a Nómada. “¿De qué vale tener un plan eficaz en el papel si no se tiene el personal para ponerlo en práctica?”.
En general, los ataques contra periodistas de zonas aisladas generan poca atención. Y, de los cuatro casos que el CPJ ha documentado, de periodistas que han sido asesinados en represalia directa por su trabajo en Guatemala desde 1992, apenas en un solo caso se ha logrado justicia parcial.
“Si algo le sucede a un periodista en Ciudad de Guatemala, hay una presión inmensa de los grandes medios, de las redes sociales y de la sociedad para que se investigue”, afirmó Arrazola. “Pero en los departamentos, ni siquiera los medios de prensa para los cuales trabajaban los periodistas objeto de la violencia exigen resultados”.
Blanck expresó que una propuesta, largamente debatida, para que el Gobierno elabore un plan de protección nacional para los periodistas amenazados, todavía no se ha implementado.
Hilda Pineda, quien dirige la unidad especial de la Fiscalía para la atención de delitos contra periodistas, no devolvió las llamadas telefónicas del CPJ para obtener su declaración.
[Cobertura informativa realizada desde Bogotá]