Nueva York, 4 de agosto de 2016 – El presidente boliviano Evo Morales debe abandonar inmediatamente una denuncia penal por difamación contra un periodista, la cual podría tener un efecto inhibidor sobre la libertad de prensa en ese país, declaró hoy el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés). El juez de lo penal boliviano René Delgado anunció ayer que daría curso a un proceso penal que Morales interpuso contra el periodista Humberto Vacaflor.
Vacaflor declaró al CPJ que recibió la notificación de la denuncia por difamación de Morales el 27 de julio y que enfrenta cargos penales en relación con comentarios que realizó en su aparición en la emisión del 4 de julio del programa de TV Católica “Encontrados”. Durante la entrevista, Vacaflor acusó a Morales de estar vinculado con el asesinato del agente policial David Andrade y su esposa, Graciela Alfaro, en 2000, según versiones de la prensa regional. Una investigación judicial de 2002 no halló ninguna prueba de que Morales, quien en la época del asesinato era legislador y líder del sindicato de los cocaleros, estuviera implicado en el crimen.
“En lugar de involucrarse en querellas superficiales, el presidente Evo Morales debe trabajar con la legislatura boliviana para eliminar todas las sanciones penales para la difamación”, declaró desde Washington Courtney Radsch, directora de Campañas del CPJ. “El máximo funcionario electo de un país no debe emplear disposiciones penales anticuadas para castigar a una persona por sus expresiones. Los presidentes deben esperar la crítica y las acusaciones públicas, y tener un alto grado de tolerancia frente a ellas”.
Vacaflor declaró al CPJ por vía telefónica que él publica su trabajo en el sitio web del semanario noticioso Siglo 21 y escribe columnas que aparecen en por lo menos seis periódicos bolivianos, entre ellos El Deber y El Diario. Este año Vacaflor recibió un premio de libertad de prensa de la Asociación de la Prensa Nacional de Bolivia.
El juez a cargo del proceso declaró a los periodistas que Vacaflor no compareció a la audiencia fijada para ayer en los tribunales. A partir de ahora el periodista tiene 10 días para presentar pruebas exculpatorias antes de que el tribunal fije la fecha del juicio, según un despacho de la Agencia EFE.
Vacaflor explicó al CPJ que no había comparecido a la audiencia porque tenía miedo de que lo detuvieran, y porque tenía la esperanza de que el presidente abandonara la denuncia en respuesta a la cobertura negativa en los medios noticiosos.
Vacaflor declaró al CPJ que desea ser juzgado ante un jurado especial creado para tratar casos que involucran a la prensa. De conformidad con la Ley de Imprenta de 1925 de Bolivia, los periodistas acusados de calumnia o injuria pueden escoger ser juzgados ante un jurado, seleccionado por el concejo municipal, en lugar de ser juzgados en un tribunal de lo penal. Si bien el jurado de imprenta puede imponer multas, por lo general busca la conciliación entre las partes, el periodista declaró al CPJ. Vacaflor agregó que su deseo de comparecer ante un jurado de imprenta fue otra razón por la cual no compareció a la audiencia en el tribunal de lo penal.
El abogado a quien las versiones periodísticas identifican como el representante de Morales en este proceso, Alex Monasterios Orihuela, no respondió a las llamadas telefónicas del CPJ ni a los intentos por comunicarse con él hoy mediante los medios sociales. Ningún funcionario del ministerio de la Presidencia respondió a las llamadas telefónicas del CPJ, y un mensaje de correo electrónico enviado al ministerio por la mañana no había recibido respuesta a altas horas de la tarde, hora local.
El CPJ ha seguido de cerca el estado de las disposiciones penales sobre la difamación en las Américas durante más de una década. En 2000, el CPJ dio inicio a una intensa campaña para la eliminación de estas disposiciones en la región. Estos esfuerzos fueron exitosos en su mayoría y contribuyeron a dar forma a un consenso internacional que surgió, inclusive dentro del Sistema Interamericano, en el sentido de que las disposiciones penales sobre la difamación violan la normativa internacional en materia de libertad de expresión.
No obstante, los datos del CPJ han mostrado que el empleo de las disposiciones penales sobre la difamación continúa teniendo un efecto inhibidor sobre la prensa latinoamericana. En 2012, el periodista boliviano Rogelio Peláez fue sentenciado a 30 meses de cárcel en un proceso por difamación que se había derivado de un artículo donde el periodista denunciaba presuntos actos de corrupción gubernamental.
Para consultar un estudio comparativo de las disposiciones penales sobre la difamación en las Américas, visite la campaña del CPJ Los críticos no son delincuentes.
NOTA DEL EDITOR: Este texto se ha corregido en el séptimo párrafo para reflejar que no es el acusado quien elige dónde se lleva a cabo un caso de difamación.